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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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09 Noviembre 2018 04:00:00
Hordas de invasores
Como todos sabemos, por nuestro país, ahora mismo cruza una caravana con miles de migrantes centroamericanos que vienen de avanzar de Honduras a Guatemala y después a México, la cual, gracias al éxito que parece ha alcanzado, sigue incitando a otros migrantes a que se organicen para viajar igual en grupos numerosos.

Esta dinámica de migración viene a modificar la forma establecida, que consistía en ingresar a Estados Unidos de una manera silenciosa e indetectable, por la de viajar en grupos, para exigir a los gobiernos permisivos la seguridad y los derechos que en sus propios países no encuentran.

Sin ánimo de justificar, debo mencionar que entiendo por qué la nueva manera de viajar genera profundos sentimientos antiinmigrantes en Estados Unidos, mayormente, si tomamos en cuenta que ese país enfrenta épocas electorales, lo cual me parece no es casualidad, como tampoco lo es que Trump haya calificado a estas caravanas como “hordas de invasores” y que envíe militares a la frontera con México, para tomar acciones urgentes como cerrar el paso, incluso a aquellos que buscan asilo.

Y es que quien esto escribe no puede dejar de relacionar estos éxodos iniciados en octubre pasado con lo ocurrido en la caída del Imperio romano, la cual se dio por consecuencia de una invasión en gran escala de diversos pueblos bárbaros en el año 386, tiempo en que Roma vivía momentos de disidencias internas entre sus políticos.

En ese tiempo, estos pueblos pobres e inseguros, sabedores de las contiendas políticas al interior del régimen romano, iniciaron una estrategia consistente en aproximarse a las fronteras romanas, para luego establecerse en ellas y desde ahí presionar de forma permanente hasta conseguir la entrada.

Así pues y a pesar de que al igual que ahora, las legiones romanas intentaron contener todos los intentos realizados, los bárbaros al final, lograron penetrar lentamente entre los siglos I y IV, para establecerse en el interior, hasta que, finalmente, empujados por otros pueblos, lo hicieron en forma violenta y definitiva.

Una vez dentro del territorio romano, los pueblos invasores se dividieron en numerosas entidades políticas sucesoras y arrebataron a los romanos la autoridad de ejercer su dominio, iniciando el período de declive del imperio de Occidente, hasta la pérdida de su vasto territorio y de la fuerza para levantarse de nuevo.

Es por ello que ahora los estadunidenses, conscientes de que el destino de Roma cada día se asemeja más al de ellos, en un grito desesperado amenazan a todo aquel que permita el paso de estos nuevos invasores.

Por tal motivo los mexicanos debemos estar atentos a las acciones que nuestro gobernantes toman respecto a este fenómeno, ya que de equivocarnos y brindar apoyo a quien no debamos, las consecuencias podrán ser mucho más graves de las que cualquiera de nosotros pudiéramos imaginar.

Es decir, el ser permisivos con estos grupos no solo pone en riesgo la seguridad actual de nuestro país, sino que el futuro integral de nuestro Estado mexicano depende sin duda de las decisiones que tomemos respecto al fenómeno de la migración. O lo que es lo mismo, en esta caravana se juega mucho más que el protagonismo de los curas religiosos Alejandro Solalinde y Pedro Pantoja Arreola.
02 Noviembre 2018 04:00:00
Entre advertencias
Bastantes han sido los cambios de los últimos días en el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC). Apenas el miércoles pasado, las consejeras electorales, Larissa Ruth Pineda Díaz, María de los Ángeles López Martínez y el consejero Electoral René de la Garza Giacomán, rindieron su último informe de actividades, para luego declarar concluido su periodo de tres años de labores.

Debo mencionar, que el trabajo de los consejeros salientes fue bastante bueno, los tres se desenvolvieron sin mayor problema y alejados siempre de escándalos o polémicas que pusieran en entredicho su actuar en ese organismo electoral. Diligentes y preocupados, los consejeros que ahora concluyen, emitieron invariablemente una opinión razonada y acorde al sentir de la ciudadanía, todo esto, sin caer en falsos protagonismo, y a pesar de enfrentarse a la limitante que impone el dirimir cada decisión y criterio, con el del resto de los integrantes de un cuerpo colegiado.

Incluso, la misma consejera presidenta del IEC, Gabriela de León Farías, al tiempo que les entregaba un reconocimiento por su labor y aportación democrática en los procesos en que participaron, aceptó que no siempre fue fácil tomar decisiones con ellos, dado que al ser un cuerpo colegiado, las opiniones son variadas y homogeneizarlas no es por mucho una tarea fácil.

Lo dicho por la presidenta, respecto a la dificultad que enfrentan los consejeros electorales para conservar su autonomía y libertad de criterio no es una manifestación sencilla, y, por el contrario, representa el mayor de los retos que enfrentarán los consejeros que ocuparán las vacantes que quedaron, incluso de los que permanecen en el puesto, y es que para nadie ha sido oculto que uno de los principales problemas que ha tenido este consejo lo es la de la imposición de criterios o líneas al momento de resolver cualquier controversia, de lo anterior han dado cuenta varios acuerdos que con votos particulares han sido aprobados por este órgano de dirección.

Así pues, y ante la inminente salida de estos consejeros, el día de mañana el mismo órgano electoral, en sesión solemne, tomará protesta a los recién nombrados nuevos consejeros: Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva, Juan Carlos Cisneros Ruiz y Juan Antonio Silva Espinoza, quienes desempeñarán estos cargos, sólo que ahora por un periodo de 7 años.

En tal virtud, es evidente que estos consejeros recién llegados poco sencilla la tienen, lo anterior dado que deberán decidir, en primer término, si toman en cuenta la primera advertencia que en forma de opinión ha externado la presidenta del IEC, la cual se traduce en la necesidad que se tiene de abandonar en ocasiones la autonomía y libertad de decisión, ya que en muchas de las ocasiones ésta choca con las sentencias que debe emitir el Consejo General, por aquello de cuidar el no pisar callos. O bien, prefieran atender la otra, la que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, también les lanzó, y que es la de contribuir a la imparcialidad en la aplicación de la ley, para favorecer la defensa de la autonomía institucional del órgano electoral con la realización de elecciones libres y transparentes, y de no hacerlo ser expulsados por el Consejo General, el cual estará siempre vigilante de su desempeño.
26 Octubre 2018 04:04:00
¡Legitiman consulta, no el Aeropuerto…!
Lo que en realidad le importa al presidente electo no es el futuro del NAIM. No, el verdadero interés de López Obrador es legitimar el sistema de consulta popular.

Es decir, que detrás de la escandalera entre quienes defienden el nuevo aeropuerto y los que dicen estar dispuestos a tirar la mayor obra de América Latina, no estaría el futuro de una urgente terminal aérea para México.

No, lo que busca el futuro presidente es consolidar su peculiar estilo de consulta a los ciudadanos; opinión obtenida de manera ilegal, alejada de la norma constitucional, sin la regulación elemental y cuyos resultados serán a contentillo; buscaría legitimar la farsa, en pocas palabras.

La hipótesis anterior es de curso corriente en comederos políticos, entre especialistas serios, políticos reputados y analistas acuciosos.

Y si bien es una teoría que parece descabellada, por esa razón supone que la consulta arrojará un resultado igual de sorprendente y que sería aplaudido por todos los que hoy cuestionan con severidad al naciente gobierno de Obrador.

Es decir, que según la hipótesis de que lo importante para AMLO sería legitimar la consulta, antes que el aeropuerto, el próximo lunes veremos que –luego del recuento de votos–, habría ganado la alternativa de continuar con la construcción del NAIM en Texcoco.

¿Y…? ¿Entonces qué ganarían López Obrador y su gobierno luego del escándalo sin freno por la consulta del NAIM? ¿Cómo acallaría el presidente electo la escandalera por una consulta que hace agua por todas partes? ¿Cómo impedirá la risa loca por una consulta en la que periodistas maldosos votaron hasta cuatro ocasiones?

La respuesta a las anteriores interrogantes está en el resultado que arroje la encuesta. ¿Por qué? Porque si se cumple la hipótesis aquí planteada; de que la consulta se hizo sí y sólo sí, para que ganara la pregunta de continuar con el aeropuerto de Texcoco, entonces se habría legitimado el sistema de consultas cuchareadas, a modo con los deseos del nuevo gobierno y sería vista como parte de la normalidad esa manera de preguntar a la sociedad.

¿Y para qué legitimar las consultas tramposas, ilegales y hasta inconstitucionales como la del NAIM?

La respuesta ya la adelantó el propio López Obrador, cuando dijo que “cada tres años” consultará a los ciudadanos para conocer la ratificación y/o la revocación del mandato.

Y, en efecto, pareció haber cometido un tropiezo discursivo cuando dijo que consultará al pueblo “cada tres años” para ratificar y/o revocar su mandato. ¿Por qué? Porque en rigor, sólo tiene tiempo para consular una sola ocasión a los ciudadanos; en 2021.

Pero no, políticos de colmillo largo y analistas acuciosos creen que, en realidad, lo que quiso decir López Obrador es que ya está pensando en la reelección presidencial para 2024. De esa manera, y una vez legitimada la consulta a través de un potente sinodal como es el NAIM, Obrador podrá consultar sin problemas si continúa en el cargo, en 2021, en 2024 y… Va por la reelección.

Al tiempo.
26 Octubre 2018 04:00:00
El derecho de abortar (parte final)
En las dos últimas semanas, a raíz de la propuesta de despenalizar el aborto, que se vertiera en el Congreso del Estado, se han dejado escuchar voces a favor y en contra respecto al tema, por tal motivo y en aras de crearnos un criterio más cercano a la realidad jurídica de esta propuesta, desde la semana pasada he intentado recabar las opiniones legales, que a mi parecer son merecedoras de atención.

Así pues y de entrada la autora de la iniciativa presentada, fundó su moción en la consideración de que la interrupción legal del embarazo va más allá de ideas morales o religiosas y que el mismo es más bien un asunto relacionado con los derechos humanos, ya que al criminalizar a la mujer por tomar decisiones sobre su cuerpo, violenta sus derechos sexuales y reproductivos. Presumiendo entonces que este derecho de la mujer puede sobreponerse al derecho que el embrión tiene.

Esta postura se sostiene en dos premisas principales. La primera, los derechos de las mujeres. Se ocupa principalmente en el hecho de considerar que la mujer, en un embarazo indeseado, es utilizada como un medio en provecho de la moralidad, ideología o creencias religiosas de otros. La segunda premisa de este argumento es que los detractores del aborto confunden las ideas de “vida” y “persona”. Lo que en gran parte tienen razón, dado que comúnmente los principios a los que solemos apelar sobre el tema, son por ejemplo, que “las personas son libres e iguales” o “nacen libres e iguales”. Por lo que en todo caso, tendemos a hablar de sujetos “nacidos” y de “personas” antes y no solo de “seres vivos”. Estas distinciones, como sabemos, resultan cruciales en esta discusión: no es lo mismo un ente “vivo” que una “persona”, y cuando hablamos de “igualdad”, lo hacemos pensando en personas nacidas.

Ahora bien y si Usted pensaba que el pro-aborto con este alegato estaban ganando el debate, debo decirle que no es así, ya que el que condena al mismo, funda su defensa en la siguiente premisa: El aborto “pulveriza el derecho a la vida de la persona por nacer”. Este argumento nos remite al principio de que los derechos de las personas no nacidas también son inviolables y no pueden sacrificarse por las meras pretensiones en contrario de una mayoría ocasional. Es decir la idea de preservar derechos frente a cualquier demanda mayoritaria; la noción de los derechos como formando parte de la esfera de sus derechos, pero en una esfera ajena y a salvo de las presiones de la política mundial.

Como es de verse, no existe argumento legal lo suficientemente firme como para considerar que de autorizarse o no el aborto se haga lo correcto; Lo que nos obliga a remitirnos a la idea de que la ley no puede dar solución a todo, mucho menos en casos como estos, en los que no hablamos de reglas fijas, sino de estándares abiertos, –autonomía, igualdad, daños– que se traducen en que, entre todos, decidamos.

Y es que, en casos como el del aborto, caracterizados por un profundo desacuerdo moral que nos lacera, la decisión depende de los acuerdos a los que lleguemos, de una forma abierta, inclusiva y franca. Por ello mismo, definir hoy lo que deberá decir el derecho en materia de aborto, exige que discutamos como hasta hoy no lo hemos hecho, es decir, escuchando con especial atención a todas las manifestaciones que hasta hoy hemos aquietado, y me refiero a todas.
19 Octubre 2018 04:00:00
El derecho de abortar (primera parte)
Hace dos días la legisladora del PRD en Coahuila presentó en el Congreso local, la ya anunciada reforma o modificación de ley, que busca despenalizar el aborto. Con esta propuesta pretende la no imputabilidad de la interrupción intencional del embarazo, antes de la semana 12 de gestación y por cualquier causa, siempre y cuando sea por decisión de la embarazada.

Además, esta iniciativa busca que el Gobierno del Estado cubra los costos de tal práctica, ya que intenta que el aborto sea parte de los servicios que se brindan en las instituciones de salud pública; a decir verdad y sin ánimo de expiar culpas, es necesario mencionar que dicha iniciativa ha sido presentada por el mismo partido a nivel nacional y no es un capricho de la legisladora.

Así pues y por consecuencia o virtud, se abrió el debate por el aborto, por lo que se escucharon desde los más sentidos, hasta los más simples comentarios de todo aquel que se atrevía a opinar sobre el mismo, –la punibilidad o no del aborto– y es que, el tema para los coahuilenses parecía muy lejano, ya que hasta hace pocos meses era tabú y reservado para las voces más extremas de nuestra sociedad.

Pero, a pesar de las diversas posturas y argumentos que se dejaron escuchar, es evidente que para los legisladores las únicas que se deben acatar, son aquellas que tienen que ver con el respecto a los derechos de los involucrados, es decir lo relativo a lo que la ley establece, lo anterior dado que el proceso que ahora enfrenta el tema es inminentemente jurídico, por lo que el respeto a la ley deberá ser el único fiel de balanza para la decisión final.

Ante tal premisa, me permitiré emitir algunos puntos de vista que encontré, los cuales no necesariamente son en contra o a favor, pero sí necesarios de considerar, si es que se quiere tomar una postura informada:

Primero: Quienes defienden el aborto a partir del derecho de la mujer para decidir sobre su cuerpo, lo hacen asumiendo que dicho derecho da a la ciudadana una autonomía desmedida para el ejercicio del mismo sobre sí, pero olvidan que todo derecho establece un límite impasable: El “daño a terceros”, es decir ningún modo permite que nuestras acciones puedan afectar a terceros; por lo que toda acción que perjudique a un tercero debe resultar prohibida o penada.

Segundo: El derecho confronta y resuelve situaciones de conflicto de derechos, pero los arreglos resultan comúnmente fatales, dado que dicha solución implica remover o eliminar uno de los derechos en conflicto, y que por ser un derecho es bastante peligroso prescindirlo.

En el caso del aborto, nadie debe tomar a la ligera lo que implicará desechar por decisión unilateral a un embrión, dado que ese embrión, por derecho natural, ya goza de un derecho, que es precisamente el derecho a la vida del embrión, el cual ante esta disyuntiva, ahora entra en conflicto serio con otro derecho que también es tutelado por el Estado, y que es el derecho de la mujer a su salud física y psíquica. Es allí donde se presenta la necesidad de tomar una elección deplorable, ya que el Estado deberá determinar cuál derecho merece prevalecer, si el de la vida del embrión o el de la mujer.

La operación resulta difícil, en particular, cuando hablamos de que la misma no está vinculada con principios morales, sino con reglas escritas y estrictas, de derecho puro. Continuará…
12 Octubre 2018 04:00:00
A cien días del cambio
A 100 días del triunfo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, su caminar con esta nueva denominación no ha sido de lo más afortunado, y es que en los últimos días su estrategia de gobierno ha enfrentado las primeras pruebas de funcionamiento y por desgracia los primeros sinsabores o fracasos.

Sin duda y de la manera más amarga, el presidente AMLO, en vísperas de tomar el poder, ha empezado a entender que deberá cambiar su estrategia de gobierno basada en la consulta directa a la población, (la cual para mí es más, una maniobra de salvar la cara, que de conocer el sentir de la ciudadanía) para empezar a comportarse como un verdadero mandatario, obligado a tomar decisiones unilaterales.

Para quien dude de esta premisa, debo mencionar que del total de foros realizados por el equipo del nuevo presidente de México, nada bueno ha salido y como muestra están los primeros cuatro foros por la Pacificación y Reconciliación Nacional realizados en Ciudad Juárez, Torreón, Morelia y La Huacana, Michoacán, convocados por López Obrador para delinear su supuesta estrategia de pacificación, con base en consultas con las víctimas de la violencia y con otros sectores de la sociedad, los cuales según los propios participantes han sido la gran decepción.

Incluso, el próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, anunció este domingo que los próximos foros de pacificación serán suspendidos hasta nuevo aviso porque quieren compatibilizar y volver a redactar las propuestas presentadas en estos. Es decir, no habrá más foros por lo pronto, así que los estados de Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Morelos y Tamaulipas deberán esperar a ser escuchados hasta nuevo aviso.

Algo similar sucedió en Guerrero, cuando integrantes de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), impidieron la realización del Foro sobre Educación; El evento fue convocado por el Gobierno de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y estaba programado para iniciar a las 10 de la mañana en el Centro Internacional Acapulco, sin embargo, a las 11 de la mañana, el coordinador del Foro y representante de Esteban Moctezuma, Javier Villalpando, informó: “He sido comunicado que este Foro va a ser pospuesto, las condiciones no fueron pactadas para realizar el foro, buscaremos otra fecha para organizarlo, con las fuerzas que representan este estado, yo les pediría su tolerancia y me reuniré con sus líderes para reorganizar y acordar una fecha”, dijo, el representante de Esteban Moctezuma, quien supuestamente será el próximo secretario de Educación.

A pesar de lo anterior, en próximos días se llevará a cabo la consulta relativa a la construcción del aeropuerto, misma que ha sido ya definida y de la cual seguramente poco bueno se sacará, ya que en nada cambiará el resultado el destino de la misma, pero sí seguirá dividiendo a la opinión de los mexicanos, lo cual no era necesario, ya que lo único verdadero es que ya tiene por demás definido el continuar con la construcción del mismo en Texcoco.

Es por todo lo anterior, que el tabasqueño deberá considerar, si es que en verdad le preocupa, dejar de poner a debate todas sus iniciativas, dado que lo único que ha conseguido al hacerlo, es ponerlas en riesgo, lo anterior a pesar de decir que las considera verdaderas posibilidades de solución a los problemas de México. 

05 Octubre 2018 04:00:00
Obispos pecadores
El pasado jueves 27 de septiembre, el Juzgado de Primera Instancia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, en Piedras Negras, Coahuila, declaró como culpable al aún sacerdote Juan Manuel Riojas Martínez, conocido como el padre Meño, por la comisión de los delitos de violación calificada y violación en grado de tentativa con abuso de autoridad y confianza, delito que se asemeja al de pederastia, pero que por alguna razón extraña nuestros diputados se niegan a adoptar, todo esto dentro del expediente que se le sigue desde el año 2017, al declarado cura pederasta.

Por consecuencia, de lo anterior, ayer el mismo juzgado decidió imponer al inculpado una pena de 15 años de prisión sin beneficio alguno, en castigo del agravio causado a la sociedad y a la víctima. Cabe mencionar que la Fiscalía solicitó al juzgador que se le impusiera una pena de por lo menos 23 años, mientras que la parte defensora solicitó una condena baja y la posibilidad de enfrentarla en libertad condicional.

Aunque cuestionable la penalidad impuesta, este hecho representa para los coahuilenses el inicio de una nueva etapa en el tratamiento de las conductas inapropiadas que sin duda más de un integrante del clero en Coahuila ha observado en el mal desempeño de sus funciones, es decir, que de seguir con esta disposición de la autoridad de procurar justicia para las víctimas de pederastia, nuestro estado estaría en la ruta correcta para frenar estas conductas que hasta hoy eran encubiertas por la Iglesia católica en complacencia con el Estado.

Entonces, y de ser así, la Fiscalía General del Estado deberá continuar motu proprio las investigaciones que ha dejado pendientes y dar con todos los responsables de estos incalificables hechos. Debemos recordar que el fiscal ministerial Norberto Ontiveros reconoció en marzo del presente año que desde entonces existían ya cuatro denuncias en el estado por abusos cometidos por 11 curas contra menores, todos ellos en seminarios e iglesias católicas de Saltillo, Torreón y Piedras Negras.

De igual forma y en el mismo tiempo, el activista contra la pederastia clerical Ignacio Martínez Pacheco reveló que tiene 18 nombres de presuntos curas pederastas que han oficiado misas dentro de la Iglesia católica de Coahuila, entre los cuales se encontraban el de Adolfo Villanueva, párroco de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la calle Leona Vicario del Centro de la ciudad, y el de Jorge Alonso Campos Rodríguez, el cual oficiaba misas en las iglesias de las colonias Teresitas y Guayulera de esta ciudad.

Por desgracia, varios de los curas señalados fueron transferidos a otras localidades por la misma Iglesia con el fin de ayudarles a sustraerse de la acción de la justicia, esta acción obliga ahora a la autoridad a encargarse no solo de sacar adelante el trabajo que tiene pendiente en materia de castigo a pederastas, sino también de responsabilizar a los obispos que ocultan a los curas abusadores.

Y es que para nadie es oculto que si de algo se ha ocupado la Iglesia católica ha sido crear una estructura que fomenta ese encubrimiento sistemático que tanto daño ha hecho a sus víctimas y de la cual sin duda alguna forman parte la mayoría de los obispos de Coahuila y algunos cuantos funcionarios estatales.
28 Septiembre 2018 04:00:00
¡Lo menos que esperamos!
El pasado 13 de septiembre, el Instituto Nacional Electoral publicó una lista de 24 aspirantes que lograron pasar a la penúltima o cuarta etapa del proceso de selección de los nuevos consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila.

Recordemos que en este año, en noviembre, terminan su periodo en el Instituto Electoral tres consejeros que fueron elegidos para desempeñar este papel por un periodo de 3 años solamente, por tal motivo el INE lanzó la respectiva convocatoria para sustituirlos.

Para quien no sabía, debo decir que los consejeros electorales desempeñan una función de carácter público, forman parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Coahuila, el cual es un organismo público autónomo, depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones y a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos-electorales, velando en todo momento por la autenticidad y efectividad del voto.

Así pues y una vez concluido este proceso de selección, estaremos los coahuilenses en condiciones de conocer a los nuevos tres consejeros electorales que formarán parte de esta nueva etapa del Organismo Público Local Electoral (OPLE), al cual hasta hoy y desde su constitución en el 2015 le ha ido un tanto regular en la organización de las elecciones que conjuntamente con el INE ha realizado.

Con altas y bajas, aciertos y errores, este nuevo instituto electoral ha enfrentado los últimos procesos eleccionarios en nuestro estado. Es precisamente este instituto el que sancionó la elección gubernamental estatal del año pasado, la cual estuvo a punto de repetirse ante algunas conductas que mostraron los candidatos punteros al momento de la valoración total de ese proceso electoral, así como de algunos cuestionamientos que inicialmente se le imputaron al IEC y que tardó luego en aclarar.

De igual forma, este instituto hasta hoy sigue lidiando con impugnaciones presentadas por algunos actores políticos que se niegan a aceptar los resultados de la elección de este año, y otros que se quejan del manejo de la elección por parte de esta autoridad electoral, situación que mantiene vigente el proceso electoral local 2018 de renovación de ayuntamientos, quedándose muy atrás del federal, que ya ha concluido.

Así pues, en vísperas de la selección de estos nuevos consejeros, a los cuales, dicho sea de paso, se les asignará un salario mensual bruto de $133,456.79 pesos, se hace necesaria la pregunta de si deba o no cambiar de criterios el INE para elegirlos, y lograr con esto mejorar los resultados en la conducción de las elecciones póstumas.

Lo anterior dado que hasta hoy los coahuilenses seguimos añorando una autoridad electoral que luche con el pueblo de manera conjunta para lograr elecciones con justicia, sin favoritismos, y permitiendo que la política sea el único instrumento que recubra la acción de todos los partidos políticos, situación que hasta hoy no la hemos vivido.

Falta mucho por hacer en materia electoral en nuestro estado, por lo que estos nuevos consejeros tienen la obligación de dejar de ser solo una carga burocrática, para convertir al IEC en una autoridad eficiente, que guíe todas y cada una de sus acciones conforme a la ley. Lo que es lo mismo, ¡es lo menos que esperamos!
21 Septiembre 2018 04:00:00
¡Cuánta razón tenías, Rousseau!
Jean-Jacques Rousseau eminente escritor e intelectual del periodo de la Ilustración, sostenía en un tratado de su autoría, que lleva por nombre Emilio, o de la Educación, publicado en 1762, que el hombre es bueno por naturaleza y que es culpa de la sociedad que se corrompa.

Esta aseveración parece que cobra vida en los senadores y diputados de la actual Legislatura federal, la cual se ha distinguido por que los nuevos legisladores se han dedicado a lanzar propuestas y pronunciamientos cargados de un alto sentido social y una evidente buena voluntad. Atrás quedaron ya las constantes iniciativas cargadas de malevolencia e insensibilidad, que invariablemente buscaban poner contra la pared al gobernado.

Ahora, por alguna extraña razón, todos los diputados y senadores son buenos y han creado un ambiente de paz y armonía. En lo que va de la Legislatura no ha habido un solo parlamentario que ocupe la tribuna para proponer un nuevo impuesto o una ley restrictiva de los derechos de los ciudadanos, como era su costumbre.

Incluso, el diputado federal y exgobernador de nuestro estado, el priista Rubén Ignacio Moreira Valdez, manifestó hace días que retomará su propuesta de modificar la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con la cual intenta prohibir que este organismo ceda, enajene o transfiera a personas físicas o morales los créditos otorgados a trabajadores, aun cuando se encuentren vencidos.

“Es fundamental que no desvirtúe el objetivo con el que fue creado, toda vez que esta institución no fue concebida como un negocio, sino como un derecho de toda persona”. Además, dijo que uno de los principales problemas que trae la enajenación de la cartera en mora de Infonavit es que las empresas que la compran utilizan mecanismos para la cobranza que ponen en riesgo no solo el patrimonio, sino la dignidad de los trabajadores, a través de prácticas fuera de la ley que implican simulación de actos jurídicos, por medio de falsas o ilegales notificaciones de embargo.

Bastante de cierto tienen las aseveraciones que el diputado coahuilense vierte sobre ese instituto federal, el cual, a raíz de una modificación a sus principios, misión y visión realizada en el año 2001, época de Vicente Fox, dejó de ser una institución con sentido social y sin fines de lucro, para convertirse en la más voraz generadora de deudas impagables para los trabajadores y devoradora del salario.

Es extraño que hasta hoy nazca el interés por acabar con los abusos del Infonavit, pero más extraño resulta que quien propone frenar los mismos sea el exgobernador del estado de Coahuila, en donde el año pasado el Poder Judicial del Estado destinó bastantes recursos para dar fluidez a los procedimientos legales promovidos por esta dependencia.

Incluso, fue aquí en donde se permitió que en el 2017 la dependencia se adjudicara ilegalmente las viviendas de cientos de derechohabientes de Ciudad Juárez, Chihuahua, a los cuales un juez civil del municipio de Torreón les notificó ilegalmente las demandas, a través de un edicto publicado en el Periódico Oficial del Estado, lo que evitó que pudieran defenderse e inevitablemente perdieron su patrimonio. Ojalá Rousseau tenga razón y estas milagrosas transformaciones se sigan dando, por virtud del cambio en las políticas.
14 Septiembre 2018 04:00:00
La independencia de los saltillenses
En vísperas de las fiestas patrias, en las cuales se conmemoran las acciones que pusieron fin a los abusos de los españoles; el presidente del Senado, Martí Batres, el jueves pasado, presentó una iniciativa de reforma constitucional, para prohibir de manera absoluta la privatización del agua en México en cualquiera de sus modalidades. La gestión del agua debe ser pública y sin fines de lucro, señaló el senador en su iniciativa.

Esta iniciativa tiene como principal propósito: prohibir a los estados y municipios celebrar contratos con particulares, otorgar concesiones totales o parciales a estos mismos, para que puedan operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y la prestación de los servicios asociados al agua.

De igual forma, impide otorgar concesiones o contratos a empresas de la iniciativa privada, para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica, o para prestar los servicios asociados a ésta y mucho menos permitir a particulares inmiscuirse en la administración y comercialización del agua potable, es decir, con esta iniciativa se busca evitar toda forma de privatización de la gestión del agua.

De aprobarse la citada propuesta, los saltillenses estaremos en reales posibilidades de recuperar el agua que de manera furtiva entregaron a la empresa Aguas de Barcelona en agosto del 2001, los priistas Óscar Pimentel González, quien se desempeñaba como alcalde de Saltillo, y Enrique Martínez y Martínez, mismo que ocupaba el cargo de gobernador del Estado.

En aquel tiempo, y valiéndose de una serie de argucias y mentiras, el cabildo de Saltillo aprobó la semiprivatización del agua de los saltillenses a favor de la empresa Agbar, permitiéndole adquirir el 49% de las acciones del sistema municipal de agua, llamado en aquel tiempo Simas, en la ínfima cantidad de 8 millones de dólares, lo anterior, a pesar de que el valor de la infraestructura de dicha empresa, según los mismo libros contables, se elevaba a la cifra de 45 millones de dólares aproximadamente.

Cabe mencionar que precisamente el valor de la empresa que se remataba, había aumentado en los dos últimos años anteriores a su venta, esto gracias a que los gobiernos estatal y municipal y la Comisión Nacional del Agua invirtieron en ella una cantidad muy superior a la que los españoles desembolsaron para comprar casi la mitad de las acciones.

Así pues, y por si lo anterior fuese poco extraño, ya una vez en funciones, el municipio de Saltillo otorgó a la empresa accionista minoritaria el control total administrativo y técnico del organismo, permitiéndole hacer de la necesidad del recurso natural un gran negocio.

Desde entonces, y gracias a estos políticos, los saltillenses sufrimos las de Caín lidiando día a día con los abusos y mentiras por parte de la empresa española, la cual no se tienta el corazón al aplicar aumentos constantes a las tarifas de agua y drenaje, y mucho menos para cobrar altos costos por conexión y reconexión a este servicio, el cual para muchas familias es inalcanzable.

Así pues, con esta reforma, el fin de la empresa Agsal se antoja cercano, y con él 17 años de abusos y violaciones constantes a nuestro derecho constitucional de libre acceso al agua. O lo que es lo mismo: ¿quién empieza el grito?
07 Septiembre 2018 04:00:00
Entre corridas y otros delitos
En la apertura del Segundo Periodo Ordinario del Congreso local, la legisladora de Morena propuso una modificación a la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales para el Estado de Coahuila. Con dicha propuesta intenta que Coahuila vuelva a permitir las corridas de toros, el Congreso tuvo una sesión bastante larga y debatida.

Por otro lado, en el juicio que se le sigue al sacerdote Juan Manuel Riojas, conocido como “El Padre Meño”, y que inició en 2017, se ordenó que el mismo se destrabara y siguiera su curso, por tal motivo se ha señalado el próximo lunes 10 de septiembre como la fecha en que deberá celebrarse la audiencia de juicio oral. De darse los elementos necesarios para el desahogo del total de las pruebas ofrecidas por las partes, probablemente ese mismo día sabremos sobre la culpabilidad o inocencia del exrector del seminario de Piedras Negras, a quien se le acusa de diversos delitos sexuales en contra de por lo menos dos menores de edad.

De igual forma, el próximo 20 de septiembre, en un Juzgado penal de Saltillo, se decidirá si Enrique Busquets Casanova, homicida del niño Carlos Armando Muñoz Valdés, de 11 años, en enero del 99, en Torreón, alcanza o no el beneficio de la liberación anticipada por virtud de su buen comportamiento en prisión, lo anterior, luego de haber purgado sólo 13 de los 20 años de encierro a los que fue condenado.

Debemos recordar que Enrique Busquets fue acusado también de distribuir pornografía infantil, así como de pedofilia. Además, se pudo establecer desde aquel tiempo, que el delincuente sostenía relaciones con otros pederastas y que por medio de él se conectaba a Coahuila con una red nacional dedicada a la trata de niños.

Aunado a lo anterior, en febrero pasado, el mismo fiscal ministerial, Norberto Ontiveros Leza, anunció sobre la existencia de cuatro denuncias formales en contra de 11 sacerdotes de Coahuila. En aquella ocasión dijo que en dichas denuncias, los quejosos revelaron que hay por lo menos otras 11 personas que corrieron con la misma mala suerte a manos de curas católicos y que según los acusadores, los delitos se habrían cometido en el seminario.

El funcionario también dijo, que la dependencia estaba dando seguimiento a la carpeta de investigación de forma oportuna y que, incluso, se tenían las pruebas suficientes para solicitar medidas cautelares a un juez, para que mantuviera controlados o en prisión a los inculpados; sin embargo, desde entonces ya nada se ha dicho de estos casos, por lo que en consecuencia y gracias a la inacción de la autoridad, días después se supo que cinco de estos 11 curas indagados por esa fiscalía habían huido del estado, y que otros tres aún se encuentran oficiando misas.

Es evidente que Coahuila no escapa de esta horrible práctica, y que los niños coahuilenses se encuentran expósitos a sufrir un atentado de este tipo, ya sea en la iglesia, en la escuela o en la calle, lo que se agrava si tomamos en cuenta que hasta hoy Coahuila forma parte de un grupo de 25 estados del país que se resisten a homologar su código penal local con el ordenamiento federal en la materia, concretamente a los delitos sexuales contra menores.

Absurdo se está viendo nuestro Congreso local, que se dedica a discutir cuestiones tan frívolas como las corridas de toros, a pesar de la urgencia de realizar estas adecuaciones.
31 Agosto 2018 04:00:00
Sentencias extrañas
En el panorama político de nuestro estado se avizora una nueva sobrepoblación de partidos políticos estatales, lo anterior dado que hoy existen seis grupos de supuestos ciudadanos demócratas que a pesar de haber tenido registro como partidos políticos, y de haberlo perdido por consecuencia de su nula representación social y su escaso trabajo en favor de la ciudadanía que supuestamente representan, ahora intentan recuperarlo con otro nombre, fingiendo ser genuinas agrupaciones ciudadanas con aspiraciones políticas legitimas.

Por si lo anterior fuera poco lamentable, esta vez el tribunal electoral del estado de Coahuila en un afán por rescatar a toda costa lo más posible, de los restos del sistema político social que va saliendo, con sus últimas resoluciones, se ha hecho de la vista gorda no solo de las omisiones e infracciones que estas seis agrupaciones políticas y sus dirigentes han observado en el proceso de recuperación del registro como partidos políticos estatales, sino que también, ahora dice desconocer las deudas pecuniarias que las mismas asociaciones ya tienen con el estado y que ascienden a por lo menos 26 millones de peso, por lo que sin duda les aplicaran el borrón y cuenta nueva.

Es decir, estas agrupaciones cuentan ahora con el aval incondicional del tribunal electoral local, el cual con extrañas resoluciones, ha ordenado que a ultranza, se les permita concretar sus trámites de registros, aunque carezcan de requisitos elementales, como lo son el allegar la papelería necesaria que debió anexarse en su primer trámite.

Así pues y bajo esta óptica, el pasado 25 de agosto, el consejo general del Instituto Electoral del Estado de Coahuila tuvo que acatar seis sentencias emitidas por el Tribunal Electoral local, las cuales además de ser confusas, fueron generadas en paquete y en el mismo sentido: obligar al organismo electoral local a que permita que seis organizaciones políticas continúen con su proceso de constitución y obtención de registro como partidos políticos estatales, esto a pesar de que los mismos no cumplieron con los requisitos básico e iniciales para emprender este proceso de registro.

Esto, poco le importó al Tribunal Electoral de Coahuila, así que con fecha del día 2 de agosto, dictó sentencias en las cuales consideró que las omisiones y trasgresiones a la ley electoral vigente, así como al reglamento para la constitución y registro de partidos políticos locales de ese instituto, no eran causal suficiente como para frenar las “inocentes” aspiraciones de estas agrupaciones políticas en la búsqueda de sus nuevos registros como partidos.

Y por el contrario, amagó al órgano electoral local para que no pusiera más piedras en el camino a estos grupos, allanándoles desde ahora, todas las exigencias legales; fundando dichas resoluciones en supuestas interpretaciones garantistas, democráticas y benévolas de la ley electoral, como sí los solicitantes necesitaran más ayuda que la que ya tienen con la tibieza de ley aplicable.

Es evidente que el Tribunal Electoral estatal a alguien busca beneficiar con estas extrañas sentencias, las cuales, de resultar firmes, permitirán la constitución de partidos políticos estatales, los cuales como todos sabemos, siempre son utilizados a contentillo de unos cuantos en las campañas electorales, para influir en el resultado de las votaciones, ¿a quién será?.
24 Agosto 2018 04:00:00
Justicia elemental
Como todos sabemos, el pasado 7 de agosto, la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, obtuvo su libertad. Lo anterior, a consecuencia de que las pruebas ofrecidas por la Procuraduría General de la República (PGR) para inculpar a la maestra fueran consideradas como insuficientes, según lo dijo el mismo titular del Primer Tribunal Unitario Penal, Miguel Ángel Aguilar López, al cual no le quedó otra que declarar procedente un incidente de sobreseimiento o cancelación del proceso a favor de Gordillo Morales.

Ya en libertad, la presidenta vitalicia del SNTE, además de sentenciar de muerte a la reforma educativa, declaró en conferencia de prensa que su arresto fue parte de una persecución política. “Aquí tienen la imagen que ha predominado durante 5 años respecto a mi persona y es producto de una persecución política de acoso. Es el producto de un expediente basado en mentiras y acusaciones falsas para hacerme ver culpable de algo que no cometí. Soy inocente”, aseguró.

Es necesario recordar que Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el aeropuerto de Toluca acusada de los delitos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero. Elba Esther estuvo al frente del SNTE durante 24 años y formó parte del grupo más importante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuando fue elegida secretaria general en 2002, cargo que ostentó hasta 2005.

Por virtud o consecuencia, según se quiera ver, de estos acontecimientos han corrido ríos de tinta y saliva en los principales medios de comunicación, en los cuales se han vertido las consideraciones de quienes piensan tener el mejor punto de vista sobre el caso, pero basando su dicho en la mayoría de los casos, en consideraciones políticas más que legales.

Sin embargo, poco se ha dicho de la única realidad histórica y legal comprobable, la cual nos debe lleva a pensar ineludiblemente, que el proceso judicial en contra de Elba Esther Gordillo, efectivamente, no fue otra cosa más que una persecución política, sin mayor motivación más que el apetito de venganza del Gobierno federal, el cual, en franca represalia por oponerse a la privatización de la enseñanza, tuvo cautiva injustamente a una ciudadana.

El asunto no es para menos, y va más allá de la reforma educativa, ya que es alarmantemente vergonzoso que ante nuestros ojos se haya descubierto que el Gobierno de Peña Nieto, sin un sólo argumento de investigación se permitiera intentar someter la conciencia de la líder sindical a través de la tortura, al privarla de su libertad por largos 5 años. Todo esto en una franca violación a todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestro estado mexicano.

Y es que la libertad de la maestra pone contra la pared a sus acusadores y evidencia la violación de casi todas las garantías constitucionales, como la de presunción de inocencia, la de igualdad, de legalidad, y del debido proceso e injusta reclusión, amén de los rasgos de violencia de género.

Por lo que no debemos quedarnos satisfechos con lo ocurrido y por salud social, y antes de olvidar el asunto, debemos exigir que los inculpadores (cuatro procuradores generales y un presidente, por lo menos) comparezcan ante tribunales internacionales de derechos humanos para responder por sus indignidades. O lo que es lo mismo, justicia elemental.
17 Agosto 2018 04:00:00
El conveniente Derecho Adquirido
¿A quién no le ha pasado que algún amigo, vecino, pariente o hasta un desconocido, obtiene de ti favores comúnmente, y que el día en que deja de hacerlo el malo eres tú?

Pues bien, este tipo de comportamiento tan común en nuestra sociedad, es conocido como “síndrome del derecho ganado”, el cual implica que cuando las personas reciben de manera constante algún favor o alguna prestación, de parte de quien sea, empiezan a considerar que dicha ayuda, es ahora un derecho ganado, por lo que su cumplimiento puede ser exigible en cualquier vía.

En nuestra ley, esto también sucede y se le ha denominado como: el Derecho Adquirido, el cual se puede definir como el acto realizado que introduce o que gana un provecho, un bien o una facultad al patrimonio de una persona, por causa de la costumbre, benevolencia o del error de otro, por lo que ese hecho luego no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario.

Así pues, y por increíble que parezca, este derecho adquirido es ahora el principal fundamento utilizado por los ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para no reducir sus salarios, los cuales son por demás injustos y escandalosos, ya que rondan entre los 600 y 700 mil pesos mensuales, entre otras prestaciones que ahora dicen se han ganado conforme a esta figura jurídica.

Este alegato de los juzgadores, no es más que la evidencia misma de que para ellos la ley es solo una cuestión de mera utilidad, ya que en los últimos años se han dedicado a alejar del derecho a la justicia, esto con sus resoluciones a modo que han llevado a legitimar los abusos del Infonavit, de los agiotistas, de las hipotecarias, de los gobiernos corruptos y hasta de los miembros de la delincuencia, tal como sucedió con aquella ilustre resolución que puso en libertad a la secuestradora Florence Cassez.

Pero, no vayamos tan lejos en materia de conveniencia en la interpretación de la ley de estos ministros tan abusados, ya que hace algunos meses sancionaron los nuevos estatutos que regirán las relaciones colectivas de los maestros, electricistas y petroleros, en los cuales no dieron ningún valor al ahora proclamado Derecho Adquirido y declararon como válida la cláusula fulminante que dichos estatutos contemplan y que a la letra dice: “el convenio colectivo que sucede a uno anterior, puede disponer sobre los derechos reconocidos en aquél. En dicho supuesto se aplicará íntegramente lo regulado en el nuevo convenio”.

Es decir, para ellos, en la sucesión de convenios no hay base legal para respetar necesariamente lo pactado en el contrato colectivo anterior. En principio, porque el último convenio deroga en su integridad el anterior y la consecuencia de ello es que no hay derechos adquiridos o condiciones más beneficiosas. Y ni siquiera es obstáculo para ello que la Constitución garantice “la irretroactividad de las disposiciones… restrictivas de derechos individuales”, pues esta regla, según el Tribunal Constitucional, concierne sólo a las leyes sancionadoras no favorables es decir, penales, y a las restrictivas de derechos individuales.

Así pues esa supuesta irreductibilidad legal de sus salarios no existe y lo único que la sostiene es el carecer de la solvencia moral, la cual evidentemente, es lo único que no han adquirido.
10 Agosto 2018 04:00:00
La viga en ojo verdea
En días pasados, Andrés Manuel López Obrador respondió a una pregunta sobre los posibles riesgos del fracking o fracturación hidráulica en el suelo mexicano, a lo cual dijo: “No vamos a usar ese método ya para extraer petróleo”. Dijo además, que pondrá fin a la utilización de esta técnica nociva para extraer gas y petróleo, la cual recién ha comenzado a emplearse en algunas zonas del norte del país.

Lo sentenciado por el señor presidente AMLO respecto a la no utilización de la técnica de fracking en el territorio nacional, caló como patada de mula al exgobernador coahuilense Rogelio Montemayor Seguy, quien extrañamente ahora detenta el puesto de presidente del Clúster de Energía de Coahuila.

Este Clúster de Energía Coahuila, A.C., que preside Montemayor, es una Asociación Civil, constituida precisamente en marzo de 2014. Fecha en que se anunció la llegada del fracking a Coahuila, por lo que se dice fue ideada para responder a los desafíos de la Reforma Energética y tiene como finalidad proveer de capital humano y especializado y de gestionar las licencias a los inversionistas para extraer energéticos.

Así pues, el presidente de esta A.C. visiblemente molesto pidió prudencia para interpretar el alcance de las declaraciones del presidente López Obrador. Además hizo un reclamo duro al advertir que este es un país de leyes y que las mismas deben cumplirse, ya que de querer romper los convenios firmados por el estado mexicano con las empresas extranjeras que su asociación civil representa, traería el riesgo de que las partes afectadas demanden al Gobierno Mexicano en tribunales internacionales, y que México tenga que pagar millonarias sumas en concepto de indemnización a sus agremiados.

Tal parece que el exgobernador olvida que no es bueno ver la paja en el ojo ajeno, y no ver la viga en el suyo (por verde que este sea), ya que las leyes que ahora invoca, no son precisamente sus amigas, y es que en 2002, fue acusado de peculado, principalmente por el supuesto desvío de recursos públicos, en lo que fue conocido como Pemexgate y ahora mismo, se le señala como operador clandestino de la mina Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores, y que dicha operación la realiza a través de una lavadora de carbón que presuntamente le pertenece.

Entonces, de ser ciertos o no los señalamientos que persiguen al exmandatario coahuilense, los mismos son razón suficiente para considerarlo como inelegible para el puesto de presidente de esa extraña asociación civil de nombre Clúster de Energía Coahuila, A.C., lo anterior, dado que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 24 exige la mayor honorabilidad a las personas que constituyen personas morales, que trabajen de manera conjunta con el estado, tal como sucede con esta Asociación.

Así mismo el artículo 25 de este mismo ordenamiento establece que la integridad de las personas morales que trabajen para el estado, se presumirá sólo si cuentan con una política de integridad y con políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación.

Aunado a la exigencia de la implementación de mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses. Requisitos todos que evidentemente incumple esta extraña asociación civil.
27 Julio 2018 04:00:00
Desfalcado y sin dignidad
Hace días, otro grupo de abogados protestó en el despacho de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y es que sin duda el desfalco realizado desde el año 2014 al Fondo de Mejoramiento para la Administración de la Justicia del Poder Judicial de Coahuila sigue siendo la causa de las deficiencias en su funcionamiento y, por consecuencia, de las molestias. Este fondo tiene como objetivo principal la capacitación constante del personal y la mejora continua de su infraestructura.

Para quien no lo sabía, el citado fondo en el 2014 tenía acumulada la cantidad de 126 millones 938 mil 787 pesos con 40 centavos, según la información dada por la Auditoría Superior del Estado, recurso que inexplicablemente fue desviado de su finalidad e invertido en una caja de ahorros que funcionaba como sociedad financiera popular (Sofipo) llamada Ficrea.

Sí, así como lo leyó. El recurso de este fondo de mejoramiento que se constituye principalmente con el producto de multas, fianzas y garantías que imponen los jueces a los gobernados en procesos penales y civiles, que es público y que es manejado por una entidad pública, fue sustraído de su fin en el año 2014 he invertido en una sociedad de ahorro, sin que a la fecha se haya esclarecido con puntualidad quiénes autorizaron dicha operación.

Por si lo anterior fuera poco absurdo o poco lamentable para la justicia coahuilense, meses después de haberse realizado esta ilegal transacción, en el mismo 2014, la CNBV anunció que intervendría a esta financiera Ficrea por sospechas del delito de lavado de dinero, lo que confirmó en 2015 y ordenó su liquidación; ante esto, sus accionistas decidieron desaparecer junto con el recurso de nuestro fondo para el mejoramiento de la justicia y con el recurso de muchos otros incautos, que al igual que nuestra justicia coahuilense, siguen echando de menos ese dinero.

Así pues, y desde entonces, las carencias en el sistema de justicia estatal son cada día más evidentes. Los problemas en los juzgados son muchos y de todo tipo, las audiencias en los juicios orales familiares y mercantiles se celebran en salas inadecuadas, muchas de ellas jamás fueron acondicionadas para esta nueva modalidad de juicios orales; pocos funcionarios atienden los procedimientos familiares y lidian día a día con una exagerada carga de trabajo; los acuerdos que no deben demorar más de 5 días, según la ley, llegan a tardar hasta dos meses en ser dictados, violentando con esto el principio de expeditez en la administración de justicia consagrado en el Artículo 17 constitucional.

Así mismo, la falta de capacitación al personal de los juzgados empieza a hacer mella en su desempeño. Los ciudadanos encuentran todos los días acuerdos faltos de compromiso y sensibilidad dictados por personal que carece de capacitación continua y que, sin embargo, conserva la obligación de resolver los problemas legales que afectan el patrimonio, la estabilidad emocional y familiar de los ciudadanos.

Sin duda, a la presidenta del Tribunal le urge recobrar la confianza de los ciudadanos y litigantes, aunque más urgente debiera ser el recuperar la dignidad del Poder Judicial de nuestro estado, ya que presidir un poder dedicado a impartir justicia, pero que lleva el estigma de haber sido descaradamente defraudado y sin responsables a la fecha, sin duda debe pesar más que los mismos millones de pesos faltantes.
20 Julio 2018 04:00:00
Todo es para bien
Aún no se alcanza a evaluar lo perdido en la elección pasada por los partidos que hasta ahora han gobernado a nuestra nación y sus estados, como tampoco se ha cuantificado lo ganado por los ciudadanos con ese resultado tan abrumador. El revés electoral sufrido tanto por el PRI como por el PAN es mucho más grave de lo que a simple vista se pudo descifrar el día de la jornada electoral y mucho más benéfico de lo que lo ciudadanos hemos llegado a imaginar.

Diecinueve de los 32 gobernadores del país perdieron en esta elección el control de sus congresos locales para entregarlos a los candidatos postulados por la coalición integrada por Morena, PT y Encuentro Social, quienes tendrán mayoría en esos 19 congresos estatales, lo que, dicho sea de paso, pone a Andrés Manuel en la franca posibilidad de hacer prosperar cualquier reforma constitucional que desee, ya que con estos números tiene un poco más de los que se necesitan para aprobar cambios constitucionales en coordinación con el Congreso
federal.

Aunado a lo anterior, debemos saber que este despojo de poder que sufrirán los gobernadores estatales era por demás necesario, ya que a partir del próximo año, los poderes legislativos estatales serán factor verdadero de equilibrio de estos ejecutivos, y con esto se estará en la posibilidad real de amarrar las manos de los mandatarios estatales para quitarles el control de las finanzas públicas y evitar las tragedias económicas que provocaban las voraces actuaciones de gobernantes priistas y panistas en las entidades que gobernaban.

De igual forma, consideremos que, a partir de ahora, los gobernadores actuales que estén abusando del erario público, que lo hayan hecho o que pensaban hacerlo encontrarán en el futuro un enclenque apoyo de sus bancadas dentro del Congreso de la Unión para contener las investigaciones sobre sus desvíos como había sucedido hasta hoy, por lo que desde ahora deberán conducirse con el oprobio necesario en el manejo de las finanzas estatales, como jamás lo habíamos visto.

Así pues, hace algunos días el virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que utilizará la figura de “coordinadores estatales del Gobierno federal” en todas y cada una de las entidades que conforman el territorio nacional para evitar, en primer término, que las dependencias federales gasten cantidades exorbitantes de dinero en sus delegaciones estatales, que se dupliquen sus funciones, que sean dichos cargos premios políticos y que se desvíen recursos o que se ejerzan con
favoritismos.

Este esquema alentaba la corrupción e imposibilitaba la rendición de cuentas, ya que, a pesar de que todo el dinero que usaban las delegaciones federales en los estados era de Hacienda, extrañamente, eran el gobernador y su Congreso local quienes supervisaban el gasto de ese dinero, alentando sin duda la colusión de los delegados con los gobiernos estatales (Dragón Rojo).

Es evidente que los motivos de esta reestructuración de estado: ahorro, corrupción, eficientar la administración pública, podrán ser lo que determinen que las propuestas del nuevo Mandatario prosperen o no, pero lo que sí es que, como nunca, este país está luchando por cambiar las cosas para bien, porque, hasta hoy, todo indica que así será.
13 Julio 2018 04:00:00
Predicciones 2024
El pasado martes 10 de julio venció el plazo para que quienes se consideraran con derecho o con razón de impugnar la elección presidencial lo hicieran de manera formal,ante los órganos electorales, y tal parece que nadie se atrevió a cuestionar o a poner en duda la legalidad de la elección vivida en México el pasado día primero.

Lo anterior nos lleva a concluir que la constancia de mayoría que convertirá a Andrés Manuel López Obrador en el presidente legítimo para el periodo 2018-2024, le podría ser entregada antes del 6 de septiembre, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin mayor contratiempo.

Así pues, y de seguir las cosas como hasta ahora, las primeras predicciones de la mayoría de los mexicanos se han cumplido a cabalidad, ya que desde el inicio de esta elección presidencial, una gran parte de los ciudadanos tuvimos la certeza de que el triunfo de Andrés Manuel seria aplastante y que a partir del próximo primero de diciembre de 2018, la izquierda seria la que gobierne al segundo país más grande de América Latina por primera vez en décadas.

Y es que, no era necesario ser un gran profeta para suponer que la corrupción y la violencia habían tocado el límite de la paciencia de los mexicanos, y que por consecuencia o virtud, según se quiera ver, los electores se volcarían hacia López Obrador, el cual nuevamente aprovecharía el ser un rostro muy reconocido gracias a sus pasadas dos candidaturas a presidente.

Así que,dejemos de llamarnos sorprendidos o de seguir jugando a las predicciones, ya que desde el arranque de esta campaña que está por concluir el futuro de México estaba más que claro y lo sigue estando, ya que ahora tenemos como pocas veces a un presidente electo de manera legítima, con propuestas e ideología bastante claras, como nunca.

Debemos saber que gracias al apoyo de los ciudadanos, a los candidatos a diputados y senadores de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador se podrá convertir en uno de los presidentes más poderosos que haya visto México en mucho tiempo, por lo que tendrá la plena posibilidad de cambiar el rumbo de nuestro país con solo plantearlo,

Ya el miércoles pasado, el candidato ganador de la elección presidencial dio a conocer las primeras reformas que se impulsarán durante su próxima gestión, entre las cuales se encuentran: las de crear una Ley Reglamentaria sobre salarios máximos; la abolición de fueros y privilegios, hacer como delitos graves los actos de corrupción, robo de combustibles y el fraude electoral; revocar decretos sobre privatización del agua; revocar Leyes de la reforma educativa; Incorporar al artículo 3 constitucional el derecho a la educación superior; la revocación de Mandato y ajustar la administración pública federal al plan de austeridad, sin despidos de trabajadores de base, entre otras muchas, todas en función de su proyecto de nación.

Así que, no es necesario ver la bola mágica para saber que a partir de ahora y por lo menos hasta el año 2024, los mexicanos veremos una transformación integral en las políticas públicas de nuestra nación, las promesas de campaña del candidato ganador de la elección presidencial mexicana se cumplirán en lo substancial, más allá de la venta del avión presidencial y de convertir la residencia de los pinos en un parque público, que es lo que menos importa a los mexicanos.
06 Julio 2018 04:00:00
No somos agachones
En el 2013 una ciudadana de nombre María de la Luz Sánchez Treviño, de 86 años, irrumpió en YouTube y en un video que pronto se viralizó dirigió un discurso a los mexicanos (Transcribo sólo una parte de su mensaje de 13 minutos con 46 segundos) en el que decía:

“Yo traigo una cosa muy adentro que quiero platicar con ustedes, mis queridos compatriotas”. Y se soltó.

“Quiero notificarles mi sentir de lo que nos está pasando con estos gobernantes, que no son más que unos rateros disfrazados, disfrazaditos nada más, pero que no dejan de ser rateros. Robar. Es lo único que saben. Yo creo que para eso estudiaron: para robar. Para amolar al pueblo. Al fin que son indios, al fin que están acostumbrados a comer frijoles. ¿Y ustedes qué? ¿Qué se creen?”

“Los mexicanos somos muy tontos. Perdonen la palabra, la expresión. Somos agachones. No sabemos defendernos de esta bola, de esta lacra de sinvergüenzas que no podemos quitarlos. Suben la leche, suben el huevo, suben todo. ¿Y qué? ¿A fin que a ellos qué les preocupa? La pobre gente, esa es la que sufre; no tiene qué comer”.

Y es que el discurso de doña María de la Luz, obedecía al informe que en ese mismo año rindió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en el cual se reveló, que la pobreza en México había aumentado de 52.8 a 53.3 millones en el periodo 2010 a 2012; Como respuesta a tal información, el actual Gobierno federal organizó dos conferencias casi al mismo tiempo. En una, Rosario Robles y Luis Videgaray, titulares de Sedesol y Hacienda respectivamente, se dieron a la tarea de matizar este informe. En la segunda, como una franca cortina de humo o distractor, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dio a conocer que tres acusados de asesinar a un subteniente de Marina en Michoacán eran Caballeros Templarios confesos. Gracias a la “caja china” la nota de la pobreza fue sepultada con el anuncio policiaco y en los días posteriores la clase política, poco tocó el tema de los datos del Coneval.

Angustiado, José Woldenberg escribió: “Somos como sociedad y como sociedad política insensibles. No existen la voluntad, ni las políticas de gobierno para acabar con la pobreza. Lo cierto es que la medición de la evolución de la pobreza por parte del Coneval no produce los ecos permanentes que debería. Quizá la razón más profunda sea que la desigualdad es ancestral. No se inventó ayer ni antier. Las décadas y los siglos pasan y parece inconmovible. Y por supuesto nos hemos acostumbrado. No conmueve, no indigna, no moviliza”.

Así pues, respecto a estas sentencias, alguien dígale a doña María, que el pasado 1 de julio, los mexicanos despertamos para dar un tremendo ejemplo al mundo de que no somos tontos, que tenemos dignidad y que de agachón como ella lo identificó, no tenemos nada, ya que con un plumazo, los mexicanos espantaron al PRI de Peña Nieto y al PAN de Fox y Calderón, los cuales rondaban amenazantes y escudados en falsas campañas y amenazas, mismas que poco importaron.

Y de la insensibilidad de los políticos a la que se refería Woldenberg, también ya se han encargado estos mismos mexicanos que acudieron el domingo pasado masivamente a las urnas dando con esto el mensaje de que el poder nunca fue de la clase política y menos de aquella insensible y mal agradecida de la confianza que en el pasado se le depositó.
29 Junio 2018 04:00:00
Elecciones de Dios
A partir del primer minuto de ayer jueves 28 de junio y con el propósito de que la ciudadanía haga un verdadero ejercicio de reflexión democrática, previo a los comicios del próximo domingo, los partidos políticos deberán abstenerse de realizar cualquier acto de proselitismo o propaganda electoral. Para lograrlo, debemos analizar todo lo que hemos escuchado o sabido sobre el proceso electoral, los mensajes de los candidatos, la opinión de las personas profesionales del periodismo y de las que no lo son.

Y dado que poco hemos oído respecto a la postura de las iglesias sobre este importante acontecimiento, quizá por motivo de la veda que la ley les impone, o también porque varias de ellas consideran que esta cuestión electoral es un asunto meramente mundano y que por ser así, poco les incumbe, intentaré hacer un breve resumen de lo que encontré bajo la instrucción de mi pastor respecto a lo que la Biblia dice en relación con las elecciones, dado que no debe haber un ejercicio reflexivo sin la perspectiva de todos los sectores, tanto de la Tierra como del Cielo, ya que, a mi juicio, sería una meditación incompleta.

De entrada, he de decir que el libro sagrado, en su Salmo 24, versículo 1, dice con claridad: “Del Señor es la Tierra y todo lo que hay en ella; el mundo y los que en él habitan”. De igual forma, en 2 de Crónicas, versículos del 7 al 14, Dios dice: “y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra”.

De lo anterior debemos entender que es Dios quien permite que el pueblo elija a sus autoridades y que si se equivoca en su elección, sólo con la ayuda de un buen clamor nos quitará semejante castigo.

La Biblia también toca a los corruptos en Isaías 10, versículos del 1 al 3, al decir: “¡Ay de los que dictan leyes injustas, y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo; para despojar a las viudas, y robar a los huérfanos!”.

En Lucas, capítulo 12, versículo 48, se establece: “A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él; y al que mucho le han confiado, más le exigirán”. Es decir que el corrupto tarde o temprano pagará, así que no se frustre cuando los vea tan campantes.

Y si usted piensa que nada dice la Biblia respecto al abstencionismo, déjeme aclararle que en Ester capítulo 4, versículos 13 y 14, la Biblia claramente dice: “No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos; mas tú y la casa de tu padre pereceréis”.

En resumen, la Biblia dice que somos responsables de bendecir a nuestro pueblo a través de nuestra oración, lo que podemos traducir en buen comportamiento y participación; dicha instrucción debe llevarnos a entender que sea quien sea el próximo Presidente de nuestra nación, los mexicanos debemos apoyarle con nuestro compromiso, participación directa y buenas acciones, de lo contrario será imposible que por sí solo desempeñe un buen papel como gobernante.

Lo que es lo mismo: ¡no pida sin involucrarse y participar!
22 Junio 2018 04:00:00
¿Por qué participar?
Estamos a menos de 10 días de las elecciones, tiempo suficiente para comparar y conocer más las propuestas de los candidatos, ya que sólo así podremos llegar a la urna y emitir un voto libre e informado.

De igual forma, es ahora el tiempo justo para reconocer que sólo con nuestra participación reflexiva y comprometida lograremos que este proceso eleccionario represente un verdadero paso para la construcción de un estado democrático, el cual, por desgracia, jamás ha podido construirse sólidamente por causa de la poca cooperación de los ciudadanos.

Debemos entender que la participación ciudadana es el corazón de la democracia y sólo así puede concebirse dicha palabra, es decir, no puede haber democracia sin la presencia de los ciudadanos en la política.

No debemos permitirnos el pensar que no pasa nada si no nos implicamos en los asuntos públicos y seguir quejándonos luego de que la sociedad mexicana no tiene poder en el entablado político. Desde hoy debemos imponernos como meta el participar cada día más en las decisiones de estado, pero además transmitir la importancia de nuestra participación política, ya que el único tipo de democracia que puede existir es el que nace continuamente del pueblo.

Así pues, bajo las anteriores premisas, no nos queda otra que reconocer que el futuro de nuestro país está en nuestras manos y que dependerá enteramente de nosotros el dejar atrás procesos electorales cuestionados por su falta de legitimidad, para pasar a procesos electorales transparentes, equitativos y sobre todo socialmente legitimados con nuestra participación, que es la parte más importante.

Sólo con nuestra intervención lograremos que las autoridades electorales entiendan que nosotros ya no nos conformamos sólo con el cumplimiento de la Ley Electoral, sino que ahora y después de tan triste y lamentable desempeño de nuestros actuales gobernantes y representantes en todos los niveles de gobierno y legislativos, exigimos actores políticos verdaderamente comprometidos; autoridades electorales competentes y justas, pero sobre todo gobiernos que no se entrometan en las decisiones que sólo a la sociedad le corresponde tomar.

Es ahora, justo cuando estamos en una coyuntura delicada, ante una profunda crisis de valores en nuestros políticos, una administración pública plagada de corrupción que sólo ofrece una extrema inseguridad pública y social, que nos tiene pisado el fondo, por lo que no nos queda más que convertir este escenario en un escenario de oportunidades.

Los mexicanos tenemos décadas luchando contra la corrupción que se ha establecido en todas las instituciones públicas, por lo que no debemos dejar pasar esta valiosa oportunidad para obligar con nuestros votos tanto a los partidos políticos como a las autoridades electorales que luchen con nosotros.

Si participamos decididamente en esta elección, el próximo 1 de julio será importante y crucial para los mexicanos, pero mucho más importantes serán los días siguientes al mismo, en los cuales habrán de conformarse las nuevas fuerzas políticas del estado, ahora sí, legitimadas por la ciudadanía. De ser así, el despertar del mañana tendrá una nueva mayoría, la del poder del pueblo, por lo que deberemos estar listos para asumirla, empezando por obligar a los electos a obedecer fielmente nuestro mandato.
15 Junio 2018 04:00:00
La alternancia que se ve venir
Hasta antes del tercer debate presidencial, quien esto escribe pensó que sería este el mejor de los tres; ilusamente, me asaltó la idea de que en esta oportunidad alguno de los debatientes tendría algo impactante reservado, es decir, algo suficientemente importante como para cambiar el rumbo de las tendencias hasta hoy más que definidas.

El tercer debate presidencial concluyó y sin duda fue una gran decepción para los antilopezobradoristas, y no porque yo considere que fue AMLO quien mejor figuró en el mismo, sino que, no ocurrió el milagro que este sector esperaba. El debate fue completamente intrascendente y el resultado se resume en la sentencia vertida por el español Antonio Solá: “La contienda presidencial está saldada en favor de López Obrador”.

Y creo que tiene razón, hasta hoy no ha habido poder humano que logre bajar a López Obrador en las encuestas y yo creo que ya no lo habrá en lo que resta de tiempo para la jornada electoral. Hasta los enemigos de López Obrador reconocen en su análisis postdebate que este arroz ya se coció, o como dijo el hermano de Margarita Zavala “esto ya valió madres”.

Bajo esta perspectiva, es evidente que el tercer debate no cambió en nada las cosas, entonces, y por consecuencia o virtud, según usted lo vea, debemos reconocer que quien más se benefició del mismo lo es sin duda el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, el cual, hoy más que nunca, debe sentirse satisfecho y seguro de su triunfo en esta elección que concluye el 1 de julio.

De confirmarse la anterior hipótesis y de sostenerse la tendencia tan marcada en el ánimo de los electores, debemos, entonces, reconocer que estamos ante la inminente llegada de una verdadera transición política a nuestro país, de una real alternancia en el régimen de gobierno, de un importantísimo momento histórico para nuestra nación, el cual, sin duda, cambiará el rumbo de nuestra patria y nos debe llenar de esperanza y regocijo.

Y es que si bien es cierto que será difícil que México de la noche a la mañana supere las casi permanentes crisis económicas y sociales, lo que sí veremos con la llegada de una nueva forma de Gobierno legítimamente constituida y electa es la culminación de una arraigada crisis política sin liderazgos en el Gobierno y sin una oposición suficiente, la que nos tenía sin alternativa clara de salida.

Con la llegada del nuevo régimen decidido por la mayoría, los mexicanos estaremos en la ruta correcta para encontrar las respuestas a nuestros problemas, pero ahora sí desde una perspectiva clara y no desde el entorno falso en el que aparentemente todo está bien a pesar de no ser cierto; y es que si hay algo que les ha salido bien a los gobernantes ha sido el perfeccionar un sistema político de simulación, en el que todo parece estar bien, aunque poco funcione en la realidad.

La alternancia política que se ve venir, ahora sí deberá ser responsabilidad de todos y deberá significar para nosotros una nueva oportunidad de reestructurar el poder, pero de manera conjunta con los actores políticos. Es casi inevitable que el próximo 1 de julio México cambie el rumbo de su historia y este cambio nos pertenece y nos obliga a todos, ya que será la primera señal de que los mexicanos habremos recuperado el poder que habíamos cedido.
08 Junio 2018 04:00:00
Echando leña al fuego
No es mi intención el echar más leña al fuego y mucho menos en este momento en que un voraz incendio forestal en la sierra de Arteaga está a punto de romper récord de hectáreas devastadas, lo que ya se ha vuelto una tradición en nuestro estado. Pero sin duda, es necesario advertir que existe poco interés de los gobernantes para aplicar verdaderas políticas públicas y estrategias para prevenir y combatir incendios forestales, lo anterior a pesar de que en los últimos años Coahuila ha sido un mal ejemplo nacional en materia de conservación del medio ambiente.

Lejos se ve la intención de nuestros gobernantes de poner mayor atención a esta problemática. Incluso, no recuerdo haber visto en alguna plataforma política o propuesta de Gobierno de ningún candidato o partido político, la intención de implementar estrategias públicas para prevenir y reducir riesgos de incendios forestales, al menos no en los últimos seis procesos electorales locales o en el actual.

Y para muestra un botón: hace algunas horas, la titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Urbano de Coahuila, dijo que aunque aparentemente el incendio de la sierra de Arteaga fue ocasionado por un cortocircuito en un poste ubicado en la comunidad montañosa de Las Copetonas, no se ha contemplado un castigo para la compañía que lo pudo ocasionar.

Al cuestionarle sobre si las autoridades buscan algún castigo para los causantes, la titular ecológica del Estado, respondió: “Pues no, es un accidente, nadie quiere que sucedan estas cosas. La recomendación es mantener en buenas condiciones las instalaciones eléctricas”.

Es evidente que para la funcionaria estatal Eglantina Canales, el siniestro, que ha consumido ya aproximadamente 600 hectáreas de flora y fauna, entre los que se encuentra el tan emblemático pino, no es más que una eventualidad, por lo que poco importan las causas que lo ocasionaron. Ella misma ha adelantado que dicho desastre natural se reduce a un accidente, por lo que debemos abandonar la idea de que se pueda castigar a un posible culpable.

Sin duda la titular de la SMADU parece desconocer que es el estado quien debe evitar y controlar este tipo de incendios, no sólo con campañas de recomendaciones para la población o con el endurecimiento de penas para los ciudadanos que por descuido o de manera deliberada causen un incendio forestal, ya que estas alternativas, al menos en Coahuila, de nada han servido en la prevención y mucho menos en lo relativo a la reparación del daño ocasionado.

Entonces si tomamos en cuenta que los gobiernos en turno saben con precisión cuáles son las zonas caracterizadas por sus frecuentes incendios forestales, y a pesar de ello no han adoptado medidas eficaces para el manejo de estos siniestros, como la implementación de Cortafuegos, la adquisición de equipo pesado (vehículos contraincendios, camiones equipados con cisternas de agua, perfiladoras niveladoras a motor, redes de radio) la construcción de puntos de recolección de agua y bases técnicas bien distribuidas, o por lo menos el adiestramiento constante de comités locales de lucha contra incendios, no nos queda otra que advertir a la titular de Medio Ambiente en nuestra entidad que: al parecer, los culpables sí existen.
01 Junio 2018 04:00:00
Veladas amenazas
Ante la proximidad de la elección presidencial en México, el nerviosismo de algunos empresarios se empieza a manifestar, y más ahora, cuando las encuestas dan como probable triunfador al candidato de la alianza Juntos Haremos Historia conformada por el PT, Morena y Partido Encuentro Social.

Por tal motivo, en días pasados un grupo de empresarios en su mayoría mexicanos, no dudó en arrancar sendas campañas negras al interior de sus empresas, en la cuales “invitan” a sus trabajadores a no votar por un gobierno populista, advirtiéndoles de un inminente despido, como consecuencias de la implementación de dicho régimen y lo que es lo mismo, por desatender dicha recomendación.

Así pues, en el pasado mes de mayo, las compañías Grupo Herdez, Vasconia, FEMSA y Finsa, advirtieron a sus trabajadores que deben prepararse ante una posible crisis económica en el país, derivado de las elecciones presidenciales, difundieron videos en redes sociales en los que se invitó a los empleados a ejercer el voto de manera razonada, pero se les habló sobre las consecuencias que pagarán por el triunfo de un Gobierno de izquierda; en otros casos, presidentes de estas firmas comerciales criticaron las medidas populistas de gobiernos pasados que llevaron a México hacia crisis económicas alarmantes, por lo que insistieron a sus empleados en razonar su voto.

Por su parte la firma Palacio de Hierro, del empresario Alberto Bailléres, quien es el segundo hombre más rico de México, llamó a votar por el candidato que tenga mayor probabilidad de vencer a AMLO y la cadena comercial Chedraui puso en las áreas de descanso de sus empleados carteles con las preguntas: ¿Qué es la democracia? y ¿Qué es el populismo? Al mismo tiempo, la empresa señala en dichos anuncios que Cuba y Venezuela son los únicos países de la región que no tienen elecciones libres y democráticas.

A decir verdad, nada malo tendría que estos empresarios externaran sin temor sus preferencias políticas, ya que si bien es cierto, uno de los derechos fundamentales que mayor tutela el estado, lo es el derecho a la libre expresión de ideas, por tal motivo estas manifestaciones públicas respecto a su personal inclinación partidaria o ideológica deberán considerarse como el ejercicio de un derecho inalienable.

Sin embargo, el problema surge cuando estas manifestaciones se convierten en amenazas veladas patronales, las cuales son lanzadas con el propósito de someter la conciencia de sus trabajadores en franco agravio al derecho humano de ejercer el voto de una manera libre y sin presiones de cualquier tipo.

A pesar de lo anterior, hasta hoy ninguna autoridad se ha pronunciado respecto a las medidas que emprenderán para evitar que se sigan reproduciendo estas conductas delictivas y lacerantes en contra tanto del sector obrero, como de la democracia mexicana y del voto libre como derecho humano.

Por consecuencia de lo anterior, la flagrante violación a la ley electoral y a la Constitución por parte de estos empresarios, aunada a la pasividad de nuestras autoridades, nos darán a pensar que algo tiene de razón el candidato izquierdista cuando dice que el sector empresarial se encuentra coludido con el Gobierno federal, ya que no quieren dejar de robar y no quieren perder el privilegio de mandar. O lo que es lo mismo “se sienten los dueños de México”, como también ha dicho.
25 Mayo 2018 04:00:00
Crónica de un debate fallido
Todo parecía fluir sin complicaciones, la fecha prevista se había vencido, los candidatos llegaron al segundo debate presidencial organizado por el INE con poca preparación y con nada nuevo, en ceros, con las ventajas y desventajas que las encuestas les concedían, conscientes todos de que ganar un debate no implica ganar una elección e incluso que perder un debate puede no ser una gran derrota si con ello no pierden la ventaja.

Esa fue, sin duda, la dinámica del pasado domingo en el debate que tuvo como sede la Universidad Autónoma de Baja California, en Tijuana. Pareciera que a los candidatos poco les importaron las encuestas al momento de preparar y planear sus intervenciones o quizá sus equipos no les advirtieron de que no debe ser la misma estrategia cuando vas adelante, en segundo o en último lugar.

Aunque, a decir verdad, es muy difícil que un ciudadano termine decepcionado de su candidato a menos que cometa algún error fuerte o que abandone deliberada y abiertamente su ideología o alguna postura que lo haya convencido a seguirlo.

Así pues, el debate fue plano, ninguno de los contrincantes observó algún comportamiento extraordinario, espectacular que no se esperaba, es decir, que diera la gran sorpresa.

Muy cuidados todos, demostrando el terror que tienen de cometer un error grave, ya sea de ignorancia o de postura ante un tema, para no dar la oportunidad al otro de aprovecharse o que el ciudadano lo castigue.

Ninguno reveló alguna información nueva, dura, escandalosa suficiente para cambiar el rumbo de la conversación de la campaña a favor o en contra de un candidato.

Esta es la real crónica del segundo debate presidencial, el cual dejó las cosas relativamente igual, el cual nada nuevo trajo y siguió dejando los cambios del marcador al desarrollo de la campaña misma.

Así pues, sólo nos resta esperar el tercer y último debate, ya que, a decir verdad, en este los únicos personajes que ganaron espacio, aunque en forma negativa, fueron Trump, Josefina Vázquez Mota y Nestora Salgado, los cuales muy a su pesar fueron mencionados en reiteradas ocasiones tanto en el debate como en el posdebate.

Sin duda, el formato sigue siendo bueno, pero no suficiente como para hacer lucir a nuestros políticos, los cuales no brillan aunque les pongan público presente ni una bonita escenografía.

En resumen: ninguno superó las expectativas, ninguno se desenvolvió mejor, por lo que el único beneficiado, aunque a muchos les duela, fue AMLO, porque supera un nuevo obstáculo sin muchos problemas y si no pierde muchos apoyos, aumenta la probabilidad de su triunfo.
18 Mayo 2018 04:00:00
Nos lastima Margarita
Aunque muchos se dicen sorprendidos ante la renuncia de la única candidata independiente, para mí, su declinación era sólo cuestión de tiempo, y es que dicha dimisión se da en un momento por demás significativo en la insípida campaña de la exprimera dama Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, y es que precisamente fue un día después de que la encuestadora Consulta Mitofsky revelara que Zavala cuenta con el 2.9% de las preferencias, es decir, casi un punto menos respecto al sondeo de abril.

Así pues, desde el martes pasado, Margarita Zavala anunció su renuncia durante la grabación de un programa televisivo, sin embargo, su confesión se dio a conocer antes de la transmisión del mismo; en dicho programa, la candidata independiente dijo fundar su decisión en un supuesto principio de congruencia y honestidad política, lo que a todas luces resulta falso y contradictorio, ya que ella misma, el pasado 26 de abril, descartó cualquier posibilidad de renunciar o declinar a favor de otro candidato y aseguró que haría toda la campaña.

“Yo haré toda la campaña y quienes deciden son los ciudadanos”, dijo.

Aunado a lo anterior, debemos tomar en cuenta que este anuncio de la independiente se da también, un día después de que el candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, anunciara que buscaría a la expanista para que declinara a su favor y con ello “consolidar un proyecto ganador” rumbo a las elecciones del 1 de julio próximo.

Ante tal panorama, es evidente que tanto la candidatura como la renuncia de Zavala, son actos previamente concertados por las cúpulas de los partidos mayoritarios y los operadores políticos del Gobierno en turno, por lo que, sin duda, las postulaciones de los independientes fueron instituidas con el único fin de buscar la dispersión del voto genuino.

Sin embargo, ante el crecimiento permanente e inesperado del candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, esta dispersión se comenzó a concentrar en las propuestas emanadas de un mismo régimen, es decir, que la dispersión del voto que en elecciones pasadas tanto les ayudó, ahora les resultaba nociva, por lo que no tuvieron otro remedio más que el de cambiar de estrategia y olvidar esta dispersión, para buscar ahora la unificación de todos los votos de los simpatizantes del actual sistema de Gobierno. Así pues, respecto a la renuncia de doña Margarita, nada nuevo hay en las estrategias de campaña en esta sucesión presidencial; es evidente que la dimisión de la candidata independiente siempre estuvo considerada por su equipo, sino cómo explicar el poco dinamismo de su campaña, la prematura renuncia a los recursos públicos, sus discursos apresurados y los nulos compromisos de la candidata con los sectores específicos de nuestra sociedad.

Aceptémoslo, la candidatura de Margarita fue un gran engaño para la sociedad mexicana, al igual que su independiente aspiración, alejada del sistema de complicidad, corrupción, violencia e impunidad que tanto daño ha hecho a nuestras instituciones públicas y su renuncia la más cínica farsa para apoyar al régimen gobernante que aplasta el dinamismo social y sofoca la democracia mexicana. Qué lástima, Margarita, que seas tú quien ahora nos lastima.
11 Mayo 2018 04:00:00
La elección en los tiempos de las redes sociales (Parte final)
Nuestro país afronta una importante etapa electoral, poco ordinaria por distintas cuestiones, entre las que destacan la excesiva información que sobre la misma y respecto a los candidatos se ventila en las redes sociales, tan es así, que diversos analistas han llegado a vaticinar que esta elección será la primera en la que dichas redes tendrán una incidencia importante en el resultado de la misma, sobre todo porque su uso se ha masificado de manera extraordinaria y porque los candidatos son bastante activos en ellas, conscientes sin duda, de que es una herramienta portentosa que ayuda como pocas al posicionamiento de su imagen.

Así pues, y ante tal presagio, nos damos cuenta que si bien es cierto la influencia de lo que circula en internet beneficia a cualquier candidato y a la difusión de sus propuestas, también lo es que dicha herramienta puede convertirse en el peor enemigo de la democracia si no se usa con responsabilidad. “Las noticias falsas, por ejemplo, pueden acabar con unas campañas más que con otras. Hay personalidades más preparadas para nave-gar en esas aguas, montar pequeños titulares con más efectividad y apalancar mentiras a medias para construir verdades parciales”, dice Juan Fernando Giraldo, gerente de estrategia y cofundador de la agencia de medi-ción y evaluación de comunicaciones Búho.

Bajo ese esquema y por consecuencia del uso malintencionado de la información pública que se difunde por los medios electrónicos vemos ahora, que lo que fue una fortuna para “El Bronco” en la elección gubernamental en Nuevo León, hoy para muchos de los candidatos que aspiran a llegar a un puesto de elección popular puede representar su ruina política, lo anterior dado que son pocos los postulantes conscientes de la necesidad tanto de conformar equipos que se dediquen al manejo de las redes sociales, como de enfrentar con altura la guerra de información falsa que se avecina.

Un ejemplo de la consecuencia de manipular a los cibernautas con mentiras, lo fue la elección pasada en Estados Unidos, en la cual quedó demostrada, la gran influencia de Facebook frente a los grandes medios que se inclinaron abiertamente a favor de la candidata demócrata, lo que trajo como consecuencia que los simpatizantes de esta se confiaran al considerar ganada la elección, para dejar de luchar y asegurar el triunfo. Lo ocurrido es historia y Trump cumplió recientemente el primer año de mandato desde la Casa Blanca. No obstante, los conocedores del asunto en México no están seguros si vamos a tener un resultado similar al de EU, pero lo que sí saben, es que en esta elección veremos campañas muy afectadas por estar plagadas de noticias falsas.

Así pues, sin duda la guerra sucia propiciada por el estado y varios actores políticos enemigos de la información veraz, ha logrado restar eficacia y credibilidad a la información que se maneja en las redes sociales, al punto que ya no debemos confiarnos y pensar que por medio del internet lograremos abatir los altos índices de abstencionismo, lo anterior nos obliga a regresar y hacer política en los mismos escenarios que antes, es decir, la plaza pública, los medios tradicionales o los foros y solo añadir las redes sociales, Twitter o Facebook, como un mero complemento, ya que sin duda y gracias a lo corrompido de estas, en esta elección mexicana las redes lo único que moverán serán opiniones y no votos.
04 Mayo 2018 04:00:00
La elección en los tiempos de las redes sociales
El triunfo del candidato Jaime Rodríguez Calderón, en la campaña electoral gubernamental del estado de Nuevo León en junio del 2015, demostró que las redes sociales, bien utilizadas, conseguían ser determinantes en la política mexicana. En aquel tiempo, “El Bronco” repudió a los medios tradicionales de comunicación desde mucho tiempo antes del inicio del proceso electoral local, cuando anunció que haría una campaña para ganar la Gubernatura de Nuevo León sólo en redes sociales.

“Si no le tengo miedo al diablo, mucho menos a la maquinaria electoral”, dijo el candidato independiente cuando se le cuestionó sobre su forma de hacer campaña ante la evidente desventaja de recursos económicos de los independientes frente a los candidatos de los partidos políticos con registro en esa entidad federativa, a los cuales el Estado les otorgó como prerrogativa pública la cantidad de 5 mil 356 millones de pesos para gastar desde las precampañas, mientras que a los llamados independientes sólo les dio financiamiento público y tiempo en medios hasta que aprobó su registro.

Contra todo pronóstico, el resultado en la elección estatal 2015 en Nuevo León demostró que una campaña política en redes sociales fue mucho más eficaz que la basada en la utilización de spots en televisión. Así pues, en aquella elección, al candidato ganador Jaime Rodríguez Calderón cada voto le costó 8.72 pesos, mientras que a los perdedores, Ivonne Álvarez del PRI, 84.86 pesos, y al abanderado del PAN, Felipe de Jesús Cantú, 84.54 pesos. Estos dos últimos con recursos millonarios de parte de sus partidos y con los tiempos oficiales en medios para promocionar sus candidaturas.

Al día siguiente de aquella histórica elección, los sabios, como es común, trataban de explicar aquel acontecimiento buscando culpables, nadie quería aceptar que el apoyo casi viral en redes sociales se convirtió en los votos que necesitaba el candidato independiente para llegar al Palacio de Gobierno.

Pero no todo era regocijo, ya que la fantasía hecha realidad de un independiente se convirtió en la más grande amenaza para los medios televisivos de comunicación, lo anterior dado que “El Bronco” prometió que, de llegar a la Gubernatura, el derroche de recursos para promocionar su imagen como gobernante se acabaría. En honor a la verdad, debo reconocer que dicha amenaza siempre estuvo presente en el discurso de “El Bronco”, incluso fue una de su principales propuestas de campaña, sin embargo para las televisoras era poco importante tal advertencia, ya que ni siquiera prestaban atención a la modesta campaña electoral del candidato independiente.

Sin duda, el triunfo de “El Bronco” significó la derrota de los medios televisivos, es por eso que a raíz de dicho evento, los dueños de estos medios masivos de comunicación, mismos que son dueños del poder en México y en el mundo, han echado a andar una estrategia compleja para restar eficacia e importancia a las redes sociales, intensificándola en los últimos días. Esta estrategia tiene por finalidad demostrar que las redes sociales son sólo un espejismo y que jamás podrán ser el medio idóneo para llegar a los electores. Para lograr dicho fin, las televisoras, con el respaldo del Estado, han iniciado una guerra de información falsa en las redes informáticas, con lo cual lograrán afectar la conciencia de los electores, por no saber enfrentar el mundo de las noticias falsas.
27 Abril 2018 04:00:00
Lo que nos dejó el debate
A pesar de que el tema del debate a estas alturas de la semana causa hartazgo, no puedo evitar el referirme al mismo por las siguientes causas: en primer lugar, el del domingo pasado, fue el primer debate presidencial realizado bajo una coyuntura comicial histórica y no sólo por el enorme número de cargos de elección popular que se disputarán el próximo 1 de julio, sino también lo es dado que hoy, como nunca, la moneda está realmente en el aire, es decir, ni siquiera los mismos candidatos saben sobre su real posibilidad de llegar a la silla presidencial.

Aunado a lo anterior, debemos reconocer que el debate del domingo cumplió con todas las expectativas de los ciudadanos, ya que, contrario a lo que muchos analistas consideran respecto a que los candidatos deben en estos ejercicios destapar sus principales propuestas, defenderlas y explicar con detenimiento su aplicación, para mí, estos debates tienen que ver más con la personalidad política de los participantes, sus capacidades, personalidad y posturas personales cuando discuten asuntos públicos. Además, debemos reconocer que el formato que por fortuna ahora empleó el INE lo hizo infinitamente más dinámico y mucho más entretenido, como nunca antes habían sido los debates presidenciales México, por lo que pretender que en tan poco tiempo cada candidato deba darnos una cátedra pormenorizada de política pública avanzada es una desbordada exigencia. No es que yo crea que las propuestas no son importantes; sin duda alguna lo son, pero para eso están las plataformas y documentos básicos de los candidatos o los libros que han escrito.

De igual forma, considero que el buen desempeño en un debate no se traduce en un ganador directo, ya que jamás encontraremos una percepción uniforme sobre quién ganó; y mucho menos podremos decir que un debate define las preferencias rumbo a una elección o el resultado de la misma.

Para quien esto escribe, el debate del domingo pasado se resume en lo siguiente: Margarita Zavala no tuvo controversia en el debate, es decir, nadie la tomó en cuenta. Meade y Anaya utilizaron exactamente la misma estrategia: argumentos generales y vagos, datos ficticios, diagnósticos inventados, propuestas inconclusas y ataques sin razón, tanto entre ellos como en contra del candidato puntero. López Obrador mantuvo su típica y perezosa estrategia de evasivas, cuidando en todo momento no decepcionar al electorado que lo apoya. La lectura que muchos analistas dieron al debate, según su percepción, fue diametralmente opuesta a la reflejada en las encuestas más serias posteriores al debate, ya que mientras los primeros aseguraban que no existía un ganador, las encuestas reflejaron que para los encuestados, Andrés Manuel y Ricardo Anaya tuvieron el mejor desempeño, así como que a Meade le faltó persuasión, por lo que desperdició una oportunidad valiosísima.

Así pues, para mí, el objetivo del debate se cumplió; para otros, los candidatos quedaron a deber. Sin embargo, lo más importante es que la ciudadanía los conoció y sin duda sabrá identificar quién hablaba con la verdad y quién de ellos mentía, al menos en el tema de la honestidad, ya que todos demostraron ser bastante cínicos, puesto que pretenden gobernarnos a pesar de que lo único que se demostró es que ninguno está completamente limpio.
20 Abril 2018 04:00:00
¿Para qué sirven los partidos políticos?
En días pasados, al intentar responder a una rampante pregunta lanzada por un inocente ciudadano a un servidor, a través de la cual me cuestionaba sobre la utilidad de los partidos políticos en nuestro sistema democrático actual, caí en cuenta que pocos eran los argumentos que quedaban para sostener la idea de que los partidos políticos son necesarios en nuestro sistema político electoral.

Debo reconocer que dicha pregunta caló tan profundo en mi ser, que inevitablemente me hizo recordar que en próximos días el Tribunal Electoral de Coahuila resolverá las controversias presentadas por la mayoría de las agrupaciones políticas que en enero pasado intentaron constituirse como partidos políticos locales. Y es que en aquellos días 14 agrupaciones políticas iniciaron su proceso de registro como partidos políticos ante el Instituto Electoral de Coahuila.

Como respuesta a dichas solicitudes, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del IEC propuso desechar la solicitud de esas 14 organizaciones de ciudadanos que pretendían constituirse como partidos políticos locales, lo anterior dado que a dichas organizaciones se les detectó el ocultamiento de información relacionada con el origen, monto y destino de los recursos empleados en su constitución, además de que no cumplieron con los requerimientos previstos en la legislación electoral vigente. Por tal motivo en los primeros días del mes de marzo pasado, en sesión del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), el organismo público local negó dichas solicitudes.

Acto continuo, y como era de esperarse, en posteriores días ocho de las 14 organizaciones políticas que fueron rechazadas por el IEC abrieron un proceso de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado, y por si lo anterior fuera poco preocupante, a mi consideración es bastante probable que varias de esas agrupaciones logren una resolución favorable de nuestro tribunal local, aunque eso no significa que tengan en el bolsillo el registro como partido político, sino que dicha resolución sólo les permitirá seguir con los trámites para buscar el registro.

Si bien es cierto que el Artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) indica que estos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, también lo es, que a partir de la reforma política del año 2012, el sistema político electoral de nuestro país ha dado entrada a las candidaturas ciudadanas independientes, por lo que ya no es necesario que los ciudadanos deban postularse a través de los partidos políticos.

Entonces, es urgente que alguien advierta a estas organizaciones que sus esfuerzos son ociosos, ya no es necesaria su constitución, por lo que deben renunciar y dejar de preocuparse, lo anterior dado que los partidos políticos ya no tienen la principal función de hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, y lo mejor es que, si desisten, ya no tendrán la necesidad de contestar la pregunta ¿para qué sirven los partidos políticos?


13 Abril 2018 04:00:00
Si Madero viviera…
Desde el pasado 11 y hasta el próximo día 15 de abril, se llevarán a cabo en cada uno de los comités municipales del Instituto Electoral de Coahuila, el registro de los candidatos aspirantes a ocupar las presidencias municipales de los ayuntamientos que conforman nuestra entidad, dichos candidatos competirán, en el proceso electoral local ordinario 2017-2018.

Es en esta elección, que inauguraremos la posibilidad de reelegir a los presidentes municipales que recién ocuparon sus puestos en los primeros días de este mismo año, es decir que los alcaldes que ahora se encuentran en funciones pueden competir nuevamente en esta elección que culmina el próximo 1 de julio, para lograr con esto permanecer en el cargo cuando menos otro periodo más.

Es evidente que la posibilidad de la reelección en cualquiera de sus presentaciones, representa un grave atentado a los postulados de nuestro héroe nacional Francisco I. Madero, fundador en 1909 del Partido Antirreeleccionista y precursor del movimiento revolucionario mexicano, que motivó poco después de concluido, la “No reelección” la cual se materializó a partir del asesinato de Álvaro Obregón en 1928, último político mexicano que postuló su reelección presidencial y que murió en el intento.

Ahora bien, en honor a la verdad, debo reconocer que el lema de “sufragio efectivo, no reelección” de Madero, se refería de manera clara, exclusiva y única a la reelección para el cargo de presidente y de gobernadores; es decir, de los poderes ejecutivos y no de los legisladores y ayuntamientos.

Sin embargo para quien esto escribe, la reelección en los ayuntamientos es aún más delicada y nociva que la de mismos poderes legislativos y ejecutivos, tanto federales como estatales; Lo anterior dado que según mi criterio, son los ayuntamientos los que se encuentran más cercanos a la población gobernada, por lo que tienen un mayor y directo control sobre las necesidades inmediatas de los pueblos, por ejemplo: el agua potable, el drenaje, la recolección de basura, el equipamiento en calles y el de la Policía Municipal. Lo que nos debe llevar a concluir que un alcalde puede condicionar a los ciudadanos esta clase de servicios públicos, a cambio del voto.

Así mismo, y por si lo anterior fuera poca afrenta a Madero; ahora y gracias a las ocurrencias de los ministros de la Corte, el alcalde puede ser funcionario y candidato al mismo tiempo, es decir, que podrá gobernar haciendo campaña, lo que inevitablemente provocará que se gobierne favoreciendo medidas a corto plazo que le reditúen al funcionario electoralmente en lo inmediato y en un franco detrimento de un gobierno planificado y con políticas de largo aliento.

Es decir, la no reelección refuerza la noción de que lo conveniente es seguir planes de gobierno a largo plazo, pensando en el país y no en periodos cortos. Se llega al poder a medio camino y se entrega a medio camino porque es un viaje que no puede o debe llegar a ninguna parte. Es una obra continua en la que el presidente es sólo un factor transitorio limitado por la ley.

Sin duda, si don Francisco viviera, estaría bastante arrepentido de haber dejado fuera a los ayuntamientos de la no reelección, y es qué, ni él ni nadie podrían imaginarse que los jueces y legisladores algún día legitimarían acciones que agravian los principios de legalidad, imparcialidad y equidad en la competencia electoral.
06 Abril 2018 04:00:00
Regidores reeleccionistas
Gran problema tendrán los miembros del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila cuando en días próximos decidan sobre la procedencia de las candidaturas de regidores y síndicos municipales que, estando en funciones, intenten sorprender a la autoridad para alcanzar una postulación a un puesto distinto al que ocupan, tratando de hacerla pasar como reelección.

Y es que, como todos sabemos, en meses pasados, la Suprema Corte de Justicia decidió considerar como no obligatoria la separación del cargo para quienes pretendan reelegirse; en consecuencia, declaró como optativa la separación para aquellos que buscan un cargo de elección popular por la vía de la reelección. Ahora resulta que para la Corte, el separarse o no de un cargo público y postularse para otro es una cuestión que sólo compete a los interesados, por lo que el imponerles reglas como la separación a su puesto viola su derecho de ejercer el cargo para el cual fueron elegidos.

Como del cielo cayó dicha resolución a los muchos alcaldes de nuestra entidad, incluido el de Saltillo, que intentan reelegirse, los cuales al conocer esto, no han dudado en hacer una permanente campaña de promoción de su imagen disfrazada de anuncios de supuestos logros de sus gobiernos, aprovechándose de su cargo y con el inequívoco propósito de sacar una amplia ventaja a los candidatos nuevos que busquen tumbarles del puesto.

Por si lo anterior fuera poco verosímil, en posteriores días veremos cómo a esta parvada de “modernos reeleccionistas” se les unirá una cantidad considerable de regidores y síndicos, que al igual que los primeros intentarán postergarse en el poder, sólo que estos irán más allá, dado que ya se vislumbran algunos regidores, pretendiendo “reelegirse”, pero para alcaldes, por lo que intentarán adecuar por cualquier medio la palabra reelección a sus pretensiones.

Para mejor referencia, debemos conocer que reelección se describe como el acto mediante el cual una persona que ejerce un cargo político elegible puede presentarse luego de terminado tiempo a una reelección, buscando permanecer en el mismo puesto. Entonces, al no ser un mismo puesto el que estos regidores buscan, no se actualiza el supuesto de la reelección, sin embargo y a pesar de esto, sin duda lo intentarán, ya lo veremos.

Ahora bien, lo que no contemplan estos tesoneros y audaces representantes populares es que la Corte, al resolver la citada acción de inconstitucionalidad 76/2016 y acumuladas, ratificó la validez del Artículo 10, párrafo 1, inciso e), del Código Electoral local, que a la letra dice: “Son requisitos para ser Gobernador, diputado al Congreso del Estado o integrante de Ayuntamiento, además de los que señalan respectivamente los artículos 36 y 76 de la Constitución y el artículo 43 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los siguientes: …e) No ser Secretario de la Administración Pública Estatal, Procurador General de Justicia del Estado, Magistrado del Poder Judicial, Presidente Municipal, Síndico o Regidor, Legislador federal o local, Consejero o integrante del órgano de dirección de los organismos públicos autónomos, titulares de los organismos descentralizados, salvo que se separen de su encargo cuando menos quince días antes del inicio de la precampaña que corresponda”. Obligación que, igual que muchas otras, no cumplieron.
30 Marzo 2018 04:00:00
‘Firmas falsas’
En todas casas cuecen habas; y en la mía, a calderadas (El Quijote II 13).

Este refrán se emplea en México para señalar que en todos lados hay problemas, pero que en nuestro ámbito los problemas son aún mayores. Dado que las habas constituían un alimento de personas humildes y también de animales. Esta frase proverbial es bastante empleada con la adición: y en la nuestra a calderadas, pero para mayor adecuación el día de hoy la adicionaremos con: y en Coahuila a calderadas.

Sin duda es ahora oportuno citar dicha frase en lo sucedido en nuestro estado, dado que el miércoles pasado, en sesión ordinaria, el Instituto Electoral de Coahuila dio a conocer que la mayoría de los aspirantes a competir como candidato independiente en diversos municipios del estado presentaron firmas de apoyo falsas, duplicadas, con datos falsos, con identidades o domicilios que no existen, personas que purgan una condena y hasta de personas muertas, con la única intención de allanar el requisito de ley para simular contar con un respaldo ciudadano y alcanzar una candidatura.

Debemos recordar que a nivel nacional, al igual que en nuestro estado, el Instituto Nacional Electoral hace poco menos de dos semanas anunció que, de los tres aspirantes independientes a la Presidencia de la República solo una alcanzará su registro como tal, lo anterior dado a que se encontraron miles de firmas falsas en sus sistemas de recolección de apoyos.

De igual forma, el mismo instituto nacional el 12 de enero pasado hizo públicas las irregularidades detectadas dentro del proceso de verificación de los apoyos que presentaron algunos aspirantes a diputados federales, por lo que les negó en consecuencia el registro a 23 aspirantes que buscaban la candidatura independiente, por haber obtenido firmas ciudadanas de manera fraudulenta.

En nuestra nación, la figura de las candidaturas independientes se contempló claramente con la reforma política de 2012, la cual dio paso a que en agosto de ese mismo año se aprobara la adecuación del Artículo 35 constitucional, para dar el derecho a los ciudadanos de ser registrados de manera independiente, creando con esto la base normativa para la existencia de esta figura. Una vez establecida empezó a ser regulada en mayo del 2014, fecha en qué fue publicada la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ya cristalizada la posibilidad de los candidatos independientes, a los mexicanos nos llenó de esperanza la premisa de que esta figura realmente fortalecería nuestra frustrada democracia, ya que ahora sí, cualquier ciudadano alcanzaría incidir en los asuntos públicos, accediendo a los puestos claves de la administración, sin compromisos y con el único animo de servir a la ciudadanía.

Con lo anterior, se hace evidente que esa idea romántica de que ciudadanos comunes y corrientes alejados de los vicios de los partidos políticos ocuparan cargos de elección popular es por demás lejana; y es que el atrevimiento de presentar firmas falsas de apoyo, por parte de estos precandidatos independientes locales y nacionales, rebasaron por mucho los vicios de los partidos políticos y evidenciaron su desmedida voracidad.

Lo peor para los ciudadanos no fue la nueva decepción, sino darnos cuenta de que en materia de mejoramiento de la democracia, ya no hay muchas alternativas sin explorar.
23 Marzo 2018 04:00:00
Pederastia, Estado y voluntad
Poca gracia nos ha hecho a los coahuilenses enterarnos de que la Fiscalía General del Estado de Coahuila tiene bajo investigación cuatro denuncias de personas que aseguran fueron víctimas de abusos sexuales en la modalidad de pederastia, ya que aseguran que fueron sometidos sexualmente por 11 curas católicos cuando tenían entre 12 y 16 años, precisando, además, que dichos ilícitos se cometieron tanto en el interior de las instalaciones de seminarios como en iglesias de la entidad.

Esta mala noticia nos llega precisamente en el marco de la celebración del natalicio del más grande independentista de México, Benemérito de las Américas, presidente Benito P. Juárez García, reconocido por lograr que su gobierno itinerante, en 1859, desde Veracruz, expidiera las Leyes de Reforma, que establecían la independencia del Estado, poniendo en su lugar a la Iglesia católica.

Aunado a esta significativa fecha, ahora mismo en nuestra nación se vive el ambiente de víspera de los festejos de la Semana Santa, que tanto promueve la misma Iglesia.

Por desgracia, esta no es la primera vez que la grey católica se ve involucrada en actos tan detestables contra menores indefensos, ya que desde antes de la época de Juan Pablo II se conocieron actos escandalosos que luego fueron encubiertos por los gobiernos que comúnmente les protegen sus conductas punitivas.

Coahuila es ahora foco de atención por ser el escenario de varios de estos escándalos sexuales, por lo que inevitablemente, en días pasados, el fiscal ministerial, Norberto Ontiveros Leza, reconoció que existen cuatro víctimas de pederastia que han presentado formal denuncia, contra 11 sacerdotes de Coahuila. En estas denuncias, los quejosos revelaron que hay, por lo menos, otras 11 personas que corrieron con la misma mala suerte a manos de curas católicos. El funcionario dijo que la dependencia ha dado seguimiento a la carpeta de investigación de forma oportuna. A pesar de lo anterior, al cuestionar al titular de la Fiscalía Ministerial del Estado sobre el delito a perseguir, el funcionario tuvo que realizar un sinfín de malabares con los términos legales y jurídicos para encuadrar con dificultad un delito claro y definitivo ante la conducta antijurídica de los ofensores, lo anterior ante la desgracia de que en la legislación penal de Coahuila ni siquiera se define con claridad el delito de pederastia.

“De acuerdo al dicho muy específico y muy circunstanciado de las víctimas, en nuestro concepto, se acredita el delito. Se puede dar el delito de violación con carácter de prepotente, violación equiparada, en otros casos atentados al pudor, en algunos casos con violencia y en otros casos simple”, vaciló al intentar explicar el funcionario.

Ante tales declaraciones, es evidente que para el titular de la Fiscalía Ministerial de Coahuila y para estas víctimas el primer objetivo para castigar a los responsables del delito de pederastia será encuadrar la conducta en un delito determinado a la luz de nuestra legislación penal local.

Ante tales circunstancias, a los coahuilenses sólo nos resta exigir, que, como en el tiempo de don Benito Juárez, el Estado y sus gobernantes se desmarquen de la Iglesia, suplan con la voluntad las deficiencias de la ley y terminen castigando de manera ejemplar a estos delincuentes.
16 Marzo 2018 04:00:00
¡Que viva la izquierda!
La semana pasada fui testigo presencial del XXII Seminario Internacional denominado Los Partidos y una Nueva Sociedad, llevado a cabo en la Ciudad de México, los días 8, 9 y 10 del presente mes, evento organizado año con año por el Partido del Trabajo de México.

En la citada reunión de partidos de la izquierda mundial, se escuchó un sinnúmero de posicionamientos de las más representativas organizaciones comunistas y socialistas del mundo, entre las cuales destacaron las expuestas por los representantes de los partidos comunista de Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Rusia, Libia, Moravia y Bohemia, Nicaragua, Paraguay, Partido Perú, Uruguay, Palestina, País Vasco, Puerto Rico, Vietnam, Venezuela y, desde luego, México, a través del dirigente nacional del Partido del Trabajo de México, quien fungió como anfitrión.

Muy en armonía con sus ideales comunistas, los asistentes a dicho evento reiteraron su apoyo a la lucha del pueblo palestino y al de la República Árabe Sarahui; pugnaron por el restablecimiento de los derechos sociales y democráticos violados por los gobiernos derechistas de Honduras, Brasil y Argentina y rechazaron la suscripción del Tratado Transpacífico.

De igual forma, ratificaron la Declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, reconociendo la importancia que tienen estos, en los momentos actuales, en la que aseguran existe una ofensiva contrarrevolucionaria contra los pueblos de la región, la cual pone en riesgo el proceso de paz que se vive en Colombia.

Sin temor alguno, aprobaron una resolución de apoyo a la Revolución Bolivariana de Venezuela y a su presidente, Nicolás Maduro, y objetaron la posición del Gobierno de Perú de impedir la presencia del Presidente venezolano en la próxima Cumbre de las Américas, al punto de asumir como propia la Declaración Final de la XV Cumbre del ALBA -TCP celebrada el pasado 5 de marzo en Caracas.

Al final, este resquicio de comunistas del mundo, que parecieran haber salido de sus tumbas, manifestaron su respaldo a la supuesta lucha del pueblo boricua por su independencia, para rematar convocando al mundo para la conformación de un tribunal antiimperialista el próximo octubre tanto en Washington como al frente de todas las embajadas norteamericanas del mundo, para reclamar los derechos de Puerto Rico.

Careciendo de toda difusión, esta cumbre de expresiones de la izquierda comunista y socialista del mundo se desarrolló en un marco de desaliento ante la ineludible aceptación de que los ideales revolucionarios están en franca agonía, al menos para los periodistas internacionales, los cuales se empecinan en denostar y sepultar de manera anticipada a la izquierda política mundial.

Así pues, y sea o no cierta la muerte de la izquierda en el mundo, lo cierto es que hablar de la extinción de la misma nos debe conducir directamente también a considerar el enorme daño que se ocasionará a la política mundial a la cual quitaríamos su único contrapeso, por lo que al sepultar los ideales de la izquierda, sufriremos sin duda, otra muerte de mayor envergadura: la muerte de la política misma. Mejor: ¡Que viva la izquierda!, y que con ella vivan los ideales revolucionarios que tanta falta hacen a nuestros políticos actuales.
09 Marzo 2018 04:00:00
Observadores electorales
El que se quema con leche, hasta al requesón le sopla, solía decir el antiguo refrán que describía que las personas que han sufrido por alguna causa se muestran temerosas cuando la circunstancia parece repetirse.

Sin duda, dicho proverbio es aplicable ante la inminente llegada de los comicios electorales federales y locales,​ que se llevarán a cabo el domingo 1 de julio de este 2018, los cuales serán organizados tanto por el Instituto Nacional Electoral (INE) como por el Instituto Electoral de Coahuila, lo anterior dado que, a nivel federal y local, se renovarán más de 3 mil 400 cargos, entre los que destaca el del Presidente de la República.

En Coahuila, la elección y reelección de alcaldes, incluso la de Presidente y representantes legislativos federales, se desarrollarán, sin duda, en un ambiente de máxima desconfianza, dada la cuestionada reciente elección en nuestro estado que, de acuerdo con las denuncias entre partidos y candidatos, incluso con las averiguaciones de las autoridades electorales, fue contaminada con compra, coacción de votos y rebase en los topes de gastos de campaña.

Bajo este ambiente de escasa fe, resultará insuficiente el absurdo juego que elección tras elección juegan los institutos electorales y los partidos políticos, en el cual se presume que la autoridad electoral vigila el desempeño de los partidos y estos vigilan a su vez el ejercicio de la autoridad electoral, por medio de sus representantes ante las casillas electorales el día de la jornada, lo que coloca a nuestro país en el único lugar en el que la autoridad debe ser vigilada para que no se desvíe.

Así pues, y ante la poca seriedad de los protagonistas de nuestro sistema democrático, a los ciudadanos nos corresponde vigilar de cerca el funcionamiento de todas las entidades públicas que intervienen en este proceso eleccionario, situación que se presiente imposible, a no ser que se realice a través de la figura de “observador electoral”, la cual se ha normado por el paso del tiempo y la desconfianza del electorado, haciéndose presente por primera vez en la legislación electoral en el año 1988, después del cuestionado triunfo de Carlos Salinas de Gortari sobre el candidato perredista, Cuauhtémoc Cárdenas; es entonces que nace dicha figura, la cual, según su concepción, sirve principalmente para evitar fraudes en las elecciones.

Desde entonces, pueden ser observadores todos aquellos ciudadanos mexicanos que buscan la construcción de una sociedad democrática, convencidos de que un proceso electoral totalmente trasparente y verificable debe estar abierto no sólo al escrutinio de los participantes en él, sino también de los grupos de interés involucrados en los temas de gobernabilidad.

Aún queda tiempo para buscar la acreditación tanto de ciudadanos como organizaciones de la sociedad civil para actuar como observadores electorales, los cuales ahora también estarán facultados para presentar informes de observación después de la jornada electoral.

Así que pongamos nuestra esperanza en estos observadores electorales, a los cuales se les impone aclarar el origen, monto y aplicación del financiamiento que recibieron para postularse, colocándolos como una de las figuras electorales más transparentes y decididas. Son quienes, de manera voluntaria, han decidido echarse encima la complicada tarea de revertir el déficit de confianza del votante en nuestro país y nuestro estado.
02 Marzo 2018 04:00:00
La izquierda no tiene líder
Después de disolver a la izquierda, hoy López Obrador, ha empezado a juntarse con los malos, con los de la mafia, ellos y él ahora se rascan entre sí, mientras se esfuman las fuerzas, los objetivos, los planes y el sueño de contar con un nuevo Gobierno eficiente y sin mancha.

Esta conducta, evidentemente desatinada del permanente líder de la izquierda mexicana, lleva al electorado al desánimo y a la confusión y a quienes creemos en el proyecto de izquierda, a una profunda depresión emocional.

Sin embargo, no todo está mal, ya que el irregular liderazgo de quien se supone nos mostraría mejores sistemas de gobierno, será motivo para darnos cuenta de que el progresismo que enarbola la izquierda y que tanto necesita nuestra nación no puede recaer solamente en una persona, y mucho menos en un incierto líder desgastado, sino que la izquierda mexicana existe ahora y como nunca en el ánimo de un gran sector de nuestra sociedad, por lo que con o sin Andrés Manuel, quienes queremos un cambio verdadero en el sistema de gobierno tendremos que votar por la alternativa que lo ofrezca, aunque en esta sólo sea él, quien formalmente lo propone.

Además, el candidato de Morena se equivoca también al no percatarse de que la izquierda es ahora una corriente política con vida propia, con demandas y exigencias reales, un sentir ciudadano que empieza a marcar una gran distancia frente a las demás fuerzas políticas de la misma sociedad, por lo que si se hace presente con la fuerza que se presiente en la elección 2018, sin duda se fortalecerá a tal grado de quedar en aptitud de decidir el futuro de México y castigar a los insensibles malos gobernantes, incluyéndolo a él.

La corriente ideológica de izquierda verdadera que ahora vive México jamás fue cultivada por Andrés Manuel López, es por eso que cada día se parece menos a la izquierda que refiere en sus discursos y que anuncia con sus acciones.

Es evidente que AMLO dejó de reconocer los valores a los cuales la izquierda real debe servir: la defensa de los desiguales, la soberanía nacional; un modelo educativo que favorezca a los trabajadores y a los explotados; la cultura nacional que dé identidad; los derechos humanos en general.

Así que por ahora esto es lo que hay, por lo que estamos obligados a tomarlo y transitar primero por esta izquierda sinuosa, dedicada a la obtención de puestos de representación, de canonjías estatales y al uso de la política para la satisfacción de intereses facciosos o personales, y sólo así llegar después fortalecidos a la otra izquierda, la verdadera, la democrática, la comprometida con el derecho y la justicia y, ante todo, con el avance y el progreso de la sociedad y de su pueblo trabajador; una izquierda que en verdad represente a la clase que vive de su trabajo, una izquierda enemiga de toda forma de simulación democrática y de toda exclusión y discriminación; una izquierda solidaria con todos los pueblos del mundo que al igual que el nuestro, luchen por su liberación y por la igualdad de sus ciudadanos.

Entonces, no podemos los mexicanos postergar más el arribo de un distinto sistema de gobierno, aunque eso signifique que oportunistas se mareen en la idea de sentirse dueños de este logro, desconociendo que la necesidad de un gobierno distinto nos la han dado décadas de dilapidación y sufrimiento.
23 Febrero 2018 04:00:00
La izquierda no tiene líder
PRIMERA PARTE

El régimen de jerarquías o sistema vertical de mandos, en donde un dirigente o guía es quien asume el control de las masas, ha funcionado de manera efectiva tanto en instituciones religiosas como en la administración pública y privada, incluso en la delincuencia organizada y en su contraparte, el ejército nacional o cualquier corporación policiaca; sin embargo, este sistema de líderes parece que no funciona en la política. La historia del mundo nos muestra cómo los líderes políticos tarde o temprano exponen su lado humano falible.

El liderazgo efectivo, como tal, es bastante difícil de sostener, mayormente cuando el líder lleva un buen tiempo soportando ese lugar, el cual implica mantenerse permanentemente afín, rígido, estable, comprometido, agudo e íntegro. Porque, lo queramos o no, cualquier persona que permanece largo tiempo en el escrutinio público, recibiendo porrazos a diario y retirado de las graderías, acaba perdiendo sensibilidad, por lo que deja de escuchar al pueblo, incluso a quienes tiene como los más próximos, por lo que termina pareciendo soberbio o socarrón.

Cuando lo anterior sucede, principia la inevitable ruina del líder, ya que, entonces, empieza a equivocar sus decisiones, lo que para quienes habían creído en él es imperdonable y termina siendo descalificado en todo, incluso en todas las otras labores que pudo haber desempeñado sin falla. Sin embargo, es necesario mencionar que el desgaste del líder es una consecuencia natural, ya que la cabeza de un líder es muy fácil de golpear y por muy desarrollado o prominente que esté su equilibrio, como el de un mástil, resulta inestable.

Ahora mismo en México, el líder de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, quien se ha erigido como paladín de esta corriente por más de 18 años, creyéndose suficiente todo este tiempo para concentrar en su persona el conocimiento y la visión práctica de izquierda necesaria para atender todos los problemas de un estado, responder todas las preguntas y tener siempre la última palabra, empieza a fallar.

Y es que en los últimos meses, el líder de Morena empieza a asquear con sus decisiones, las cuales nos hacen pensar que AMLO no tiene otro objetivo más que el de acumular el poder. Es evidente que las postreras decisiones de Andrés Manuel han sido motivadas sólo por su insaciable deseo de dominio.

López Obrador después de desunir a los partidos de izquierda, ahora ha empezado a juntarse con los malos, con los de la mafia, ellos y él, ahora se rascan entre sí, mientras se esfuman las fuerzas, los objetivos, los planes y el sueño de contar con un nuevo gobierno eficiente y sin mancha.

Esta conducta, evidentemente desatinada del permanente líder de la izquierda mexicana, trae sin duda al electorado mexicano el desánimo y la confusión y llevan a quienes creemos en el proyecto de izquierda a una profunda depresión emocional; sin embargo, no todo está mal, ya que, por fortuna, el irregular liderazgo de quien se supone nos mostraría mejores sistemas de gobierno nos debe servir para darnos cuenta de que el progresismo que enarbola la izquierda, que tanto necesita nuestra nación, no es solamente un candidato y mucho menos lo es un desgastado líder soñador que funda su discurso en un ambiguo punto en el futuro con cara de merolico motivador, sino que… (continuará).
16 Febrero 2018 04:00:00
Tan malo el pinto como el colorado
El pasado 11 de febrero culminó el periodo de precampañas presidenciales, el cual se desarrolló durante 60 días a partir del 14 de diciembre de 2017, sin embargo y, aunque usted no lo crea, el periodo formal contemplado por la ley electoral para el inicio de las campañas iniciará hasta el próximo 30 de marzo, y digo que es poco creíble que hasta entonces inicie formalmente la campaña electoral, ya que lo que vivimos y vimos de los supuestos precandidatos Ricardo Anaya, del PAN, José Antonio Meade, del PRI, y Andrés Manuel López Obrador, de Morena, no fue otra cosa más que descaradas campañas anticipadas.

La Ley Electoral define las precampañas, como el método partidista que sirve para seleccionar a sus candidatos. Es decir, son procesos internos donde los militantes de un partido, o bien la misma ciudadanía, decide quién será el candidato de tal partido, claro, de entre dos o más aspirantes.

Lo extraño viene cuando con la anuencia de la autoridad electoral, candidatos sin rival inician sendas precampañas de proselitismo electoral, a sabiendas de que en sus partidos ni habrá contiendas internas que los definan como sus candidatos, ni sus mensajes ni propaganda fueron exclusivos para los militantes de esos partidos, es decir, si no hay contienda interna en el partido político, simplemente no puede haber precampaña.

Ahora bien, por si lo anterior fuera poca muestra de deshonestidad por parte de los supuestos precandidatos, dos de ellos, cobijados por convenios de coalición, fingieron ser también precandidatos de los partidos que las integran, es por eso que vimos a Ricardo Anaya en tiempos del PRD y Movimiento Ciudadano, a pesar de ser sólo precandidato registrado en el PAN, o bien a José Antonio Meade, quien es del PRI, utilizando de manera ilegal los tiempos de radio y televisión del Partido Verde y del Panal, y, por supuesto a Morena, aliados y a su candidato Andrés Manuel utilizando la frase “estaríamos mejor con ya sabes quién” en los tiempos asignados a los partidos coaligados.

Con acciones como estas y la permisibilidad de la autoridad electoral, es claro que la reforma electoral 2007-2008 que pretendió controlar las campañas adelantadas ha quedado sin fruto, lo cual ha sido provocado por las absurdas resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual, de manera decidida, ha dejado de observar sus propios criterios, como el de aquella famosa jurisprudencia identificada bajo el estadístico 2/2016, en la cual establecía que es acto anticipado de campaña toda aquella propaganda difundida durante precampaña cuando esta no es dirigida sólo a los militantes de un partido, o cuando avaló la ley del estado de Baja California que condicionaba a los partidos políticos a la realización de precampañas siempre y cuando hubiera más de dos
precandidatos.

En fin, no sé a quién busca beneficiar el máximo tribunal electoral al institucionalizar la ilegalidad y permitir la promoción de candidatos desde la etapa de precampañas, pero lo que sí sé es que ninguno de los candidatos principales pudo aguantar la tentación de aprovecharse de esta arbitrariedad. Sin duda, las precampañas nos dejaron un amplio conocimiento de los supuestos precandidatos, el cual se resume en saber que, de los tres, tan malo es el pinto como el colorado.




09 Febrero 2018 04:00:00
Pluripartidismo coahuilense
El pasado 31 de enero venció la fecha fatal, para que las agrupaciones políticas o ciudadanas presentaran una carta de intención al Instituto Electoral de Coahuila, a fin de anunciar el propósito de constituir un nuevo partido político en nuestro estado. Así pues, y una vez concluido dicho plazo, el IEC informó que había recibido 14 cartas de intención de un igual número de agrupaciones interesadas en lograr su registro como partidos políticos estatales.

Es necesario considerar que en la elección local pasada se contó con la participación de 15 partidos políticos, de los cuales sólo nueve son nacionales y seis lo eran estatales; sin embargo, al término de aquella elección, del cúmulo de partidos estatales, sólo logró sobrevivir uno, dado que fue el único que alcanzó el número de votos suficiente para conservar su registro, por lo que el resto de ellos debió liquidarse y retirarles el registro, por no conseguir el porcentaje mínimo de la votación emitida en el estado (3%).

Posterior a la jornada electoral pasada, el instituto electoral estatal reconoció que estos cinco fallidos partidos estatales, no sólo se ganaron su cancelación por consecuencia de la poca e insuficiente representación que tuvieron en dicha elección, sino que el mismo Instituto les tuvo que imponer, además, multas de fiscalización por 26 millones 884 mil 202 pesos, a consecuencia de las diversas irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos que les fueron asignados, multas que por supuesto no alcanzaron a pagar dada su desaparición en el escenario político del estado.

Pues bien, a pesar de lo anterior, el día de ayer se supo que de las 14 solicitudes o cartas de intención para constituir nuevos partidos estatales, cinco de ellas fueron signadas por los dirigentes de estos partidos recién cancelados y ahora prófugos, los cuales pretenden conformar, otra vez, partidos políticos locales al cobijo de los relajados requisitos que exige la legislación electoral actual y de la posibilidad de aplicar el borrón y cuenta nueva de sus débitos con el estado.

Para quien esto escribe, una real democracia es aquella que logra que en una sociedad todas las facciones se encuentren representadas en los órganos de gobierno, por lo que si la única vía de acceso a la administración pública lo es un partido político, entonces deberá haber tanto partido político como sectores en una sociedad, sin embargo, en nuestro estado, la última intención que tienen quienes buscan una y otra vez el registro como partido político, lo es el de representar dignamente a un sector determinado de nuestra sociedad, ya que de haber sido así, en la elección pasada, la misma ciudadanía a estos partidos locales les habría dado los votos suficientes para conservar su registro por sentirse representada por ellos y si no fue así, es porque dichos partidos jamás cumplieron con su cometido.

Así pues, y de darse el registro de estos 14 solicitantes, el próximo año en Coahuila habrá 15 partidos políticos estatales, más los nueve nacionales, que harán que nuestra entidad cuente con un sistema político electoral, “poli partidista”, “nada representativo” y por demás “inservible”.
02 Febrero 2018 04:00:00
Los enemigos de Andrés Manuel
Después de dos derrotas electorales consecutivas, pareciera que ahora sí, Andrés Manuel López Obrador podrá cumplir su anhelo de gobernar México, y es que hasta hoy, la mayoría de las encuestas serias lo colocan como el favorito del electorado.

Como ejemplo: las últimas dos encuestas, publicadas por El Heraldo de México y El Economista, las cuales en su análisis afirman que hasta estos días, ni José Antonio Meade (PRI-PVEM-Panal), ni Ricardo Anaya, candidato del PAN-PRD-MC, han podido desbancar del primer lugar al candidato de la coalición (Morena-PT-PES), según lo muestran sus resultados.

Sin duda, mucho ayudan a las deducciones que arrojan las encuestas la mala reputación del actual Gobierno mexicano, su equivocado actuar en los últimos 5 años y los escasos resultados que han dado a los ciudadanos, esto por parte del PRI; por el PAN, el imperdonable desperdicio de una oportunidad histórica –la de la transición democrática– al gobernar “igual o peor” que el PRI: sin proyecto, con la misma corrupción, sin rumbo.

Así pues, la candidatura de AMLO, parece ir con viento en popa como para llevarlo a la meta sin mayor dificultad.

Sin embargo, debemos recordar que este mismo escenario observábamos en las dos últimas elecciones presidenciales, en las cuales, por estas mismas fechas, Andrés Manuel, lideraba encuestas que, luego de sus desaciertos, comenzaron a abandonarlo.

No omito reconocer que ahora politólogos e historiadores aseguran que en esta ocasión, las cosas son distintas, y que “El Peje” no es el mismo de antes; como tampoco lo es la estructura política que lo apoya, por lo que se debe abandonar la idea de que el candidato repita errores que lo lleven a perder la ventaja que ahora mantiene.

Ante tales aseveraciones, a los ciudadanos nos asalta una duda enorme: ¿qué podría vencer a AMLO?

Para quien esto escribe, al candidato Andrés Manuel sólo lo podrán vencer dos cosas: la enorme cantidad de recursos, tanto económicos, como en estructura burocrática, que comúnmente el partido en el poder pone a disposición del candidato oficial, tanto a nivel federal como estatal, incluidas las de las autoridades electorales, las cuales evidentemente no han sido nada imparciales, en sus últimas resoluciones.

Y la segunda: su equipo de campaña, el cual se conforma por operadores con poco tiento en la mayor parte de los estados, los cuales se erigen como dueños prematuros del poder, decididos a acaparar todos los escaños que significa la Administración federal, incluyendo los puestos de elección popular, los cuales ya se reparten a discreción, negando con esto la oportunidad a todo aquel que decida no servir de rodillas a sus intereses personales.

Y es que la postura tirana de quienes se dicen operadores del candidato en estados como Coahuila, Baja California Sur, Tabasco, Quintana Roo, Sinaloa y algunos municipios en Querétaro ha hecho vacilar la permanencia de la coalición Juntos Haremos Historia, la cual, aunque poco apreciada por estos voraces operadores, servirá de mucho para el triunfo del tabasqueño, dado que si bien es cierto que ahora ocupa el primer lugar en las encuestas, también lo es que su popularidad ha llegado al techo, por lo que sólo esta estrategia de alianza podrá alimentar su candidatura con votos frescos, por representar la apertura a otras corrientes políticas con ideologías diversas.
26 Enero 2018 04:00:00
Coaliciones coahuilenses
El pasado 3 de enero venció el plazo para que los partidos políticos que buscan participar en la elección local de Coahuila 2017-2018 bajo la modalidad de coalición presentaran sus convenios para someterlos al escrutinio de la autoridad local electoral.

En tiempo, se lograron registrar tres convenios de coalición, el primero que llegó lo fue el denominado Juntos Haremos Historia, en el cual participan los partidos políticos nacionales Morena, PT y Encuentro Social. El segundo fue el encabezado por el PAN y los partidos Movimiento Ciudadano y la UDC, al que pusieron por nombre Por Coahuila al Frente, y el tercero, aún sin nombre, conformado por los partidos PRI, PVEM y Nueva Alianza. Debo mencionar que días más tarde, el Instituto Electoral de Coahuila aprobó por unanimidad los tres convenios, por considerar que los mismos cumplían a cabalidad con los requisitos de ley.

Ante tal situación, y con el único fin de lograr identificar o encasillar a estas uniones tan discordantes en una corriente ideológica, haré un esfuerzo sobrenatural por encontrar coincidencias entre estos partidos, más allá de la simple explicación de que los partidos grandes se unen a partidos con menos representatividad con el único fin de sumar votos, aunque sus ideologías sean distintas.

Así pues, la coalición encabezada por el Partido Acción Nacional, de derecha, el cual a pesar de no tener marcadas coincidencias con la filosofía de los dirigentes de los partidos Unidad Democrática de Coahuila y Movimiento Ciudadano deciden coaligarse y formar un frente al cual identificaré como la coalición con ideología de centro, es decir, ni de derecha, ni de izquierda, por lo distinto de los estatutos de cada uno de ellos.

La coalición innominada conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, los cuales profesan doctrinas un tanto dispares, se han unido, para formar una coalición de derecha capitalista y neoliberal, muy al estilo del sistema de Gobierno actual, lo anterior a pesar de que dichos partidos, en ocasiones intentan presentarse como partidos convencionales de izquierda.

Por último, la coalición denominada Juntos Haremos Historia, conformada por los partidos Del Trabajo, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Partido Encuentro Social. Esta coalición llama inevitablemente la atención de quienes aseguran que tanto el Partido del Trabajo como Morena se han ostentado siempre como partidos de izquierda progresista, a diferencia del Partido Encuentro Social, el cual se ha distinguido, desde su creación, por oponerse a las políticas públicas de autonomía del ciudadano, para permitir su libre desarrollo de personalidad, incluyendo sus libertades sexuales, al punto de legalizarlas, lo que para muchos se opone a una política puramente progresista, consideraciones estas últimas con las que no coincido, por lo que la identificaré como la coalición de izquierda.

Así las cosas y bajo la inminente posibilidad de que estas tres coaliciones colocarán a los próximos 38 alcaldes de nuestro estado, a los ciudadanos sólo nos queda revisar a profundidad la personalidad de cada uno de los candidatos y su trayectoria, ya que será difícil encontrar a uno que pueda obedecer a cabalidad las ideologías de cada uno de los partidos que conformen su coalición, a menos que a quien postulen sea al bipolar monstruo de Frankenstein.
19 Enero 2018 04:00:00
La inexcusable obligación de votar
Por alguna extraña razón, ni las autoridades electorales, ni los órganos encargados de la organización de las elecciones, se han decidido plantear con firmeza la real posibilidad constitucional, de castigar a quienes de manera deliberada omiten acudir a las urnas para ejercer su voto en cualquier proceso electoral.

Lo anterior, a pesar de ser estas mismas autoridades, las responsables de consolidar con sus acciones la democracia en el Estado mexicano. Los órganos electorales son insensibles ante las terribles consecuencias que ha traído el abstencionismo electoral a nuestro país, el cual afecta la legitimidad de quienes resultan electos, perturbando aspectos básicos en el ejercicio del poder como lo son: la gobernabilidad y la representatividad.

No podemos decir que nuestro sistema electoral es auténticamente democrático, si la participación ciudadana es tan pobre, además la escasa participación en las contiendas electorales es ampliamente aprovechada por quienes con un voto duro de una minoría logran estruendosos triunfos carentes de legitimación, pero suficientes para acceder al poder.

Es inadmisible entonces que a sabiendas de dichas consecuencias las autoridades electorales no hayan decidido echar mano de la posibilidad legal de inhabilitar los derechos políticos de los ciudadanos, que sin justificación alguna deciden incumplir con su obligación civil de elegir a sus gobernantes mediante el sufragio, lo anterior a pesar de que dicha posibilidad se contempla con precisión en la ley.

No es una ocurrencia de quien esto escribe, que a quienes no acudan a votar se le deba suspender del ejercicio de sus derechos políticos, al menos por un año, de entrada, que a quien deje de votar se le cancele su credencial del INE, entre otras cosas, que implica este derecho.

Y es que, si bien es cierto, los derechos político-electorales del ciudadano encuentran su fundamento en el Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la posibilidad de suspenderlos por la abstención deliberada de salir a votar, se observa en los artículos 36 y 38, de la misma Carta Magna.

Los derechos político-electorales son aquellos derechos fundamentales que tiene todo ciudadano para intervenir en las actividades relacionadas con el Estado y el ejercicio de la función política, cuya acción implica la participación directa del ciudadano para decidir el sistema de gobierno; elegir a sus representantes políticos, ser electo y ejercer cargos de representación, así como, definir y elaborar normas y políticas públicas y controlar el ejercicio en la función pública de sus representantes.

Así pues, los ciudadanos debemos enterarnos, que el voto dejó de ser sólo un derecho, para convertirse en una verdadera obligación, y que no se puede distinguir uno del otro a la luz de la Constitución, la cual como derecho, concede al ciudadano la posibilidad de expresar su voluntad para elegir a sus representantes y como obligación al señalarla como tal en el Artículo 36, fracción III, en el cual ordena una ejemplar sanción por su incumplimiento, y que lo es, la suspensión de los derechos político-electorales del ciudadano por un año, según se lee en el Artículo 38, fracción I de dicha Constitución.

Entonces, ante la conveniente omisión de las autoridades electorales para obligarnos a votar, debemos ser los ciudadanos los que ejerzamos por la fuerza de la ley ese mandamiento.
12 Enero 2018 04:00:00
‘Gobernar y hacer campaña’
Es evidente que el recién electo alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, y quienes le apoyan, están dispuestos a cumplir con la mayoría de las promesas de Gobierno realizadas en campaña, las cuales fueron bastantes en número, lo que hacía que varias de ellas se pensaran de imposible realización, lo anterior, si se toma en cuenta que su Administración municipal sólo durará un año.

Con lo que no contábamos era con que el PRI estatal echaría toda la carne al asador para apoyar la gestión municipal saltillense, la cual deberá ser exitosa, principal requisito para lograr la reelección del munícipe este mismo año, lo que seguramente lograrán y en muy corto tiempo.

A pregunta expresa al alcalde en turno, se refirió a la posibilidad de su reelección para la Alcaldía, no sin antes decirse concentrado en cumplir con lo prometido en campaña, pero sin descartar dicha posibilidad de proponerse como candidato a la misma Alcaldía, “ya en su momento estaremos pensando en esa otra posibilidad”, explicó.

Es evidente que Manolo, en lo personal, en realidad no ha tenido la necesidad de pensar siquiera en la posibilidad de reelegirse, porque en él no caben las dudas y sabe que de decidirse así, sin titubeos, sus manejadores lo lograrán, tal cual ha sucedido con el cargo que ahora ocupa, mismo que seguramente, jamás añoró, por lo que hoy sólo se dedica a vivirlo como un regalo de la vida.

Manolo forma parte de una generación de políticos que con poca lucha y nulo desgaste alcanzan los cuernos de la luna en el ámbito político, sin necesidad de meter las manos o demostrar que son suficientes para conquistarlo. Quien dude de lo anterior, debería explicarnos por qué, en tan poco tiempo, Manolo Jiménez Salinas, en su carrera política ha sido legislador local, presidente del Comité Municipal del PRI, regidor y ahora Alcalde de Saltillo.

Así pues, lo menos que podemos hacer es creer desde ahora que la reelección de Manolo en el mismo puesto está dada, por lo que no dudará en aprovechar las ocurrencias de la autoridad electoral, que por medio de una resolución definitiva, permite que el alcalde en turno pueda sin mayor problema realizar a la par de su gobierno una escandalosa campaña política electoral.

Entonces, he ahí la causa de que el alcalde Manolo, se dé tiempo todos los días para ofrecer sendas entrevistas en cuanto medio de comunicación se le atraviese, anunciando los logros diarios de su Gobierno, el cual apenas inicia y ya ha acumulado acciones reales en tiempo récord.

Así pues, esperemos, entonces, que la Administración de Manolo, sea casi de ensueño y que sin duda, como nunca, se cumplirán ahora sí casi todas las promesas de Gobierno vertidas en su campaña.

Y digo casi todas, puesto que, de reelegirse, estará incumpliendo la más importante y la que más popular lo hizo y que fue precisamente la que anunció en compañía de la presidenta estatal del PRI, aquel 1 de noviembre de 2016, fecha en que al tiempo que destapó su candidatura hizo el compromiso con la ciudadanía, al igual que sus compañeros de partido, en no buscar la reelección y mantenerse en su cargo todo el año para dedicarse a gobernar.

A nosotros sólo nos resta esperar y rezar para que no se cumpla aquella sentencia decretada por el exgobernador Rubén Moreira, quien al referirse a lo que ahora hace Manolo no dudó en exclamar: “puede gobernar y hacer campaña, pero no se puede gobernar haciendo campaña, que es distinto”.
05 Enero 2018 04:01:00
¡Terrible panorama!
Terrible, el panorama en este 2018, lo anterior respecto a la elección local en nuestra entidad, ya que, precisamente es Coahuila en donde de manera extraordinaria los alcaldes recién elegidos en el 2017 gobernarán sólo un año, lo que coloca en una misión imposible a quienes buscan ser reconocidos por la ciudadanía que los eligió.

Y es que en la próxima elección de alcaldes en nuestro estado existirá la posibilidad de que quien ha sido electo como presidente municipal para la Administración 2018 pueda reelegirse en el proceso electoral local del mismo año, para postergarse en el cargo, por lo menos otros 3 años; de ahí que se hace necesario el reconocimiento a su labor.

Además, debo mencionar que en esta elección local para la renovación de las 38 alcaldías de nuestro estado, los alcaldes en funciones podrán, desde su silla, hacer campaña política electoral y buscar reelegirse para el mismo puesto y por el mismo partido que los postuló y llevó a tal compromiso público.

Ante este loco panorama, plagado de excesos y disparates, todos ellos provocados tanto por los legisladores locales como por los federales, así como por las autoridades jurisdiccionales electorales (TEPJF y TEPJE), los coahuilenses habremos de salir, otra vez, a votar el próximo domingo 3 de junio de 2018, en lo que respecta a la elección local, para elegir 38 ayuntamientos.

Así pues, y en un afán de salvar lo insalvable, el Instituto Electoral de Coahuila, en sesión de fecha 24 de diciembre pasado, aprobó un manual al cual denominó como: “Lineamientos que regulan a las y los funcionarios públicos o presidentes municipales que no se separen de su cargo y que busquen ser reelectos (as) para la integración de los ayuntamientos del estado de Coahuila de Zaragoza, para la precampaña y campaña, en el proceso electoral local ordinario 2017-2018”

Dicho reglamento cuenta con cuatro grandes apartados, numerales o artículos, que a la letra dicen:

“1.- No podrán realizar actos de precampaña y campaña en días y horas laborables, en atención a lo que establezca cada ayuntamiento. 2.- No podrán utilizar recursos públicos, ya sea humanos, materiales o económicos que sean del ayuntamiento. 3.- No podrán disponer del personal que se encuentre dado de alta en la nómina del ayuntamiento, del cual ejerce su administración, para realizar actos de precampaña y campaña en horas laborables, ni de aquel otro que sea pagado por el ayuntamiento (sic). 4.- Deberán observar lo dispuesto en la constitución política de los Estado Unidos Mexicanos, la local del estado de Coahuila de Zaragoza, el código municipal del estado y la demás legislación, reglamentación y normatividad aplicable”.

Preceptos todos inaplicables, o por lo menos inobservables, ya que lo que no dice el Instituto Electoral es que ninguno de estos obvios mandamientos está dentro de sus facultades reguladoras, ya que, según la ley, este instituto carece de facultades para fiscalizar a quienes de manera deliberada hagan campaña en horarios laborables, dispongan de los recursos del erario para sus campañas o que desvíen las funciones del personal del ayuntamiento.

Es evidente que dichas circunstancias nos ponen a merced sólo de la buena voluntad de los acaldes-candidatos y sus partidos para que no caigan en tentación, o lo que es lo mismo: ¡terrible panorama!

.(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo) | @Ricardo Torres_1
29 Diciembre 2017 04:04:00
Descrédito
Fue en el pasado mes de octubre que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó un acuerdo del INE, que pretendía regular la entrega de programas sociales durante un proceso electoral, esto a pesar de que se les advirtió que existe el riesgo de que los gobiernos condicionen o utilicen la entrega de dichos programas sociales como medio de pago en la compra de votos.

Con dicha acción el Tribunal Electoral empezaba a mostrar su verdadera cara, la cual desde entonces, y hasta hoy, no ha sido otra más que la de ser permisivos e impulsores de todo tipo de excesos en la próxima elección federal 2018, ya que este Tribunal insiste en liberar de cualquier normativa, tanto el límite, la procedencia y destino de los recursos económicos que se manejen en dicho proceso electoral.

Pero no sólo en materia de recursos económicos el máximo tribunal electoral es irresponsable, ya que en la misma fecha en que se permitió desestimar el uso de programas sociales como medio de coacción del voto también derogó otros dos reglamentos producidos en el seno del consejo general del INE, con los cuales los consejeros buscaban garantizar la equidad en la contienda electoral 2018, ya que prohibían actuaciones ilegales de funcionarios públicos en favor de un partido político en época electoral, así como la imposición de límites a la difusión de los informes de labores de los mismos en periodo electoral, para evitar con esto que los gobernantes, bajo el pretexto de rendir su informe de gobierno, hagan propaganda en favor de su partido para influir en la decisión del votante.

Es evidente que al Tribunal Electoral poco le importó que estos reglamentos emitidos por el INE fueran la consecuencia de la insensata omisión de los legisladores federales, para normar con precisión el Artículo 134 de la Constitución, el cual trata el uso de recursos económicos federales, de manera muy general, limitándose a ordenar que dichos recursos deberán administrarse con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, pero sin precisar la forma en que deberán vigilarse.

Así las cosas y en esa misma inercia antidemocrática, los magistrados del TEPJF, el miércoles pasado, eliminaron del reglamento de fiscalización, una prohibición que impide a candidatos y partidos políticos el reparto de tarjetas monedero durante la campaña electoral de 2018.

En la misma resolución, los magistrados legalizaron el uso de las tarjetas “rosas” por parte del PRI en Coahuila y el Estado de México, durante las elecciones de este año, pese a que el INE insistió en incluir esta prohibición; pero esta y otras normas en el reglamento de fiscalización, fueron impugnadas por el mencionado partido político y sus aliados.

Con este último fallo y con la evidente falta de voluntad para evitar contiendas inequitativas, el Tribunal Electoral federal anunció de manera tácita que el proceso electoral más grande y costoso de la historia de nuestro país, con 3 mil 416 cargos en juego, se desarrollará en un contexto de crisis política, de descrédito, no sólo de los partidos políticos, sino que también de las autoridades electorales, y que, para desgracia de los mexicanos, serán estas mismas autoridades las que se encargarán de validarlas.
22 Diciembre 2017 04:00:00
Valor o Descaro
El miércoles pasado, el Instituto Electoral de Coahuila llevó a cabo un ejercicio de discusión, al cual identificaron como conversatorio, denominado Reelección: Retos Para el Proceso Electoral 2018, en dicho evento, intervinieron la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara, Gabriela Eugenia del Valle Pérez; Jorge Sánchez Morales, magistrado en la misma Sala Regional Guadalajara, ambos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el coordinador general de asesores de la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Marco Antonio Zavala Arredondo.

En dicho evento, la magistrada Gabriela Eugenia del Valle Pérez consideró que la reelección no es un nuevo derecho, sino que la reforma político –electoral de 2014– más bien levantó una restricción para que los servidores públicos en funciones puedan participar en los procesos electorales en igualdad de circunstancias; Más o menos en el mismo sentido el magistrado Jorge Sánchez Morales hizo un recorrido histórico de las reelecciones en México, para concluir que la reelección nada tiene de malo.

Finalmente, Marco Antonio Zavala trató de hacer entender, que la prohibición a la reelección no debe considerarse como una violación a un derecho humano, ya que hasta hoy ningún ordenamiento constitucional o internacional la reconoce como tal; incluso consideró que la no reelección es un mecanismo necesario para mantener un verdadero equilibrio en el ejercicio del poder.

Dignos representantes del Tribunal Electoral Federal resultaron los magistrados participantes en el mentado conversatorio, ya que las opiniones vertidas por los mismos, llevaron sin duda implícitos los criterios incongruentes con los que ahora el citado tribunal resuelve las controversias que les son sometidas a discusión.

Y como muestra la resolución dictada por dicha autoridad respecto a la posibilidad legal de que en Coahuila un alcalde, en la próxima elección 2018, haga campaña sin la necesidad de desprenderse de su cargo, esto, a pesar del inminente riesgo de que el funcionario disponga de los recursos públicos del municipio, para desviarlos a su campaña política–electoral, lo que traerá como consecuencia una elección por demás desigual e ilegal. “No hay conflicto de intereses porque la ley lo permite. Habría que ver caso por caso y ser muy cuidadoso de lo que se puede y lo que no se puede hacer, se establecerían las reglas y tendrán que seguirlas. Obviamente si alguien no está de acuerdo, presentará la denuncia respectiva y será analizada”, aseveró la magistrada.

Pareciera que desconocen que quien sancionará el proceso electoral local en el cual se renovaran los 38 municipios, con candidatos alcaldes en funciones, lo es el Instituto Electoral de Coahuila, y que el mismo carece de facultades para auditar o fiscalizar los gastos de campaña, por ser esta una labor reservada al Consejo General de INE, aunque a decir verdad, es evidente que también desconocen que ellos mismos coartaron al mismo INE en el ejercicio de esa labor fiscalizadora, lo que trajo tantos conflictos a Coahuila en la elección de Gobernador.

En fin, ciertamente hay algo que debemos reconocer a los magistrados visitantes y lo es el gran valor o descaro de venir a una entidad a la cual bastante han lastimado con sus ocurrentes resoluciones.
15 Diciembre 2017 04:00:00
Adiós Isidro
Isidro López Villarreal rindió su Cuarto Informe de resultados el pasado 13 de diciembre. “Nos vemos el próximo año”, señaló el todavía Alcalde, al concluir el mensaje que ofreció tras la presentación del mismo. Chilo aclaró que le será difícil dejar su encargo, dado que él está muy enamorado de la Alcaldía, por lo que sin duda buscará ser candidato para el cargo en los comicios electorales del próximo año.

Para Isidro volver a postularse para la Alcaldía en el proceso electoral del 2018, no significará la reelección continua en el cargo, dado que entre la culminación de esta administración municipal y el inicio de la nueva administración, se encuentra la administración que encabezará el priista Manolo Jiménez.

Volviendo al punto: ¿qué le hace pensar al indolente alcalde Isidro López que existe la remota posibilidad de que los saltillenses le volvamos a elegir como nuestro alcalde?

Es evidente que para Isidro los cuatro años de su tortuosa administración no fueron suficientes, como para que los ciudadanos lamentáramos el haberlo elegido; para nadie es oculto que la administración municipal saliente dedicó su tiempo en implementar acciones meramente recaudatorias, el programa excesivo, ilegal e inquisitorio de las fotomultas –como primera acción sobresaliente del Alcalde– fue sólo el anuncio de la principal característica del actual Ayuntamiento, ya que como compensación ante la imposibilidad de seguirlas cobrando, el alcalde permitió todo tipo de excesos por parte de la Policía Municipal, la cual se encargó en todo tiempo de atiborrar las cárceles municipales todos los fines de semana, arrestando sin motivo suficiente a cuanto ciudadano se cruzaba en su camino, con el único propósito de sacarles el pago de elevadas multas por cualesquier causa.

Como empresario, Isidro hizo que todos los servicios que se brindaron a la ciudadanía, se convirtieran en jugosos negocios, por lo que, taxistas, comerciantes ambulantes, comerciantes establecidos, los locatarios del mercado Juárez y todo aquel ciudadano que necesitara realizar algún trámite, sintieron la voracidad del Munícipe y sus directores, mismos que jamás vacilaron en cobrar peso a peso por cualquier servicios brindado en nombre del Ayuntamiento, como tampoco lo hicieron al momento de imponer sanciones a quien opusiera resistencia al cooperar con la causa.

Así que, la aseveración del Alcalde cuando en 2013 decía: “Vamos a liberarnos de los gobiernos corruptos, nosotros somos el cambio”, se convirtió en su primera promesa de campaña incumplida, ya que, casos como el del director del Centro Integral de Administración y Planeación (CIAP) de Saltillo, Jorge Salcido Urroz, el del extesorero Adrián Ortiz y hasta el de la sustracción de los documentos de las finanzas del municipio en últimos días, marcaron desde el inicio la imagen de su regencia.

Poco o nada bueno, pudo informar el Alcalde como resultado de su gestión, la cual a todas luces podrá ser calificada –en el mejor de los casos– como igual de mala que las pasadas, aunque a decir verdad en esta, la voracidad de los funcionarios municipales no tuvo comparación.

Adiós Isidro, los saltillenses te deseamos la mejor de la suerte en tus negocios y que logres olvidar esta mala etapa de político en tu vida… la cual, los saltillenses, bastante sufrimos.
01 Diciembre 2017 04:00:00
Como en Venezuela
El miércoles pasado, el presidente Enrique Peña Nieto, el entonces gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, y el gobernador electo Miguel Ángel Riquelme Solís, inauguraron las instalaciones de la Onceava Brigada de la Policía Militar, cuartel y unidad habitacional, en San Pedro, lugar que albergará a 3 mil 200 soldados.

Peña Nieto reconoció que la presencia de militares en nuestro estado creció de mil 800 a más de 6 mil efectivos. “Hace falta un marco jurídico adecuado, que regule la actuación de soldados, pilotos y marinos, en tareas de seguridad pública”, dijo el Presidente, por lo que pidió al Congreso de la Unión la inmediata aprobación de la Ley de Seguridad Interior, para regular el apoyo de las Fuerzas Armadas a las entidades y municipios.

Algo está pasando en las cúpulas de los principales partidos políticos de nuestra nación, ya que en los últimos 2 años, los legisladores federales han discutido diversas iniciativas de reforma constitucional, que plantean darle facultades a las Fuerzas Armadas para intervenir en las actividades policiales, sin ningún control civil de por medio, una de ellas presentada por el senador del PAN Roberto Gil Zuarth y otra presentada por el coordinador de la bancada del PRI, César Camacho Quiroz, denominada Ley de Seguridad Interior, misma que fue aprobada ayer.

En todas estas iniciativas de ley, tanto las del PRI como la del PAN, se estableció la necesidad de otorgarles más facultades a los militares como garantes de la seguridad interna del país. Ambas propuestas parecen olvidar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que tanto han denunciado los propios ciudadanos y las comisiones encargadas de representarlos. Pareciera que a los legisladores poco les importan los innumerables cuestionamientos acerca de cómo se han utilizado las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo, sin ningún tipo de control.

Así pues, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Seguridad Interior, la cual permite la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, otorgando al Ejército la posibilidad de realizar labores de vigilancia y control social por cualquier método, por lo que podrán intervenir comunicaciones y recolectar información privada de cualquier persona a través de cualquier método sin distinción, así como arremeter contra manifestantes que decidan tomar una carretera o incluso una calle, como forma de protesta, entre otras muchas potestades; todo esto sin mediar control judicial o cualquier otro mecanismo de rendición de cuentas.

Es evidente que nuestros gobernantes, en su desmedido anhelo de controlarnos como sociedad, han emprendido una campaña legislativa sin fundamento, otorgándole facultades extraordinarias al Ejército en tareas que sólo competen a la sociedad civil, al punto de poner en riesgo nuestra identidad como república civil, para pasar a un régimen militar. Lo anterior representa una verdadera amenaza, ya que con estas acciones se han venido generando poco a poco condiciones suficientes para la instauración de un régimen dictatorial, exactamente igual al régimen de Venezuela.
24 Noviembre 2017 04:00:00
Inimaginables consecuencias
Seis días restan a la actual Administración estatal y la incertidumbre y zozobra arrecian. Hasta hoy nadie sabe lo que pasará el próximo 1 de diciembre, momento en que debe tomar posesión el nuevo Gobernador de Coahuila. Y es que, virtualmente existe un ganador según el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, sin embargo, la validez de la elección se encuentra en suspenso, dada la impugnación presentada por diversos actores políticos, que intentan repetir dicho proceso eleccionario.

Sin duda la elección de Coahuila es ahora la más amplia muestra de la falta de criterio y compromiso por parte de los magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los cuales, de manera deliberada, han decidido tomarse el tiempo más extenso posible, antes de sentarse a decidir sobre la procedencia de las impugnaciones vertidas sobre la citada elección. Esta situación ha sido aprovechada al máximo por los mismos, para coquetear y alentar a cuanto actor político llega a sus elegantes oficinas y ha dado pie a la invención de todo tipo de rumores, hipótesis, chismes y leyendas, por parte de quienes dicen saber del tema.

La única verdad es que hasta hoy nada hay en concreto respecto a si se anula o no la elección de gobernador en nuestro estado, y menos si consideramos que las últimas resoluciones del máximo tribunal electoral en el país han sido bastante confusas y carentes de toda lógica y sentido democrático.

No existe, en las recientes actuaciones del citado tribunal, un criterio definido por parte de los ciudadanos magistrados integrantes de la sala superior de dicho órgano electoral, ya que las últimas sentencias emitidas y consensadas por ellos parecen provenir más de un desajuste hormonal de los mismos, que de una decidida intención de ministrar justicia electoral.

Las últimas ejecutorias dictadas por la autoridad han llegado al absurdo de permitir que alcaldes en funciones puedan aleatoriamente participar en campañas electorales, buscando su reelección; otras, han invalidado lineamientos reguladores de propaganda oficial y hasta se ha decretado como lícito el reparto de programas sociales con fines electorales.

En un desplante de arrogancia, esta Sala Superior echó abajo lineamientos de fiscalización aprobados por el INE, tendientes a garantizar la equidad de la contienda; en otra ocasión decretó como válida la promoción personalizada de los funcionarios, así como la contratación de propaganda con dinero público.

Incluso, en últimos días, la misma autoridad ha invalidado criterios que el INE ya había aplicado en elecciones pasadas, con el consentimiento expreso del propio tribunal, como lo son los lineamientos para el uso imparcial de recursos públicos y la contabilización de propaganda en internet como gasto de campaña.

Sin duda, todas estas resoluciones se traducen en un mal presagio, y que lo es, que estamos ante la inminente llegada de una elección federal (de 2018) que se desarrollará en un ambiente de absoluta impunidad, por consecuencia de la absurda interpretación que el tribunal federal electoral da a la Ley de manera deliberada. Es decir, desde hoy tenemos identificado al culpable de una desgracia futura, conocida en el derecho como: una mente criminal dispuesta para causar daños de inimaginables consecuencias.
17 Noviembre 2017 04:00:00
Aborto
En los últimos días del mes pasado y luego de analizar la propuesta del Ejecutivo del Estado al Poder Legislativo sobre la posibilidad de dejar de contemplar como conducta delictiva la interrupción discrecional del embarazo por parte de las mujeres que así lo determinen, sin necesidad de mediar excusa legal alguna, este último decidió rechazar dicha iniciativa, fundándose en el argumento de que la vida es mucho más valiosa que el derecho de una persona a decidir sobre su cuerpo.

Luego de varias semanas de polémica, finalmente el Congreso del Estado decidió mantener la figura del aborto consentido dentro del catálogo de conductas consideradas como delictivas, desechando con esto la posibilidad de que en nuestra entidad surgieran lugares en donde se pudiera dar esta práctica sin ser criminalizada.

En dicha polémica, representantes de sectores interesados en el tema manifestaron sus ideas, con el único ánimo de hacerse notar tanto para apoyar como para rechazar o satanizar dicha propuesta de ley. Debemos reconocer que la mayoría de las sociedades tiende a relacionar el tema del aborto mayormente con mandatos religiosos o divinos, antes de concebirlo como un asunto relacionado con la ley y como política de Estado.

Sin embargo, y para asombro de muchos, el máximo representante de la grey católica en nuestro estado, el obispo Raúl Vera López, al momento de ser cuestionado sobre dicha polémica, no dudó en manifestar su aceptación ante la idea de despenalizar el aborto en nuestro estado. “Yo, cuando se habla de la penalización del aborto, evito unirme porque las penalizadas siempre son las mujeres, nunca los médicos, nunca los dueños de las clínicas, nunca los papás, siempre son las mujeres”, declaró.

Es evidente que el discurso del fraile dominico, obispo mexicano y actual director de la Diócesis de Saltillo, encuentra concordancia con lo que preceptúa el derecho canónico, el cual a pesar de imponer la peor sanción para el aborto, como lo es la excomunión automática, también contempla por lo menos 10 causales para que dicha sanción no sea aplicada o para que al menos sea atenuada, es decir, el derecho canónico contempla, incluso muchas más causales que las que nuestro derecho penal vigente concede.

Ante esto, y salvada la parte religiosa, debemos concluir que el problema del aborto debe ser cuanto antes acogido con seriedad por el estado, por lo que, en franco desatino, los legisladores de Coahuila, dejaron ir esta vez, la posibilidad de afrontar para normar y atender un problema que a pasos agigantados ha venido avanzando en detrimento de nuestra sociedad.

La realidad es que en nuestro estado es difícil conocer la cifra real y actualizada del número de interrupciones de embarazos que ocurren al año, pero diversas organizaciones sociales coinciden en considerar que el aborto, en Coahuila, es un hecho que debe ser encarado cuanto antes, como un problema de justicia social y no de conciencia, ya que el mismo afecta principalmente a las mujeres que viven en pobreza, condenándolas al descrédito y al castigo o a una vida llena de carencias al lado de los hijos.

El derecho a la vida deberá seguir siendo, sin duda, el bien jurídico mayormente tutelado por el Estado, pero más aún, el derecho a una vida digna, lo cual no se logrará si se siguen ignorando este tipo de temas.
10 Noviembre 2017 04:00:00
Similitud
La incertidumbre respecto a la validez legal de la elección de Coahuila y la falta de confianza sobre el desempeño de los órganos jurisdiccionales que se encargarán de calificarla, han tomado una relevancia sin precedentes en la historia moderna de México.

La deficiente aplicación de la ley electoral federal, promulgada en el 2014, la falta de responsabilidad por parte del poder legislativo local para adecuar la ley electoral, así como la ausencia de coordinación entre el IEC y el INE en la preparación del proceso eleccionario 2016-2017, en Coahuila, ha traído como resultado, una de las elecciones más cuestionada, por lo menos en los últimos seis años.

Tal es la magnitud y relevancia de nuestra elección, que en días pasados, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) integró una comisión innominada, con personal de las siete ponencias de la Sala Superior, misma que se encargará de la elaboración del proyecto de sentencia en los juicios relativos a la elección de Gobernador de Coahuila. Una vez elaborados estos, serán sometidos al estudio y análisis, por el total de los integrantes de ese órgano jurisdiccional.

Para dimensionar de manera precisa lo que está ocurriendo en el máximo tribunal electoral de nuestro país por causa de la elección coahuilense, debemos recordar, que la única vez que esta misma autoridad recurrió a una estrategia igual, para suavizar un tema electoral fuertemente cuestionado, lo fue el 25 de junio de año 2012, fecha en que por unanimidad la Sala Superior del TEPJF aprobó la integración de una Comisión encargada de formular el dictamen sobre el cómputo final y la calificación de la elección Presidencial.

Aquella comisión fue identificada con el nombre de Comisión Calificadora de la Elección Presidencial, por lo que fue la encargada de formular el proyecto de calificación jurisdiccional de la elección presidencial. A diferencia de la nueva comisión, aquella del 2012, fue integrada por tres magistrados de los siete que conforman la Sala Superior, así pues, los magistrados Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Nava Gomar, fueron electos por unanimidad para integrarla.

Al igual que entonces, se estrenaba una reforma constitucional y legal, promulgada en 2007 y 2008, que al igual, implicaba la adopción de nuevos paradigmas en la organización de los procesos electorales y entre los cuales destacaban la implementación de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y una regulación específica de la propaganda.

A partir de este contexto, en aquel caso, temas trascendentales como Monex, fueron analizados con las pruebas aportadas por la Coalición “Movimiento Progresista” y las pruebas recabadas por el mismo tribunal.

A pesar de que la comisión de aquel tiempo, reconoció que existieron hechos objetivos que constituían flagrantes transgresiones a la ley electoral, al final, tales hechos fueron consideraros insuficientes para demostrar el cuestionamiento fundamental; el cual era, la vulneración al principio de autenticidad del sufragio; pretensión máxima plasmada en la solicitud de nulidad de la elección. Bajo este argumento, dicha comisión declaró válido el resultado de la elección presidencial 2012.

Entonces y ante tal premisa y similitud, los coahuilenses debemos prepararnos, ya que la sentencia de ese mismo tribunal… Está por llegar.
03 Noviembre 2017 04:00:00
En esta no
Tal cual lo exige la Ley Electoral, el pasado miércoles, tanto el Instituto Electoral de Coahuila, como la Junta Local Ejecutiva en nuestro estado, del Instituto Nacional Electoral, anunciaron el inicio del proceso electoral 2017-2018, en donde se elegirá, en lo local, a los ayuntamientos municipales y en lo nacional, al titular del Ejecutivo y a los integrantes de las cámaras de Senadores y Diputados.

Poco alentador fue el inicio del nuevo proceso eleccionario, mayormente, porque los titulares de ambos órganos electorales, Gabriela de León Farías y Juan Álvaro Martínez Lozano, en sus discursos de instalación, olvidaron aceptar que el proceso electoral que debió culminar en junio pasado, y que aún no concluye, estuvo plagado de irregularidades y descuidos por parte de los organismos que ellos mismos dirigen.

Esta falta de autocrítica y retrospectiva por parte de los citados funcionarios nos lleva a considerar, desde ahora, que el nuevo proceso electoral, significará para los coahuilenses el salir nuevamente a votar sin la certeza de que el resultado de las elecciones coincida plenamente con la voluntad del electorado.

La desafortunada postura planteada por quienes tienen en sus manos la inexcusable obligación de ejercer como autoridad las atribuciones que la ley electoral les otorga puede ser el anuncio de una renuncia tácita por parte de los mismos de procurar que el proceso 2018 se lleve a cabo dentro de los cauces de la legalidad.

Es decir, la falta de aceptación de los errores cometidos por la propia autoridad electoral en el proceso 2016-2017 en Coahuila significa que para ambos organismos nada hay que corregir y que la certeza y la legalidad no son necesariamente los principios rectores de un proceso eleccionario, según su consideración, por lo que la falta de los mismos será la constante en la elección que recién nace.

Ante este panorama, debemos entender, pues, que a Coahuila jamás llegó lo que la gran reforma electoral nacional del 2014 prometió: la creación de un instituto electoral de ideas, un órgano de estado dedicado a incentivar y respetar la voluntad ciudadana, un órgano exclusivamente ciudadano, alejado de intereses y cercano a la sociedad.

Y que, por el contrario, los coahuilenses y los mexicanos seguiremos deseando un instituto electoral eficazmente blindado para no permitir intromisiones que vulneren su autonomía. Un instituto electoral que resuelva lo instrumental con eficacia y al mismo tiempo, perfile y afine el proceso democrático en México. Si no, que los esfuerzos y los recursos que significan estos institutos electorales, no dejarán de ser la carga de una burocracia pesada, sin el reconocimiento de ser una autoridad eficiente, que por lo menos ofrezca resultados oportunos y con certidumbre.

Entonces, es evidente que la elección 2017-2018, muy lejana estará de establecer un parteaguas entre procesos electorales siempre cuestionados, tanto por su legitimidad, como por la equidad en la competencia, frente a procesos electorales transparentes, equitativos y, sobre todo, socialmente legitimados, lo que a todas luces no es para ellos la parte más importante. Ni hablar, no nos queda más que seguir esperando, ya que, por lo visto… en esta no.
27 Octubre 2017 04:04:00
Reforma política insuficiente
Parece que todo está dicho respecto a la elección de Gobernador 2016-2017 en Coahuila, por lo menos lo relativo a su validez. Lo anterior dada la marcada tendencia de las resoluciones y ejecutorias dictadas por las autoridades electorales, tanto federales como locales. Incluso el pasado miércoles, el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila desechó 13 de las 14 impugnaciones presentadas que pretendían la anulación de la citada elección, lo anterior bajo el argumento de que las irregularidades denunciadas no fueron de tal magnitud como para considerarlas determinantes en los resultados electorales.

Debemos recordar que la elección vivida el presente año en Coahuila sirvió como prueba de fuego a la reforma electoral realizada por el Congreso de la Unión en el año 2014, en la cual si bien es cierto que se avanzó en algunos capítulos, también lo es que algunos más quedaron pendientes, tales como el fuero, la doble vuelta, etc. Lo cierto es que, en cuanto a lo electoral, el beneficio fue que se acortaron los periodos de campaña y se pretendió reducir los altos costos de las mismas.

De igual forma en dicha reforma se concibió un árbitro local, imparcial y ciudadano, subordinado al también, recién creado, Instituto Nacional Electoral, con lo que supuestamente se pondría fin a las irregularidades observadas en las elecciones locales, producto de la intervención de los gobiernos estatales en los institutos electorales, lo que en los hechos, mas no en derecho, se materializó con la creación del Instituto Electoral de Coahuila, bajo la figura del Organismo Público Local Electoral (OPLE).

Así pues, y volviendo a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral local el pasado 25 del mes corriente, identificada bajo el estadístico 95/2017, que confirma la validez de la elección de Gobernador, se observa un voto particular emitido por el magistrado Ramón Guridi Mijares, el cual, en franca oposición, consideró que los elementos vertidos por los denunciantes a fin de acreditar las causales de nulidad eran a su gusto por demás suficientes, fundando su dicho principalmente en las supuestas violaciones a los principios de legalidad y certeza que rigen a una elección democrática, las cuales fueron posibles en consecuencia del rompimiento de la cadena de custodia de los paquetes electorales y la práctica del recuento de votos en sede administrativa, sin mediar motivo alguno.

Entonces, y dadas las referidas manifestaciones, es oportuno reconocer y considerar que ambas anomalías advertidas por el magistrado Guridi, son 100% imputables al órgano electoral local (IEC), por lo que más allá de considerar si el criterio de los juzgadores es o no el correcto, debemos reconocer que la pasada elección local ha sido por demás traumática, dada la precaria actuación de la autoridad local electoral.

Es evidente, entonces, que el Instituto Electoral local ha incumplido con su compromiso de garantizar elecciones verdaderamente legítimas; por consecuencia, debemos reconocer que la Ley Electoral vigente sigue siendo insuficiente, dada la imposibilidad de la autoridad local para detener las ansias de poder de quienes no dudan en derribar todo dique jurídico impuesto con el único fin de imponer sus objetivos, los cuales, dicho sea de paso, han sido el origen de todos nuestros problemas.
20 Octubre 2017 04:00:00
El multipartidismo coahuilense
Ayer, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila tuvo a bien aprobar la expedición del Reglamento para la Constitución y Registro de Partidos Políticos Locales. Debemos recordar que después de las elecciones del 4 de junio pasado en Coahuila, y dados los resultados obtenidos de los cómputos electorales y de confirmarse estos, en nuestro estado, cinco partidos locales desaparecerán al no conseguir los votos mínimos indispensables.

Incluso, en días pasados, el mismo instituto electoral local dio inicio a los procesos de liquidación de estos cinco partidos políticos estatales, sin embargo, la pérdida definitiva del registro se dará una vez que termine el proceso electoral, lo cual se llega con la resolución de la última impugnación presentada en contra de la validez de la elección, situación que puede tardar incluso al 30 de noviembre de este año, es decir, hasta un día antes de la toma de protesta del próximo gobernador.

Como era de esperarse, los dirigentes de los partidos políticos estatales, que ahora pierden su registro, no se resignarán fácilmente a soltar las canonjías a las que ya sin duda se habían acostumbrado, por lo que desde que se enteraron de los resultados electorales, iniciaron sendas estrategias para buscar conformar y registrar nuevos partidos locales, lo que logarán, sin duda, dados los ligeros requisitos que la ley impone para tal fin.

Soy un hombre convencido de que la democracia debe ser sin adjetivos, es decir, que un pueblo efectivamente demócrata deberá ver reflejado en sus órganos de dirección el pensamiento de todos los ciudadanos, incluyendo minorías, un verdadero “gobierno popular”, en el cual las propuestas y necesidades de todos los grupos se escuchen, lo que se lograría en nuestro estado si los partidos estatales verdaderamente representaran a los diversos sectores de la sociedad.

Entonces, nada malo tendría que Coahuila fuera uno de los estados con mayor número de partidos locales legalmente constituidos, ya que los mismos realmente representarían los intereses e ideologías de la mayor parte de nuestra ciudadanía, Sin embargo, y para desgracia de los coahuilenses, en la elección pasada, de nada sirvió contar con más de cinco partidos locales, ya que al momento de plantear sus propuestas de gobierno e ideologías, prefirieron unirse en coaliciones parciales o totales con los partidos mayoritarios, o con personajes populares, en una desesperada búsqueda de la supervivencia, diluyendo con esto toda posibilidad de representar a los sectores sociales minoritarios que, según decían, les habían impulsado para constituirse como alternativa política.

Evidentemente, los ciudadanos coahuilenses no se sienten representados por los partidos locales, ya que, de ser así, el número de votos en las urnas sería mucho mayor y naturalmente distribuidos entre todos los partidos de una manera más uniforme.

La realidad es que, aunque se nieguen a aceptarlo las dirigencias de los partidos políticos estatales, lo que mayormente les motiva no es la representación de los sectores desprotegidos, sino el generosísimo financiamiento público que el Estado canaliza, como en ningún otro país, tema que vale la pena abordar por separado. El hecho es que las prerrogativas económicas se han convertido en una tentación perversa que es necesario corregir, aun con el descontento de todos los partidos.
13 Octubre 2017 04:00:00
Falta de certeza: lo único cierto
El Artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone que en las constituciones y las leyes en materia electoral deberán garantizar en el ejercicio de la función electoral, los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.

Dentro del referido principio de certeza se encuentra el relativo al desempeño de la función electoral a cargo de las autoridades correspondientes, principio que consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales, de modo que todos los participantes en el proceso electoral adopten con claridad y seguridad las reglas a que la actuación de las autoridades electorales está sujeta, para lograr resultados incuestionables.

Para ser más claro: el principio de certeza señala que su significado radica en que la acción o acciones que se efectúen, por parte de la autoridad electoral, deben ser del todo reales y apegadas a los hechos, esto es, que el resultado de los procesos electorales sea completamente verificable, fidedigno y confiable.

Es evidente la falta de dicho principio rector en los comicios pasados en nuestro estado, lo que ha permitido que la incertidumbre sobre nuestro futuro político sea la que hoy prevalezca, lo incierto respecto a los resultados finales de la elección vívida en este año, concretamente a la realizada para la renovación del Ejecutivo estatal, ha representado el mayor agravio cometido por la autoridad electoral en contra de los coahuilenses.

La única verdad que existe en nuestro estado, hasta el día de hoy lo es que nada de lo que han dicho hasta ahora, quienes se sienten con la suficiente autoridad para opinar, respecto al resultado de la elección de gobernador, es definitivo, ni totalmente cierto, ni el PRI, ni el PAN tienen nada en concreto, que les permita respirar con calma, es más, ni siquiera la propia autoridad electoral es capaz de fijar una postura lo suficientemente clara, como para considerar que tiene el control del resultado.

El revés dado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al Instituto Nacional Electoral, en el cual el primero descontó más de un millón de pesos al análisis de fiscalización de gastos de campaña realizado por el INE, a la campaña del candidato del PRI, en nada resuelve el conflicto de fondo.

Por el contrario: al no validar el TEPJF, el análisis de fiscalización del INE permite a éste último replantearlo, presentar uno nuevo, con las recomendaciones del Tribunal Electoral e insistir en el rebase en los gastos de campaña, para poner nuevamente a la elección en la incertidumbre, incluso, el INE podrá reforzar sus argumentos sí a dicho análisis de gastos, incluye las quejas que estaban pendientes de resolver y que ha venido conociendo. Esta nueva versión del dictamen podrá ser nuevamente impugnada, y el Tribunal tendrá que volver a pronunciarse.

Entonces, es innegable que las autoridades electorales, locales y nacionales fallaron, y de lo único que los coahuilenses podemos conocer con certeza, es que a nuestro proceso eleccionario le robaron la certeza y que la negación sistemática de los responsables para reconocer sus errores y omisiones sólo nos anuncia un proceso electoral 2018, con las mismas precariedades, es decir, carente de toda legalidad, y lo peor: con los mismos responsables.
06 Octubre 2017 04:00:00
Candidatos-alcaldes: la nueva plaga
En víspera de la conclusión en la calificación de la elección de Coahuila por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en consecuencia del cúmulo de irregularidades denunciadas por los actores políticos y el mismo Instituto Nacional Electoral, pareciera que a este último esa turbulenta jornada electoral poco aprendizaje le dejó.

Y es que el pasado 28 de septiembre, en sesión ordinaria y en franca subordinación, los consejeros del IEC aprobaron por mayoría de votos (cuatro votos a favor y tres en contra) el proyecto de acuerdo en el cual se determina que los alcaldes que el 1 de enero tomarán posesión de su cargo y que deseen reelegirse en 2018, estarán, por lo menos, 4 meses al frente de la Administración municipal. Es decir que a discreción y sin más fundamento que el de beneficiarles, fijaron el 28 de abril como la fecha límite para estos voraces candidatos-alcaldes, dejen su encargo.

Bajo esta absurda disposición, el próximo año tendremos en las calles a diversos alcaldes que en ejercicio de sus funciones alternarán dentro de sus jornadas laborales actividades de proselitismo al mismo tiempo que dirigirán los destinos del municipio, al menos hasta un día antes del inicio de la campaña electoral, es decir que quienes fueron electos el presente año como alcaldes gozarán de la extraordinaria canonjía de disponer del recurso humano, material y económico del municipio para el cual fueron elegidos para volver a contender en los comicios del año 2018 y asegurar su reinado por otro periodo de 4 años.

Es evidente que el acuerdo incorporado con calzador, en los lineamientos que deberán observar los participantes en la contienda próxima, lleva una evidente dedicatoria, con nombres y apellidos, ya que muchos de los recién electos alcaldes han dejado ver su intención de reelegirse para el mismo cargo en los comicios del próximo año, lo anterior, ante la evidente necesidad de trascender después del año que durará su encargo y que consideran poco tiempo para materializar sus proyectos, políticos o personales.

Con este acuerdo, el Instituto Electoral local sepulta lo que originalmente el Código Electoral sostenía, y que era que los ediles, para participar en la elección del 2018 tenían que separarse de sus cargos a sólo cinco días de haberlo iniciado (5 de enero), lo que en nada me parece que afecte a quienes a sabiendas de lo corto de la duración de su encargo, deciden buscar la reelección, sin embargo, el IEC se sintió defensor de los mismos y sin que nadie se lo pidiera les regaló 4 largos meses al frente de sus ayuntamiento, los cuales sin duda serán aprovechados por los aspirantes para correrse 6 meses en franca campaña, dotados de todo tipo de recursos.

Es evidente que al igual que sucedía al gran José Alfredo Jiménez, al Instituto Electoral local “nada le han enseñado los años”, amén del poco valor que le dan a la necesidad de limpiar la imagen del mismo ante la ciudadanía, ya que al aprobar que alcaldes en funciones puedan hacer al mismo tiempo precampaña pública, autorizan de manera tácita que estos dispongan y desvíen recursos públicos en favor de su proyecto político personal. A fin de cuentas, la fiscalización de los recursos no es una facultad del tristemente célebre Instituto Electoral local.
29 Septiembre 2017 04:00:00
Amor vs. feminicidios (Parte final)
Coahuila ha sido pionero en la promulgación de leyes dispuestas a erradicar la violencia contra la mujer, desde julio de 2008, en nuestro estado y antes que en muchos otros, se aprobó la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual ha venido endureciéndose y perfeccionando.

De igual forma, en agosto del 2015, se acuerpó un decreto emitido por el actual Gobierno y por el cual se logró una reforma al Artículo 336 BIS 1, del Código Penal para el Estado de Coahuila. La citada reforma obligó a los impartidores de justicia a investigar todo homicidio de mujeres coahuilenses bajo una perspectiva de género, a fin de determinar si el homicidio encuadra o no en el tipo penal de feminicidio.

En la misma, se aumentó la penalidad de ese delito, imponiendo prisión de 20 a 50 años y multa a quien prive de la vida a una mujer por razón de género. Con estas modificaciones, sin duda se dio una mayor certeza jurídica.

A pesar de lo anterior, se han registrado en nuestro estado por lo menos cinco feminicidios en lo que va del año, según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Con esta cifra, Coahuila ocupa el tercer lugar en homicidios cometidos contra mujeres, de acuerdo con el Atlas de Género realizado por el INEGI.

En dicho estudio se señala que la entidad tiene una tasa bruta anual de 7.06 defunciones por homicidio de mujeres, cifra que está muy por encima de la tasa nacional, que es de 4.37 defunciones por homicidio de mujeres.

Por lo anterior, queda de manifiesto que el fenómeno de los feminicidios no es una cuestión de falta de leyes o de poca atención por parte del estado, pero sí, una problemática de conducta de nuestra actual sociedad, la cual, a pesar del endurecimiento de penas, desafía a la autoridad y atiende de manera deliberada la incontrolable tentación de mezclar el aspecto sexual, con lo prohibido y condenable.

Para la criminología, la principal causa de los homicidios con implicación sexual deviene de las nuevas libertades sexuales, de las que tanto presume nuestra sociedad moderna. Estas libertades han llevado al ser humano a sostener relaciones íntimas con quien desee, cuando lo decida y sin mediar compromiso alguno con quien funge como su pareja en el acto, al punto de empezar a sobrepasar la limitación que la ley le impone, es por esto, estoy seguro que el asesino de Mara Castilla encontró una gran excitación al cometer tan sanguinario ataque, al abrigo de la ilicitud.

Esta necesidad, que se ha inventado el mismo ser humano actual, de explorar y conquistar cada vez más las cataduras más intocadas de la sexualidad, le empiezan exigir prácticas sexuales cada vez más extraordinarias, hasta internarlo en lo clandestino, desplazando por completo los principios, como la lealtad, el compromiso y el amor.

En muchos de estos casos, el amor ha estado ausente en el móvil del asesinato, pero sí, el morbo sexual y la búsqueda de un placer erógeno. La actual sociedad tiene la idea que para tener sexo no es necesario amar o estar enamorado de la otra persona. “Nada más grave le puede suceder a la sociedad”, afirma el psicólogo Elliot Cohen, el cual asegura que hacer el amor implica mantener relaciones sexuales saludables, mientras que tener sexo exige no sólo no sentir amor por la otra persona, sino todo lo contrario. ¡Bastante grave!
22 Septiembre 2017 04:00:00
Amor vs feminicidios
El asesinato de Mara Castilla Miranda, estudiante de la universidad de Puebla, de apenas 19 años, ha llamado, como pocas veces en la historia, la atención de los mexicanos. La inédita reacción de indignación por la violencia contra las mujeres obedece entre otras cosas a que la estadística en nuestro país nos lleva a enterarnos de que en México se cometen en promedio 7 feminicidios al día.

El caso de Mara fue distinto desde su propia perpetración, dado que sucedió días después de que la propia víctima participara en una campaña de protesta por redes sociales difundida bajo el slogan #SimeMatan, la cual fue instruida por la sociedad en protesta por el caso de Lesvy Berlín Osorio, otra joven de 22 años, asesinada bajo circunstancias parecidas y considerado también como feminicidio.

Bajo la frase “Si me matan”, las participantes contaron las razones por las que podrían ser asesinadas en México, bajo la modalidad de feminicidio, causas tales como usar vestidos cortos o asistir a bares y fiestas hasta muy tarde por las noches; Mara Castilla participó en esta campaña, y en su mensaje dijo “#SimeMatan es porque me gusta salir de noche y me gusta tomar cerveza”; ante esta especial circunstancia, es inevitable concluir que lo de Mara fue sin duda un feminicidio, por haberse realizado dentro de las principales premisas de lo que las propias mujeres consideran como causales de feminicidio y que las mantiene en un constante terror.

Ahora bien, para entender las implicaciones de este fenómeno social, debemos conocer primero cuáles son las características que deben darse en un asesinato para que el mismo sea considerado como feminicidio, situación que no será fácil, ya que dadas las libertades sexuales que han permeado en el mundo, es ahora difícil sostener que el crimen sea motivado por causas primordialmente sexuales, como originalmente se consideró.

Cada vez es más común encontrar casos de asesinatos de hombres por causas sexuales, ya sea a manos de personas del mismo sexo o, de lo contrario, ante esta disyuntiva, dicha causal deberá ser desplazada de la definición básica.

Ante este problema, la propia definición de feminicidio en todo el mundo ha encontrado dificultades para establecerse y ha pasado de ser: “el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer sexual o un sentido de propiedad de la mujer”, para luego definirse como: “el asesinato misógino de mujeres realizado por hombres” hasta quedar ahora bajo el concepto de “violencia machista”. Lo que muestra que el problema del machismo no es privativo de la comunidad mexicana.

Incluso, debo reconocer que nuestro país, como en pocas cosas, se ha distinguido por iniciar verdaderos cambios en su legislación con el fin de frenar la violencia en contra de las mujeres y las conductas machistas en su perjuicio, de tal suerte que, si queremos hablar de leyes vanguardistas en contra de la violencia contra la mujer, México es un verdadero referente. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que falta para detener la ola de asesinatos con olor a feminicidio en nuestro país?

En la colaboración de la semana próxima intentaré demostrar que aspectos tales como la educación sexual, los valores morales, los principios éticos y el amor juegan un papel preponderante en la erradicación de las conductas violentas en materia sexual. Continuará…
15 Septiembre 2017 04:00:00
¿Sufragio efectivo? Sí reelección
Pareciera que los legisladores, tanto federales como locales, han olvidado los motivos por los cuales la no reelección se consideró uno de los más importantes postulados que dieron origen a la Revolución Mexicana, y es que desde entonces la prohibición a los gobernantes y representantes de reelegirse en el mismo cargo para un siguiente periodo obedecía principalmente para evitar que los mandatarios en turno tomaran ventaja de su puesto y con esto postergarse de manera indefinida en el mismo, violentando los principios de igualdad y equidad en una contienda electoral que traían como consecuencia un sufragio poco efectivo.

Una de las reformas que más consecuencias tendrá, del cúmulo de modificaciones contenidas en la reforma electoral del año 2014, es la posibilidad de la reelección tanto a nivel federal para legisladores como a nivel local para legisladores y munícipes.

Debo reconocer que la reelección bien llevada abre la real posibilidad de que legisladores y munícipes puedan ser reconocidos o repudiados por la ciudadanía al intentar permanecer en el puesto por un tiempo más. Incluso, en Coahuila la elección pasada permitió a diversos diputados contender para intentar reelegirse, sin lograr conseguirlo. Es decir, que la ciudadanía sancionó sus pocos resultados y cercanía, negándoles la posibilidad de reelegirse; hasta aquí, esto pudiera darle la razón a quienes consideran benéfica la reelección.

Sin embargo, para la elección del 2018, en nuestro estado se estrenará la posibilidad de que los alcaldes busquen reelegirse, esto a pesar de que los alcaldes de la localidad apenas fueron elegidos en junio pasado y serán alcaldes por un año. Esta situación puso a los recién electos alcaldes en una posición en la que sería imposible que pudiesen contender para reelegirse, ya que nuestro código electoral ordena en su Artículo 10 que quien quiera competir en la jornada electoral debe dejar el cargo público 14 días antes de las precampañas y en este caso las precampañas inician el 4 de enero; es decir, los alcaldes electos todavía no habrán tomado protesta siquiera para esa fecha.

Por desgracia, el Tribunal Federal Electoral determinó, en días pasados, que dicho precepto legal no debía ser observado por estos alcaldes no natos, dado lo extraordinario del caso. Sin embargo le dio la potestad al Instituto electoral de Coahuila (IEC), para que sea este quien determine la fecha de separación forzosa del cargo.

Ante tal situación y para sorpresa de muchos, en días pasados, la titular del Instituto Electoral local no dudó en declarar que en la elección de alcaldes del próximo año: “seguramente veremos alcaldes en funciones, haciendo precampaña, sin violar la ley”.

Es evidente que dicha posibilidad violenta en gran medida el espíritu de nuestra constitución original, ya que será imposible evitar que los alcaldes en funciones aprovechen las canonjías de sus puestos para intentar postergarse en los mismos, es decir, estamos ante el anuncio de una contienda desigual, entre funcionarios con posibilidades de disponer de todo el capital económico y humano de cualquier municipio, contra ciudadanos comunes y corrientes. Evitar lo anterior está en manos de la autoridad electoral local, la cual desde ahora se ha manifestado a favor de tal aberración.
08 Septiembre 2017 04:00:00
El dogmático Andrés Manuel
López Obrador ha sido cegado por la altivez, al punto de considerarse suficiente para representar a la izquierda en México, nadie puede contrariarle, nadie debe dudar de su capacidad y nadie puede brillar más que él, en un escenario, sus determinaciones no pueden ser cuestionadas y su figura deberá ser intocable.

La elección presidencial está mucho más cerca de lo que la mayoría de los ciudadanos logramos percibir, los enroques políticos y las estrategias rumbo a la elección de 2018 han sido ya activadas por los partidos políticos y candidatos, con el único fin de allanar caminos, acomodar intereses y ganar adeptos desde ahora mismo.

Sin duda, la alianza entre los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que recientemente formalizó su registro ante el INE como Frente Ciudadano por México, es una de las más concertadas acciones entre quienes detentan el poder y se empecinan en seguir soportando un régimen neoliberal, para lo cual es necesario aparentar democracia a través del sistema hegemónico que ha gobernado desde hace mucho, al pueblo mexicano.

El Frente Ciudadano por México jugará el mismo rol en la elección federal que el que jugó Javier Guerrero en la pasada elección en Coahuila, es decir, esta alianza buscará aparecer como una distinta alternativa para quienes desean sacar al PRI del poder, pero terminará contrarrestando la fuerza que trae el más cercano opositor del régimen neoliberal, Andrés Manuel López Obrador, logrando con esto allanar el camino a los globalizadores y postergándolos por lo menos un sexenio más en el poder.

El mismo Luis Carlos Ugalde, quien ocupó el cargo de presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) entre 2003 y 2007, ahora director general de Integralia Consultores, manifestó que este nuevo Frente Ciudadano por México significa un polo muy atractivo para los votantes que no quieren al PRI en el poder, pero tampoco a Andrés Manuel:

“Es muy potente electoralmente para un segmento del electorado que quiere que no gane el PRI, pero les da miedo López Obrador. Yo creo que un frente opositor PAN, PRD, Movimiento Ciudadano puede ser muy exitoso electoralmente. La evidencia hasta el día de hoy muestra que estos frentes opositores antiPRI han sido exitosos en las urnas, mas no han significado cambios una vez que están en el Gobierno porque los problemas centrales de inseguridad, corrupción, no se han resuelto, esa es la evidencia hasta ahora, pero eso es una cosa. El tema es que electoralmente han sido exitosos y pueden serlo nuevamente, por supuesto”, subrayó.

Sin duda, es cierto que para el grupo más encumbrado de políticos que manejan al país existe una amenaza en la figura de López Obrador y estos amarres tan atípicos evidencian su consternación y nerviosismo, ante el avance que tienen Morena y Andrés Manuel López Obrador en todas las encuestas.

Sin embargo, también es cierto que la soberbia del candidato de Morena ha obligado a por lo menos dos de esos tres partidos buscar otra alternativa para lograr subsistir, es decir que el único responsable de que la izquierda se haya fragmentado, es el mismo Andrés Manuel y será el responsable de que el neoliberalismo subsista en nuestro país, a sabiendas de lo nocivo que ha sido para la población.
01 Septiembre 2017 04:00:00
Quinto Informe, ¿cuál será la estrategia?
Será hoy, precisamente, la fecha en que el Presidente de México entregue su Quinto Informe de Gobierno al Congreso de la Unión. Como es costumbre, en dicho documento el Mandatario resume los logros de su Gobierno, obtenidos en su penúltimo año de ejercicio.

Como es costumbre también, el Informe de Gobierno del quinto año estará plagado de retórica y de descripciones magnificentes sobre los escasos avances que en materia de política social ha logrado la presente Administración federal.

Así las cosas y sin ánimo de prejuzgar, debo reconocer que asalta a mi cabeza la pregunta, ¿cuál será la estrategia? Y es que no me puedo imaginar cuál será la estrategia que aplicará el equipo del Presidente para lograr que los mexicanos nos interesemos por lo menos un poco en el mensaje y contenido del citado informe, sin sentir hastío y escepticismo.

Y es que, ¿qué pude traer de bueno el informe de resultados de un Presidente que llega con los niveles más altos de desaprobación en los últimos 20 años, según encuestas?

Quien dude de lo anterior, debo recordarle que Reforma publicó en enero del presente año los resultados de una encuesta que descubría que los niveles de desaprobación de Peña Nieto estaban en 86 por ciento. Y que temas como el gasolinazo, la economía y la inseguridad terminaron por derrumbar la poca popularidad que le restaba, es decir que para enero de este 2017 Peña Nieto pisó el nivel más bajo en cuanto a aceptación que haya tenido durante su Administración.

Por si lo anterior fuera poco, la segunda encuesta nacional de opinión ciudadana en 2017, de Gea-Isa, reflejó que la mayoría de los mexicanos reprueba la gestión de Enrique Peña Nieto, que no confían en él y que creen que su peor error ha sido no combatir la inseguridad, la corrupción y el aumento al precio de la gasolina. A la pregunta “¿Usted aprueba o desaprueba la labor realizada por Enrique Peña Nieto como presidente de la República?”, 74% de los entrevistados en el segundo trimestre de 2017 eligió la opción “desapruebo”, mientras que sólo el 19% dio una opinión positiva del priista; 7% no supo qué contestar.

También en el sector empresarial se califica mal al Presidente, pues 7 de cada 10 directivos empresariales en México reprueba la manera en que el Gobierno federal intenta resolver los problemas económicos del país, según la última encuesta de la consultoría KPMG Perspectivas de la Alta Dirección en México 2017. Sin duda, este nivel de desaprobación es reflejo del mal trabajo del Gobierno.

Es evidente que el Quinto Informe de Gobierno necesitará mucho más que un simple cambio de formato, además de un gran esfuerzo por parte de su equipo, ya que ahora ni siquiera podrá manejarse bajo la temática del cuarto informe, el cual fue famoso gracias a que, en lugar de dar un mensaje a legisladores, gobernadores y Gabinete, se reunió con jóvenes con los cuales tuvo un diálogo interactivo. Esta forma de difusión, ya no será posible, ya que 89% de los jóvenes está enojado con el trabajo realizado por el Presidente. Además, 79% de los millennials lo percibe muy lejano, todo esto según la encuesta Voto Millennial, realizada por Nación321 en noviembre de 2016. Es por lo anterior que sigo preguntándome, ¿cuál será la estrategia?
25 Agosto 2017 04:00:00
¡Una bomba de tiempo llamada PAN!
Cada vez queda más claro –para partidos políticos y ciudadanos– que la disputa presidencial de 2018 será entre el viejo PRI que representa Morena y el PRI de Enrique Peña. Pero resultaría maniqueo suponer que en esa pelea entre dos versiones del viejo partido tricolor no incidirán –y hasta podrían ser determinantes– las acciones y decisiones del resto de partidos políticos que comparten la geometría electoral mexicana.

Lo cierto es que en la pelea que ya protagonizan las dos caras del viejo PRI en 2018 –la de Morena y la de Peña– tendrán un peso específico y hasta detonante el PAN y el PRD, quienes a querer o no inclinarán la balanza a favor de un ganador o podrían empujar al abismo al perdedor.

Incluso, las decisiones político-electorales de PAN y PRD marcarán un antes y un después en el cambio de rumbo del país, ya que muchas señales apuntan a que en 2018 será inevitable la construcción de un Gobierno de coalición. Sin embargo, la crisis política, electoral, de doctrina y de principios que vive el Partido Acción Nacional, convierte a los azules en una verdadera “bomba de tiempo” para 2018. ¿Por qué?

Porque frente a la contienda de 2018, el PAN vive una grave división que amenaza con presentar –a los ojos de los electores– hasta tres rostros distintos; fragmentados entre sí. ¿Por cuál de los tres rostros votarán los panistas en la presidencial de 2018?

La primera cara que presentará el PAN es la de su presidente, Ricardo Anaya, quien intramuros del Acción Nacional ya acomodó todas sus fichas para quedarse con la candidatura presidencial, en medio de reiterados escándalos de corrupción. Anaya, igual que el dueño de Morena, hizo todo para quedarse con la candidatura presidencial azul, al tiempo que preparó el terreno para expulsar a sus principales adversarios –en una feria de traiciones generalizadas–, que ya lo han convertido en el Roberto Madrazo del PAN.

El descrédito es tal que el futuro de Ricardo Anaya es “la derrota por necesidad”, ya que en su ambición frenética por la candidatura presidencial lo menos que le ha importado es el partido, el país y los ciudadanos. Incluso en el PAN es pública la narrativa de que a Anaya lo único que le preocupa es Ricardo Anaya.

Por eso, el personalismo del jefe nacional del PAN ya provocó no sólo un choque abierto con el Gobierno federal, sino las primeras explosiones del partido azul; atomización de votos y un beneficio incalculable para ese PRI representado en Morena. No es exagerado –también por eso– decir que Anaya es el “caballo de Troya” de Morena en el partido azul.

La segunda cara del PAN será –en realidad ya es– la de de Margarita Zavala, quien a pesar de ser puntera en todas las encuestas, no tiene una sola posibilidad de alcanzar la candidatura presidencial del PAN. ¿Por qué? Porque la consigna de Anaya es expulsarla y “comprar” a sus leales con promesas “engañabobos”. El futuro de Margarita Zavala parece incierto, a pesar de que es la única candidata –la única de los aspirantes de todos los partidos– capaz de competir palmo a palmo con el candidato de Morena. Incluso, según todas las encuestas, es la única que hoy –a menos de un año de la elección– sería capaz de derrotar a Morena.

Margarita tiene dos alternativas: competir mediante la figura de candidata independiente –por un lado–, o replegarse y esperar que el PAN de Ricardo Anaya le regale un premio de consolación, en el Senado. En el caso de la candidatura independiente, Margarita se llevaría una buena tajada de los cuadros del PAN en todo el país. Pero lo más importante es que arrastraría el voto de un sector fundamental de simpatizantes del PAN que la tiene bien calificada, lo mismo que al expresidente Calderón. La tercera cara del PAN podría estar en la ventanilla del PRI de Peña Nieto. ¿Qué quiere decir lo anterior?

Casi nada, que frente a la división del PAN –Anaya y Zavala partieron en dos al partido–, el PRI tendría en su mano una tercera fractura de los azules. ¿Imaginen que frente a un escenario dado, el presidente Peña Nieto decide inclinar su voto por la candidatura presidencial del PRI a favor de José Antonio Meade? ¿Eso qué importa?

Que un sector nada despreciable de panistas de todo el país –y panistas de la estructura de poder del propio partido– podrían abandonar a Ricardo Anaya y a Margarita Zavala para seguir a “Pepe Toño” Meade en una eventual candidatura presidencial del PRI.

En pocas palabras, que el PAN de Ricardo Anaya tiene todo para convertirse en el “idiota útil” de la contienda presidencial de 2018. Y el responsable de esa debacle ya tiene nombre y apellido.

Al tiempo.
25 Agosto 2017 04:00:00
Desesperanza
Algo sucede a la población coahuilense; y es que, por lo menos en los últimos 3 años, el índice de suicidios ha ido en aumento sin mediar tregua alguna. Hasta el pasado 17 de julio, Coahuila reportaba 128 suicidios, esto sin que la Autoridad local informara con cifras exactas el número total de casos en el estado de una manera formal y actualizada.

A partir del año 2015, el suicidio amenaza con convertirse en un grave problema social, el número de suicidios desde esas fechas ha llegado a posicionar a nuestro estado como una de las entidades federativas con más casos registrados, de acuerdo con las cifras dadas por el INEGI.

Por si lo anterior no fuera alarmante, en el año 2015 se registraron 166 suicidios, colocando a Coahuila por encima de la media mundial. De igual forma, durante el 2016, en el estado, se contabilizaron 184 muertes por esa causa, poniéndonos por encima de la media nacional, que es de 7.9% por cada 100 mil habitantes.

Especialistas de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila manifestaron hace días que los factores más comunes que llevan a los ciudadanos a tomar la decisión de quitarse la vida, principalmente, son: el estrés, la depresión y la ansiedad; pero advirtieron que, sin duda, el primero de ellos es la descomposición social que trae a los ciudadanos depresión y ansiedad; es decir que podemos considerar que la actual situación político-social en nuestro estado inquieta tanto a la ciudadanía que la lleva a traducirla en verdadera desesperanza.

Obsoleta y rebasada se encuentra la línea telefónica de atención a personas en peligro de suicido, implementada en el 2015 por el Ejecutivo estatal, cuya eficacia desde su arranque fue bastante cuestionada, ya que, según los especialistas, quien desea realmente quitarse la vida evidentemente cruza por un estado de locura transitorio, o un estado depresivo muy grave o cualquier otra situación análoga, que le impide darse cuenta de su situación y, en consecuencia, no le permite tomar un teléfono y pedir ayuda.

Es evidente que el Gobierno de Coahuila está tardando en reconocer que el suicidio se ha convertido en un verdadero problema de Estado y que, como tal, debe combatirse con políticas públicas que logren erradicar o por lo menos frenar de manera inmediata el crecimiento de estas lamentables cifras.

El Ejecutivo estatal debe aceptar que las estrategias implementadas hasta hoy desde la Secretaría de Salud han sido por demás insuficientes, por lo que deberá desde ahora valerse de su capacidad de propuesta para que el Legislativo, mediante la ley, garantice la mayor cobertura asistencial a las personas que se encuentren en peligro de suicidio o que ya hayan sido víctimas de intento de suicidio, a sus familias, así como a las familias de víctimas de suicidio, que comprenda desde la detección, el seguimiento y tratamiento de acuerdo con lo establecido en una ley que hasta el momento no ha sido promulgada por propia iniciativa de nuestros despistados legisladores. Lo anterior ante la evidente imposibilidad o falta de intención de nuestros políticos de propiciar mejores condiciones de vida a los gobernados.

ATENCIÓN: Existen líneas especializadas en apoyar a quienes quieren terminar con su vida. Unepavif tiene a su disposición el teléfono 410 4003, y el DIF dispone de las líneas 412 1264 y 410 1350 en Saltillo. El resto del estado tiene a disposición la línea gratuita 01 800 822 3737.
18 Agosto 2017 04:00:00
‘¡Pinche Lozoya, represor de periodistas!’
Lo que viene contra Emilio Lozoya es el sambenito de que es “un pinche represor de periodistas”.¿Por qué? Porque cometió el pecado capital –junto con sus abogados– de exhibir no sólo el pobre periodismo que se hace en México, sino que derrumbó el montaje en su contra y se atrevió a decir que analiza presentar una demanda contra los medios y los periodistas que, más que informar, difaman.

La advertencia de Lozoya y de sus abogados enojó aún más a un puñado de “informadores” que montaron una historia de supuesta corrupción que se cae a pedazos y se desvanece en medio de serias contradicciones.

Se analiza con todo cuidado “la demanda contra quienes han difamado a mi cliente” y contra Odebrecht, dijo uno de los abogados, quien advirtió severo: “y lo analizamos porque si se demanda, es para ganar”, dijo. “¡Y no es amenaza!”, remató.

Luego, en tono cáustico, solicitar a los “periodistas” autores del reportaje que detonó el escándalo contra Lozoya, que, “por el bien de todos, de México y de la justicia”, entreguen a la PGR las pruebas que tienen los propios periodistas y que incriminan a Lozoya. El tono provocó el enojo de algunos reporteros, mientras que otros no pudieron contener la risa.

Y es que en la conferencia de prensa del exdirector de Pemex quedó claro que en la carpeta de investigación que abrió la PGR por el caso Odebrecht no existe una sola prueba y tampoco se demanda por algún delito a Emilio Lozoya.

Además, los abogados de Lozoya aclararon que ni el Gobierno de Brasil y ningún otro Gobierno del mundo tiene cuentas pendientes contra Lozoya.

Por eso la pregunta. ¿De qué clase de delito estamos hablando, si en México la PGR no persigue a Emilio Lozoya por ningún delito, si en Brasil no se le ha fincando responsabilidad alguna por los supuestos sobornos, y si en ninguno de los expedientes de las autoridades de los dos países existen documentos o pruebas del supuesto soborno?

Pero hay más. ¿Qué valor probatorio y legal tiene, para la autoridad mexicana, la declaración o el dicho de un delincuente confeso –declaración producto de un convenio con el Gobierno de Brasil– para incriminar a un ciudadano mexicano?

Y vale la pregunta porque según el “trabajo periodístico”, al exdirector de Pemex lo acusaron tres delincuentes confesos y juzgados en Brasil, que dijeron ser testigos de los sobornos. Pero esos delincuentes negociaron su calidad de “testigos protegidos” con el Gobierno de Brasil. ¿Tienen valor, para la justicia mexicana, las declaraciones de esos criminales? Según distintos especialistas, la respuesta es contundente: “no”.

Lo cierto es que si nos atenemos a la conferencia de prensa que ofrecieron Lozoya y sus abogados, si nos atenemos a las pobres preguntas de los periodistas y a las sarcásticas y retadoras respuestas del exdirector de Pemex y sus abogados, queda claro que el escándalo parece más un montaje que una denuncia seria.

Pero no, nadie se equivoque. No sabemos si Lozoya es inocente, pero hasta ahora nadie –ni los periodistas que lo persiguen, ni la PGR, ni el Gobierno de Brasil– ha ofrecido una sola prueba de que Emilio Lozoya recibió sobornos por parte de Odebrecht.

Queda claro que el escándalo Lozoya sigue el mismo camino que supuestas “investigaciones periodísticas” de “los mismos de siempre”; inventos que difaman con la intención de dañar la imagen de un Gobierno al que han apaleado por años con fines político-electorales.

Durante la conferencia de prensa, Lozoya respondió a todos los cuestionamientos, menos aquellos relativos a su vida personal. Explicó el origen lícito de sus ingresos, retó a los periodistas a demostrar irregularidades durante su gestión en Pemex y explicó en detalle el complejo laberinto para la licitación de contratos en Pemex; licitaciones que no son autorizadas por el director de la paraestatal, sino por otras instancias.

Luego expuso lo absurdo que resulta –francamente de locos– la presunción de que los directivos de Odebrecht lo hayan contactado y sobornado sobre contratos de Pemex –durante la campaña presidencial de Peña Nieto–, cuando nadie sabía si en México ganaría el PRI, si nadie sabía si Lozoya sería incluido en el Gabinete, si nadie sabía si llegaría a Pemex y –ya en la locura total– si nadie sabía si se licitarían los contratos que luego se dieron a Odebrecht.

Por lo pronto, luego de la conferencia de prensa de Emilio Lozoya y de sus abogados, en el ánimo de algunos de los “periodistas” que construyeron el espantajo del soborno a Lozoya salieron convencidos de que ya son víctimas de una persecución.

“¡Pinche Lozoya, represor de periodistas!”.

Al tiempo.
18 Agosto 2017 04:00:00
¿Y los derechos humanos?
Indignada se encuentra la ciudadanía con los elementos de la Policía Municipal de Saltillo que provocaron la muerte a un maestro, luego de detenerlo, la semana pasada, en una de las colonias de nuestra ciudad. Es evidente que la principal causa del fallecimiento del docente significó la gota que ha derramado el vaso, por consecuencia de las constantes violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos saltillenses por parte de la autoridad municipal. Los arrestos sin motivo o los ingresos de ciudadanos a las celdas municipales por el supuesto hecho de encontrárseles alcoholizados, sin mediar un examen de alcoholemia, como lo marca el reglamento, son la firme línea que ha dado el alcalde a través del director de la Policía Municipal, con el inequívoco propósito de recaudar recursos por medio de estratosféricas multas impuestas por el Cabildo.

Algunos funcionarios estatales no dudaron en exigir la destitución inmediata del alcalde Isidro López Villarreal y la imposición de castigos a los responsables. Sin duda, serían bastante acertadas las exigencias y consignas de estos políticos, sin embargo, es inevitable la suspicacia, al considerar que el Gobierno estatal busca aprovechar el grave error de las autoridades municipales, sin embargo es innegable que desde el inicio de esta Administración municipal se ha permitido a los policías sistemáticas violaciones a los derechos más elementales de los pobladores de nuestro municipio, las cuales, al ser consentidas tanto por el alcalde como por el director de la Policía Municipal, era de esperar que tarde o temprano se excederían en sus funciones y ahora estás son las consecuencias.

Lamentable ha sido la respuesta del alcalde saltillense, el cual, con un dejo de cinismo, quiso probar suerte intentando en una primera comparecencia culpar a la víctima de su propia muerte. Para desgracia de los coahuilenses, estos lamentables hechos nos hacen recordar cuando en Monclova, el 19 de junio de 2013, una persona fue privada de su libertad por elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), por la presunta comisión de un delito. En aquel evento los agentes estatales, “con motivo de sus funciones y abusando de ellas”, golpearon y lesionaron al detenido al momento de bajarlo de la unidad que conducía, para subirlo a un vehículo oficial. Posteriormente, el agraviado estuvo desaparecido hasta el día 19 de julio de 2013, fecha en que su cuerpo fue encontrado sin vida en un paraje del municipio de Monclova. A estos hechos devino una recomendación de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila en la cual se pidió al estado, frenar las detenciones arbitrarias, retenciones ilegales y desapariciones forzadas, lo que sin duda ahora está sucediendo en Saltillo, con mucha más frecuencia de lo que los ciudadanos podamos imaginarnos.

El precario conocimiento tanto del alcalde como del director de la Policía Municipal en materia de derechos humanos nos hace entender por qué, el pasado mes de junio, cuando se conmemoraba el 25 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, el titular de dicho organismo denunció que, del total de las recomendaciones que ha emitido, a partir de la presente Administración, sólo el 20% ha sido cumplido con éxito y responsabilidad por parte de la función pública. Es decir que en Coahuila hay mucho por hacer en materia de derechos humanos.
11 Agosto 2017 04:00:00
En camisa de 11 varas
¿Debería México abstenerse de opinar respecto a la situación política en Venezuela?

Desde 1930, nuestro país adoptó un política de no intervención frente a las decisiones internas del resto de las naciones del mundo. A esta doctrina se le denominó Doctrina Estrada, en honor a su autor; fue implementada por el Gobierno mexicano en el rubro de política exterior y llegó a considerarse como una valiosa aportación de nuestra parte al derecho internacional, dicha actitud trajo a México bastante prestigio y respeto por parte de la comunidad internacional, al punto de considerarlo mediador óptimo en algunos conflictos internacionales.

La no intervención es un principio contenido en el derecho internacional público, el cual establece la obligación de respetar la independencia de las naciones y el derecho de autodeterminación de los pueblos. Este principio de no intervención prácticamente equivale al de no injerencia en los asuntos internos de otro país.

Así pues, y hasta hace algunos días, para México, la no intervención había significado su principal activo en materia de relaciones exteriores. Logrando evitar con esto suspicacias innecesarias que hicieran pensar al mundo que México intentaba modificar de cualquier forma la soberana voluntad de otro país para obtener algún beneficio.

Por desgracia, todo lo anterior poco ha importado al actual Gobierno de México, el cual ha decidido tomar partido ante los dimes y diretes entre el Presidente de Venezuela y el Gobierno de Estados Unidos, y es que a partir de estas desavenencias, la Cancillería mexicana ha anunciado su intervención en dicho conflicto.

Incluso, el pasado 28 de julio, la funcionaria Vanessa Rubio, subsecretaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que al día siguiente, entregaría al Gobierno de los Estados Unidos toda la información fiscal y financiera de los funcionarios venezolanos en nuestro país, a fin de permitirle a este detectar y perseguir cualquier ilícito.

De igual forma, el 30 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el cual manifiesta que el Gobierno de México desconoce los resultados de la elección en Venezuela de los miembros de una Asamblea Constituyente.

Sin duda, las malas decisiones han caracterizado al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y esta acción es, a todas luces, una de ellas. Es evidente que el Gobierno ahora y más que nunca debió ceñirse a la política de no intervención, lo anterior no sólo ante la innegable falta de autoridad moral que ahora vive nuestro Estado mexicano para criticar violaciones a los derechos humanos, así como, por ser especialista en transgredir los principios democráticos universales.

De seguir así, en camisa de 11 varas se estaría metiendo nuestro Gobierno, ya que al entrometerse en los procesos eleccionarios de otros países, da la pauta para que el mundo pueda calificar la próxima elección presidencial en México, la cual amenaza con permitir todo tipo de excesos, incluyendo la posibilidad de utilizar el poder del Estado por parte del Gobierno actual, con el único fin de aplastar a la oposición, Coahuila y el Estado de México, son la principal señal. Así que el Gobierno con esa actitud, estaría en todo caso exponiendo nuestra soberanía. O lo que es lo mismo: ¡el que se lleva, se aguanta!
04 Agosto 2017 04:00:00
En el pecado va la penitencia
Nada inaccesible se torna la posibilidad de que la autoridad electoral declare nula la elección celebrada el pasado 4 de junio en Coahuila, al menos la relativa a la del cargo de gobernador, lo anterior en consecuencia de que ya el Consejo General del INE aprobó el dictamen propuesto por la Unidad de Fiscalización, en el cual se resolvió que tanto Guillermo Anaya Llamas como Miguel Ángel Riquelme Solís rebasaron los topes de los gastos de campaña, lo que constituye una violación grave a los principios de legalidad y certeza en un proceso electoral, en términos del Artículo 41 de nuestra Constitución Política federal.

El citado precepto constitucional establece que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación y que dicho sistema deberá dar definitividad o certeza a las distintas etapas de los procesos electorales. De igual forma, en dicho numeral se establece la necesidad de instituir un sistema de nulidades de elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, considerando como tal, al exceso en el gasto de campaña, en un rubro mayor al 5% del monto total autorizado; aunado a la estrecha diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar, menor al 5 por ciento. En tal caso deberá considerarse la nulidad de la elección, por lo que deberá convocarse a una elección extraordinaria, en la que no podrán participar los infractores.

Entonces, en estricto apego a la ley, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deberá, sin duda, considerar que estos excesos en los gastos son causa suficiente para anular la elección coahuilense, mandatando en consecuencia que dicha elección se repita sin los dos candidatos punteros (Guillermo Anaya Llamas y Miguel Ángel Riquelme Solís), por haber dado motivo de la nulidad.

Por su parte, el Código Electoral para el Estado de Coahuila de Zaragoza nos obliga a observar la decisión de la autoridad sancionadora, ya que la misma está obligada a observar lo establecido en el Capítulo Segundo, del título de sanciones, en su Artículo 273, que establece que dichas conductas deberán ser sancionadas, respecto de los partidos políticos, con la cancelación de su registro como partido político estatal y si las violaciones fueren cometidas por partidos políticos nacionales, con la cancelación de la inscripción del registro.

Ante este escenario, es evidente que tanto al PAN, como al PRI, bastante bien le vendrá que la elección extraordinaria se lleve a cabo sin sus candidatos primigenios, ya que ante este supuesto, la autoridad estaría considerando que los únicos responsables de los gastos excesivos en campaña son los candidatos, por lo que no procederá sanción alguna en contra de los partidos políticos y, en todo caso, tendrán el derecho a sustituir al candidato sancionado. (Artículo 273 CEECZ).

No todo está mal, la elección extraordinaria deberá representar para los coahuilenses un golpe de suerte, así como la oportunidad de castigar a los partidos políticos por las consecuencias de sus acciones, o, lo que es lo mismo: en el pecado va la penitencia.
28 Julio 2017 04:00:00
Superioridad impuesta
Un abogado, en una tienda de mascotas para abogado, pregunta al encargado: –¿Cuál mascota me recomienda? El de la tienda le dice: – ¿Le parecen estos tres loros? El abogado ve al loro más joven, con cara de nerd y pregunta: –¿Cuánto vale? –Mil dólares! –¿Pues qué sabe hacer? El encargado le dice: –Sabe toda la legislación procesal, así como la jurisprudencia, y sobre todo maneja al dedo lo referente a la conciliación y al arbitraje! El abogado voltea y ve al otro loro: –Y este maduro, ¿cuánto cuesta? –Ese le vale 3 mil dólares. –Ah, caramba ¿pues qué sabe hacer? –Se sabe toda la legislación vigente, las últimas reformas a los Códigos, el TLC, así como el contenido de todas las Gacetas con los comentarios de los sabios diputados! –¡Ahhh! – responde asombrado el abogado! Oiga, y por pura curiosidad, ese loro flojo que siempre está dormido, de allá, ¿cuánto vale? –Diez mil dólares. – ¡Me lleva! ¿Qué sabe o qué hace? Le responde el de la tienda: –Pues mire, tengo 2 años con él y desde entonces no dice ni hace absolutamente nada, pero estos dos loros le dicen ¡“magistrado”!

El anterior chiste es oportuno, ya que, al igual que el loro flojo, el INE, valiéndose de la superioridad jerárquica que por alguna causa desconocida le otorga la ley, intenta ahora erigirse como la máxima autoridad en materia político-electoral e infalible organizador de comicios en nuestro país, a sabiendas de que en la práctica jamás lo ha demostrado.

La culpabilidad del INE en las fallas en la elección celebrada el pasado 4 de junio en nuestro estado es ineludible, ya que el organismo nacional se limitó a sobrevigilar al IEC, al punto de olvidar realizar correctamente las tareas propias que la ley le impone.

El maltrato, la poca paga y la precaria capacitación a funcionarios de casilla por parte del INE trajo como consecuencia errores y dilaciones en el llenado de actas de jornada, y en el traslado de los paquetes electorales al lugar de acopio, lo que se vio reflejado en el titubeo por parte del IEC al verse imposibilitado para adelantar resultados tanto en el PREP como en el conteo rápido.

Entonces, el principal problema que enfrentó la pasada elección local no fueron precisamente los rebases de topes de campaña, sino la falta de coordinación y revisión de los principales aspectos y etapas del proceso electoral.

Así que, repetir la elección en Coahuila, por las causas que propone el INE, sólo le servirá a este para expiar sus culpas, pero será difícil para los coahuilenses enfrenar una larga temporada de incertidumbre política y social, ya que, de suceder, implicaría el agonizante regreso de los partidos políticos cuyo registro ya les había sido retirado por los electores, los cuales, gracias a la mala conducción del proceso, seguirán viviendo del erario por todo este tiempo, y qué decir de la posibilidad de reivindicación de exmandatarios que intentan eternizarse en las canonjías del poder.

De persistir el INE en su conducta, será necesario, entonces, considerar al órgano electoral local como la mejor alternativa para la organización de la elección extraordinaria, ya que un órgano electoral en nuestro estado jamás llegó a los extremos de incertidumbre que ahora propició el INE por sus evidentes omisiones y altanerías, aprovechadas ahora por políticos para sembrar la incertidumbre y el caos en el ambiente.
21 Julio 2017 04:00:00
Morena, tapadera de ‘El Ojos’ en Tláhuac
En Tláhuac era un secreto a voces. El delegado de Morena, Rigoberto Salgado, era “la principal tapadera” del criminal motejado como “El Ojos”, jefe del narco en esa zona de la capital, abatido ayer por la Marina.

Todos en Tláhuac sabían que “El Ojos” mantenía el control del ambulantaje y de los llamados “mototaxis”, transporte que moviliza al 90% de los habitantes de la zona.

Todos sabían que la droga se distribuía y vendía mediante “mototaxis” y en el incontenible comercio informal, la principal actividad de la demarcación.

Y todos sabían que el jefe delegacional de Tláhuac –y toda su familia– han sido aliados de “El Ojos” por años. Más aún, esa banda criminal financió desde su nacimiento al partido Morena en la capital del país.

Por eso, cuando la Marina Armada entró a Tláhuac para seguir una pista sobre la banda criminal de “El Ojos”, nunca enteró a la autoridad delegacional de Tláhuac, porque no era la primera ocasión en que la delegación alertaba a la banda de “El Ojos”.

Y no, no hablamos de oídas. El portal
http://www.letraroja.com documentó desde hace más de un año la relación de “El Ojos” con las autoridades delegacionales y la forma en que el criminal que ayer abatió la Marina Armada era solapado.

A continuación fragmentos de ese trabajo periodístico.

El 12 de septiembre de 2016, Letra Roja publicó una investigación periodística titulada: “El narco que buscan en Tláhuac, ¿trabaja para Morena?”.

Dice un fragmento del texto: “Desde hace meses Letra Roja reportó que los sistemas de inteligencia en la capital del país buscaban en Tláhuac a Felipe de Jesús Pérez Luna, alias, el ‘Ojos’.

“Por ello se llevaron a cabo cateos en donde además de armas se lograron algunas detenciones.

“Hasta ese momento, nadie se había atrevido a decir la ubicación del mayor distribuidor de droga en la delegación Tláhuac y Milpa Alta, además de ser responsable de por lo menos 30 muertes, entre ellos algunos de sus familiares.

“Letra Roja platicó con vecinos de Felipe de Jesús, quienes aseguraron que el criminal seguía rondando su casa en la colonia La Conchita –justo donde ayer fue abatido–, y que lo han visto llegar como si nada hubiera pasado.

“Han pasado las patrullas cuando está ahí (en su casa) y se siguen como si nada, como si no lo vieran”, dice uno de los vecinos. Nadie se atreve a decir una sola palabra.

“Uno de los vecinos aseguró a Letra Roja que el ‘Ojos’ trabaja con los mototaxistas. El señor les da droga y ellos la distribuyen, tiene gente de la delegación que se dedica a eso y les dan protección, por eso nadie los quita aunque no estén regulados.

“Es una alianza política con los mototaxistas para que no les quiten el trabajo y él les paga por llevar su droga a otros sitios. Los mototaxistas son el mayor apoyo en la delegación Tláhuac y de Morena.

“Otra fuente que decidió mantener el anonimato, aseguró que el ‘Ojos’ organiza las ferias en Zapotitlán y que de ahí sale dinero para funcionarios de la delegación. La delegación es la mayor tapadera del ‘Ojos’.

“Incluso información de La Crónica, indica que en 2015 el cantante Javier Reyes interpretó un corrido para el ‘Ojos’, donde entre otras cosas dice: ‘Aquí no se mueve nada, sin consultarme primero, tengo gente de confianza que se mueren en el ruedo. Mi trabajo me ha costado mantenerme en este puesto, no le busque y no le raje porque los mando al infierno… se los he dejado claro a contrarios y al Gobierno, esta plaza se respeta y se los dice su dueño…’.”

Felipe de Jesús Pérez fue abatido ayer, junto con siete personas más, justo en el lugar que Letra Roja reveló, hace casi un año, como su escondite.

Curiosamente, luego de que La Marina abatió a “El Ojos”, sicarios del llamado cártel de Tláhuac quemaron por lo menos cuatro camiones en diferentes puntos para entorpecer el operativo realizado por la Marina.

Según testigos, un grupo de mototaxistas perpetró el ataque en avenida Tláhuac y Juan de Dios Peza.

Los operadores del transporte alternativo –todos afiliados a Morena– bloquearon avenida Tláhuac y agredieron a los transeúntes.

Curiosamente, el jefe delegacional en Tláhuac –del partido Morena–, Rigoberto Salgado, no estaba enterado de la presencia de los elementos de la Marina Armada de México en la demarcación. Entrevistado por ForoTV, el delegado precisó que los medios “tienen más conocimiento que nosotros”.

Horas después del operativo de la Marina, aparecieron cartulinas como las siguiente: “El Señor Felipe (Ojos). No roba, no secuestra, no extorsiona, le da trabajo a la gente. Atte: La Gente Pobre”. “El señor no es un delincuente, alivianaba a su gente, no robaba, ni secuestra, ni extorsiona, da trabajo a alguien que conoces, es la gente. Atte: La Gente”.

Así o más claro.

Al tiempo.
21 Julio 2017 04:00:00
Las nuevas elecciones
Bastante tímido, por no decir extraño, ha sido el proceder de los consejeros integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), dado que en más de una ocasión han dudado en aprobar con firmeza el dictamen de gastos de campaña en las elecciones del pasado 4 de junio en Coahuila, lo anterior a pesar de que desde hace más de dos semanas la Unidad Técnica de Fiscalización del citado Instituto encontró rebase de topes de gastos de campaña en las dos coaliciones que contendieron en este estado en la elección a Gobernador. Tanto Miguel Ángel Riquelme como Guillermo Anaya rebasaron los topes de campaña.

Debemos recordar que de manera inicial la Comisión de Fiscalización del INE dejó ver que existía en el gasto de campaña de los candidatos un rebase del 31% por parte de la coalición del PRI y del 26% respecto a la coalición del PAN. Pero, después de un ir y venir de los representantes y dirigentes nacionales de ambos partidos a las oficinas del consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, dizque para comprobar gastos en forma económica, el citado órgano rector de los comicios en la nación al final tuvo a bien decretar y aprobar un dictamen en el cual se declaró que, en el caso del PRI o coalición Por un Coahuila Seguro, el rebase del tope de gastos ascendió sólo al 7.86%, mientras que en el caso del PAN o coalición Alianza Ciudadana por Coahuila fue de un 4.56 por ciento.

Además de lo anterior y por si los partidos no hubieran tenido el tiempo suficiente para tapar sus faltas, el mismo Consejo del INE concedió a los infractores un término fatal que vence el próximo martes, para que los involucrados presenten las pruebas que se supone ya tenían, pero que, por cualquier causa, no habían presentado en tiempo a esa unidad.

Cabe mencionar que en dicho dictamen se dejó de analizar lo relativo al pago de los representantes de casilla de ambos partidos el día de la jornada electoral, lo que podrán arreglar los partidos infractores y demostrar que ni un solo peso erogaron en favor de sus representantes ante las mesas directivas de casilla, por lo que, de no hacerlo, el resultado de este dictamen será mucho más alto.

Entonces, no es necesario esperar el vencimiento del plazo concedido para considerar que la elección fue ilegal, dado que se rompieron de manera deliberada por ambos partidos, los principios de legalidad, equidad y certeza en la contienda. A pesar de lo anterior, ambos adversarios e incluso el propio Instituto Electoral se niegan a admitir que fallaron y que intentar legitimar una elección plagada de irregularidades, sería tanto como aceptar que en nuestro país la ley es letra muerta y que el estado de derecho ha sido desaparecido.

De considerarse que la elección en Coahuila ha sido legítima a contra justicia, estaríamos ante el anuncio de la llegada de una nueva era en la política de nuestro país, la cual se caracterizará por menospreciar la ley.

Entonces, a partir de ahora, las nuevas elecciones políticas permitirán todo tipo de conductas e ilegalidades a los participantes, empezando por consentirse gastos sin freno en todas las campañas, todo esto bajo el cobijo de las autoridades que desde ahora preparan ya, sin duda, una desafortunada elección presidencial 2018.
14 Julio 2017 04:00:00
Infractores sin castigo
Nada bueno les ha traído a los partidos políticos PRI y PAN la aplicación del Artículo 41 de la Constitución Política de México, en todos sus párrafos. En primer término, porque dicho numeral evita que siga siendo el órgano electoral local quien califique los recursos erogados en campaña por los partidos políticos y sus candidatos, lo que antes poco les preocupaba por existir un claro sometimiento del árbitro local en materia de comprobación de gastos.

El día de hoy el Consejo General del Instituto Nacional Electoral analizará, y en su caso aprobará, los dictámenes de fiscalización, en los cuales la Unidad Técnica de la materia encontró rebase de topes en los gastos de campaña por parte de las coaliciones que contendieron en este estado en la elección a gobernador.

La Unidad Técnica de Fiscalización del INE llegó a la conclusión de que existe en el gasto de campaña un rebase sobre el tope aprobado de por lo menos el 31% por parte de la coalición encabezada por el PRI y del 26% respecto a la coalición comandada por el PAN. Ante tal circunstancia, ambos candidatos deberán ser sancionados por haber sido omisos de manera deliberada, tanto en ocultar gastos al árbitro, como en rebasar los topes de campaña (dos sanciones distintas, ante dos supuestos legales)

Además, dicha conducta, en términos del mismo Artículo 41, fracción VI de la Constitución federal, debe ser considerada como suficiente para determinar por parte de un tribunal la posibilidad de anular la elección, puesto que dicho precepto afirma: “La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado. Por lo que, al haberse rebasado el tope de campaña en un porcentaje mayor al cinco por ciento respecto al monto legal, es ya suficiente causa para considerar la nulidad de la elección”.

Aunado a lo anterior, debemos considerar que el Artículo 41, de nueva cuenta, en su parte final advierte que se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%, lo que en el caso de Coahuila se cumple plenamente.

Entonces, de aprobarse el día de hoy el dictamen propuesto por la Comisión de Fiscalización del INE, tendremos motivo suficiente para considerar que la elección en Coahuila fue ilegítima, por consecuencia de la ilegal conducta de dos de sus contendientes, los cuales, por cierto, no podrán participar en la elección extraordinaria. Lo cual me parece injusto.

Y desde luego que es injusto el que sólo se le prohiba a los candidatos volver a contender en consecuencia de haber rebasado los topes de campaña y ocultar información, ya que todos sabemos que dichas acciones no pudieron darse sin el consentimiento de los partidos políticos que los postularon.

Por lo que lo justo será que la elección extraordinaria se lleve a cabo sin estos candidatos, pero además sin la participación del PRI, del PAN y de todos sus aliados, por haber dado motivo a la necesidad de repetir la elección, tirando por la borda el enorme recurso económico y humano erogado por el Estado en su preparación.

Sólo así podremos decir que se ha castigado a todos los infractores. ¿Qué opina usted?
07 Julio 2017 04:00:00
Por si se anula la elección
No pocos se espantan cuando se habla de invalidar una elección. Se piensa que cuando se declara nulo un proceso eleccionario, lo que sigue es el caos, porque el Estado queda acéfalo y cundiría la anarquía, al menos, mientras se vuelve a convocar a nuevas elecciones.

El siguiente es un balance necesario para disipar la falsa idea de que no se puede invalidar una elección por sus consecuencias negativas, sin embargo debemos aceptar que la justicia electoral ante un caso excepcional e ineludible deberá tomar la decisión de hacerlo. Es cierto que el cuadro no es el más deseable, pero sí el único camino frente a una realidad excepcional que no puede soslayarse.

Confiemos que respecto a la organización del proceso electoral, la mala experiencia obtenida y la autocrítica –que esperemos haya realizado tanto el INE como el IEC ante el evidente fracaso que fue la elección– provocaría que la situación no tuviera problema alguno, porque tanto el Instituto Electoral Local como el Instituto Nacional Electoral tienen montado el equipo humano e instrumental dispuesto para tal fin, por lo que el nuevo acto eleccionario se llevaría a cabo sin mayor contratiempo.

En lo que respecta a la administración pública, esta tampoco resultaría afectada en cuanto a que el presupuesto deberá estar aprobado por el Congreso hacia octubre de este año, como ocurriría aunque no se diera la invalidez de la elección gubernamental, entonces el ejecutivo interino tendría que ejercerlo desde luego con algunos cambios de personal en los primeros niveles, pero básicamente conforme al programa que le sirvió de base al Congreso para decidir los ingresos y los egresos del periodo anual.

En lo político nos enfrentaríamos a una novedad que además –como lo he sostenido en columnas anteriores– puede ser saludable. La primera es el obligado consenso para la elección del Gobierno interino por parte del órgano legislativo y la segunda es la de que ante el asombro de la decisión del Tribunal Electoral, los partidos políticos entenderán que sólo cumpliendo las reglas electorales se logrará dar autenticidad a las nuevas elecciones, tanto extraordinarias como ordinarias. Entonces los actores políticos estarán obligados a evitar coartar como lo hicieron en este proceso la verdadera libertad del votante, la equidad en la contienda, la legalidad e imparcialidad de los órganos electorales, ya que sólo así podrá haber una elección democrática y válida.

Habría incluso la oportunidad de reducir los gastos de campaña prácticamente a lo indispensable, dado el estado de interés que existiría en la ciudadanía al saber que sin recovecos ni trampas su decisión ahora sí será la única definitiva y válida.

Pero lo más importante sería que el ejercicio político de invalidez tendría como principal propósito el respeto al orden constitucional, cuyo vértice soberano se encuentra en la obligación de hacer del acto eleccionario la verdadera expresión ciudadana bajo los principios constitucionales: “libres, auténticas, equitativas, legales y directas”. Así que quien triunfe en condiciones democráticas será el único auténtico y democrático gobernador que, electo bajo estas nuevas condiciones, sin duda inaugurará una nueva época de prosperidad y civilidad que tanto necesita nuestro estado coahuilense.
30 Junio 2017 04:00:00
¡Odio a la crítica y la libertad!
No, el odio no es sólo a los ciudadanos que ejercen el oficio del periodismo.

No, parece que el odio es a lo que representan y significan las libertades fundamentales que practican con su oficio: la libertad de expresión y la de información.

Y es que, como saben, uno de los principales termómetros de la salud democrática de un pueblo es –precisamente–, la salud de las libertades de prensa.

Dicho de otro modo; en la medida que libertades periodísticas básicas –como las de expresión e información-, se fortalecen, en esa medida se puede hablar de la fortaleza de la democracia de un pueblo.

Por ello, cuando políticos, partidos, servidores públicos, empresarios o representantes de algún culto, cuestionan, critican, o impiden el ejercicio de esas libertades, debemos entender que la democracia está en riesgo.

Hoy la democracia mexicana está en riesgo.

Y no sólo porque un grupo de periodistas mexicanos exigió un trato especial a favor de la seguridad de su gremio, sino que han cuestionado –con o sin razón–, el supuesto o real espionaje por parte del Gobierno federal.

Sin embargo, esos periodistas olvidan que es larga la lista de políticos que, literalmente odian la critica, a la prensa y a los periodistas.

1.- Y la lista empieza por Enrique Peña, quien según cierta prensa, es algo así como el principal enemigo de los medios –en general–, de la crítica y hasta de los periodistas. Según esos periodistas, el Presidente debía poner guaruras detrás de cada periodista para cuidarlos y hasta médicos que cuiden la salud de los periodistas, mientras el resto de ciudadanos ¡que se chinquen…!

2.- Sin embargo, existen verdaderos enemigos de las libertades de prensa, de los medios y de los periodistas, como Jaime Rodríguez, “El Bronco”, quien el pasado martes corrió e insultó a un periodista del diario El Norte –durante una conferencia de prensa–, en la que se enojó porque le exigieron explicar el gasto de dinero público para la promoción de su candidatura presidencial.

Dijo “El Bronco”: “ya es hora de ponerle un alto (a los medios); cuando mienten nadie les dice nada”. Luego el Gobernador de Nuevo León lanzó una amenaza directa –al más puro estilo dictatorial–, contra los propietarios de Reforma, a quienes insinuó que llevará a prisión. Nadie exigió una investigación.

3.- El 2 de junio, otro “dictadorcito” al estilo Maduro, Enrique Alfaro, Alcalde de Guadalajara, insultó a los reporteros y a sus medios “por criticar, atacar, ofender y mentir” y luego de catalogar como “prensa buena” a la que lo elogia y “prensa mala” a la que lo critica, dijo que los críticos le hacen “los mandados”.

4.- El pasado 25 de mayo, López Obrador insultó verbalmente a los periodistas Carmen Aristegui y José Cárdenas. A ella la regañó y le dijo “mirona profesional” y a él le dijo “calumniador”. Propio de un dictador.

5.- Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, acusó al periodista José Antonio Tirado de “manejo periodístico mal intencionado”, porque el comunicador criticó el fracaso del Gobierno de Corral. Ante la crítica de los medios, Corral elaboró una “lista negra” de periodistas “buenos” y “malos”. Otro dictador.

6.- El 23 de junio el ahora exsecretario de la sindicatura de Meoqui, en Chihuahua, Sergio Escobedo, hizo célebre la frase: “y luego no chillen porque los matan”, en alusión a periodistas que han criticado severamente a los gobiernos panistas.

7.- En septiembre de 2016, la presidenta municipal de Atizapán de Zaragoza, Edomex, le dijo a una reportera; “pinche vieja”, en respuesta al cuestionamiento por el costoso ajuar de la Alcaldesa.

8.- El 19 de junio, la exasesora de la oficina de Atención Ciudadana del Gobierno de Oaxaca, ordenó la detención y encarcelamiento de un reportero gráfico. La razón fue que el reportero captó fotografías del vehículo de la funcionaria estacionado en lugar prohibido.

9.- En junio de 2015, el ahora exgobernador Javier Duarte, amedrentó a los periodistas cuando les dijo que sabía que algunos de ellos andaban “en malos pasos”. Luego, les advirtió: “se vienen tiempos difíciles”, en tono amenazante.

10.- El 20 de septiembre de 2016, el diputado federal del PRI, Fidel Curi, agredió verbalmente a un reportero que lo cuestionó sobre el mal desempeño de su equipo de fútbol, Los Tiburones Rojos. Dijo el legislador al reportero: “¿sabes por qué me caes bien…? ¡porque no tienes huevos, cabrón!

¿Quiénes son los enemigos de libertades básicas como las de expresión y de prensa?

Curioso que pocos periodistas –y en algunos casos ninguno–, ha dicho nada de la mayoría de los 10 casos arriba citados. ¿Por qué nada dicen?

Se le llama periodismo militante.

Al tiempo.
30 Junio 2017 04:00:00
Informe final
El día de ayer, la Junta Local Ejecutiva en el estado de Coahuila, del Instituto Nacional Electoral, celebró su última Sesión Ordinaria ante la inminente conclusión del Proceso Electoral 2016-2017. La última sesión fue cerrada con la intervención del presidente del Consejo local en el estado, quien dio el mensaje del adiós y en el cual por ningún motivo aceptó que haya habido errores en la preparación de los comicios locales y mucho menos que los mismos hayan sido cometidos por el órgano electoral que preside.

En esa sesión se rindieron además los informes finales de los resultados de la segunda etapa de capacitación electoral, los de la evaluación de las actividades realizadas por los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, así como los informes sobre la conclusión de las etapas, actos y actividades trascendentes del proceso electoral, incluso se informó lo relativo al seguimiento dado por el INE a las sesiones del Consejo local del OPLE (IEC).

Cabe mencionar, que en ninguno de los informes rendidos se contempló referencia alguna respecto al cúmulo de incidentes y desaciertos tanto del IEC como del INE, pareciera que nada había sucedido, los miembros del consejo, con excepción de los consejeros Luis Tláloc Córdova Alveláis y Rubén Canseco López, consideraron que la elección ocurrida en nuestro estado se desarrolló en los límites de la tolerancia, por lo que no hay nada que reprocharse.

Tal parece que los miembros del Consejo con sus honrosas excepciones, desestiman desde ahora las más de 100 impugnaciones interpuestas por diversos actores políticos en contra de los actos de las autoridades electorales, los que, si bien es cierto, quizás no logren revocar la elección ni sus resultados, sí destapan la falta de eficiencia y profesionalismo de quienes tenían como principal encargo la preparación de la elección coahuilense 2016-2017.

Era de esperarse que los órganos electorales en sus informes finales, como ya lo hicieron, negaran lo que para los ciudadanos es evidente y que lo es, que no cumplieron con el mandato constitucional de otorgar certeza a los procesos electorales y que otra vez perdieron la oportunidad de recuperar la confianza del electorado, porque siguen subordinados a los intereses de la minoría que se ha mantenido en el poder a través del control que ejerce sobre las instituciones políticas.

Lo peor es que, ante tal falta de aceptación de los errores cometidos por los mismos en la organización de la contienda que recién concluye, nos lleva a vaticinar que la elección del próximo año padecerá de lo mismo, pues sin duda será manejada por quienes ahora cierran los ojos y prefieren hacer como que nada malo ha pasado y que al no aceptar que las cosas se hicieron mal, sin duda lo volverán a hacer.

Es decir, el informe final en el mejor de los casos es: la elección local, no dejó ningún avance democrático institucional, y sólo sirvió para que eso que se llama proceso electoral siga siendo la coartada que oculta que en México no hay democracia verdadera, sino una democracia simulada, bajo el control de los poderes fácticos y de la camarilla que gobierna al país en su propio beneficio y que controla a la mayoría de los partidos políticos y a las instituciones.

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