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Raymundo Riva Palacio
Raymundo Riva Palacio
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18 Junio 2019 04:06:00
Solalinde, la cara de la crisis
En la crisis migratoria que vive México en la frontera con Guatemala, hay un personaje que ha pasado desapercibido desde el punto de vista de las responsabilidades políticas de haber provocado el conflicto político con Estados Unidos. Es el padre Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino, a quien se le puede adjudicar la paternidad de las visas humanitarias que otorgó el Gobierno mexicano sin control desde diciembre, y de la política de brazos abiertos a inmigrantes de la Secretaría de Gobernación. Solalinde, a diferencia de todos los funcionarios involucrados, no tiene que rendir cuentas a nadie, ni estar sometido al escrutinio público, pero su influencia sobre Andrés Manuel López Obrador metió al Presidente y al país en una situación incómoda y de amenaza permanente desde Washington.

La agenda de Solalinde la adoptó íntegramente López Obrador. En junio del año pasado, al criticar a todos los candidatos presidenciales por no tener un plan sobre el tema migratorio tras el segundo debate, Solalinde propuso cinco puntos, de los cuales tres se convirtieron en parte central del proyecto del nuevo Gobierno:

1.- Se debe desarrollar la Ley Migratoria en lo que va de derechos humanos, pues en los hechos la ley ha servido para perseguir a los migrantes. Se debe separar el aspecto administrativo del de seguridad.

2.- Crear una organización de desarrollo con Centroamérica para proteger a los migrantes y que los gobiernos de origen se corresponsabilicen. México no le debe pedir permiso a nadie para lograr esto.

3.- Continuar los programas de derechos humanos, como el programa especial de migraciones, que fue lo único bueno que quedó del Gobierno de Felipe Calderón.

Solalinde se le metió a López Obrador, quien desde la etapa de la transición comenzó a formular la política a seguir. De hecho, siguió la política que Solalinde dictó. El entonces presidente electo lo incorporó al equipo de transición, donde participó activamente en el armado de la política migratoria, cobijado, por si fuera necesario, con su primo en grado lejano, Alejandro Encinas, que después fue nombrado subsecretario de Gobernación, responsable de los derechos humanos.

Desde esa posición, el padre Solalinde impuso el concepto de “visas humanitarias”, bajo su vieja idea de que el tema migratorio siempre había estado anclado a la seguridad, con una estrategia de combate desde la perspectiva policiaca, donde los derechos humanos eran secundarios.

La apertura de la frontera para recibir a quien quisiera, también fue un concepto desarrollado por Solalinde y aprobado unánimamente en la Secretaría de Gobernación encabezada por Olga Sánchez Cordero. La crisis con Estados Unidos estalló en marzo, cuando al mostrarle la estadística del incremento de capturas en Estados Unidos y la proyección anual de mantenerse el ritmo, le remarcaron que la gran mayoría de las personas detenidas, tenían visas humanitarias extendidas por México.

Solalinde no formó nunca parte de los equipos institucionales que hablaron con los estadunidenses, pero su influencia es enorme en López Obrador. Durante la transición, Alfonso Durazo, quien era el enlace con el gabinete de seguridad, propuso que los agentes de Migración pasaran a formar parte de lo que sería la renaciente Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en lo cual coincidía con Solalinde que la corrupción en ese cuerpo era incorregible y había que tomar acciones radicales. Sin embargo, el padre se opuso y lo vetó. López Obrador le dio la razón.

Quería tener el religioso el control de todo y el presidente electo le dio carta blanca para entrometerse. Migración permaneció dentro de Gobernación, pero desde el principio se confrontó con el exdirector del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén. Solalinde quería “acelerar” el cambio de las estaciones migratorias en Chiapas en “auténticos albergues”, como los que opera, y donde se gestionaron un importante número de las visas humanitarias que provocaron el choque con el presidente Donald Trump.

Su proyecto personal no estaba a la par de cómo lo iba instrumentando el Gobierno. Incluso, criticó abiertamente a la Secretaría de Gobernación, por no haber actuado de manera más expedita en el armado de un modelo de desarrollo con los países de América Central, y fue agudamente crítico con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por la negociación que llevó a cabo en Washington para evitar la imposición de aranceles.

“Tuvo todo ese miércoles para tomar el camino de la dignidad de México, para exigir respeto e irnos a tribunales internacionales como la Organización Mundial de Comercio, pero aceptó ese juego de sumisión, humillación y vergüenza para México, y en aras de ese 5% traicionó la tradición de México y lo más triste, empezaron a deportar niños, niñas y mujeres”, declaró la semana pasada, refiriéndose al primer día de la negociación en Washington hace casi tres semanas y la prórroga para la imposición de aranceles.

Solalinde excluyó por completo de la crítica a López Obrador, de quien dijo, fue colocado “entre la espada y la pared”, soslayando sibilinamente que Ebrard no hizo nada que no fuera discutido y avalado por el Presidente. El padre está hablando por la herida. El acuerdo limita sus operaciones de albergues en el sur de México, y le ha quitado la iniciativa en la formulación de la política migratoria. Su revés es una derrota para la Secretaría de Gobernación, como se explicó en la columna de este lunes, pero sobre todo, aunque no se perciba, es mayor el descalabro para el Presidente, que tuvo que asumir la humillación ante Trump y acatar sus imposiciones. López Obrador ha sufrido en credibilidad; el Gobierno también. Solalinde salió inmune e impune, cuando tendría que ser el principal responsable de este fiasco.

17 Junio 2019 04:06:00
La derrota de los ingenuos
Las autoridades migratorias en Estados Unidos siguen muy sorprendidas porque la migración indocumentada hacia ese país es extraordinariamente anómala. El diario The New York Times reportó este domingo que en ciudades tan distantes como San Antonio y Portland, en Maine, en la frontera con Canadá en la costa este, arribaron inmigrantes procedentes del Congo y de Angola después de un recorrido que los llevó primero a Ecuador, y de ahí hacia el norte a pie o en autobús a través de Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México, por donde cruzaron la frontera con Texas. Son parte de los más de 144 mil inmigrantes capturados en mayo que provocaron la reacción del presidente Donald Trump contra México, y que provocó una de las declaraciones más inverosímiles, en cuanto a candidez y reconocimiento de incompetencia que se hayan escuchado en la política mexicana: “No sé por donde pudieron pasar”.

La perla es de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la responsable de la política migratoria hasta hace unos días, cuando si no formal pero sí factualmente, la despojaron de esa responsabilidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador se había tardado. La forma cómo manejó Gobernación el fenómeno migratorio fue un desastre, y peor aún, está demostrado que la política de puertas abiertas con visas humanitarias disponibles para todo aquél que quisiera viajar a México, detonó la más grande crisis en las relaciones bilaterales de México con Estados Unidos que se recuerde en una generación, incluida una tragedia humanitaria de niños en la frontera entre los dos países, y provocó la pérdida de soberanía mexicana, al haberse tenido que tomar decisiones que se acomodaran a los dictados de la Casa Blanca.

La primera víctima visible fue Tonatiuh Guillén, cuya gestión como comisionado del Instituto Nacional de Migración se volvió insostenible. El viernes pasado, de manera escueta, el Inami informó de la renuncia de Guillén, sin ninguna explicación sobre los motivos de su salida. El final de Guillén y su breve paso por la administración pública es la derrota completa de la Secretaría de Gobernación que encabeza Olga Sánchez Cordero, donde la ingenuidad de sus funcionarios le permitió a Guillén impulsar la política de brazos abiertos a quien quisiera viajar a México rumbo a Estados Unidos, otorgándoles visas humanitarias, techo, comida y protección de la Policía Federal. El excomisionado no actuó de manera unilateral. Dentro de Gobernación existió el consenso de que ese debería de ser el camino, sin alcanzar a ver las consecuencias de su reduccionista visión del fenómeno.

López Obrador no puede decirse sorprendido. La división dentro de su Gobierno entre las dos posiciones antagónicas sobre qué hacer, entre Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores se arrastró por meses. En no pocas reuniones de evaluación estratégica sobre el creciente fenómeno, expuesto de manera amenazante con represalias económicas por la exsecretaria de Seguridad Territorial, Kirjsten Nielsen en febrero, y subrayado por el consejero y yerno de Trump, Jared Kushner, directamente al Presidente en marzo, Guillén fue la cara beligerante de Bucareli.

Cuando le exigían al excomisionado explicación del porqué habían desarrollado esa política de brazos abiertos, expresaba como valor supremo la protección de los derechos humanos, sin matices. Cuando le exponían que ello podría tener repercusiones y reacciones por parte de Estados Unidos, respondía que no importaba, pensando que lo iba a doblegar. La soberbia de Guillén fue la ceguera de Gobernación, montada en un Gobierno naciente donde la incompetencia por desconocimiento de su desconocimiento que lleva a tomar decisiones sin contemplar los diversos escenarios, provoca reveses costosos.

El Presidente es quien más los ha tenido. Todos sus compromisos de campaña sobre cómo iba a lidiar con Trump han sido modificados radicalmente. Toda su bravuconería se volvió docilidad. Toda la fortaleza prometida se convirtió en una debilidad, que al tener cerradas las opciones por los flujos de migración inéditos en la Historia entre los dos países, se volvió una vulnerabilidad.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ganó 45 días de tiempo, quizás hasta 90, con la negociación en Washington. Sabe que la prórroga de la imposición unilateral de aranceles podría extenderse más allá del plazo acordado con Estados Unidos, pero será una amenaza permanente durante toda la campaña presidencial, que termina en noviembre del próximo año.

La urgencia por evitar los aranceles se resolvió temporalmente con la militarización de la frontera sur y convertir a 6 mil elementos de la Guardia Nacional en coadyuvantes del Inami, reforzado con 647 elementos de la Policía Federal, que comenzaron a desplegarse en Chiapas este fin de semana disfrazados como agentes migratorios, para ir en busca de los migrantes que se hayan quedado varados o se perdieron en territorio mexicano, y llevarlos a la frontera con Guatemala.

Las maromas de Ebrard habrían sido innecesarias porque también se pudo haber evitado la crisis con Estados Unidos. Dejemos lo retórico, porque lo que falta, aunque parezca una obviedad, es lo que viene. Sabemos las tareas encargadas al gabinete de seguridad y que el Presidente nombró a Francisco Garduño, militante de Morena sin experiencia en el tema migratorio, como sustituto de Guillén, manteniendo el papel periférico del Inami en donde debía ser cabeza, que funcionará como una ventanilla administrativa.

La estrategia y las decisiones tampoco caerán en Sánchez Cordero o el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, otro de los arquitectos de esta crisis, lo que lleva a pensar si su permanencia en el Gabinete se volvió ociosa y es tiempo que, ante la nueva realidad, los cambios en el Gabinete que vienen, comiencen por ahí.
14 Junio 2019 04:03:00
Violencia galopante
¿Alguien se sorprendió por enterarse que el primer cuatrimestre de este año es el más violento en la historia de los registros de incidencia delictiva desde que se iniciaron en 1997? Todo se fue al alza, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se han convertido en una de las estadísticas que se esperan mensualmente con mayor ansiedad, al haberse convertido en pulso de la gobernabilidad y balanza sobre el éxito o fracaso del Gobierno. El sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó con una inercia trágica de la Administración del presidente Enrique Peña Nieto, que destrozó los sistemas policiales por ignorancia e incapacidad, pero que tampoco ha mostrado más allá de la retórica, una idea clara de cómo enfrentar el fenómeno.

Los datos del Secretariado ratifican tendencias delictivas. Colima, donde se dieron 7.3 asesinatos por cada 100 mil habitantes –la tasa más alta del país–, no ha logrado restablecer la calma después de que hace poco más de dos años, por el descuido en el puerto de Manzanillo –responsabilidad de la Marina, por cierto–, empezaron a entrar cargamentos chinos de fentanilo, que recorrieron las viejas rutas de las metanfetaminas por el noroeste de Michoacán –las zonas protegidas por los paramilitares patrocinados por el Gobierno peñista que incorporaron a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación–, y entraron a Jalisco para que desde ahí se exportara al ávido mercado de consumidores estadunidenses.

Colima viene en espiral descendiente desde el peñismo, como el caso de Chihuahua, donde el exgobernador César Duarte relajó el esquema de seguridad que se había instalado, particularmente en Ciudad Juárez, y que el gobernador Javier Corral, ha sido incapaz de restablecer. Corral ha estado enfocado en encarcelar a priistas y no ha prestado la atención debida al tema de la seguridad, que se agravó por un factor externo: los acuerdos de paz en Colombia incluyeron la petición de las FARC de que se suspendiera la erradicación, por lo que la producción de cocaína volvió a florecer y se reanudaron las exportaciones hacia Estados Unidos, que en más del 50% pasan por el corredor Torreón-Gómez Palacio-Ciudad Juárez.

Chihuahua tiene una tasa de homicidios dolosos de 4.8 por cada 100 mil habitantes, superior en ocho décimas a la de Guanajuato, que desde el Gobierno de Miguel Márquez se vio involucrado en la lucha de organizaciones criminales por el control del robo de combustible, que llegó a ser más redituable que la cocaína. La zona era controlada por Los Zetas, cuya subsidiaria es el Cártel de Santa Rosa de Lima, pero la estabilidad se rompió con el intento del Cártel Jalisco Nueva Generación de quedarse con el negocio. Van avanzando, en concordancia con la estrategia del Gobierno de López Obrador de acabar con la organización de Santa Rosa, dejando de lado a los jaliscienses. Sin embargo, nada es claro con la estrategia actual. Desde hace casi tres meses la Marina tiene interceptadas las llamadas telefónicas de todo el entorno de su líder en fuga, José Antonio Yépez, apodado “El Marro”, pero no lo han detenido. Varias veces lo han tenido ubicado por zona, según funcionarios federales, pero se les ha escapado.

Las dinámicas en esas entidades no son levantar cejas, como sí lo son los datos que arrojan las estadísticas en tres nuevos gobiernos, todos de Morena, que encabezan el incremento delictivo en el país en términos porcentuales. A la cabeza se encuentra la Ciudad de México, donde la incidencia delictiva subió 237.5% en el primer cuatrimestre de este año, seguida de Morelos, que se incrementó 210%, y Veracruz, que vivía un desastre en materia de seguridad, y que aún así incrementó su tasa 168.51%. En los tres casos han echado la culpa a gobiernos anteriores, pero en los tres casos sus gobiernos han sido incapaces de restablecer el orden. Problemas de aptitud de los responsables de la seguridad y ausencia total de estrategia, o acciones equivocadas, han producido que las peores entidades en la materia estén asociadas a Morena, aunque en el caso de Morelos, es por alianza, y el gobernador Cuauhtémoc Blanco está en choque incluso con el partido que respaldó su candidatura.

Las estadísticas de la violencia no son suficientes para entender el fenómeno que se vive. Hay características locales y regionales, así como dinámicas diferenciadas. Sin embargo, existe un común denominador que se trata de cubrir con la retórica y la expectativa que con la llegada de la Guardia Nacional, habrá un antes y un después. Se trata de la falta de recursos presupuestarios, de la debilidad institucional que muestra su cara más vulnerable en los municipios, del quiebre de los equilibrios en varias partes del país que muchas veces está asociada con corrupción de autoridades. Igualmente de la negligencia del sexenio anterior al desmantelar las plataformas de inteligencia criminal, de inteligencia para la seguridad nacional, y del sistema federal de penales.

Todos estos factores no fueron culpa ni responsabilidad del Gobierno de López Obrador. Tampoco serán su culpa ahora, pero sí su responsabilidad. Puede seguir achacando al pasado todos los males que afectan su Gobierno, pero los muertos de hoy, se le contabilizarán a él, no a Peña Nieto. Por lo mismo, si continúa con la misma línea estratégica del arranque al Gobierno anterior, de dejar hacer dejar pasar, terminará peor que él en materia de violencia y la inseguridad irá erosionando su popularidad y aprobación. Peor aún, es que el país aumentará su teñido de rojo ante la falta de visión, de objetivos claros y de estrategias confusas como las presentadas hasta ahora, sin señales que vendrá una rectificación.
13 Junio 2019 04:03:00
El costo criminal de la austeridad
El secuestro y asesinato del joven Norberto Ronquillo galvanizó la zozobra en la Ciudad de México por los altos índices de criminalidad. Claudia Sheinbaum, la Jefa de Gobierno, ha dicho que las cifras crecientes de violencia se magnifican porque en la anterior Administración se habían “maquillado”, y el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a arroparla el martes, convirtiéndola en víctima de “grandulones abusivos” –que no identificó– mientras la sociedad seguía llorando a Norberto. Algo está muy mal en esta díada de la retórica contra realidad, el eterno dilema de la Cuarta Transformación. Los datos, sin embargo, son alarmantes.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que el secuestro, el detonante de la inquietud en la capital federal, bastión de López Obrador, se elevó 271% en el primer cuatrimestre de este año, superando casi 10 veces el promedio nacional. Vivimos el peor momento desde 2009, al subir los secuestros de 1.5 por mes en el primer cuatrimestre de 2018, a 6.5 en el mismo periodo de 2019. Lamentablemente, no es el único delito descontrolado.

En la edición de Eje Central que circula a partir de hoy, se registra que de diciembre del año pasado a abril de 2019, las mayores tasas de crecimiento delictivo son robos a transporte público, transporte individual, robos a casas, a negocios y a transeúntes, considerados como robos patrimoniales. Pero en homicidios dolosos, como en secuestros, las tasas son inverosímiles. Las tres alcaldías que más altos índices tienen son Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan, donde el incremento de ese tipo de homicidios fue de 165, 162 y 157 por ciento. En el resto de la capital, el aumento fue de 100% promedio.

Sheinbaum tiene un problema con su equipo de seguridad y se anticipan cambios para la próxima semana. Sin embargo, hay otros factores ajenos al fenómeno de la violencia que inciden en la inseguridad. Por un lado, el recorte presupuestal draconiano que impuso el Gobierno de López Obrador. Los fondos para seguridad pública en la Ciudad de México se redujeron 53%, y las alcaldías con mayor disminución, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, son donde mayor número de secuestros se ha registrado. Por el otro, la coincidencia en el crecimiento de la incidencia delictiva con el nivel de desempleo creciente (5.3% de diciembre a marzo), y la pérdida de poder adquisitivo, ante la disminución de salarios en la Administración pública y los despidos.

Se puede plantear como hipótesis de trabajo que la externalidad de la austeridad republicana impulsada por el presidente López Obrador, ha tenido un alto costo en materia de seguridad y los crecientes índices delictivos. No puede ser asumido como el único factor, porque también existe la larga curva de aprendizaje del equipo de seguridad de Sheinbaum, que llevó decisiones estratégicas fallidas, como la disminución de patrullajes en la Ciudad de México y la cancelación de unidades móviles de policía –internamente le dijeron a los policías que no servían para nada–, y al despido masivo de jefes policiales, bajo la concepción, imbuida desde la Presidencia, que todo el pasado era corrupto y había que erradicarlo.

En cualquier caso, el tipo de delito que ha subido exponencialmente es el patrimonial, o secuestros como el del joven Ronquillo, que tiene una tipología que se imita el método de un secuestro exprés, que siempre se ha asociado con necesidades económicas en la sociedad.

La desaceleración general de la economía ha provocado que las actividades productivas tengan un atorón, por lo que las empresas han tenido que recortar sus costos laborales, añadiendo presión a la tasa de de-sempleo, al no absorber personal despedido del Gobierno central. En el caso de la Ciudad de México, decisiones de la Jefa de Gobierno como parar la industria de la construcción, no solo impactó en todo el conjunto de la economía capitalina, sino que provocó desempleo en estados colindantes de la capital.

Luchar contra la corrupción y los excesos es una política necesaria como principio, pero a la luz de los resultados, su instrumentación ha sido un desastre. Reducir a rajatabla los presupuestos en materia de seguridad trasciende a la Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda recortó 3.8% el presupuesto dedicado a la seguridad pública en el país, que incluso ya había sido aprobado.

La necesidad de ajustar el gasto por todos lados para transferir recursos al plan de rescate financiero de Pemex, sin afectar los programas prioritarios del Presidente –Tren Maya, Santa Lucía y Dos Bocas–, han llevado al Gobierno a una contradicción de la cual no se ve cómo va a salir.

Presiones adicionales tendrá en los próximos 45 días al tratar de reducir significativamente el flujo migratorio, con el respaldo de 6 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados en la frontera sur.

Si en estos momentos esa fuerza significa el 40% del total de elementos de la Guardia Nacional, ¿qué sucederá en el territorio que vigilaban previamente? Los índices de violencia y crimen seguirán subiendo. La Ciudad de México es el microcosmos que tiene que ver el presidente López Obrador para convencerse de que su política de austeridad sin matices, aunque excelente en concepto y dirección, tiene costos muy altos embarcarse en toda una transformación que quiere ser simultánea, sin gradualismo ni etapas. El problema, como se ve en la capital federal, es que su intransigencia está costando más vidas y más violencia, más inseguridad y más inestabilidad, más incertidumbre y más miedo. El camino es equivocado en su diseño y debe modificarlo porque ni él ni el país irá así a ningún lado.
12 Junio 2019 04:03:00
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Durante largo tiempo en el corto periodo de la Administración de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard guardó el perfil más bajo posible. “Quiere cuidarse de intrigas y no quiere exponerse”, admitía uno de sus colaboradores en el entendido de que aún desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, era una de las figuras presidenciables en el horizonte. Las agresiones del presidente Donald Trump, orillaron a Ebrard a dar la cara.

López Obrador lo mandó a ser la voz que enfrentara a Trump y, al mismo tiempo, quien evitara entrar en conflicto con él. En ese momento, no se imaginaban que en vísperas de iniciar su campaña por la reelección, iba a retomar como tema la migración, utilizando los aranceles como arma política.

López Obrador despachó a Ebrard a Washington para evitar la guerra comercial, para lo cual se comprometió a acuerdos por fuera de su jurisdicción. Los aranceles se pospusieron, pero quedaron condicionados a que en 45 días, el acuerdo para reducir el flujo de migrantes centroamericanos que quieren ir a Estados Unidos, tiene que reducirse de manera “dramática”. ¿Cómo hacer que Ebrard cumpla lo ofrecido personalmente a Trump? López Obrador lo solucionó el lunes por la mañana: lo nombraría coordinador de un grupo especial para cumplir con los acuerdos sobre migración.

El Presidente comunicó al Gabinete por la tarde en Palacio Nacional, lo que por la mañana había definido con su kitchen cabinet, donde estaba el canciller, cómo se integraría la coordinación de cinco grupos, y las personas que serían responsables de cada uno de ellos.

Bajo este esquema, Ebrard tendrá atribuciones sobre tres secretarías de Estado, además de la que él encabeza: Seguridad Pública, que aportará dos cabezas de grupo, la de la Guardia Nacional, y la de la Administración federal de cárceles, que supervisará al Instituto Nacional de Migración; Trabajo y Previsión Social, que deberá de instrumentar programas de trabajo temporal para los migrantes centroamericanos que esperen la resolución sobre su petición de asilo en Estados Unidos en 11 puntos fronterizos mexicanos; y Bienestar Social, que tendrá que desarrollar un plan para que aquellos que se queden en México, tengan salud, educación, empleo y vivienda definitiva.

La alineación de todos esos esfuerzos sería muy difícil de lograr sin una cabeza que esté por encima coordinándolos. La designación de Ebrard al frente, en el tema de mayor preocupación para López Obrador por las consecuencias económicas que significaría un conflicto con Estados Unidos, fue la solución que se encontró. Su nombramiento responde a la lógica de López Obrador de tomar decisiones transversales y recargar el trabajo no necesariamente en quien es responsable de ello, sino en quien le da mejores resultados.

Sin embargo, en los hechos, las atribuciones que le otorgó lo convierten no solo en un supersecretario, por influencia y relevancia, sino con funciones de vicepresidente que van más allá de las protocolares. López Obrador le dio mandato sobre el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y de la secretaria de Bienestar Social, María Luisa Albores. El quinto grupo, que trabajará sobre estrategias regionales, será responsabilidad de Relaciones Exteriores.

Dentro del plan y el cronograma aprobado por el Presidente, Seguridad Pública, Trabajo y Bienestar Social, son las nuevas secretarías integradas en la estrategia para enfrentar a Trump y sus amenazas.

La Secretaría que era responsable de esas tareas era Gobernación, que quedó excluida del diseño estratégico. Su titular, Sánchez Cordero, quedó una vez más marginada. Debió haber sido parte importante del equipo negociador que fue a Washington, y la dejaron en México. No hubo ningún funcionario de esa dependencia en el equipo, que estuvo compuesto únicamente por miembros de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, estuvieron en la comitiva pero no en las negociaciones, porque Ebrard no quiso incorporarlos para que las conversaciones se centraran en migración, sin contaminarlas con el tema comercial.

Es el caso del subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, a quien se excluyó de la mesa de negociaciones porque la percepción de él es como negociador en jefe del acuerdo comercial. “De haberlo sentado en la mesa, hubieran incorporado a (Robert) Lighthizer (representante comercial de la Casa Blanca)”, dijo un funcionario federal. “Se abría abierto la Caja de Pandora”.

La eliminación de Sánchez Cordero del equipo y su marginación en la estrategia para los próximos 45 días es debido a la aceptación interna en el Gobierno, que no tiene ni la capacidad ni la fuerza suficiente para cumplir con lo acordado. El plan que propuso en Miami en marzo, se colapsó. El número de inmigrantes centroamericanos creció de 100 mil en abril a 144 mil en mayo. La secretaria no tiene mal ambiente en el entorno del Presidente, pero para efectos prácticos, está ya descontada como funcionaria ineficiente.

Ebrard asumió funciones de gobernanza y tomó el liderazgo en la formulación de la estrategia a seguir. López Obrador lo está respaldando y le ha dado toda la fuerza para que cumpla lo prometido. Es una buena noticia para el vicepresidente de facto, pero también una mala.

Si no funciona su estrategia, saldrá derrotado y debilitado. El 2024 se alejaría, junto con sus aspiraciones presidencialistas que quedarían francamente mermadas.
11 Junio 2019 04:03:00
El ultimátum de Trump
El viernes por la noche, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habló por teléfono con el presidente Donald Trump, que recién había llegado de Europa, para dar el último jalón al acuerdo migratorio que impediría que se impusieran nuevos aranceles. Las condiciones para esa llamada fueron construidas por el vicepresidente Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, al darle un informe sobre las negociaciones con México para evitar la elevación de aranceles, y comentaron que los mexicanos parecían dispuestos a cumplir con los compromisos alcanzados en las 72 horas de pláticas bilaterales. La conversación no fue fácil, de acuerdo con un funcionario federal, pero funcionó.

Ebrard le detalló a Trump lo que había acordado con Pence, Pompeo y el secretario de Seguridad Territorial, Mike McAleenan, que era el reforzamiento de la frontera sur con 6 mil miembros de la Guardia Nacional, el control migratorio en Chiapas, tener un censo completo de los inmigrantes que llegaban a la estación en Tapachula, y la ampliación del programa Remain in Mexico (Permanecer en México), dentro de los parámetros de la Sección 235(b)(C) del Acta de Inmigración y Nacionalidad, y de los Protocolos de Protección de Migrantes.

–Ya nos lo han dicho antes, respondió Trump quejándose de incumplimientos previos del Gobierno de México, “no van a cumplir”.

Ebrard respondió, apelando al beneficio de la duda: Yo apenas llevo cinco meses.

–Si tú ganas tiempo, yo pierdo electores, replicó Trump.

No había duda de las motivaciones centrales de Trump al utilizar los aranceles como una arma de presión migratoria. Ebrard lo supo desde que llegó a negociar el miércoles con Pence y Pompeo en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca, donde el secretario de Estado, con cruda franqueza política, se lo había dicho al canciller. El fondo es la migración, afirmó Pompeo, recordaron los funcionarios mexicanos. Y toda la campaña electoral será basada en la migración, le subrayó y agregó a su contraparte.

En la conversación con Trump, Ebrard acotó su escepticismo al establecer junto con él un plazo de 45 días para que los compromisos adquiridos en Washington, mostraran resultados. Si no se veía un punto de inflexión en la llegada de inmigrantes a Estados Unidos por la frontera con México, empezaría la negociación para establecer la figura de “tercer país seguro”, que al ser un acuerdo bilateral que implica cambios en las leyes mexicanas, tendría que pasar por el Senado. Lo que planteó el canciller iba al fondo del problema. “El cambio de paradigma”, describió un diplomático mexicano.

Ese cambio de paradigma es con lo que Pence y Pompeo habían recibido a Ebrard el miércoles, donde además de McAleenan se sumó el consejero jurídico de la Casa Blanca, Pat Cipollone. McAleenan le mostró a los mexicanos la gráfica de detenciones de indocumentados en la frontera con México. El número de capturas se mantuvo estable, en alrededor de 60 mil mensuales, durante el último trimestre de 2018 y enero, que es cuando ante la política migratoria mexicana de brazos abiertos, comenzó a incrementarse. En febrero subió 31%, a 76 mil 533, en marzo a 103 mil 729, abril tuvo 109 mil 474, y en mayo hubo un disparo a 144 mil 278. Ese miércoles en la Casa Blanca, lo que recibió Ebrard, según dijo en la conferencia mañanera de este lunes, “fue un ultimátum”.

El escepticismo de Trump en los primeros minutos de la conversación con Ebrard, se podría asociar al brinco entre marzo y abril, que fue después de la reunión en el aeropuerto de Miami el 17 de marzo entre las secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la entonces titular de Seguridad Territorial, Kirjsten Nielsen. En ella habían acordado incrementar la cuota de personas enviadas a México para esperar la resolución sobre su solicitud de asilo en Estados Unidos, de 60 a 300, y reforzar la política migratoria. “Gobernación hizo su parte, pero no cambió el paradigma”, reconoció el diplomático mexicano. Trump lo definía como acciones “insuficientes” por parte del gobierno mexicano.

Ante ese diagnóstico, Pompeo puso sobre la mesa que México fuera “tercer país seguro” o aceptara el principio de “primer país de asilo”, una modalidad donde intervendría Guatemala, para que los guatemaltecos capturados en Estados Unidos fueran enviados a México, mientras que los hondureños y los salvadoreños serían deportados a Guatemala, en espera del resultado de su solicitud de asilo. Ebrard les dijo que México no podría aceptarlo, pero Pompeo respondió que si bien entendía las razones, no eran convincentes. Ebrard propuso una mesa en el Departamento de Estado para persuadirlos de las propuestas mexicanas, que significaban un cambio en la política de brazos abiertos, una modificación en su política de asilo, y priorizar la migración sobre el tema de seguridad pública, al comprometer un alto número de guardias nacionales a la frontera sur.

Cipollone y el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, trabajaron el jueves hasta los alcances de la propuesta mexicana que se acomodaran a las exigencias de los estadunidenses, que fue presentada a Pompeo el viernes. El secretario de Estado la aceptó, y junto con Pence convenció a Trump de hablar con Ebrard. Cuarenta y cinco días fue el plazo máximo para dar resultados o entrarán a un terreno donde Estados Unidos tendrá carta blanca para buscar un acuerdo migratorio profundo con México o, como anticipó Trump, impondrán aranceles.

No estÁ claro que México va a poder cumplir en mes y medio con frenar la migración y lograr un punto de inflexión. Sin embargo, no tuvieron márgenes más amplios. El ultimátum de Trump, solamente se aplazó.
10 Junio 2019 04:02:00
Señor Presidente,  ¡pórtese bien!
Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump son dos presidentes que hacen de la política un juego de símbolos para acomodar la realidad a su favor y construir consensos de Gobierno. Es más exitoso López Obrador que Trump, porque no tiene de rodillas al Congreso o al Senado, ni doblada la Suprema Corte de Justicia o amedrentadas a las instituciones. Pero Trump tiene más recursos de presión porque México depende en 80% de la economía de Estados Unidos, y Estados Unidos, aunque su aparato productivo está muy integrado con nuestro país y Canadá, romper esos puentes no significaría el Armagedón.

En esta realidad se fincó la negociación para evitar la imposición de aranceles a México a partir de hoy, donde se habló de migración y seguridad, y de nuevas concesiones comerciales a Estados Unidos. Por lo que se conoce, se puede concluir que México cedió ante las presiones de Trump y entregó más de cómo llegó a Washington, a cambio de evitar la represalia económica. En consideración de algunas voces en México y la opinión generalizada en la prensa internacional, ajena a pasiones y manipulaciones, Trump ganó la partida porque obtuvo lo que deseaba: concesiones absolutas.

El nombre del juego fue el pragmatismo. ¿Se puede criticar a López Obrador por haber claudicado y aceptado lo que exigía Trump? Frente al escenario económico de lo que supondría una guerra comercial, no. Su decisión fue apegada a la realidad. Las asimetrías con Estados Unidos son enormes en todos los sentidos, y los principios hoy en día en esta materia, solo son para los discursos y las masas, sin cabida en la real politik. Como él mismo lo dijo el sábado en Tijuana, su responsabilidad es como jefe de Estado para con todo un país.

La imposición de aranceles habría significado una devaluación del peso, que según los expertos habría alcanzado 21 unidades por dólar. Esto para empezar. La disrupción en las cadenas de valor se habrían afectado, y ante la respuesta mexicana de represalias recíprocas, la respuesta habría sido más aranceles. Eso lo sabe López Obrador. Cuando se reunió con Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, en marzo, el ejemplo sobre la forma agresiva de negociar su suegro era China, donde a cada respuesta por imposición arancelaria, respondía con más aranceles. China lo puede enfrentar –aunque perdió 30% de mercado-, pero México no. En las negociaciones, México fue más allá de lo que acordaron el 17 de marzo entre las secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Seguridad Territorial –ya cesada–, Kirjsten Nielsen, en Miami, cuyos detalles se revelaron en este espacio en abril. Ahí México accedió a que quienes pidieran asilo en Estados Unidos que tuvieran visas humanitarias, fueran regresados no sólo a Tijuana, como acordaron en diciembre, sino también a Mexicali y Ciudad Juárez, y que la cifra crecería hasta llegar a nueve mil por mes a finales de año, para permitir que se fuera preparando México para ese nuevo influjo de personas. La semana pasada se amplió el alcance del Acta 235 para que esperen solución sobre asilo en todos los puertos fronterizos y se aceleró el número de personas en espera; para este mes serán ocho mil, casi los nueve mil acordados para dentro de seis meses.

La reunión de Miami produjo también el entendimiento de que se instrumentarían medidas policiales y financieras para frenar la migración. Aunque el Gobierno mexicano incrementó el número de deportaciones, continuó otorgando visas humanitarias y fue omiso en acciones financieras. La amenaza de los aranceles provocó que el fin de semana antepasado el Ejército empezara con redadas en Tapachula en busca de inmigrantes indocumentados y la Unidad de Inteligencia Financiera actuara contra presuntos responsables del tráfico humano. Para reforzar, comprometieron el envío a partir de hoy de 6 mil miembros de la Guardia Nacional a la frontera sur. Esto significa que el 40% de la fuerza que estará en operación este mes, estará dedicada a deportar inmigrantes, y que en el mediano plazo, será el 10% el que se dedicará a esa tarea. La delegación mexicana fue en desventaja a Washington para cabildear que Estados Unidos no impusiera los aranceles, provocado por la negligencia o incluso omisiones en cumplir con los acuerdos de Miami, lo cual debilitó la posición mexicana y los llevó a aceptar imposiciones que no habían sido antes puestas sobre la mesa, como el incremento de compras agrícolas –de productos que se encuentran en las zonas de mayor apoyo electoral de Trump– a Estados Unidos, cuyos pormenores no ha sido dados a conocer. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien abrió el mitin en Tijuana, dijo que la gran experiencia de esta semana es que tienen que trabajar para que en el futuro estén mejor preparados para cualquier contingencia. El mensaje es importante. Hacia el interior del Gobierno, el presidente López Obrador tiene que poner orden en su equipo, porque parte de las concesiones que se tuvieron que hacer fue por la falta de coordinación, o sabotajes involuntarios entre las secretarías de Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores, que impidieron cumplir los acuerdos bilaterales.

La política hacia Estados Unidos debe estar alineada, porque lo que se vio es lo que vendrá. Lo escribió el domingo el presidente Trump en Twitter: “Si por alguna razón desconocida no hay (cooperación), podemos volver a nuestra posición anterior y muy lucrativa de (amenazar) con aranceles”. Dijo que no creía que será necesario. A portarse bien, entonces. O, para evitar humillaciones públicas de esta naturaleza, a dejar las improvisaciones en México y actuar con menos romanticismo e hígado, y con más profesionalismo.
07 Junio 2019 04:01:00
Segundo round, la capitulación
Al pan, pan, y al vino, vino. Esta es la vieja frase española para llamar las cosas por su nombre, y que permite establecer que como punto de partida en las pláticas que sostienen representantes de alto nivel de México con sus contrapartes en Estados Unidos para frenar la elevación de aranceles a partir del lunes, no hay ninguna negociación, como se han planteado, sino un trabajo de cabildeo por parte del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para convencer al presidente Donald Trump que quieren cumplir con sus exigencias y demandas en materia migratoria. Entonces, si lo que estamos viendo es capitulación mexicana en materia migratoria, lo que tendría que estar buscándose son los términos de la capitulación para que no resulte humillante para el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No hay duda a partir de la lectura de las declaraciones públicas y la información que está saliendo de Washington, que nunca hubo negociación alguna sobre aranceles, sino una rendición mexicana de los resultados de su política migratoria. Aún así, percibiendo la vulnerabilidad mexicana por sus propias contradicciones, le siguen subiendo la presión a Ebrard. La vocera de la Casa Blanca, Mercedes Schlapp, le dijo ayer a la agencia de noticias AP: “Parece que nos estamos moviendo hacia la ruta de los aranceles, porque lo que hemos visto hasta ahora es que lo que están proponiendo los mexicanos, simplemente no es suficiente”. El presidente Donald Trump habló con la prensa de la Casa Blanca que lo acompaña por Europa, y desde el aeropuerto irlandés en Shannon dijo: “Ya veremos qué sucede, pero algo muy dramático podría suceder”. Ya sucedió.

El diario The New York Times reveló que aunque México se había opuesto firmemente a ser un “tercer país seguro”, que sirviera de hostal de migrantes en espera que les dieran asilo en Estados Unidos, su justificación que esperaban que los inmigrantes no llegaran a su frontera sur y se quedaran a vivir en México, se colapsó con la realidad, el incremento acelerado de migración indocumentado hacia aquella nación.

En la reunión del miércoles en la Casa Blanca, Ebrard, primer opositor a ese concepto, reculó. Dijo que su Gobierno estaba dispuesto a reforzar la frontera con Guatemala y le prometió al vicepresidente Mike Pence y al secretario de Estado, Mike Pompeo, que combatirían al crimen trasnacional que trafica humanos y que ofrecería asilo a miles de centroamericanos a cambio de que no fueran a Estados Unidos. Patético.

El periódico The Washington Post añadió elementos sobre la capitulación mexicana. Ebrard comprometió el envío de 6 mil soldados dentro de la Guardia Nacional a la región fronteriza con Guatemala, y que dentro de la aceptación de “tercer país seguro”, recibiría a los guatemaltecos deportados, sin cuota máxima, que llegaran a pedir asilo en Estados Unidos. A su vez, los hondureños y salvadoreños detenidos en ese territorio, serían enviados a Guatemala, de acuerdo con una negociación separada con ese Gobierno. Guatemala y Honduras se han venido quejando que la política migratoria de López Obrador también los afectó, al desestabilizar sus países por ofrecer visas humanitarias y paso exprés y custodiados por la Policía Federal hasta cruzar la frontera norte. Patético, por partida doble. La política lópezobradorista provocó problemas y disgustos con todos.

El Gobierno mexicano despachó a un equipo de abogados a Washington, y se reunieron con Pat Cipollone, el consejero jurídico de la Casa Blanca, para analizar los términos jurídicos para que México sea un “tercer país seguro”. La discusión entonces sobre ese concepto, a decir de los estadunidenses, está rebasada, porque hay una aceptación. En términos conceptuales, esa es una derrota para el Gobierno de México. En cuanto a la estrategia, es el fracaso de la postura de la Secretaría de Gobernación y un revés directo para quien estaba detrás de la política de brazos abiertos, el presidente López Obrador.

La ingenuidad del nuevo Gobierno es el cimiento de la humillación que están viviendo desde Washington. En otoño pasado, durante la transición, Olga Sánchez Cordero, quien estaba designada como la secretaria de Gobernación, fue a una plática con el consejo de uno de los bancos más importantes del país, y le preguntaron cuál era su mapa de riesgos. Sánchez Cordero no sabía qué decir y casi susurró, “¿los migrantes?”. Podría ser, dijo antes de descalificarlo.

“No, no creo”, agregó. La futura secretaria no tenía idea de lo que estaba sucediendo pese a todas las amenazas y advertencias de Trump. En enero, el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo que “la política migratoria ya cambió”, anticipando que quienes quisieran emigrar, serían recibidos con los brazos abiertos. Un alto funcionario de Gobernación, admitió que la intención era muy noble –cierto–, pero no calcularon las consecuencias –doblemente cierto–.

Las presiones de Washington hicieron que modularan su postura, pero fueron insuficientes. El consejero presidencial y yerno de Trump, Jared Kushner, se lo dijo a López Obrador durante su encuentro en la ciudad de México. Migración y seguridad es la prioridad. Kushner dejó ver que los recursos de Trump para la represalia eran enormes. China era un ejemplo. Turquía, meses antes, otro. A China le impone aranceles crecientes y en Turquía descarriló la lira y minó al presidente Recep Tayyip Erdogan. López Obrador se comprometió a tomar acciones concretas y lo hizo, pero no convenció. Enviar a Ebrard sin Sánchez Cordero era una señal de lo que estaba dispuesto a hacer México. El único problema, como afirman en Washington, es que la cancelación de aranceles no es un hecho pese a todo lo ofrecido. Trump aún no acepta los términos de la rendición mexicana.
06 Junio 2019 04:06:00
Primer round para Trump
Las prisas y las improvisaciones del Gobierno de México no ayudaron a fortalecer la posición ante las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles si no frenaban la migración hacia Estados Unidos y enfrentaban al crimen organizado, y mostraron su temor. El providencial respaldo republicano que presionó a la Casa Blanca para recular la elevación de aranceles por el costo político que pagarían con el electorado –al ser los consumidores quienes terminarían pagando más por los productos mexicanos–, abrió una puerta de salida al conflicto, pero no solucionó el problema de fondo. En la reunión que tuvieron en la Casa Blanca, la lista de demandas se elevó. Si las aceptan como “concesiones absolutas”, dijo el consejero comercial de línea dura de Trump, Peter Navarro, los nuevos aranceles “podrían no entrar en vigor”.

La falta de estrategia mexicana fue evidente desde el primer momento en que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el jueves que viajaría una delegación mexicana a Washington para negociar con los estadunidenses y despachó a la mañana siguiente al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sin estar enterados los dos que sus contrapartes estaban de viaje y no regresarían hasta el miércoles. Salvó la cara la reunión el lunes con el secretario de Comercio, Wilbur Ross, con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que se sumó a la delegación el domingo. Pero esto fue fortuito, aprovechando Márquez una oportunidad que se le cruzó.

Márquez estuvo en San Salvador el sábado pasado representando al Gobierno mexicano en la toma de posesión de Nayib Bukele como presidente de El Salvador, y se cruzó con Ross en el lobby del hotel. La secretaria lo abordó y le pidió una cita en Washington. Audaz, no esperó instrucciones presidenciales, y ayudó a darle cuerpo a un viaje que tuvo que iniciar con conferencias de prensa desde la Embajada mexicana, para llenar los espacios de opinión pública y evitar que el énfasis fuera el de una espera en las puertas de Foggy Bottom.

La entrevista con Ross sirvió para los consumidores mexicanos, pero sin llegar a ninguna parte. El conflicto de Trump con México no es comercial.

Ebrard habló informalmente el domingo con el secretario de Seguridad Territorial, Kevin McAleenan, que mencionó los temas que molestaron a Trump, y donde no veía avances, freno a la migración, falta de seguridad, y el control del crimen organizado del fenómeno. Ebrard no es contraparte de McAleenan, pero López Obrador prefirió hacerlo responsable de esos temas en lugar de enviar como interlocutores a quienes les tocan esos temas en su administración, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el titular de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Es el estilo del Presidente, la transversalidad, encargando funciones fuera de su ámbito, a quien le da mejores resultados.

El planteamiento sobre la mesa en la Casa Blanca fue conciso: 1) medidas enérgicas con quienes piden asilo en Estados Unidos; 2) reforzar la vigilancia en su frontera con Guatemala; y 3) acabar con la corrupción de sus funcionarios en los puntos fronterizos. Estados Unidos quiere un mayor control sobre las visas humanitarias –preferentemente que se cancelen–, y que en lugar de hacerles la vida fácil a los inmigrantes en el cruce de México a esa nación, que les quiten los incentivos para migrar.

Navarro explicó que México debía “comprometerse a recibir a todos los que buscan asilo en Estados Unidos –que son deportados– y que les apliquen las leyes mexicanas, que son mucho más fuertes que las nuestras”. Esto significa que para Trump, el acuerdo con México vigente desde febrero de recibir diariamente un máximo de 60 inmigrantes que quieren asilo en ese país, debe ampliarse y aumentar la cuota, bajo lo estipulado en la Sección 235 del Acta de Inmigración y Nacionalidad, que les fue comunicado el 20 de diciembre pasado.

La “concesión absoluta” que mencionó Navarro significaría revertir la posición del Gobierno de López Obrador de proteger a quienes quieran iniciar un procedimiento de asilo en Estados Unidos, proporcionándoles visas humanitarias con entrada múltiple a México, y para quien lo solicite, visas de trabajo. Trump considera que los migrantes son introducidos por el crimen organizado, que México no combate, y que han aprovechado un procedimiento legal, conocido como “el miedo creíble”, utilizado como “script” por los sujetos a deportación, donde los jueces frenan el proceso al decir que tienen miedo de morir si los expulsan. Las pretensiones no son aceptables todavía.

La segunda concesión sobre la mesa fue el compromiso de México de reforzar su frontera con Guatemala, reforzada por la tercera exigencia de frenar la corrupción en los puntos fronterizos. Los estadunidenses no entienden por qué no pueden frenar la migración si lo que tienen que sellar es una frontera de sólo 240 kilómetros. “Esos puntos de entrada están diseñados para detener el flujo, pero en lugar de eso está la corrupción, los funcionarios del Gobierno que están haciendo dinero del tráfico de personas”, precisó Navarro.

Los planteamientos generales de la Casa Blanca los expuso McAleenan a Ebrard el domingo. Su afirmación que había 80% de posibilidades de llegar a un arreglo sugerían que habían aceptado “las concesiones absolutas”. Navarro, lo dejó entrever ayer en una entrevista con CNN. “Creemos que los aranceles no van a entrar en vigor, porque ya tenemos la atención de los mexicanos”, dijo. La esperada negociación en la Casa Blanca entró en un impasse, aunque las señales son que aceptarán las condiciones. Están muy arrinconados. Trump adelantó que “México quiere hacer un trato”, pero Ebrard pidió tiempo para entender la dimensión de lo que exige Estados Unidos. Cuestión de tiempo. Difícilmente López Obrador romperá con Trump.
05 Junio 2019 04:01:00
El elefante de Trump
La nueva guerra comercial declarada por Estados Unidos contra México es todo menos comercial. Coyunturalmente está la motivación electoral, que entiende bien el presidente Andrés Manuel López Obrador y su Gobierno, por lo que busca una solución política-diplomática que negocie el miércoles el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, con el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien tiene encima las presiones del sector empresarial estadunidense y los republicanos en el Capitolio, que ven contraproducente nuevos aranceles para consumidores y electores en ese país. Pero aun si eso sucediera, será insuficiente y efímero, porque la estrategia es equivocada y no ataja el problema de fondo.

El presidente Donald Trump lo ha dejado muy claro con gritos, ataques, mentiras, amenazas y actos despóticos en una serie de tuits que escribió viernes, sábado, domingo y lunes, donde volvió a hablar de que México está gobernado por los jefes de los cárteles de las drogas y los coyotes, que “invaden” a Estados Unidos con sus productos y con inmigrantes y criminales. El elefante en la sala es la seguridad, señalado por Trump desde hace al menos dos años, y centrado por su primer secretario de Seguridad Territorial y luego jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, quien hablaba de la seguridad integral regional entre Estados Unidos, México y Centroamérica. Trump se siente agraviado porque ve retrocesos.

Esto no lo ha asimilado por López Obrador, ni se ha percatado de los errores políticos en los que ha incurrido. Uno fundamental es el repudio a la Iniciativa Mérida. El Presidente dijo a principios de mayo que no continuaría con ella y que cambiaría la ayuda policial y militar por cooperación económica. Por ignorancia, desconocimiento o tozudez, ignoró el origen de la iniciativa y la forma como se inyectaron recursos para construir Plataforma México, una potente base de inteligencia criminal –desmantelada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto-, los equipos tácticos para enfrentar al crimen organizado, la capacitación de policías, creación de unidades para compartir inteligencia de calidad, y mejoras en el sistema de procuración de justicia.

Nadie en el equipo del Presidente, parece, ha sido capaz de analizar lo que el repudio de la Iniciativa Mérida significa, y persuadirlo que lo que quiere con ella no sólo es un rasgo que va más allá de la ingenuidad, sino revela su incomprensión a las prioridades de Estados Unidos. No son las mismas que las mexicanas, pero entendiéndolas podría reformular de manera más inteligente las prioridades de su Gobierno. Por ejemplo, la insistencia ingenua que Estados Unidos aporte recursos directos para atacar las causas de la violencia en Centroamérica.

El desarrollo centroamericano es secundario para Washington, como acaba de demostrar al apoyar a Guatemala únicamente en materia de seguridad. La política exterior no se sustenta en la buena fe, como cree López Obrador, ni es ética, ni se inspira en la religiosidad. Escribir un memorando al pueblo estadunidense para pedirles que cuiden la “buena y sagrada” relación con México es fútil. En cambio, anunciar que no combatirá al crimen organizado, ni perseguirá a los jefes de los cárteles, o darles amnistía a los narcotraficantes, porque son víctimas del neoliberalismo, son ofertas que han alarmado a Washington, de donde están viajando regularmente funcionarios, militares y miembros de las agencias de inteligencia a México, para medir la profundidad de esa oferta procriminal de López Obrador. Un eje del discurso de Trump tiene origen en estas temerarias declaraciones del Presidente mexicano.

López Obrador piensa que el problema del narcotráfico es el consumo –cierto–, y que al estar en Estados Unidos el mayor mercado de consumidores, el problema es de Trump, no de él. Sin embargo, las cosas no funcionan tan básicamente. Si Norteamérica tiene las economías más integradas del mundo, el problema de uno también es del vecino. Por lo tanto, México no puede abstraerse del fenómeno del narcotráfico y las externalidades que produce, como lo está haciendo López Obrador.

Lo que necesita es que Estados Unidos se haga corresponsable en estos temas, que cancela cuando repudia la Iniciativa Mérida, donde vuelve el problema solo mexicano, como exhiben los tuits de Trump; si no existe ese mecanismo, tampoco hay una contraparte permanentemente sentada en la mesa, como había sido por años. Se ha perdido la paridad, como muestran los desaires del secretario de Estado, Mike Pompeo, al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, o la lejanía del yerno y responsable de la política con México en la Casa Blanca, Jared Kushner.

No ayuda el las deficiencias del diseño institucional del actual Gobierno. El subsecretario para América del Norte en Relaciones Exteriores, Jesús Seade, solo atiende el tema del acuerdo comercial. No ve seguridad, ni migración, ni otro de las decenas de temas que involucran la relación con Estados Unidos y Canadá. Más aún, no tiene contrapartes dentro del Gobierno mexicano, como anteriores subsecretarios tenían con otras áreas de la Administración. En síntesis, nadie atiende los temas a nivel técnico y operativo.

López Obrador requiere de mayor sofisticación para entender a Trump y a Estados Unidos. A su favor es que no tiene que ser él quien comprenda el discurso y las acciones en Washington, siempre y cuando haya en su equipo quien lea bien los tuits, entienda sus significados, haga sinapsis y traduzca correctamente las cosas al Presidente. Por lo que se ve hasta ahora, no existe tal traductor, o quien lo pueda hacer, no está en el entorno del Presidente. Así no va a solucionar las cosas con Trump y mucho menos persuadirlo. Predicarle al Presidente de Estados Unidos, como hoy lo hace López Obrador, es tan equivocado como pensar que puede caminar sobre el mar.
04 Junio 2019 04:01:00
La dificultad de lidiar con Trump
Por más esfuerzos que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador de quedar bien con el presidente Donald Trump, simplemente no puede. Por más miel que trata de rociar para mejorar su relación con él, la respuesta siempre es hostil y agresiva. En los últimos días, el poderoso jefe de la Casa Blanca decidió romper acuerdos no escritos con el Gobierno de México. En junio de 2016 escogió a México como su principal enemigo al anunciar su candidatura presidencial, y la semana pasada se olvidó de China, Corea del Norte e Irán, para montar en México la plataforma de despegue de su reelección presidencial, que anunciará dentro de dos semanas.

Trump juega con habilidad la realidad alterna y la siembra de imágenes en el electorado estadunidense para crear el nuevo momentum. Primero habló de elevación de aranceles en represalia por no haber hecho lo suficiente para frenar la migración indocumentada a Estados Unidos a través del territorio mexicano, y luego mencionó que van 25 años de mucho hablar de los mexicanos y nada de acción. Ese año marca el inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que explica el porqué en uno de sus últimos tuits, afirma que si no hace México lo que quiere, empresas y trabajos regresarán a Estados Unidos. Migración y comercio vinculados fuertemente, con el “America first”, su lema de campaña y eje de su política, injertados una vez más en el imaginario colectivo estadunidense.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha terminado de entender a Trump para responderle o ignorarlo, pese a que son iguales al manejar ambos con regularidad y desparpajo la realidad alterna para construir consensos de gobierno. Sus respuestas han sido contradictorias y sin estrategia, pese a que tendría argumentos para explicar que lo dicho por el estadunidense es mentira, y que los compromisos entre los dos países, no se han incumplido, como lo asegura. Las cosas realmente no han cambiado desde que llegaron a un acuerdo el 17 de marzo, como publicó esta columna, cuando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tuvo una reunión de emergencia con la entonces secretaria de Seguridad Territorial, Kirjsten Nielsen –solicitada por esta–, en el aeropuerto de Miami.

Las diferencias habían comenzado casi desde que inició el gobierno de López Obrador, cuando se integró un grupo de trabajo para revisar el tema migratorio, encabezado por el coordinador de asesores de Sánchez Cordero, Jorge Alcocer, y el subsecretario de Estrategia, Política y Planeación del Departamento de Seguridad Territorial, James McCament. La primera reunión se llevó a cabo el 19 de enero, donde McCament planteó que México debía recibir a todos los indocumentados deportados en las garitas, porque la política migratoria de puertas abiertas y visas puesta en práctica por la nueva administración, había generado un incremento significativo en la migración centroamericana.

México rechazó la propuesta, y llegaron al acuerdo que recibiría diariamente un máximo de 20 deportados con visas mexicanas, pero únicamente en Tijuana. La solución no fue bien recibida en Washington, y se buscó un encuentro de Sánchez Cordero con Nielsen, que se dio el 28 de febrero. Nielsen le dijo que la migración se encontraba descontrolada y que para marzo estimaban tener más de 100 mil deportaciones. Si no hacían nada, advirtió, Trump cerraría la frontera. Los dos gobiernos reconocen lo atípico de la migración, al haberse registrado en el primer trimestre 300 mil detenciones en territorio estadounidense, que fue casi 100% superior a las capturas en todo 2017. Las secretarias acordaron que México ampliaría la recepción de migrantes: 20 diarios serían recibidos además, en Mexicali y Ciudad Juárez. Sánchez Cordero ofreció que si se cumplía la cuota establecida, se irían incrementando de 10 en 10, hasta alcanzar un total de 9 mil deportados con visas humanitarias mexicanas por mes.

López Obrador aceptó los términos del acuerdo, que incluía que se incrementaran las deportaciones en la frontera sur mexicana, y parecía que Trump también lo haría. Nueve mil personas por mes, o 108 mil por año, era una cifra sin precedente que otorgaba el Gobierno mexicano, incorporadas a la Ley 235, como se maneja técnica y legalmente lo que coloquialmente se conoce como “tercer país seguro”. El arranque en México con deportaciones, fue impresionante, 13 mil en las tres primeras semanas, en mayo fueron 15 mil 654. En total, durante el primer cuatrimestre se triplicó el número de deportaciones con respecto a 2018. En Estados Unidos, Trump no aguantó más la frustración y despidió a Nielsen. Hasta ahora, no han cumplido los estadunidenses con la cuota aceptada en Miami.

Paralelamente, el presidente López Obrador mantuvo la promesa hecha a Jared Kushner, yerno de Trump y el responsable de la relación con México, durante la cena que tuvieron en la Ciudad de México, de que contendrían la migración centroamericana. Si los acuerdos fueron cumplidos, entonces ¿qué es lo que sucedió con Trump? Funcionarios mexicanos insisten en colocar el diferendo en el marco políticoelectoral, pero quizás no están leyendo correctamente ni a Trump, ni al Gobierno de Estados Unidos. López Obrador respondió al amago comercial con una respuesta política-política, pero todos han soslayado analizar porqué el Presidente Estadunidense se volvió a referir el sábado al tema del narcotráfico y los cárteles de la droga. Ahí está la clave.

Para Trump, el problema de la migración es un tema de seguridad, y los aranceles son una presión comercial para alcanzar un entendimiento en la materia. ¿Qué es lo que no están entendiendo el Presidente mexicano y sus asesores? El fondo del enojo, que se abordará en la próxima columna.
03 Junio 2019 04:01:00
Ante Trump, ¿de rodillas?
En 72 horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio muestras de un manejo de crisis totalmente inapropiado ante la amenaza del presidente Donald Trump de imponer 5% de aranceles, que irían escalando en represalia por las insuficientes acciones para frenar a la migración centroamericana. El Presidente fue de una posición enérgica a una serie de equivocaciones tácticas, falta de estrategia, situaciones embarazosas para su secretario de Relaciones Exteriores, y afirmaciones donde mostró un giro de su actitud soberana, para caminar hacia la capitulación. Después de esos tres días erráticos y confusión política, el Presidente continuó enredándose en declaraciones y Trump escalando el costo político para el Gobierno mexicano. El resultado de las pláticas esta semana en Washington no pinta bien para el gobierno lopezobradorista.

La amenaza de Trump llegó prácticamente de la nada, pero en medio de la guerra fría comercial con China, que se había venido escalando ante la imposibilidad de que ninguna de las dos superpotencias pudiera ceder, y sobre todo, en el contexto de la renuncia del fiscal Robert Muller, quien al despedirse como la cabeza de la investigación sobre la intervención rusa en las elecciones presidenciales de 2016, dijo que no exoneraba al Presidente de un crimen, lo que reavivó la discusión sobre un eventual juicio político para destituirlo. Trump, que ha resultado muy hábil en el manejo de la comunicación a través de un recurso de la política exterior donde fuerza la interacción con un tercero y lo lleva al punto de la confrontación para obtener una negociación ventajosa (brinkmanship, se le conoce en inglés), anunció la elevación de aranceles contra México.

La amenaza tuvo el efecto esperado. Ese día, los noticieros de televisión nacionales y las cadenas de cable en Estados Unidos, la colocaron como su principal información. Al día siguiente, los tres periódicos más importantes de ese país encabezaron sus titulares con ella. Los mercados mundiales sufrieron las turbulencias y el peso se fue hasta casi 20 unidades por dólar. El brinkmanship se caracteriza porque al tomar decisiones de alto riesgo, puede concluir en desastre. Trump fue cuestionado en Estados Unidos porque la elevación de aranceles perjudicaría más a ese país que a México, transfiriendo los costos a los consumidores, pero no le importó. En México, López Obrador jugó el jueves en el mismo terreno, aunque después reculó.

En su primera respuesta enérgica y clara ante las amenazas de Trump, fue tan arriesgado como el Twitter del jefe de la Casa Blanca. En una carta que hizo pública antes de que se entregara al Gobierno de Estados Unidos, dijo que su llamado a acción de “America First” (“Estados Unidos Primero”), era una falacia, con lo cual golpeaba al eje de la política e ideología del estadunidense, y planteaba el diferendo comercial como una situación de guerra. Si Trump elevó el tono, López Obrador lo subía aún más. En cuestión de horas, por lo que sucedió después, se puede argumentar que la carta, escrita por el propio Presidente según sus colaboradores, fue un arrebato sin pensar dos veces lo que escribía, al mostrarse en las acciones una clara ausencia de estrategia y falta de análisis sobre las consecuencias.

El primer dato que refuerza esta proposición es que despachó al secretario Marcelo Ebrard a Washington para que fuera “atendido” por representantes del Gobierno de Estados Unidos. Ebrard obedeció la instrucción, lo que es correcto, pero no le dijo al Presidente, aparentemente porque tampoco sabía, algo muy importante: su contraparte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, no estaba en Washington. La ausencia de Pompeo no era un secreto. El miércoles 29 de mayo el Departamento de Estado dio a conocer la agenda de viajes del secretario, donde se anunció que visitaría Alemania, Suiza y Holanda del jueves de la semana pasada al próximo miércoles. López Obrador y Ebrard mostraron estar desinformados, o el Presidente quiso actuar con tal rapidez, que ni siquiera esperó un memorando de la embajadora en Washington, Martha Bárcena, para tomar una decisión informada.

No se sabe si Trump leyó la carta o no, o si Pompeo lo hizo. Pero el viernes, Trump insistió que México “haga finalmente lo que debe” en materia de migración. Ebrard llegó a Washington pero nadie le abrió la puerta hasta el miércoles. La justificación fue que prepararía la estrategia de la conversación con Pompeo, que pomposamente llamó “cumbre”. Para el sábado, la firme posición de López Obrador se había desdibujado con la cadena de errores en la comedia en que se convirtió su política exterior. Pero el Presidente, como suele hacerlo todos los días, nos volvió a sorprender.

En una conferencia de prensa en Veracruz, a una pregunta del corresponsal de Proceso sobre qué propuesta llevaba Ebrard, respondió: “Lo primero, lo más importante es informar sobre lo que ya estamos haciendo en materia migratoria, y si se quiere reforzar estas medidas sin violar derechos humanos, estaríamos dispuestos a llegar a ese acuerdo”. Esto es exactamente lo que está pidiendo Trump. Que hagan más de lo que ya han hecho. López Obrador dijo que no va a entrar en una guerra comercial y tampoco se vio muy dispuesto a recurrir a los paneles internacionales de resolución de disputas. O sea, ni responderá elevando aranceles, ni acudirá a los tribunales internacionales. Así lo hicieron los gobiernos mexicanos que desprecia. Así lo hacen todos los países en el mundo. Él, no.

Al final, regresamos a lo mismo. Que no se enoje más Trump –este domingo respondió: “queremos acción, no hablar”–, y López Obrador le dará lo que pide. ¿La carta del jueves? claro, para consumo doméstico.
31 Mayo 2019 04:01:00
¿El Pemexgate de Lozoya?
Por nota. Así ha jugado Emilio Lozoya de la mano de su defensor Javier Coello Trejo un largo proceso judicial, litigado en medios, sobre presuntos actos de corrupción. No sorprendió que antes que la Fiscalía General pudiera detenerlo, se amparara y se suspendiera, por ahora, cualquier posibilidad de captura. Para Coello Trejo debió haber sido como un juego de niños. Si Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, anunció que sus cuentas serían congeladas, junto con las de familiares, empresas y el dueño de una empresa a la cual compró una planta fertilizadora cuando era director de Pemex, ¿no es como si el Gobierno se pusiera una etiqueta en la frente que dijera: “voy por ti; te vas a ir a la cárcel?”.

Lozoya ha recibido consejo legal de mantener un bajo perfil. Tapadito, le ha sugerido su defensa, lo que no significa pasivo ni paralizado. Desde que comenzaron sus tribulaciones legales hace más de dos años, ha ido cubriendo sus espaldas con amagos a quienes fueron sus jefes y con quienes trabajó en la campaña presidencial de 2012.

Su abogado Javier Coello Trejo dice que si va a juicio, quizás pediría la comparecencia del expresidente Enrique Peña Nieto, y de los exsecretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, para que expliquen su papel en las decisiones de Pemex, porque como afirma la defensa, nada importante se movía en la empresa sin autorización presidencial, y los exsecretarios eran miembros del Consejo de Administración.

El exdirector de Pemex ha sido el primero del entorno cercano peñista en ser llamado a cuentas por el Gobierno del presidente Andrés López Obrador. También es el único hasta este momento, al que la Fiscalía brasileña acusa de haber tomado cuando menos 10 millones de dólares de sobornos de Odebrecht, para la campaña presidencial de Peña Nieto. Lozoya lo ha negado y lo más que han llegado las autoridades en la Función Pública es sancionar a la empresa, inhabilitarla para obtener contratos, y proceder contra funcionarios menores.

Los dos casos corren de manera independiente, pero los une Lozoya. La nueva acusación de corrupción contra él, está indirectamente relacionada con Odebrecht, porque el presunto pago que recibió en 2012, aparentemente conectado a una compra de una plata de fertilizantes que no funcionaba, a sobreprecio y tres años después, se trianguló a través de una institución financiera que fue utilizada para transferencias ilegales del conglomerado brasileño. Ese pequeño vínculo puede convertirse en el tribunal en una inmensa puerta a lo desconocido.

Si Peña Nieto, Videgaray y Joaquín Coldwell, rinden testimonio para aclarar cómo se tomaban las decisiones estratégicas en Pemex, ese vínculo con Odebrecht permitirá entrar un tema donde es incierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiera avanzar. Si les preguntan sobre privilegios de Odebrecht a cambio de dinero para la campaña, ¿llegará hasta el fondo el Gobierno si hacerlo signifique que Lozoya hable todo lo que sabe?

Quien escucha hoy al abogado Coello Trejo o conversó con Lozoya sobre estos temas, tuvo que haberse quedado con la impresión que el exdirector de Pemex guarda en su baúl muchos secretos que pueden llevar a que funcionarios del anterior Gobierno, empresas y quizás hasta personeros de la Cuarta Transformación, puedan ser colocados en una situación incómoda, por decir lo menos, o devastadora, no sólo para ellos, sino para un ecosistema político tan cruzado por la sospecha y la ilegalidad.

La acusación de los exejecutivos de Odebrecht contra Lozoya es muy sólida, y el exdirector de Pemex, responsable de relaciones internacionales de la campaña peñista cuando presuntamente recibió los pagos de los brasileños, sostiene en la actualidad que él no se quedó con nada del dinero al que se refieren en la fiscalía suramericana. Los nombres que mencionó el abogado Coello Trejo tienen vinculaciones con el caso de la planta fertilizadora y Odebrecht. Peña era candidato, Videgaray era el coordinador de la campaña, y Joaquín Coldwell era presidente del PRI. Los tres estaban en el cuarto de guerra de la campaña y tenían los detalles de cómo se inyectaban y distribuían los recursos durante la contienda, mayoritariamente, como acostumbran todos los partidos, en efectivo. 

En la campaña, la relación de Lozoya con Videgaray era estupenda, pero se deterioró en el Gobierno porque el exdirector de Pemex lo comenzó a ignorar y a relacionarse directamente con Peña Nieto, cuando aceptó usar recursos de la empresa para cubrir gastos de la familia presidencial. Dos veces le pidió Videgaray al presidente que lo cesara por su pésima gestión en Pemex, y la segunda vez Peña Nieto le respondió que no le volviera a tratar el asunto. ¿Qué tanto tiene Lozoya sobre el expresidente?

Una línea de investigación permitiría establecer si recursos presuntamente adquiridos por corrupción, fueron para él o, como era una intención al arrancar el anterior sexenio, para crear un fondo secreto para campañas electorales. Se trataría de dinero político, y una reedición, 20 años después, del famoso Pemexgate, donde otro director de Pemex, Rogelio Montemayor, se fue a la cárcel por desviar recursos para la campaña presidencial del PRI en 2000.

Mucho de esto debe haber, al nunca haber querido el gobierno de Peña Nieto llevar los responsables de la corrupción de Odebrecht, ante la justicia. Esto mostraría qué tanto está comprometido el presidente López Obrador, con limpiar la casa de corrupción, o si el pacto de impunidad pactado a través de canales secretos dos meses antes de la elección presidencial, se sostiene.
30 Mayo 2019 04:06:00
Lozoya, lo que viene
Cuando Emilio Lozoya Thalman presentó su declaración patrimonial al llegar al Gabinete del presidente Carlos Salinas como secretario de Energía, la sorpresa de quienes la revisaron fue lo rico que era. Su fortuna era superior a mil millones de pesos, producto de su actividad empresarial y de inversiones, con lo que tenía asegurado el futuro de su familia por generaciones. Ese antecedente, junto con una carrera en el servicio público intachable, era lo que durante todos estos años hicieron dudar a muchos sobre la integridad de su hijo, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, hoy en el peor momento de su vida, al tener que enfrentar a la justicia y responder las acusaciones de corrupción sobre él y su familia. ¿Qué necesidad tenía? Por herencia y por su esposa, su fortuna le hacía innecesaria una acción de esa naturaleza. Y sin embargo, las autoridades afirman tener evidencias de ilegalidades en su proceder.

La investigación que lo ha puesto frente a la justicia, es por la compra de una empresa de fertilizantes a Altos Hornos de México a un sobreprecio. De acuerdo con la investigación, 10 días antes de que Enrique Peña Nieto asumiera la presidencia, Alonso Ancira, dueño de esa empresa, hizo un depósito por 2.9 millones de dólares a una cuenta en Europa de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, quien a su vez transfirió esa misma cantidad a una cuenta de su hermano en México quien, entonces, compró una casa en Las Lomas de Chapultepec –que fue cateada el martes– por esa misma cantidad. Lo que dicen las autoridades es que ese monto exacto fue apareciendo y desapareciendo en ese recorrido hasta que terminó en la propiedad, por lo cual los propietarios originales están siendo investigados.

Las autoridades establecen la corrupción por la forma como se hizo la compra de la empresa de fertilizantes con un sobreprecio, que establece el presunto delito de cohecho, y como no se registró fiscalmente, se le añadió el presunto delito de evasión fiscal, producto de los movimientos financieros para ocultar el dinero, por lo que le sumaron el presunto delito de lavado de dinero. En cuanto a los manejos financieros, las autoridades van sobre Lozoya, su hermana y Ancira, sobre quienes presumen también triangulaciones similares posteriores a 2012. La investigación toca de manera directa a un cercano colaborador de Lozoya, Édgar Torres Garrido, a quien nombró director de Pemex Fertilizantes, y quien fue el responsable de operar toda la compra.

El caso de la presunta corrupción en la compra no está vinculado al de Odebrecht, aunque las autoridades dijeron que el pago de Ancira se hizo a una empresa filial del conglomerado brasileño, que a su vez hizo el depósito en una firma suiza donde son socios los hermanos Lozoya. Las investigaciones sobre la corrupción de los brasileños en México está prácticamente terminada, y será un pliego de consignación independiente del caso de la fertilizadora. Lozoya entonces, como se adelantó en la columna de ayer, apenas comienza su batalla judicial.

De acuerdo con la investigación donde lo vinculan con Ancira, su problema sería básicamente de corrupción. La relación entre los dos llegó a niveles donde el conflicto de interés fue evidente. Mario Maldonado, el muy bien informado columnista de negocios, recordó ayer en El Universal que en una difícil conversación que tuvo con Lozoya en marzo de 2017, le admitió haber incurrido en un conflicto de interés por haber volado 54 veces en el helicóptero de Pemex en 2015, a la torre donde se encuentra la oficina de Ancira y la sede de AHMSA. A Maldonado le sorprendió el reconocimiento de Lozoya, quien “no parecía preocuparse por sus dichos”, porque como le dijo en aquel momento, su “profunda amistad” con el presidente Enrique Peña Nieto.

Esa amistad, que lo protegió de la embestida del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que pedía su destitución por su mala gestión en Pemex, o su aislamiento dentro del Gabinete, lo debió haber nublado. Tampoco se cuidó de un conflicto de interés cuando le compró a Gabriel Karam, socio del Grupo Hidrosina, que tiene una de las cadenas de gasolineras más grandes del país, un departamento en la lujosa calle Rubén Darío en Polanco por 28 millones de pesos, donde viven sus padres y que fue una de las propiedades que cateó la Policía Ministerial el martes pasado.

Los casos de AHMSA y Odebrecht podrían no ser los únicos en el expediente ampliado de Lozoya que lleguen a ventilarse. Desde finales del Gobierno de Peña Nieto se investigaba a su excoordinador ejecutivo, Froylán Gracia, ante las denuncias de que cobraba sumas millonarias por citas con su jefe, como reveló esta columna en octubre de 2015. Otro de sus cercanos, Arturo Henríquez Autrey, a quien hizo director de Procura y Abastecimiento, y que también estuvo en la compra de la fertilizadora, pedía regularmente a empresarios 4 millones de pesos que, decía, eran para Lozoya. Siempre lo negó el exdirector de Pemex, quien decía que las acusaciones era porque se habían lastimado muchos intereses.

En un reporte a sus socios, la consultora Eurasia consideró que acusar a Lozoya era relativamente fácil por el cúmulo de información pública sobre él, pero observó que las investigaciones “están motivadas mayoritariamente por consideraciones políticas y es improbable que se amplíen, porque López Obrador probablemente no quiere crear una crisis lanzando investigaciones más grandes”. Es una conjetura quizás aventurada, que supone el interés político del Presidente por no voltear al pasado y destapar la Caja de Pandora. Sin embargo, inició un proceso difícil de detener. El pueblo quiere sangre y Lozoya parece estar decidido a dársela, si con ello sobrevive.
29 Mayo 2019 04:01:00
Lozoya, el principio
Tiempo atrás, cuando Emilio Lozoya era el hombre todopoderoso en Pemex, descalificaba a quien criticaba la compra a Altos Hornos de México de una planta de fertilizantes. “Fue un gran negocio”, afirmaba Lozoya como defensa de una operación que siempre se dijo había sido una compra de chatarra. La realidad demostró algo muy diferente a sus dichos. Las autoridades federales cuadraron un esquema de presunta corrupción de Lozoya Lozoya y Carlos Ancira, propietario de AHMSA, triangulado a través de cuentas bancarias en Europa.

Los dos tienen órdenes de aprehensión para que enfrenten a la justicia mexicana, pero no serán los únicos en caer dentro de la investigación en curso. En el camino viene otra más, en contra de la hermana de Lozoya, directamente involucrada en la triangulación.

Este es el principio de un largo camino que tiene por delante Lozoya frente a la justicia mexicana, sin ninguna red de protección. Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pese a su estrepitosa caída del poder, mantuvo un silencio cómplice pero amenazante. Si actuaban penalmente en su contra, dejaba entrever, hablaría. ¿Qué tanto podría guardarse el exdirector de Pemex? Por ejemplo, cómo la exprimera dama Angélica Rivera había sido la principal beneficiaria de los aviones ejecutivos que había adquirido Pemex con dinero de la Secretaría de la Defensa, que utilizaba para fines personales. O, como hay otra investigación en curso, qué tanto dinero de Odebrecht efectivamente, como asegura la Fiscalía brasileña, terminó en la campaña presidencial de Peña Nieto.

Lozoya inició desde el principio de su administración en Pemex la compra de empresas fertilizantes, por las que pagó 3 mil 575 millones de pesos por Agro Nitrogenados a AHMSA, que tenía el 53% de las acciones, propiedad de Ancira y de Fabio Covarrubias, de Fertinal. Dos años después, de acuerdo con una investigación de Eje Central publicada el año pasado, el Consejo de Administración de Pemex aprobó la adquisición del Grupo Fertinal y sus subsidiarias, con una inversión de 635 millones de dólares. Más adelante, Lozoya pidió que le autorizaran otros 425 millones de dólares para liquidar adeudos, dejando endrogado a Pemex durante 16 años por una planta que nunca sirvió.

La operación fue gestionada por Édgar Torres Garrido, su compañero en el ITAM en la carrera de Economía y en la maestría en Desarrollo Internacional en Harvard, a quien nombró en 2015 director de Pemex Fertilizantes. Torres Garrido fue el primero en caer ante la justicia, y la semana pasada los inhabilitaron para ejercer cargos públicos. Pero la investigación que llevó a girar las órdenes de aprehensión encontró detalles de cómo se dio esa compra.

De acuerdo con parte de la investigación, Lozoya pidió un avalúo sobre la planta de Agronitrogenados, que estaba sin operar realmente, y le dijeron que costaba 30 millones de dólares. Entonces, dice la investigación, pidió un avalúo de la planta “en marcha”, como si estuviera funcionando a toda su capacidad, de donde salió el valor de 203 millones de pesos, más la deuda que tenía con bancos, dio la suma de los 635 millones de dólares. Todo esto pasó por el Consejo de Administración, que aprobó la operación. Las autoridades tienen las minutas de esas reuniones, pero no han trascendido los detalles de las mismas. Lo que sí se sabe es que Lozoya regresó al Consejo para pedirles los recursos para pagar los adeudos, y se los autorizó.

Se desconoce si hubo irregularidades dentro del Consejo de Administración, y cómo presentó Lozoya la compra. Las autoridades federales encontraron sus razones, y presumen arreglos ilícitos entre el exdirector de Pemex y Ancira, previamente a que iniciara el gobierno de Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012. Las autoridades han encontrado triangulaciones financieras en donde aparecen de manera importante la hermana de Lozoya, así también se están investigando tres empresas, una de ellas con cuartel general en Alemania, de donde es originaria la esposa del exdirector de Pemex.

Por el momento sólo existen órdenes de aprehensión en contra de Lozoya y Ancira, obsequiadas desde el domingo pasado y que trascendieron ayer. De cualquier forma, las autoridades seguían la pista a los dos desde que la semana pasada la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda les congeló sus cuentas a ellos, a la hermana de Lozoya y las de las empresas. La Fiscalía General comenzó a vigilar a Ancira, a quien vieron tomar un avión rumbo a Madrid, por lo que pidió la ayuda de Interpol. De esta forma, la Policía española lo detuvo en Mallorca, en las Islas Baleares. Lozoya, según las autoridades, sigue en México.

Este no es el fin del camino para Lozoya, sino el principio. El tema de Agro Nitrogenados era, a decir de las autoridades, el más sencillo de completar. El siguiente, que está en la fase final de la conclusión, por lo que es posible que se gire otra orden de aprehensión es por Odebrecht, por presuntamente beneficiarlo en sus negocios a cambio de millones de dólares, como afirma la Fiscalía brasileña. Hay otras investigaciones que se están armando sobre sus principales colaboradores en Pemex, buscando pruebas que demuestren en un tribunal que cobraban 5 millones de pesos a empresarios para que trabajaran sin contratiempos.

Lozoya siempre ha dicho ser inocente, y por su pasado pudiente y su presente opulento, siempre existió la duda de por qué participaría en esquemas de corrupción cuando dinero no necesitaba. Pero eso es retórico. Las autoridades federales dicen tener bien documentado el caso, que será largo y difícil, antes de que logren llevar a Lozoya de manera permanente a la cárcel.
28 Mayo 2019 04:01:00
¿Quién gobierna, Presidente?
El fin de semana sucedieron eventos en Michoacán de suma gravedad. En La Huacana sometieron a una docena de soldados y los vejaron, para exigir que les devolvieran armas incautadas. En Zamora, decenas de camionetas que llevaban en sus costados las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación, asolaron la ciudad y mataron policías, en un desfile de poder y desafío al Estado mexicano. Lo hicieron porque quisieron y porque pudieron. Si usted se pregunta en dónde estaba el presidente, que tendría que haber actuado, la respuesta es: gritando que todos los males son culpa de la corrupción, dando clases extraordinariamente fallidas de historia, y comiendo barbacoa.

Esto es inadmisible. Su indiferencia revela irresponsabilidad. Las Fuerzas Armadas son la última frontera de la seguridad nacional, y no se puede permitir que sean humilladas de la forma como lo fueron en La Huacana. Su sometimiento es una subordinación del Estado mexicano ante criminales, y la claudicación de su papel garante de la seguridad de todos. El abandono del Gobierno del Ejército y el acotamiento que se hace a su labor debilita a esa institución, al país, y deja a la intemperie a una sociedad que está padeciendo los niveles de inseguridad y violencia más altos desde que se tiene registro. El vacío gubernamental lo llenan los cárteles de las drogas y las pandillas.

Zamora es el ejemplo. En la madrugada del domingo, alrededor de 30 camionetas presumiblemente del CJNG, entraron en esa importante ciudad para sembrar terror y atacar objetivos precisos de funcionarios del Ayuntamiento y el hospital regional. Dispararon contra policías municipales e incendiaron vehículos, durante el tiempo en que fueron los dueños de todo. Zamora tiene 400 policías municipales, divididos en tres turnos, por lo que a la llegada del convoy probablemente estaban trabajando máximo unos 133 elementos. Si resultaron cuatro policías muertos y siete lesionados, significa, de acuerdo con este cálculo empírico, que casi el 10% de la fuerza policial municipal fue víctima de los criminales, que debieron haber sumado cuando menos unos 200 atacantes.

No necesariamente los agresores pertenecen al mismo grupo. En Zamora sí opera el CJNG, legado del cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, que hasta 2008 eran los responsables del tráfico de metanfetaminas en toda esa región del cártel del Pacífico. La Huacana se encuentra en Tierra Caliente, en la zona de Apatzingán, donde pelean por el control de esa zona el CJNG, Los Caballeros Templarios y la banda de Los Viagras, un grupo de ocho hermanos que fueron sus aliados y ahora luchan por el control del tráfico de drogas sintéticas. La captura de los militares de la Quinta Compañía de Infantería No Encuadrada, fue para exigirles que les devolvieran las armas que habían incautado durante un operativo, entre ellas una Barrett, que es una arma reglamentaria de las fuerzas especiales de varios ejércitos del mundo.

Era casi pedirles que les regresaran sus arma para que los mataran. La descripción no está alejada de la realidad. El presidente López Obrador ha hecho diversas propuestas, dentro de su idea de estrategia de seguridad pública, como atacar las causas socioeconómicas –solución de largo plazo-, porque no hay mexicanos malos sino que en realidad son buenos y necesitan ser encauzados –principio moral equívoco–, con el planteamiento de fondo de dar abrazos en lugar de tirar balazos –utopía política–. Su plan de mediano y largo plazo es que no combatirá a los cárteles de las drogas ni a las bandas –salvo que se le crucen, como sucedió en La Huacana–, y en su plan nacional piensa concederles amnistía para que se reintegren a la sociedad, como parte de la reconciliación.

Todos los días, en una buena parte del país, los cárteles y las bandas criminales, se ríen de él en la práctica. Mientras no los toca ni en el discurso, avanzan territorialmente y arrebatan espacios a las instituciones. La falta de reflejos del Presidente en el tema de la seguridad, o su silencio porque no tiene respuestas concretas que dar, crean estos vacíos en donde los grupos criminales se mueven sin alteración ni preocupación de que el Gobierno federal salga a enfrentarlos. Los adversarios de los criminales son los criminales, no las fuerzas federales que, por omisión y comisión, se han vuelto involuntarios cómplices de la violencia.

Este lunes fue el mejor ejemplo de esta proposición. Durante la conferencia de prensa matinal en Palacio Nacional, le preguntaron que si ante los eventos en Michoacán adelantaría la llegada de la Guardia Nacional a ese estado. López Obrador divagó. Sin tener conexión absoluta con el tema en referencia, reiteró lo que ha estado diciendo en los últimos días sobre el abasto de las medicinas y lo que estaba haciendo su Gobierno. Al final, ambiguamente, dijo que se estaba trabajando en ello. ¿En qué? Quién sabe qué pasaba en ese momento por la cabeza del Presidente.

Así, ni se puede, ni se debe. La tolerancia presidencial para que cualquier grupo pueda enfrentar y humillar a las Fuerzas Armadas debilita al Ejército y lo debilita a él como jefe del Ejecutivo y comandante en jefe castrense. ¿Con qué autoridad puede hablarle a los militares cuando permite que los humillen? López Obrador ha entregado la seguridad pública a las Fuerzas Armadas, pero este tipo de laxitud e indiferencia política muestran que en el fondo, no hay el respaldo que afirma tener para con ellas. El doble discurso presidencial beneficia a criminales, no respalda a las Fuerzas Armadas. El vacío que deja con ello hace dudar de quién realmente manda en el país, si el Presidente constitucional o los cárteles de la droga.
27 Mayo 2019 04:00:00
Los desgastes del Presidente
Renunciar al cargo de secretario de Estado como sacrificio por haber incurrido en un acto de influyentismo, no es algo normal. No quiere decir que el abuso del poder deba ser tolerado en cualquier grado, sino por lo inédito de la radical consecuencia de su acto vis-a-vis los precedentes que establece. Que no se entienda mal. Si Josefa González Blanco Ortiz Mena, en un acto de contrición presentó su renuncia al ser descubierta y el presidente Andrés Manuel López Obrador la aceptó, ¿cuál es el siguiente paso? Si el presidente Andrés Manuel López Obrador, que realiza todos sus viajes aéreos en líneas comerciales, se retrasa y el avión lo espera, ¿también renunciará?

La respuesta política a esta proposición es que López Obrador preferirá perder el vuelo que retrasarlo. Pero, la línea aérea, ¿lo dejará en tierra? De sí, las líneas aéreas están incurriendo en una ilegalidad al permitir que se siente en la fila de salida de emergencia, que por su edad, se le debería de impedir. Las empresas tienen problemas logísticos con la decisión del Presidente, que regularmente reciben la petición de hacerle espacio a él y a su equipo de seguridad, con poco tiempo de aviso, por lo que si el avión va lleno, algunos pasajeros resultan perjudicados. ¿Eso no es abuso de poder? Cierto, no es lo mismo el Presidente que una secretaria, pero ¿no en el fondo es lo mismo? Si se llega a dar una situación similar, pensar que el Presidente renunciaría es una tontería, pero las críticas y demandas de sus adversarios y malquerientes caerían sobre él.

Este es el caso hipotético que plantea la renuncia de González Blanco Ortiz Mena a la Secretaría del Medio Ambiente. El castigo, si el Presidente lo considerara así, podría haber sido su destitución sin detallar esa razón, que habría sido implícita, pero no habría puesto una trampa en la que puede caer el Presidente en el futuro. La exsecretaria, desde un principio cuestionada por los ambientalistas, llevaba semanas frustrada por la indiferencia a su trabajo por parte de López Obrador, y el nulo respaldo presupuestal. La renuncia estaba en su cabeza, como también su cese estaba en la cabeza del Presidente, quien ha estado revisando ajustes en su Gabinete. Su salida, como la de varios miembros del equipo de Gobierno, era un asunto de tiempo, ante lo que se prevé como el primer gran cambio de Gabinete, a escasos seis meses de haber iniciado la Administración.

Un reacomodo de esa naturaleza junto con renuncias no programadas, como Germán Martínez en el ISSSTE, parecería que el Gobierno está haciendo agua, lo que no sería una interpretación adecuada. La comparación mecánica con anteriores gobiernos no se aplica porque la velocidad e intensidad con la que inició López Obrador no tiene precedente, como tampoco la forma hiper personalizada del ejercicio del poder que obliga a su Gabinete a trabajar a marchas forzadas, muchas veces improvisando y otras más ajustando su funcionamiento y acciones, o ahogándose presupuestalmente para poder dotar de recursos a los programas prioritarios del Presidente, que son lo único que importa, con la única excepción de mantener los fundamentos macroeconómicos y fortalecer a Pemex para que no bajen su calificación de deuda. Esto lleva a un desgaste importante, que se está notando.

La primera encuesta semestral de aprobación presidencial, acaba de ser difundida por De las Heras Demotecnia, que realizó una encuesta telefónica a mil personas, en donde López Obrador tiene 70% de aprobación entre los mexicanos. Aunque es un porcentaje más que robusto, perdió 10 puntos porcentuales en tres meses, donde tenía 80% de aprobación. La desaprobación subió en el mismo periodo de 14% a 21%. El desgaste de López Obrador, sin bien importante, tampoco es insólito. De acuerdo con los expertos en opinión pública, las mediciones de acuerdo y desacuerdo de los presidentes mexicanos empiezan a mostrar una caída en la primavera, que es cuando se agota la expectativa del cambio que se da al iniciar una nueva administración. Los números de López Obrador, como dato adicional, son similares a los que tuvo Vicente Fox en el mismo periodo.

Los datos de De las Heras Demotecnia muestran también que el ejercicio de propaganda diaria que realiza López Obrador todas las mañanas desde Palacio Nacional le ha permitido seguir manteniendo muy altas las expectativas, pese al desgaste sufrido, y su voz ha sido tan fuerte que opaca los datos duros y las estadísticas. Por ejemplo, el 61% respondió que la seguridad pública está mejor que hace un año (lo que es falso). El 66% dice que la economía se encuentra mejor que como estaba en el primer semestre de 2018, aunque todos los indicadores indican lo contrario.

En capítulos específicos, el 47% dice que ha mejorado el empleo, y sólo 26% dice que ha empeorado, pese a que las tasas de desocupación reportadas por el Inegi registran un incremento. El 56% considera que ha mejorado el combate a la corrupción, aunque hasta este momento no hay resultados concretos en esa materia ni se han iniciado procesos en contra de funcionarios de anteriores gobiernos. Para el 47% la educación ha mejorado, aunque no hay bases para analizar si ha mejorado o empeorado, y el 64% considera que la libertad de expresión ha mejorado, que es un punto donde hay un creciente consenso interno e internacional de que es todo lo contrario.

La propaganda, a decir de los resultados de esta encuesta, le ha funcionado perfectamente, pero no bastará. Para que siga siendo eficiente, tiene que dar resultados. Esa primera prueba se está acercando.
24 Mayo 2019 04:00:00
La austeridad republicana
La mejor defensa es el ataque, como apunta el proverbio inspirado en las estrategias militares de Sun Tzu. Y eso hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa del jueves, cuando acusó a la prensa de pertenecer al hampa –y sugerir que la crítica es una acción delictiva–, por recoger la crisis del sector salud bajo el enfoque de la austeridad. El Presidente atacó al mensajero para defender su política de austeridad, en donde amarra los fundamentos de su narrativa moral. La austeridad la plantea como antítesis de la corrupción, aunque no es lo mismo. Se puede ser austero y corrupto, a la vez y al revés.

La austeridad promovida dogmáticamente por López Obrador ha dado resultados varios. Ha contribuido de manera muy positiva a elevar el costo del dispendio y los abusos, pero también, al seguir ideológicamente el Gobierno sus postulados, a paralizar áreas productivas y afectar la eficiencia gubernamental.

Su pensamiento binario es consistente con su díada austeridad y corrupción. Pero ya hubo quien argumentó sólidamente contra la moral que impulsa la austeridad, que atenta contra el crecimiento. No sólo desarrolló una línea de pensamiento crítica, sino detalló las consecuencias desfavorables de su imposición. Esa persona no era un neoliberal, como descalifica López Obrador a todo aquél que difiera de sus creencias, sino alguien en quien suele inspirarse, John Maynard Keynes, quien renunció a su papel como representante del Tesoro británico durante la Conferencia de Paz en París, por los términos que se estaban imponiendo sobre Alemania, finalmente concretados en el Tratado de Versalles, al término de la Primera Guerra Mundial. El recuerdo de Keynes fue abordado en el contexto de una conversación global sobre la austeridad impuesta como solución de desarrollo y crecimiento, por el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, que también está lejos de las categorías neoliberales de López Obrador, en un discurso en el Festival Charleston en Firle, en el Reino Unido, el 23 de mayo pasado, que la revista New Statesman publicó en una versión editada en su último número. Sen recordó que los pagos impuestos a Alemania fueron liquidados en 2010, 81 años después de firmado el Tratado de Versalles, y provocar el colapso de la República de Weimer, y el nacimiento y surgimiento de Adolfo Hitler y del nazismo.

Sen describió las consecuencias que generó la equivocada lectura de las tesis de Keynes en su libro Las Consecuencias Económicas de la Paz, que han llevado a la aplicación de políticas que él mismo criticó. En Grecia, acota Sen, “la gran retórica sobre la necesidad de imponer la austeridad para remover lo moral y económicamente impropio” en ese país, congeló el crecimiento y mantiene la crisis que se vive desde hace una década. “Aquellas consecuencias desfavorables que temía Keynes, venían de la severa y a su juicio irrazonable imposición de la austeridad, son relevanters hoy, con una geografía alterada del disciplinario moral, y el errante que debe ser disciplinado”, agregó Sen.

La crítica de Keynes al Tratado de Versalles hablaba de que “enfrentaban una Europa ineficiente, desempleada y desorganizada”, que estaba “desgarrada por el conflicto interno y el odio internacional, peleándose, hambrienta, depredadora y mentirosa”. Sen dice que esos problemas son visibles actualmente en Europa, y sugiere que países como Brasil, China, Corea, México y Singapur, podrían aprender de sus lecciones históricas. No se mete en la peculiaridad de los detalles de cada una de esas naciones, donde más allá del rumbo que están tomando, salvo México, todas cohabitan y desarrollan estrategias en el mundo global.

Un punto de inflexión fue la crisis global de 2008-2009, resultado del fracaso de las instituciones financieras privadas, que vigorizó la demanda de restablecer mecanismos regulatorios. Sen recordó que la pérdida de confianza en el sector privado fue detenida por la intervención del Estado, mediante estímulos a la economía pagados con deuda pública. Poco después regresaron las exigencias de disminuirla, con líderes políticos aterrorizando a sus pueblos que si no lo hacían, sus economías podría colapsar. La reunión del G-20 en 2009 revivió la idea de la austeridad como forma de revitalizar las economías. “Todos aquellos interesados en la historia –advierte Sen–, podrían ver fácilmente en ello un recordatorio de los días de la Gran Depresión de los 30, donde cortar el gasto público parecía una solución en lugar de un problema”.

Esta experiencia, subraya, es de donde Keynes hizo su principal contribución en LaTeoría Genera del Empleo, el Interés y el Dinero, que plantea que la demanda es importante como un determinante de la actividad económica, y que la expansión, en lugar de recortar el gasto público, hace un mejor trabajo para expandir el empleo y la actividad económica.

“La austeridad podría hacer poco”, afirma Sen, “ya que una reducción del gasto público agrega a la insuficiencia del ingreso privado y las demandas del mercado, llevando a poner más personas en el desempleo”. Todo esto, aclara Sen, requiere no sólo la teoría de Keynes, sino sentido común.

El caso mexicano es peculiar entre las economías emergentes. López Obrador no piensa global sino local. Ve la historia intrafronteras, nunca por fuera de ellas. Es neoliberal en finanzas públicas, pero sueña con programas sociales keynesianos. La austeridad la ve como imperativo moral, no como solución económica, lo que lleva a distorsiones en su aplicación.

Quiere crecimiento, pero toma decisiones que lo entorpecen. Quiere empleo, pero produce desempleo. El Presidente necesita quién le expliquen a Keynes o le traduzcan el ensayo de Sen. Ya tomará la decisión que quiera, pero que nunca diga que nadie se lo advirtió.
23 Mayo 2019 04:00:00
El orden del paraíso
La renuncia de Germán Martínez al Seguro Social reveló las entrañas de la Cuarta Transformación y más: 1) Si alguien se atraviesa en los proyectos personales y prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, se convierte en desechable. 2) Los verdugos de la Secretaría de Hacienda son intocables; el secretario, Carlos Urzúa, tiene clara la encomienda que los recursos que necesite el Presidente, tienen que salir de donde sea, a costa de lo que sea. 3) Ninguna disposición legal lo va a frenar; si un funcionario como Martínez considera que podría violarse la ley, se le expulsa, porque vendrá otro, como el soldado que ocupaba la Subsecretaría de Gobernación, Zoé Robledo, que lo sustituirá sin importar su desconocimiento técnico o financiero. Lealtad, es el factor clave para entrar en el alma de López Obrador.

Las secuelas de la renuncia de Martínez son el cianotipo del estilo de gobernar de López Obrador. La descalificación personal del exdirector del Seguro Social, la sugerencia de que obedeció a intereses aviesos, el aislamiento gubernamental. La maquinaria funciona. El modelo también. El poder vertical es un diseño que requiere obediencia, y con incondicionales dispuestos a hacer todo lo necesario, suicidarse incluso, para cumplir los programas, deseos y ocurrencias del Presidente. No es algo nuevo en López Obrador. El Presidente tiene clonado el modelo de operación del Palacio del Ayuntamiento, que trasladó a Palacio Nacional. Favor y gracia a los suyos. Y quienes abandonan el rebaño se vuelven desechables.

Una síntesis apretada del estilo es empezar a trabajar alrededor de las 5:45 de la mañana, presidir la junta con el gabinete de seguridad convertidas muchas veces en reuniones tumultuarias, donde acuden secretarios y secretarias por ser la única oportunidad que tienen para plantearle algo, desayuna, revisa temas electorales, toma su siesta de 45 minutos, y de manera mucho menos frecuente que antaño, se va a macanear un poco al estadio de beisbol de Ciudad Universitaria.

Como lo hacía antes, delega de manera selectiva los asuntos de Estado. En Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia y secretario de Gobernación de facto, recaen los temas políticos del Presidente, a excepción de los legislativos, que encarga a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado. Al gabinete de seguridad le da toda su confianza, aunque al secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, le carga cada vez más un mayor número de responsabilidades, algunas tan estrambóticas como prepararse a ocupar áreas en el SAT. Los temas electorales, su verdadera prioridad, los ve con Gabriel García Hernández, coordinador de los superdelegados. 

En un siguiente nivel, opera con los segundos de a bordo. En Gobernación, utilizaba más, hasta ayer, Robledo, por encima de la secretaria Olga Sánchez Cordero. En Educación, la persona de confianza es el subsecretario Luciano Concheiro, relegando al secretario Esteban Moctezuma. En Economía, la relación con los empresarios depende de Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, no de la secretaria Graciela Márquez. La manera como establece sus líneas de mando lleva a un desconcierto general.

Antes de sus conferencias mañaneras, tiene reuniones multitudinarias con el gabinete legal, ampliado, subsecretarios, directores de empresas desconcentradas e invitados. En esas reuniones recibe los reportes de algunas de las áreas donde mostró interés en la víspera, y recibe información de su staff, aunque, como se quejan algunos funcionarios, es irrelevante el trabajo que hacen porque el Presidente difunde los números que él piensa que son los correctos, en lo que comúnmente se conoce como el momento de “yo tengo otros datos”.

El estilo híper centralizado de la toma de decisiones es, a la vez, un modelo que deja muchos vacíos y cabos sueltos que tratan de impedir y atar muchos de sus colaboradores de manera coyuntural y emergente. El propio Urzúa padeció las formas del presidente, cuando ante una pregunta de Bloomberg y Reuters en la mañanera, ofreció darles al día siguiente el plan financiero para Pemex, obligando a Hacienda a hacer un copy paste de documentos previamente trabajados, que provocó decepción y preocupación en los mercados internacionales. 

El Presidente, cuyo ejercicio de mando es inflexible, también aplica una rigidez en el proceso, que ocasiona por un lado, que sus colaboradores no lo apoyen en las tareas de gobierno, sino que estén a la deriva –porque son marginados–, en espera de qué instrucción les da en las mañaneras. También, por la forma como aplasta a sus colaboradores en las reuniones de madrugada en Palacio Nacional, ha optado por callar y no dar su opinión, porque si discrepa de la de él, serán cuestionados, maltratados y alejados del núcleo de poder. El silencio del equipo impide que le llegue información oportuna sobre lo que sucede en el para bellum de la Cuarta Transformación, donde para alcanzar su paz presupuestal, se preparan para la guerra contra Hacienda, los enemigos de todos.

Esto es lo que permite entender qué sucedió con Martínez, quien cayó derrotado. Buscó el respaldo del Presidente para reducir los recortes draconianos en su presupuesto, pero sólo encontró su espalda. Es lo que pasa con otros miembros del gabinete a quienes López Obrador ignora.

Hay cansancio en el equipo de gobierno, pero también miedo. Martínez rompió con el Presidente, aunque no lo hizo objeto de sus críticas, porque estaba harto de lo que sucedía. Su realidad es la de muchos. La pregunta es cuánto más tardarán en separarse del Gobierno o lucharán internamente para sobrevivir; es decir, tendrán que matar para no fracasar. En ambos casos, lo que ha provocado López Obrador con su estilo, no es nada promisorio. La carta de renuncia anticipa nubarrones.
22 Mayo 2019 04:00:00
Una renuncia,  una crisis en la 4T
La vida política de Germán Martínez dentro del gabinete ampliado del presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó difícil y se puso peor. Aceptó ser director del Instituto Mexicano del Seguro Social después, incluso, de que los síntomas neoliberales en el cuerpo de la Cuarta Transformación emergieran en la arena pública. Martínez había escuchado poco de los recortes draconianos que se pensaban hacer tan pronto López Obrador asumiera la Presidencia, y las recomendaciones, casi instrucciones, que se estaba haciendo al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto durante la transición. Por ejemplo, que dejaran de comprar medicinas porque iban a revisar todos los contratos. Todo el discurso del despido masivo de funcionarios y burócratas, de recortes presupuestales y disminución de servicios, se había dado bajo el mismo discurso: austeridad y erradicación de los abusos del pasado. Esa visión finalmente se estrelló contra la realidad con la renuncia de Martínez al frente del Seguro Social.

El cronograma del choque con la realidad se lee en la carta de renuncia de 11 páginas al Consejo Técnico, que integran además del director del Instituto, los titulares de las secretarías de Hacienda, Salud y Trabajo. Pero la carta no es una simple renuncia. Es más bien una denuncia contra el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y la oficial mayor de la dependencia, Raquel Buenrostro, a quienes califica de burócratas, neoliberales y llega a sugerir también que son “insensibles” frente a las enfermedades e incluso ante la muerte de pacientes. Martínez no es un político que se quede callado y ha hecho de la difusión pública de su decisión un ejercicio ético que, dentro del gabinete de López Obrador, tres de sus secretarios de Estado y colaboradores cercanos han sido incapaces de sostener.

Con toda certeza se puede afirmar que la indignación de Martínez es compartida por muchos de sus compañeros en el Gobierno de López Obrador, que se han topado con los muros infranqueables de Buenrostro, quien tiene la encomienda de utilizar machetes, tijeras y bisturí para recortar el gasto público y poder acomodar recursos a los programas prioritarios presidenciales.

La acusación es insólita por sus términos, que no dan margen a la confusión. Martínez quiso evitar la personalización al mencionar que son “algunos funcionarios” hacendarios quienes “tienen una injerencia perniciosa” en el Instituto, queriendo quitar la carga de la denuncia sobre Urzúa y enfocándola, aunque no la menciona por nombre, en Buenrostro, pupila del secretario y a quien colocó en la Oficialía Mayor con el diseño de controlar todas las compras del Gobierno. La centralización de las compras del Gobierno federal, con el argumento totalitario de evitar la corrupción, es lo que ha generado conflictos dentro del Gobierno, tensiones y fricciones que van desde la Oficina de la Presidencia y la Consejería Jurídica, hasta el Gabinete legal y el ampliado.

Un párrafo de su carta revela parte del conflicto con Hacienda y dice: “La Cuarta Transformación no son cambios burocráticos, sino revolución cultural (…) Algunos funcionarios de Hacienda intentan una remodelación cosmética del IMSS, donde (…) se pretende reformar el reglamento para colocar funcionarios administrativos en los estados desde la Secretaría de Hacienda, y así anular a los delegados que este Consejo Técnico aprobó. Buscan nombrar, en todo el país, una suerte de ‘delegados administrativos estatales’, fuera de este Consejo, para que ellos, en los hechos, administren desde lo local al IMSS”.

Detrás de de ese párrafo se encuentra uno de los conflictos más serios con Hacienda, que le provocó una reciente fricción con el Presidente que, de acuerdo con funcionarios federales, lo maltrató y llevó a considerar su renuncia. López Obrador apoyó en ese momento a Urzúa, quien le había anticipado que habría un nuevo recorte presupuestal que afectaría a las delegaciones. El argumento de Martínez de que tendría un impacto directo sobre los servicios de salud y los derechohabientes fue ignorado. La falta de apoyo del Presidente no era nueva. López Obrador quería cancelar el Seguro Popular, y Martínez le presentó un modelo para hacer la prestación de servicios de salud a través de él. Cuando preparaba su presentación, sin que nadie le consultara, el Presidente anunció su remplazo, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.

La insatisfacción de Martínez se venía acumulando desde hace meses por las reducciones presupuestales y los ajustes que sobre la marcha hacía Hacienda para acomodar las prioridades de López Obrador o deshidratar al Gobierno para darle capacidad fiscal y financiera a Pemex, a fin de que no le bajen el grado de inversión. Urzúa, que difícilmente objeta decisiones del Presidente, y Buenrostro es quien cuida las llaves del dinero y lo distribuye a cuentagotas. La carta de renuncia refleja su derrota completa ante Hacienda, y su indisposición a hacer las maromas que practican excompañeros de gabinete con menos arrestos, sabedor de que era una batalla perdida.

No tardó mucho en comprobarlo. El Presidente dijo que no compartía las razones de su renuncia, y era imposible que coincidiera. Como esboza Martínez, la política hacendaria tiene un corte neoliberal salvaje, que tanto denuncia el Presidente; es excluyente, contrario a la narrativa oficial, y afecta más a quienes menos tienen, contrasentido del discurso de López Obrador. La realidad alterna de la propaganda contra la realidad terrenal, tan víctima en esta ocasión como lo fue Martínez. Esta renuncia es de alcance mayor, porque muestra la crisis que se vive dentro del Gobierno por las irracionalidad de una política de austeridad a rajatabla, porque socializa enfrentamientos que sólo se veían en la prensa política, y porque desnuda las contradicciones de un régimen que se dice del cambio.
21 Mayo 2019 04:00:00
Donde morir es redundante
En Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cambio de prioridad. El dinero de la venta de vehículos decomisados a criminales, dijo, ya no sería para financiar la Guardia Nacional, sino serían destinados al apoyo de Cochoapa, cuyo nombre, para millones de mexicanos, debe haber sido una sorpresa, o la primera vez que oían hablar de esa comunidad. Cochoapa se encuentra en la región de la Montaña Alta de Guerrero, y es el municipio más pobre del país. La marginación ha llegado a ser tan aguda, que hasta las cosechas de amapola se acabaron. Abandonados por todos, finalmente un presidente volteó a ver esa comunidad de 18 mil 458 personas donde sólo 319 no viven en pobreza.

Un reportaje publicado en Eje Central en marzo pasado tomó la primera fotografía de esa comunidad. “Aquí, morir es redundante”, comenzaba el texto. “En esta comunidad de la Montaña Alta de Guerrero se encuentra el corazón de la nada. No hay drenaje, ni calles, ni clínicas, ni escuelas, ni dinero para sembrar la tierra, ni mucho qué comer. Los profesores y médicos se aparecen un par de días cada cuatro o cinco meses, a veces más, a veces ni eso. En Cochoapa se vive entre tierra sin caminos, entre la diabetes y la tuberculosis, entre el olvido y la burla, entre el coraje y la desesperación.

“Este es el México más profundo, el más pobre, el de hombres y mujeres de piel agrietada y oscura, partida por el sol y el caminar; de niños que no estudian y de autoridades ausentes, a donde todavía ni siquiera llega el censo para acceder a los nuevos programas sociales. Pero también es el mismo lugar que los candidatos, de todos los partidos políticos, han utilizado como escenografía para arrancar sus campañas, como muestra de su compromiso para abatir la pobreza y prometer obras, recursos e inversiones millonarias que no han cumplido. Lo han hecho Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Pero hasta ahora ninguno de ellos subió más arriba que la cabecera municipal, nunca pisaron la Montaña Alta de Guerrero”.

Cochoapa es la síntesis que da cuerpo al discurso de López Obrador sobre marginación, desigualdad y corrupción. “Aquí la corrupción ha fracturado el desarrollo”, decía el reportaje. “Un puente que oficialmente fue construido, pero que de él en realidad sólo existe un muro con varillas sueltas que impide cruzar el río; o una carretera que debía ser de cinco kilómetros de pavimento, pero terminó de apenas unos metros y un apelmazado de arena; o escuelas que los programas de la SEP reportan como remozadas, pero que ahora se deslavan”.

Ese municipio que apenas sobrevive, se encuentra en un estado con pobreza endémica y centenaria. Pero aún así, sobresale por sus carencias. Si la población en pobreza en el estado toca a 6.1 personas de cada 10, en Coahocapa es de 9.3 de cada 10. O sea, prácticamente todos. Casi 6.3 de cada 10 tienen salario mínimo y 10.5 dos salarios, aunque la gran mayoría vive en la informalidad sin servicios médicos ni protección social. “Aunque las tierras son productivas, sembrar en alguna de las 152 comunidades que integran el municipio de Cochoapa es una proeza, no sólo por lo agreste de la zona montañosa, sino por los extremos de clima, porque hay poco dinero y casi no hay jóvenes para trabajar, sólo niños, mujeres y adultos ya mayores, que se mantienen de las remesas”, narraba el reportaje.

La población sólo se alimenta de tortillas hechas a mano y salsa de molcajetes. En ocasiones les alcanza para juntar 15 pesos a la semana y comprar una cola o cerveza tibia, porque no hay refrigeradores ni hielos. Para bajar a la cabecera municipal, desde alguna de sus comunidades de la parte más profunda de la Montaña Alta de Guerrero, subrayaba el reportaje, los pobladores tenían que caminar tres días por una ruta terregosa, de una tierra fina que se mete en los ojos, en la boca y llega hasta los pulmones. “Si tienen 150 o 200 pesos, podrán caminar de tres a cinco horas, esperar a la pasajera–una camioneta de redilas–, y entonces la ruta será de entre cuatro y seis horas más”, describieron los reporteros José Antonio Rivera y Jonathan Nácar.

Cochoapa es la metáfora de la simulación. Les ofrecieron educación para sus hijos, pero la escuela está abandonada porque los maestros iban solamente una o dos veces por semana. Les garantizaron que tendrían servicios médicos, pero la gente se muere de diabetes y tuberculosis. Si tienen una emergencia, la clínica que construyeron los pobladores para ese fin, está cerrada porque nunca iba el doctor, por lo que si entra alguien en crisis, tiene que desplazarse en vehículo entre cinco y ocho horas, hasta bajar a Tlapa y encontrar asistencia. Apenas hace siete años llegó la electricidad a la comunidad, y hace menos de una década, la primera carretera de terracería.

López Obrador visitó Cochoapa el 8 de julio de 2008, donde agradeció que en las elecciones de 2006 hubieran votado por él. En aquel entonces les dijo que no los traicionaría. “No voy a dejar de luchar por la gente humilde y por la gente pobre”, les prometió. “No es nada más llegar al cargo público. Lo más importante, lo que realmente vale la pena, es luchar por el bienestar del pueblo, por la gente que está olvidada, marginada”. Nueve años después su mente regresó a Cochoapa para ayudar a esa comunidad, ejemplo vivo de una desigualdad que debería causarnos vergüenza colectiva y reflexión de hasta dónde hemos llegado.
20 Mayo 2019 03:30:00
Los disparates de la estrategia
La Estrategia Nacional de Seguridad Pública es un ejemplo refinado que en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la gimnasia y la magnesia son lo mismo. Por escrito y con seriedad, el gobierno hizo análogos a los cárteles de las drogas y las guerrillas, que dio como resultado una solución de susto en términos conceptuales, al fenómeno de la violencia y la inseguridad. La estrategia, que se trabajó por casi tres años, cuando el entonces aspirante a la candidatura presidencial le dio la encomienda al secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, introdujo una serie de objetivos que se antojan irrealizables y tan descabellados como exigir en una rosticería una carne tártara.

La estrategia, cuyo decretofue publicado en el Diario Oficial de la Federación el miércoles pasado, planteó que para “emprender la construcción de la paz”, es necesario un proceso de desmovilización, desarme y reinserción. “La violencia obliga a poner sobre la mesa soluciones aplicadas en otros países a conflictos armados”, señala el decreto. Entonces, ¿la lucha contra el narcotráfico es en realidad una guerra civil? Debe aclararse sobre qué base equiparan la lucha contra el narcotráfico con conflictos armados.

De acuerdo con los Convenios de Ginebra de 1949, un conflicto armado no internacional es uno que surja entre fuerzas gubernamentales y actores armados no estatales.“No existen unos criterios absolutamente claros, aunque en general se requiere un grado de intensidad en la violencia interna”, explica la Oficina para Refugiados de la ONU.

“Un elemento que suele ser importante es el uso de fuerzas militares y no policiales por parte del Estado para enfrentarse a un determinado grupo insurrecto. Por otra parte, esos grupos insurrectos deben estar organizados de forma militar, con una estructura de mando, ejercer un control territorial y llevar a cabo operaciones militares… sostenidas y concertadas”.

Al establecer el parangón, el gobierno reconoce que los cárteles de la droga sí controlan territorios –una de las variables del Estado fallido–, y que hablar en esos términos es otorgarles beligerancia, por lo cual haría a las bandas criminales grupos protegidos por el Derecho Internacional, cobijados por la Convención de Ginebra. Esto es un disparate, sin sustento ni explicación en el decreto.

Por otra parte, la estrategia propone que los criminales entren a una ruta de desmovilización, desarme y reinserción, cuya utilización de términos en el caso de narcotraficantes es inverosímil, porque ese camino sólo se emplea con movimientos armados y guerrilleros cuando se dan procesos de negociación, para que colectiva o individualmente se reincoporaren a la vida legal. Esto se da mediante una amnistía, una palabra que no se menciona en la estrategia, pero que fue propuesta por López Obrador en la campaña presidencial, para los narcotraficantes. El decreto plantea implícitamente la amnistía para criminales, y la sugiere como el camino a “la construcción de la paz”.

Este es uno de los puntos más ominosos de la estrategia, porque muestra que ni el Presidente ni el Gabinete de Seguridad entienden de lo que están hablando, o que quienes sí saben callaron ante López Obrador, o que en curso viene una negociación con los cárteles. Los movimientos armados surgen de causas políticas, económicas y sociales, que optan por la vía de las armas como la última opción para provocar un cambio de régimen, que no pudieron alcanzar mediante la vía pacífica.

De ahí que se puedan dar los procesos de desmovilización y reinserción como resultado de una amnistía y una negociación en donde no hay ganadores ni perdedores. Un proceso exitoso de esa naturaleza fue El Salvador, tras la firma de los acuerdos de paz en 1992, que pusieron fin a 12 años de guerra civil; uno en vías de fracasar, el de Colombia con las FARC.

El narcotráfico no es motivado ni se mantiene por una causa para cambiar al régimen. Jamás pretenden un cambio de gobierno o de régimen, sino corromper a sus personeros, porque no luchan por un ideal, sino por lucro. Los cárteles de la droga operan en mercados delictivos cuya motivación es el dinero. No es ideológico sino mercantil. Tampoco pretende el cambio para todos, sino el enriquecimiento de sus jefes y los recursos para sostener el negocio de la producción, distribución y comercialización de las drogas. Los cárteles no confrontan militarmente al Estado sino tratan de corromperlo y que sean su primera línea de fuego contra sus adversarios, para tener el control de ese sistema económico paralelo y supuestamente clandestino.

El gobierno no entiende la dinámica de los mercados ilícitos, o simula su incomprensión, ni la integración de los cárteles de la droga mexicanos, o finge desconocimiento. Los cárteles mexicanos son trasnacionales y participan en un negocio que les deja entre 19 mil y 29 mil millones de dólares. La estrategia para disminuir la violencia y la inseguridad, como está planteada en el decreto, no va a resolver nada. Al contrario. Le abrirá posibilidades al crimen organizado, si se cumple con lo que planea el Gobierno, para operar en mercados legales sin dejar los ilegales, aprovechando los hoyos que deja el modelo lópezobradorista que tiene, como el más notable, que no los
combatirá.

En la columna publicada el viernes, se planteó que la estrategia apunta a que preferiría pactar con los cárteles de la droga impunidad para su negocio –salvo en el rubro del lavado de dinero–, a cambio que regresen la tranquilidad a las calles. La Pax Narcadel viejo régimen, ratificada por el Presidente cuando la semana pasada deslizó no descartar llegar a un acuerdo de paz con todos aquellos involucrados en el narcotráfico. Urgen clarificaciones sobre este tema.


17 Mayo 2019 04:05:00
La estrategia de la sinrazón
El 14 de mayo fue la mañana que trajo la sorpresa de mayo en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador enlistó sus prioridades en el combate al narcotráfico. Primero, atender las causas, que ha dicho son socioeconómicas. Luego, tener la Guardia Nacional, que es una fuerza de reacción rápida, como un equipo SWAT. Después una campaña dirigida a los jóvenes, que concientice sobre los males de las adicciones. Tras ello “acuerdos con Estados Unidos”, que no está claro qué significa, y modificar el enfoque policial del combate a las drogas, para ubicarlo como un tema de salud, que tiene que ver con la prevención y las campañas para que no se consuman estupefacientes. Finalmente, la bomba. “No descarto la posibilidad de llegar a un acuerdo de paz”, dijo el Presidente. La prensa le pidió inmediata clarificación. “¿Con el narco?”, se le preguntó. “Con todos”, respondió. “Todos a portarnos bien”.

Ya no se volvió a hablar más del tema. Pero este jueves, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó en el Diario Oficial de la Federación lo que mencionó el Presidente. Fue la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que tiene ocho objetivos que busca la regeneración ética de los criminales y asesinos para que dejen de delinquir, abriéndoles la posibilidad para que encabecen negocios legales y regulares. Con ello, se estableció, se quiere “emprender la construcción de la paz”, y que se dé un proceso de desmovilización, desarme y reinserción. “La violencia obliga a poner sobre la mesa soluciones aplicadas en otros países a conflictos armados”, señala la estrategia. Reeducándolos e inyectándoles valores éticos, sueña, verán la posibilidad de aumentar su esperanza de vida, que lleven una vida tranquila sin preocupaciones e, incluso, que alcancen la respetabilidad social.

Si el documento no es una broma de mal gusto para los mexicanos, la Estrategia de marras es una mezcla de ingenuidad, ignorancia, confusión o, quizás, tramposa perversidad. Un botón de muestra es cuando en su alegato de la reconstrucción de la vida moral de los criminales, afirma que es la manera con la que actuó el Gobierno de Estados Unidos en los años 30 del siglo pasado, “para acabar con las mafias que asolaban sus ciudades. De ese proceso surgió la bonanza en Atlantic City, Las Vegas, Miami y otros centros de inversión”. El periodo al que se refiere es el fin de la Prohibición del consumo y producción de alcohol, durante la Presidencia de Franklin Delano Roosevelt –a quien admira y en quien se inspira López Obrador–, pero la conclusión de la Estrategia es superficial y equivocada.

La era de la prohibición fue capitalizada por las mafias en Estados Unidos, cierto, pero no detonó la violencia –que es la creencia popular expandida incluso en el seno de la Cuarta Transformación–, como argumentó el profesor de Harvard, Mark Moore, en un influyente artículo que publicó en The New York Times en 1989. La violencia subió en algunos estados de la mano del cambio de una población rural y agrícola a una manufacturera en la urbanización de Estados Unidos. En aquellos estados altamente urbanos y ciudades como Nueva York y Chicago, los niveles de violencia se mantuvieron estables.

Hablar de la bonanza de las ciudades como resultado de la legalización del alcohol, es un tanto rupestre. Atlantic City, a 200 kilómetros al sur de Nueva York, era un destino de descanso de los ricos, y sólo fue hasta finales de los 70, con la apertura de casinos, que emergió como un lugar boyante. Las Vegas nació en 1947, producto del sueño de Benjamín Siegel, quien abrió en medio del desierto el Hotel y casino Flamingo. “Bugsy” Siegel era uno de los sicarios de Charles “Lucky” Luciano, y tuvo la visión de levantar un oasis de juego con el apoyo y el dinero de la mafia. Su nacimiento fue un subproducto del negocio criminal, no como éxito del fin de la Prohibición. El Miami en el que deben haber pensado cuando escribieron la estrategia debe ser el actual, cuyo centro es espectacular y crece cada año, después de haber sido un hoyo de pordioseros y drogadictos. Pero su resplandor comenzó en los 80, pero con el dinero de los narcotraficantes colombianos, en especial Carlos Lehder y Pablo Escobar.

La analogía con las secuelas de la Prohibición no es lo único fallido de la Estrategia. También está la mezcolanza que hace la Estrategia entre lo que es un cártel de las drogas, con todo el negocio ilegal en los mercados criminales que crean, alimentan y reproducen, y los movimientos armados, al estar planteando alternativas de negociación con las guerrillas. Esta confusión es mucho más grave que el de la prohibición, porque si bien en esta última solo muestran ignorancia, en las opciones para la “construcción de la paz” se encuentran los detalles del Diablo.

Plantar, como lo hace la Estrategia, que la guerra contra el narcotráfico es igual a una guerra civil, simplemente es no entender ni la esencia ni las dinámicas de un movimiento armado, ni los resortes y motivaciones de un negocio criminal. O, también, entenderlo muy bien y engañar con la verdad. En el próximo texto se abordará este ángulo de la Estrategia, cuyo objetivo es diáfano: legalizar las drogas para replicar el fin a la prohibición, perseguir a los capos del narcotráfico solo financieramente, y acomodarse con ellos a dejarlos en su negocio a cambio de que regrese la paz y la tranquilidad a las calles mexicanas. Es decir, el regreso a la Pax Narca del viejo régimen.
16 Mayo 2019 04:09:00
Día de campo para el cártel
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está desatado. A través de su comunicación en mantas sigue amenazando a autoridades judiciales y municipales en varias partes del país, y abrió la temporada de reclutamiento de policías federales. Las expectativas que había para la captura de su líder, Nemesio Oseguera, “El Mencho”, se han evaporado, y la persecución de sus cuadros criminales está prácticamente suspendida.

La organización criminal, junto con Los Zetas, es la más violenta del país, y está operando sin aparentes obstáculos, mostrando su músculo financiero y su capacidad de fuego. En estos tiempos, goza de un día de campo nacional. Y por eso salió de pesca.

En los últimos días ha circulado en algunos chats de WhatsApp la fotografía de un joven con gorra y playera negra, que al calce tiene las siglas “CJNG”, donde aparece este mensaje dirigido a los policías federales: “Compañero PF si te llegan a dar de baja no te preocupes aquí te reclutamos, el CJNG invita a todos los expolicías federales que fueron despedidos injustificadamente a unirse con nosotros; ya tienes entrenamiento no lo pienses más, ven aquí si te pagamos”.

El mensaje, que ha sido verificado por personas con conocimiento del modus operandi del CJNG está firmado: “atte. M-1”. Esta numeración, supuestamente corresponde al comandante Isidro Lara, que es como se identifica a uno de los presuntos líderes de la organización criminal en el Estado de México. El nombre apareció hace cuatro años en Oaxaca, de una persona presuntamente miembro de Los Zetas, sin saber si se trata de un homónimo o de quien cambió de bando. El cártel debe querer aprovechar los vacíos que existen actualmente en la estrategia de seguridad y los niveles de impunidad con el que se manejan las grandes organizaciones criminales.

El vacío institucional existente, por diseño gubernamental no por omisión, se inscribe también en el contexto de las salidas masivas de elementos de la Policía Federal. Hasta febrero pasado, se estimaba que entre 3 mil y 5 mil policías federales –de una fuerza de 37 mil– habían iniciado sus trámites para darse de baja de la corporación ante la política de austeridad del Gobierno y la cancelación de prestaciones como el seguro médico de gastos médicos mayores y los bonos de riesgo.

Esas prestaciones nunca fueron consideradas como privilegios dentro de la Policía Federal, sino como apoyos y estímulos para sus miembros, constantemente en enfrentamientos con criminales. Esos ingresos indirectos complementaban el salario de aproximadamente 17 mil pesos mensuales que percibían. El CJNG ofrece 16 mil pesos mensuales a sus reclutas sin experiencia alguna, a los que tienen que capacitar, por lo que pudiera recibir un federal debe ser significativamente superior.

La austeridad republicana del Gobierno federal abrió la ventana de oportunidad a ese cártel para captar mano de obra entrenada y calificada, repitiendo el fenómeno que se vivió hace casi 20 años con los cárteles de Sinaloa y del Golfo, cuando empezaron a reclutar militares de las fuerzas especiales que ganaban 7 mil pesos al mes, que fue el origen de Los Zetas.

El Cártel Jalisco Nueva Generación no tiene problemas de liquidez, y era considerado por las autoridades federales en el Gobierno anterior, como el más rico de todas las organizaciones criminales trasnacionales mexicanas.

De acuerdo con la última evaluación de amenazas de la DEA dada a conocer en noviembre pasado, opera en 22 de las 32 entidades del país como una organización que trabaja múltiples drogas, fabricando y distribuyendo cocaína, metanfetaminas, heroína y fentanilo en los grandes mercados de consumidores de droga en Los Angeles, Nueva York, Chicago y Atlanta, además de tener operaciones en Europa, Asia y Australia.

Es considerada por las autoridades estadunidenses como una organización con un comando y control disciplinado, técnicas sofisticadas para el lavado de dinero, rutas de transportación eficaces y extrema violencia.

Una muestra de su capacidad financiera y de persuasión se encuentra en los avances de investigación en el Poder Judicial reveladas este martes en la prensa de la Ciudad de México. Según lo revelado, las autoridades tienen como el principal investigado al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, que ordenó en 2018 la liberación de Francisco Aguilar Santana, “Juan Pistolas”, una de las personas más cercanas a “El Mencho” Oseguera, según las autoridades. De acuerdo con la investigación, el magistrado recibió entre 2010 y 2016, un total de 18 millones de pesos.

El CJNG ha llevado a sus límites más altos la máxima criminal contra las autoridades de plata o plomo, que está presente en todas sus mantas amenazantes. La última apareció este martes en Miahuatlán, al sur de Oaxaca capital, donde amenazaron a todos los funcionarios de la prisión federal que se localiza en la pequeña comunidad de Mengolí, y donde está recluido José Bernabé Brizuela Meraz, “La Vaca”, que era el jefe de asesinos de Rubén Oseguera, “El Menchito”.

Lo que llama la atención de esta y otras mantas de la organización jalisciense contra funcionarios en las cárceles, sin embargo, es que coinciden con la investigación sobre presuntos actos de corrupción que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre todo el Órgano Administrativo Desconcentrado, responsable de las prisiones, que comprende la segunda parte del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

La forma como está operando el Cártel Jalisco Nueva Generación proyecta un velo de impunidad. “¿Por qué no habría de serlo?”, dijo una persona que ha seguido su evolución por años. “Tienen impunidad institucional garantizada”. La imputación es fuerte, pero hay razones objetivas para hacerlo, que se analizarán más adelante.
15 Mayo 2019 04:00:00
Castigo a los pobres
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es una mujer con un enorme conocimiento científico y técnico y, se puede presumir, con las mejores intenciones para lograr una mejor vida para quienes menos tienen.

Después de todo, ese es el objetivo ulterior del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la está preparando para que sea su sucesora en 2024, y bajo cuya guía ella se ciñe como su mejor pupila. Funcionaria honesta sin duda, ha inyectado fuertes dosis de integridad y control a su joven administración, entrando en la contradicción de la vida política real.

Uno de los muros con los que está chocando, sin visos de que vaya a corregir, es en el sector de los desarrollos inmobiliarios, que tiene detenidos por dos razones. La primera es para verificar si el anterior gobierno autorizó las obras conforme a ley –han encontrado irregularidades en 17 de ellos–, y la segunda, derivada de su visión personal, es que la capital federal no necesita más edificios de ese tipo. En ambos casos, las cosas está saliendo contraproducentes, afectando a quienes menos tienen.

Como se planteó en la columna del martes, Sheinbaum ha frenado completamente la construcción en la Ciudad de México, provocando una crisis que afecta a los desarrolladores inmobiliarios, al empleo en el sector y a la economía de la capital, que representa el 18% del total nacional. No hay todavía un cálculo de la afectación económica que esto provocará, pero de acuerdo con personas vinculadas al sector de la construcción, las ventas en esta industria han bajado de manera considerable. Sólo en Cemex, agregaron las personas, se calcula que las ventas en la capital cayeron 35% en el primer trimestre, estimando porcentajes similares en varilla, tubos e instalaciones eléctricas, al impactar la industria de la construcción en una treintena de sectores más.

En término de empleo, los números no son alentadores. De sí, la desaceleración de la economía, que se arrastra desde el último trimestre de 2018, que en su mayoría le correspondió al gobierno anterior al de Sheinbaum, provocó que al primero de mayo, de acuerdo con la secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Soledad Aragón, existieran 227 mil 775 personas sin empleo. De acuerdo con personas con acceso al sector de la construcción, unas 150 mil de esas personas perdieron su trabajo por la cancelación de los desarrollos inmobiliarios y obras como el nuevo aeropuerto en Texcoco, que mandó a la calle a 45 mil personas.

En febrero, reportó la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el número de trabajadores de sus afiliados inscritos al Seguro Social se contrajo a menos 0.1%, comparado con el mismo periodo en 2018, que fue la tasa más baja desde octubre de 2013, tras la aprobación de la Reforma Fiscal.

La política de la jefa de Gobierno en materia de construcción no se ha limitado únicamente a la suspensión de los permisos de obra. De acuerdo con abogados, se han clausurado más de 100 obras durante el primer trimestre del año de manera que calificaron de “arbitraria”, y violando el debido proceso. Un número no precisado de acciones de juicios de amparo se han presentado en el Tribunal de Justicia Administrativa, así como también cuando menos una queja en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Se abre también la posibilidad de que las acciones del gobierno capitalino hayan violado la Constitución de la Ciudad de México, que en su Capítulo 7 denominado Ciudad Democrática, establece un novedoso concepto, el “derecho a la buena administración pública”, donde se establece que “toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación”.

El desempleo, que seguirá en aumento ante la parálisis inducida en la industria de la construcción, tiene externalidades. Una es la que planteó recientemente Federico Pérez Cruz, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, al hablar de una baja en las ventas del 10 de mayo. Explicó que una de las razones fueron el desempleo y los despidos que se han dado en la capital, que no se han frenado. “A mayor desempleo y más despidos, menor consumo”, declaró a la prensa.

Pérez Cruz mencionó que la inseguridad también impactó en la baja de ventas. El creciente desempleo coincide con la creciente violencia en la capital. De acuerdo con un reporte de David Saúl Vela en El Financiero este martes, el robo violento en el transporte público de la capital se incrementó 197% durante los primeros cuatro meses de gobierno de Sheinbaum, con relación al mismo periodo anterior, y sin violencia se elevó 237%. Los robos a transeúntes se elevaron 157% en el primer trimestre, el robo con violencia a negocios subió 54%, y los homicidios dolosos 133 por ciento.

La inseguridad en la Ciudad de México es bastante democrática. Sin importar códigos postales, la incidencia delictiva ha crecido en las alcaldías más pobladas, y se nota un creciente número de incidentes donde para robar se está asesinando a las víctimas. Pero en el caso de la construcción, los más afectados son quienes menos tienen, y a quienes más se desea proteger.

La jefa de Gobierno tiene que atender lo que está sucediendo en el sector, que es un indicador de crecimiento y empleo y que, en este momento, es todo lo contrario.

14 Mayo 2019 04:01:00
La crisis que no se ve,  pero se siente
El viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a los desarrolladores inmobiliarios Abraham y Elías Cababie. La reunión pasó desapercibida, pero de acuerdo con los antecedentes sobre lo que está pasando en el sector de la construcción en la Ciudad de México, hay que prestar atención. Los Cababie encabezan el Grupo GICSA, que ha sido responsable de algunos de los desarrollos sobresalientes en la capital, como Paseo Arcos Bosques, el corporativo de HSBC o el Forum Buenavista, y su encuentro con López Obrador se inscribe en las crecientes críticas que le han hecho llegar al Presidente los constructores sobre el actual gobierno de Claudia Sheinbaum en la capital federal.

La queja, cada vez más insistente, es que Sheinbaum ha frenado completamente la construcción en la Ciudad de México, provocando una crisis que afecta a los desarrolladores inmobiliarios, al empleo en el sector y, como consecuencia, a la economía de la ciudad, que representa el 18% del total nacional. El planteamiento es que esta política tendrá consecuencias en la política económica federal, al provocar una desaceleración que impactará negativamente las tasas de crecimiento y empleo. Como botón de muestra, sólo en el corredor inmobiliario en Cuajimalpa, ya hay 6 mil albañiles sin trabajo por esta razón.

El atorón inmobiliario tiene como origen la creencia de Sheinbaum que hubo corrupción en el sector durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, y su convicción de que la Ciudad de México ya tiene demasiados desarrollos inmobiliarios. Al hacer una evaluación de sus primeros días de gobierno en marzo, dijo que “estamos acabando con la corrupción que llevó al desorden inmobiliario”, y que se habían revisado los 174 polígonos de atención autorizados. Un polígono de atención a una superficie delimitada de suelo que integran uno o más predios para realizar proyectos urbanos, que tienen que ser autorizados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda local.

Sheinbaum detalló en su informe que 48 de ellos tenían “irregularidades graves” y la construcción en 17 había sido suspendida, pero la forma como maneja los números y emplea los argumentos ha sido inconstante y, en algunos casos, de manera muy preliminar. Un mes antes de su informe de los 100 días, dijo que se habían suspendido las actividades en 12 obras inmobiliarias, a fin de atender los reportes de la ciudadanía ante anomalías detectadas en la autorización de los 174 polígonos de actuación. En este caso, habló de irregularidades en todos los polígonos, que en febrero ya no resultaron todos los que mostraron anomalías, sino únicamente en el 25% de ellos. Las obras restantes, sin embargo, no se reanudaron en las alcaldías de Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Coyoacán y Benito Juárez, donde se concentran las obras.

Sheinbaum ha dicho que se abusó de los polígonos de actuación durante 2017 y 2018, al autorizar obras sin fundamento legal con base en los programas de desarrollo urbano, como permitir una mayor cantidad de niveles de construcción, la ampliación de la superficie de desplante y la relocalización de usos entre las demarcaciones. Daniel Narváez, director de mercadotecnia del portal especializado Lamudi, dijo en marzo en una entrevista de prensa, que además de los 17 proyectos suspendidos, había otros 29 cuya construcción creía también sería detenida. Eso no sucedió, ni se ha vuelto a hablar del tema. No obstante, se golpeó al sector inmobiliario al suspenderse las obras, no por iniciativa de los desarrolladores sino, como señalan algunos afectados, porque las alcaldías dejaron de autorizar permisos para la construcción.

Las políticas de vivienda del Gobierno central han permeado en las alcaldías, mayoritariamente gobernadas por Morena, el partido en el poder, lo que ha acentuado la crisis del sector. Desde junio del año pasado, antes de las elecciones presidenciales, se estimaba que las ventas en el sector se iban a ralentizar en este año, dada la experiencia que en cada cambio de Gobierno federal caen entre 15 y 20%. Eugenio Towle, socio de la consultoría inmobiliaria Softec, dijo durante un foro en junio que la disrupción de los procesos llega a tomar seis meses de curva de aprendizaje antes de que se normalice el sector. En esta ocasión, sin embargo, eso no sucedió y todo se congeló.

De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción, durante el primer bimestre de este año, la actividad productiva de la industria permaneció prácticamente estancada, con un crecimiento marginal de 0.1% con respecto al mismo periodo de 2018, lo que afectó en la generación de empleos. Por ejemplo, Susana Miranda, presidenta del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, dijo a la prensa que durante ese bimestre, alrededor de 300 de sus afiliados estaban sin trabajo desde el cambio de gobierno, y anticipaba que podría detonarse una crisis si las alcaldías seguían negando permisos de construcción.

Aquellos síntomas se volvieron una enfermedad, y el sector privado –aún quienes no están dentro de la industria–, están sonando las alarmas en el Gobierno federal. No tuvieron interlocución en el Gobierno de la Ciudad de México, por lo que el problema le llegó a López Obrador. No hay una claridad aún sobre qué decisión tomará el Presidente, ni qué tanto ha sido convencido que tiene que actuar para reactivar al sector inmobiliario y de la construcción, que va en beneficio no sólo de estos y de trabajadores, sino de su propia política económica y laboral.

Nota: En la columna del lunes, se identificó erróneamente a la responsable del proyectos de las universidades públicas “Benito Juárez”, como Bertha Luján. La responsable es Raquel Sosa.
13 Mayo 2019 04:01:00
Gabinete a revisión
Desde hace poco más de dos semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador viene revisando y discutiendo internamente sobre las fortalezas y debilidades de su gabinete. En el horizonte se encuentra un primer ajuste al primer nivel del equipo de Gobierno, aunque el momento no está decidido. Personas que conocen de las conversaciones del Presidente con diferentes interlocutores, dicen que se había pensado el reacomodo en mayo, pero que se pospuso cuando menos para finales de junio o principios de julio, una vez que se tengan los indicadores económicos del segundo trimestre y que se tenga conocimiento sobre cómo saldrán los grados de inversión de la deuda de Pemex y la soberana.

La calificación sobre el grado de inversión en Pemex y su repercusión sobre la deuda soberana de México, ha sido minimizada públicamente por el Gobierno, pero es una de sus dos principales preocupaciones. Colaboradores del Presidente señalan el daño que causó el recorte de dos escalones que hizo Fitch Ratings en enero pasado, cuando colocó las notas de bonos de Pemex en perspectiva negativa, en los límites de ser considerados bonos basura, y en el umbral de perder el grado de inversión. Esa baja fue un mensaje a los inversionistas que en número importante decidió suspender todo con México en espera de claridad sobre la política económica del Gobierno tras la cancelación del aeropuerto en Texcoco. La decisión de Fitch fue días después de que Pemex y la Secretaría de Hacienda presentaron un plan para aligerar la carga fiscal de la empresa petrolera, que lejos de generar confianza, exacerbó la incertidumbre.

En las últimas semanas el Gobierno ha anunciado una serie de medidas para aliviar esa carga fiscal y dotar de recursos a Pemex para enfrentar sus problemas, que incluyen recortes draconianos al gasto y las nóminas de la administración pública. De acuerdo con los analistas mexicanos y extranjeros, no es suficiente lo que se ha hecho, subrayando el pesimismo de los mercados sobre las acciones tomadas. No se sabe, sin embargo, cómo vendrán los reportes sobre la calificación de la deuda de Pemex en verano, pero coincidirá con otro plazo determinante, la ratificación del acuerdo comercial norteamericano en el Congreso antes del receso de verano, porque si es después coincidirá con el inicio del proceso electoral, lo que haría mucho más difícil lograr el voto. La ratificación depende de la implementación de la reforma laboral y de la nueva política migratoria restrictiva, que marchan en la dirección que quiere Washington.

Las discusiones sobre el ajuste al gabinete se dan en un marco general, que tiene que ver con esos presupuestos en donde la solución parte de México, aunque con un fuerte componente en el extranjero, y con el rendimiento que ha tenido el gabinete. El equipo ha sido de claroscuros, y se ha recargado sobre muy pocas personas, algunas de ellas en el staff presidencial. Esta forma de operar no es extraña en López Obrador, quien cuando fue jefe de gobierno en el entonces Distrito Federal hacía lo mismo: delegaba el trabajo en dos o tres personas, varias de ellas fuera del gabinete local. Varias veces se ha señalado ante el Presidente la inexperiencia de diversos funcionarios y los problemas que ello ha generado, a lo que siempre responde que prefiere una larga curva de aprendizaje que “el bandidaje”. El estado de cosas, sin embargo, se ha ido modificando.

Los supuestos sobre lo que se ha venido hablando, según quienes saben de las discusiones, versan sobre la manera como la incapacidad abierta de algunos y los conflictos dentro del equipo de gobierno, afectan el funcionamiento de la administración y provocan percepciones hacia fuera del Gobierno de desorden y falta de control. Hay algunos conflictos muy públicos, como el del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. Hay otros menos visibles, pero muy fuertes, como el del fiscal Alejandro Gertz Manero con el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto. Pero no son los únicos.

En la Secretaría del Bienestar se vive uno de los choques más violentos, entre la titular María Luisa Albores, y la subsecretaria Adriana Montiel, la responsable de los programas sociales. Otro, que tiene incidencia directa sobre la educación superior, es el que sostienen los viejos aliados y amigos del Presidente, Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, y Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena y responsable de la creación de un nuevo sistema de universidades “Benito Juárez”, que es lo único que aparece en el Plan Nacional de Desarrollo en el capítulo de educación superior. A la baja se encuentra la secretaria del Medio Ambiente, Josefa González Blanco, y el secretario de Turismo, Miguel Torruco.

Dos casos de aislamiento dentro del gabinete y con mala imagen en la opinión pública son los de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, aunque a su favor se encuentra su responsabilidad sobre dos de los principales proyectos de infraestructura del Gobierno, la refinería de Dos Bocas, y el aeropuerto en Santa Lucía. Un caso de debilidad interna es el de Olga Sánchez Cordero, disminuida como secretaria de Gobernación, donde la operación política la lleva el subsecretario Zoe Robledo, y muchas funciones de la Gobernación se las encarga el presidente a su consejero jurídico, Julio Scherer.

El futuro del gabinete es incierto en estos momentos, pero la coincidencia es que tendrá que haber un ajuste bajo cualquier escenario. Se verá si es un equipo para reforzar al Presidente, o para enfrentar una emergencia económica.
10 Mayo 2019 04:05:00
El desastre de Cuauhtémoc
La vida en Morelos no vale nada. Por 5 mil pesos, un joven mató a dos personas, a plena luz del día, a un costado del Palacio de Gobierno en el centro de Cuernavaca. Era una apuesta –la muerte o la cárcel como alternativas opuestas– que jugó con la esperanza de huir. Fracasó en este intento, pero tuvo éxito para subrayar las condiciones de inseguridad en ese estado, donde el ecosistema de impunidad es parte del paisaje local. El gobernador Cuauhtémoc Blanco declaró estar muy enojado, en una reacción emocional.

Tampoco hay que sorprenderse. Blanco llegó a la Gubernatura no por su talento político, sino como parte de una manipulación de políticos para hacerse del poder, aprovechando la popularidad del exfutbolista por quien se volcaron en las urnas. El desastre de Morelos, en ese sentido, es una culpa colectiva.

Blanco está gobernando un estado difícil, al ser parte del corredor del narcotráfico que se extiende de la Ciudad de México hasta Acapulco, que desde hace una década ha sido un botín disputado por organizaciones criminales. Las autoridades estatales han identificado células de cuando menos cinco grupos delincuenciales, de presencia nacional como el Cártel Jalisco Nueva Generación, y local, como el Comando Tlahuica, enfocado en el control del sistema de agua potable y el alcantarillado de Cuernavaca –un negocio de 300 millones de pesos anuales–. También se encuentran los violentos grupos regionales Los Rojos, Guerreros Unidos –que tiene una estructura y niveles de operación que permiten considerarlo como un cártel–, y La Familia Michoacana.

Morelos no era un estado de criminalidad atomizada, pero la degradación en los sistemas de seguridad y un gobierno incompetente, dispararon el fenómeno desde octubre de 2018, cuando Blanco llegó a la Gubernatura. Desde entonces, la espiral de inseguridad se volvió incontenible. Se incrementaron los homicidios dolosos, el robo, los secuestros y las extorsiones, particularmente en la zona sur del estado, donde personas que conocen la entidad reportan que los alcaldes son víctimas preferidas de los criminales, así como los comerciantes a quienes cobran derecho de piso. Si no pagan, dicen estas personas, balacean e incendian los locales, o privan de su libertad a los propietarios para asesinarlos como mensaje de escarmiento para quien desee imitarlos.

Los homicidios dolosos, que son delitos de alto impacto, crecieron 36% en el primer trimestre de este año, comparado con el mismo periodo en 2018, y solamente entre diciembre de 2018 y marzo de 2019 se elevaron 10%, lo que refleja el desbordamiento del crimen ante la inoperancia gubernamental. Morelos es el sexto estado donde más crecieron los homicidios dolosos, después de Nuevo León (103.87%), Quintana Roo (71.79%), Tabasco (69.60%) Sonora (46.05) y Jalisco 45.57. La organización Semáforo Delictivo llegó a contabilizar uno de estos crímenes cada hora.

La alta incidencia delictiva supera los máximos alcanzados en el Gobierno de Graco Ramírez, que desató protestas y marchas. Ello, pese a que la cifra negra de delitos es muy elevada. Según el INEGI, sólo 10 de cada 100 delitos son denunciados, ante la falta de confianza en las autoridades y las pocas sentencias condenatorias. La mala gestión de Blanco es el principal factor al que le atribuyen en Morelos la crisis de seguridad, aunque el gobernador no es quien toma las decisiones de fondo, sino su jefe de Oficina, José Manuel Sanz, que acompaña a Blanco desde que era alcalde de Cuernavaca.

Sanz ha sido el arquitecto de la ruptura de la coordinación entre las corporaciones de seguridad estatal y municipales, al anular a las alcaldías al imponer un modelo donde el Gobierno del Estado concentra todas las funciones de seguridad pública y tránsito, incluyendo los ingresos derivados de las multas. El resultado ha sido el desinterés de los alcaldes en cooperar en materia de seguridad o, como es el caso del presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos, de enfrentamiento total. Blanco no tiene buena relación con él, a quien considera cercano al exgobernador Ramírez, y cuando no pudo impedir que tomara posesión en enero, cerró la Presidencia Municipal y lo obligó a rendir protesta en la calle.

Los problemas políticos de Blanco, que se reflejan en el resto de su gestión y del combate a problemas como el de la inseguridad, se extienden dentro del gabinete y con sus aliados políticos. Uno de los choques más significativos es con el fiscal –que asumió en el Gobierno de Ramírez–, Uriel Carmona Gándara, a quien ha buscado destituir, pero no ha podido negociar su salida con el Congreso local. Esta falta de respaldo político está asociado con otra disputa en la que se embarcó el gobernador actual con sus aliados de Morena, y en particular con la presidenta nacional Yeidckol Polevnsky, con quien se peleó públicamente.

Blanco, es uno de los gobernadores más incompetentes, con problemas de seguridad y gobernabilidad. Sin embargo, no es el principal culpable del desastre en Morelos. Un partido local, el Social Demócrata, lo hizo su candidato –reportes en la prensa morelense hablan que a cambio de 7 millones de pesos– para alcanzar el poder. Tras ganar la Alcaldía se pelearon y Blanco fue reclutado por Encuentro Social como su candidato a gobernador. Ese partido le añadió el apoyo del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, y en su conflicto con Ramírez, el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también lo respaldó.

Blanco y Sanz están peleados con todos, sin encontrar salida a los problemas. La inseguridad los devora, la ingobernabilidad crece, y los responsables de que sea gobernador guardan irresponsablemente silencio, mientras Morelos, que no parece importarle a nadie en la clase política fuera de procesos electorales, se pinta de rojo.
09 Mayo 2019 03:36:00
Resentimientos
México es un país con una sociedad desigual, clasista y racista. La inequidad se amplió con el modelo económico que arrancó a finales de los 70 en el Reino Unido ante la múltiple esclerosis del viejo sistema de la posguerra. Margaret Thatcher, la “Dama de Hierro” británica, fue implacable con los sindicatos, provocó la depresión económica en Manchester y Liverpool, las puertas de la Revolución Industrial, y acabó con generaciones de obreros. Ronald Reagan siguió en las zonas obreras del norte de Estados Unidos y luego, la izquierda en Francia y España hicieron la reingeniería de su economía. En México arribó en 1985 el modelo llamado neoliberal, donde el entonces secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas, construyó su escalera a la Presidencia.

La desigualdad se acrecentó. El modelo neoliberal resolvió los problemas macroeconómicos y le dio viabilidad financiera a las naciones, pero ensanchó la brecha entre ricos y pobres, generando muchos más pobres que ricos y provocando una distribución deforme de la riqueza. Varias naciones iniciaron correcciones desde hace una década, sin alcanzar todavía el objetivo buscado, mientras otras, como México, permanecieron insensibles a ello. La victoria de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales y el apoyo social masivo que obtuvo, mostró quién entendió esa realidad y quién la soslayó.

López Obrador llegó a la presidencia con su viejo lema, “por el bien de todos, primero los pobres”, y su llegada a Palacio Nacional los empoderó. Aún no se ven las reformas fiscales que puedan de manera sólida y duradera atacar la desigualdad, pero una externalidad sí se ha instalado con rapidez: el resentimiento social, que está tomando cuerpo activo, hostil y agresivo, alimentado por un discurso político reivindicatorio, de polarización de clase y estigmatización: todo el pasado fue corrupto y lleno de privilegios; hay que erradicarlo.

Las consecuencias abandonaron el mundo virtual y crean nuevos fenómenos sociológicos. Un botón de muestra lo aportó la periodista Carolina Rocha en su cuenta de Twitter, al narrar una reciente experiencia en la Ciudad de México. Escribió:

“Iba rumbo a TV Azteca. Me pasé por distraída y ensimismada. Tomé por ello el retorno de periférico Ajusco y volví en U. Vi un chico que dudó en cruzar frente al coche delante de mí. Bajé la velocidad. Lo voltee a ver y justo ahí me aventó un vaso con agua en la cara. No supe qué hacer. Sólo alcancé a gritar (ofrezco una disculpa por escribirlo) ‘hijo de puta’. Enojada y asustada. No sabía si regresar y lanzarle insultos. Pensé que quizás era un líquido peligroso. Intentaba captar olores. Tocarme el rostro…

“Sentir si estaba caliente o con alguna alergia. Nada. Quise llorar. Pero seguí el camino. Ya en el canal me quité el chal que traía y olí que eran orines. De verdad me pregunto qué motiva a alguien a hacer algo así. Pues lastima y llena de rabia e impotencia al atacado. JODER. Así de sencillo. Pero ahora que escribo pienso que no importa que quiso ese muchacho que no se veía drogado o enfermo. Pienso que la vida me lanzó un despierta. Abre los ojos. Una cubetada en días en que justamente he estado encerrada en sí misma. Despierto, pues”.

Carolina Rocha es rubia, educada en escuelas privadas y trilingüe. Pero también, desde hace más de una década ha hecho un periodismo con alto contenido social y crítico del priismo y el panismo. Ha viajado por todo el país dándole voz a quienes no tienen, y visibilidad a los más marginados. Pocos periodistas en este país han sido tan consistentes y comprometidos con ese tipo de cobertura periodística. El joven que la atacó muy probablemente no sabe quién era, ni qué hacia. Simplemente la agredió por lo que pareció que representaba, de acuerdo con los estereotipos del discurso de la Cuarta Transformación. Una situación similar vivió poco antes Danielle Dithurbide, conductora en Televisa, a quien tras darle el paso a otro joven transeúnte, le tiró una cubetada de lodo al automóvil.

Si uno se detiene a pensar un momento, ambos jóvenes realizaron sus agresiones con premeditación. ¿Qué lleva a estos extremos? Hace poco más de dos años apareció un libro del indio Pankaj Mishra, llamado La Edad del Rencor: Una Historia del Presente, donde argumenta la crisis universal ocasionada por la privación de millones de personas a los avances económicos, sociales y políticos de esa era, marginados por el inescrupuloso capitalismo global. La solidaridad social, agrega, se ha roto, con lo cual se han creado masas de individuos atomizados cuyos resentimientos se expresan en repudio de ese orden aquí identificado como el viejo régimen.

Mishra sostiene que se vive una violencia “endémica e incontrolable” alimentada por los odios. Es claro el diagnóstico. El fenómeno es universal. Ni México representa un nuevo fenómeno, ni el presidente López Obrador es único. Es una figura que se ha sumado a la revolución que vive el mundo. El contexto y el discurso, como en cada nación en particular, añade variables. Aquí, se podría argumentar, está sacando lo peor de todos. No lo quisimos ver a tiempo para corregir. Hace muchos años, Pedro Vargas, un gran cantante mexicano, bromeaba con crudeza, que para que no lo discriminaran en Sanborn’s tendría que bañarse en leche para hacerse más blanco. La humillación, constante histórica en el resentimiento social.


No hay receta en el libro para enfrentar el fenómeno, que tampoco es optimista. Pero sus descripciones, información y análisis nos lleva a reflexionar sobre lo que podemos hacer. Cada uno, en lo individual y colectivamente, para evitar que esta ola de rencor global nos continúe arrasando de manera creciente, como hasta ahora, sin darnos la oportunidad para transformar lo que ya no sirve.


08 Mayo 2019 03:44:00
La renuncia de Romo (2ª. Parte)
Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, realizó una operación de control de daños urgente en medios electrónicos. Le urgía, después de que terminó la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, desmentir que había presentado su renuncia al cargo –que no le aceptaron–, como se apuntó en esta columna. Inició la operación mediática en el programa de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, donde dijo además que el Presidente no lo ha maltratado, que está trabajando mucho y que de haber presentado la renuncia el pasado 2 de mayo, la habría sostenido. Su equipo fue pidiendo espacio en los programas de radio matinales y en los vespertinos para repetir el argumento e impedir que la especie sobre su renuncia creciera.

Romo hizo lo que políticamente debía hacer para evitar, precisamente, infligir el daño al Presidente que habría causado su renuncia. Si no fue irrevocable y aceptó la negativa del Presidente a aceptarla, también tuvo que asumir el costo de dar la cara y decir cosas que, fuera del escrutinio público es totalmente contrario a lo declarado, su inconformidad por el poco espacio que tiene para incidir e influir en Palacio Nacional. Romo, incluso, no cuenta con una oficina cercana al Presidente, sino despacha en el edificio inteligente que se construyó en Los Pinos durante el gobierno de Felipe Calderón, a 9 kilómetros en línea recta de Palacio Nacional, lo que lo hace el primer jefe de Oficina de la Presidencia que despacha lejos del Presidente, y el primero cuyo peso político dentro del gabinete y el Gobierno es prácticamente nulo. Como anécdota de fondo y forma, está tan alejado del imaginario del entorno presidencial, que en la Feria Aeroespacial en Santa Lucía en abril, se les olvidó reservarle una silla en el presidium.

Los motivos de la renuncia de Romo y su deseo de dejar el Gobierno, están directamente relacionados con el maltrato del Presidente que optó por respaldar al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, por encima de él, con quien se ha enfrentado desde los meses de la transición, en una lucha por espacios y poder donde ha fracasado. Romo quiso poner al secretario de Hacienda, pero el Presidente nombró a Urzúa. También buscó a uno de los suyos en la cartera de Economía, pero López Obrador le aplicó la misma receta.

Logró colocar a leales en organismos descentralizados, pero Urzúa los fue anulando, como sucedió con Eugenio Nájera, vinculado al sector empresarial regiomontano, que trabajó con Romo en la coordinación del gabinete propuesto por López Obrador durante la campaña, y a quien llevó a la dirección de Nacional Financiera. En su primer Consejo de Administración, Urzúa lo anuló y le hizo ver que ese organismo dependía de él, no de Romo.

Los choques entre los dos comenzaron de manera abierta temprano en la transición. El primer roce fue en septiembre, cuando Urzúa reforzó una declaración de López Obrador sobre el costo de las gasolinas, y dijo que sólo subirían la tasa de inflación, y que no habría gasolinazos. Romo declaró, sin embargo, que no habría control en los precios de gasolina, que no iba a haber subsidios y que no se haría nada que no fuera regido por el mercado; es decir, dejó abierta la puerta a gasolinazos. 

Un segundo choque fue durante la discusión sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco. Aunque los dos favorecían su construcción, Romo afirmó a los inversionistas del aeropuerto que la construcción seguiría y que no había de qué preocuparse por la consulta ciudadana que se iba a organizar. Urzúa siguió las instrucciones del entonces presidente electo, y a diferencia del jefe de la Oficina presidencial, no perdió credibilidad ni interlocución ante los inversionistas. Romo no ha dejado de entrometerse en el terreno de Urzúa, como cuando adelantó en público que se realizarían nuevos recortes en la Administración Pública, que tuvo que ser desmentido por el secretario de Hacienda. En todos los casos, López Obrador ha respaldado a Urzúa, en perjuicio de Romo.

Romo está muy disminuido dentro del Gobierno, sin equipo ni recursos. El Presidente le prohibió utilizar su avión privado para viajar los fines de semana a Monterrey, donde está su familia, y su equipo no dispone de viáticos para hacer lo mismo, teniendo que subsidiar al Gobierno por trabajar en él para poder regresar a Monterrey los días de descanso. En sus diferentes apariciones en los medios este martes, dijo que estaba organizando grupos empresariales en todo el país. En realidad, de acuerdo con miembros de las cúpulas del sector privado, no tiene nada concretado, y quiere colgarse y arroparse en las nuevas organizaciones que se están construyendo dentro del Consejo Coordinador Empresarial.

El espacio de maniobra de Romo es muy reducido y está acotado. El choque con Urzúa lo ha ido desgastando aún más que al secretario de Hacienda, a quien el Presidente le ha encargado el rescate económico del país, ignorando por completo lo que pueda hacer su jefe de Oficina. Esa realidad ha hecho de Romo un token, un anglicismo que se utiliza para describir a quienes sólo son utilizados como símbolo, sin ningún peso para quien los emplea de esa manera, y él está consciente de que perdió la batalla con Urzúa y que el Presidente no ha tenido dudas en quién apoyarse.

La salida de Romo del equipo presidencial se contuvo por ahora, pero salvo que todo lo que ha sucedido en los últimos siete meses se modifique, será inevitable. ¿Cuándo? Para el Presidente es un asunto de tiempos y oportunidades, de lo cual se hablará en un siguiente texto.
07 Mayo 2019 03:56:00
La renuncia de Romo
El maltrato del presidente Andrés Manuel López Obrador a sus colaboradores no había hecho crisis hasta hace unos días, cuando el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, presentó su renuncia. No se la aceptó, pero la herida quedó abierta. Este episodio grita el estado de ánimo que se está viviendo en Palacio Nacional –aunque Romo despacha en un edificio inteligente en Los Pinos–, y las dificultades internas que tiene el equipo presidencial para ayudar a gobernar a López Obrador. El rechazo a aceptar la renuncia sofocó lo que habría sido el principio de una crisis profunda, pero está lejos de haberse resuelto la tensión que se vive en los corredores palaciegos. A los problemas naturales del ejercicio del Gobierno se están acumulando los agravios del Presidente contra su propio equipo.

Romo ha acompañado a López Obrador desde la campaña presidencial de 2006, esforzándose en explicar al sector privado lo que significan sus palabras y su proyecto de nación, y tratando de minimizar los costos de sus constantes choques con los empresarios. Siempre lo había respaldado, como cuando en la campaña de 2018, el Grupo Monterrey le dijo que establecerían un diálogo regular con él, pero que cambiara a Romo como su enlace. El entonces candidato se negó y forzó a los empresarios a tener a su coterráneo como el puente con él. Parecía tener, en ese momento, toda la confianza de quien apuntaba para ser presidente.

Como lo ha sido desde hace casi tres lustros, Romo es su cara ante el sector privado, nacional e internacional, y lo llevó a su equipo cercano en Palacio Nacional aún cuando el deseo del empresario regiomontano era quedar fuera del gobierno. El Presidente insistió y comenzó a trabajar muy cerca de Julio Scherer, el consejero jurídico de la Presidencia, a quien los une una vieja amistad común, la de Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda, consultor y empresario exitoso. La cercanía con López Obrador, se fueron dando cuenta los inversionistas, no significaba realmente mucho.

El episodio público más claro fue cuando las deliberaciones sobre si se cancelaba o continuaba la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco, donde dos semanas antes de una consulta ciudadana a finales de octubre, con López Obrador en calidad de presidente electo, Romo les dio todas las garantías a los inversionistas que la decisión final, sin importar los datos de esa medición, sería continuar la construcción. Para sorpresa de Romo y varios en el círculo cercano de López Obrador, la decisión fue que cancelaría la obra, y forzó a su consejero a sentarse junto al él en una conferencia de prensa donde dio a conocer el rumbo que seguiría.

En menos de 24 horas, Romo perdió credibilidad ante inversionistas y el sector privado. No representaba a López Obrador, ni estaba enterado de lo que iba a decidir, fue la conclusión. El consejero aguantó la humillación, pero el maltrato, de acuerdo con personas cercanas a él, no ha cesado. No es algo personal, habría que atajar, sino parte del estilo del Presidente. Por ejemplo, no ha intervenido en el creciente conflicto de Romo con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa -que también ya ha dado muestras de desgaste por razones similares-, generado por el propio presidente al no establecer con claridad las líneas de responsabilidad y mando, donde los dos se han venido cruzando y enfrentando. La decisión que muestra López Obrador en público al transmitir todas las mañanas que está al mando, se vuelven vacíos de autoridad y silencios cuando de ordenar a su equipo de trata.

El maltrato con Romo no es personal, en abono al Presidente. A veces parece hasta inopinada la forma como ni siquiera se da cuenta del daño que le hace a sus colaboradores, al Gobierno y a sí mismo. Públicamente ha desautorizado a la secretaria de Energía, Rocío Nahle; al de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú y, de manera sonora, en dos ocasiones muy importantes, porque se trata de inversionistas a quienes envía mensajes contradictorios, al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, a quien desmintió que se pospondría la cancelación de la refinería en Dos Bocas, y que se estaba evaluando imponer la tenencia a nivel federal.

Ninguno de ellos ha reaccionado. Herrera ya conoce de los descolones de López Obrador desde que trabajó con él en el Gobierno de la Ciudad de México, y parece no importarle su prestigio. Nahle nunca hubiera llegado a donde se encuentra, si la mano de López Obrador no la cuida y la impulsa hasta la cartera de Energía, donde por su incompetencia y falta de conocimiento, no habría habido ningún otro gobierno que le delegara tanta responsabilidad. Jiménez Espriú ha figurado en los gabinetes de López Obrador desde el primero que anunció en 2006, recuperado del retiro para servir como fusible y pararrayos, con el convencimiento total de que será incapaz de llevarle la contra a su jefe. Romo no está hecho del mismo material.

No se revelaron los detalles que llevaron a la decisión de renunciar, ni los argumentos del Presidente para rechazársela. El entorno económico, sin embargo, no es favorable al Gobierno, aunque López Obrador insista que la economía se encuentra saludable. Internamente, el Presidente sabe que el panorama económico está muy complicado, que se pondrá más difícil si se baja la calificación de Pemex, y que lo agrava el mal clima de inversión actual. La salida de Romo en este momento equivaldría a un mensaje que las fuerzas moderadas perdieron la batalla, y que el radicalismo en el equipo presidencial, ganó una partida que llevaría probablemente a una crisis económica.
06 Mayo 2019 04:00:00
Degradación social
La violencia contra políticos ha aumentado de manera dramática: 46% subió en el primer trimestre de 2019. El dato ha dejado de ser relevante. Hay tanta violencia y asesinatos todos los días que no importa uno más. Ya no son nombres, son números o, en el peor de los casos, apodos. Sólo cuando hay menores entre las víctimas se asoma la indignación y se reacciona.

Lo paradójico de estos datos compilados y analizados por la consultoría Etellekt, es que a diferencia del proceso electoral del año pasado, donde la variable del crimen organizado aparecía detrás de la mayoría de los asesinatos de los políticos, en el primer trimestre éste no es el factor, sino la lucha entre partidos y por los recursos presupuestales en los municipios más pobres. Es decir, estamos peor.

La degradación de la vida pública es lo que refleja el último estudio de Etellekt, cuyos datos fríos de sí, hablan de un país rumbo a la anomia. Los homicidios dolosos, que ha sido indebidamente tomados como referente del éxito o fracaso de la estrategia de seguridad del Gobierno, bajaron en el caso de los políticos 14% en relación con el primer trimestre de 2018, de 38% a 24%, pero la privación ilegal de la libertad o el secuestro (que no son lo mismo; por el segundo se pide rescate, por el primero no), subió 450%, y las intimidaciones y las amenazas, 192%. Dato importante también, el incremento en la violencia este año se focalizó en las mujeres, de 21 agresiones en el primer trimestre del año pasado, a 79 en este, que significa un crecimiento de 276%.

No hay un diagnóstico claro y concluyente sobre el cambio de fenómeno de violencia contra los políticos entre el proceso electoral del año pasado, donde no sólo el primero sino el segundo semestre tuvieron un crecimiento espiral en los indicadores de muertes, y lo que está sucediendo en este primer trimestre. El año pasado Etellekt registró que las entidades con mayor violencia política eran aquellas con la mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, relacionadas en gran parte con acciones de la delincuencia organizada. Pero en el primer trimestre de 2019, la violencia está concentrada en estados con altos índices de pobreza y que tuvieron elecciones muy cerradas.

Estos datos sugieren la lucha no tanto por el control político de los municipios, sino de sus recursos presupuestales. Etellekt registró que el 62% de las 180 agresiones contra políticos se concentraron en Oaxaca (27), Veracruz (22), Puebla (14), San Luis Potosí (12), estado de México (15), Guerrero (12) y Guanajuato (11), quienes rebasaron la media nacional de agresiones por seis. La mayoría de los incidentes de violencia (47%) se dieron en contra de militantes de Morena, seguido lejanamente por militantes del PAN (14%), lo que se explica por el tsunami electoral producido por el candidato Andrés Manuel López Obrador, que llevó a cientos de sus simpatizantes a puestos de elección popular, rompiendo no sólo viejos controles territoriales y poderes caciquiles, sino generando envidias patológicas.

En el primer trimestre de 2018, recuerda Etellekt, el 17% de los políticos agredidos en el país eran de Morena, por lo que los datos del mismo periodo este año reflejan un incremento de 405% en la violencia contra morenistas, mientras que la que afectaba a priistas decreció 55%. Sin embargo, resaltó la consultoría, la tercera parte de las agresiones contra los morenistas fueron realizadas por militantes de Morena, lo que confirma una vieja premisa en la política, donde los conflictos internos en un partido se empiezan a acentuar y a agravar cuando las posibilidades de acceso al poder son reales. No obstante, de ese 62% mencionado, los incidentes se registraron en cinco de las siete entidades de mayor violencia, y el abanico de ataques se extendió de 10 entidades en el primer trimestre de 2018, a 22 en 2019.

El cambio en la demografía política del país aparece como una variable directamente asociada a esta reorientación de los objetivos de la violencia política, como se puede argumentar en el caso de las mujeres afectadas por el fenómeno. Aunque no hay suficiente información aún para descartar feminicidios, la violencia contra mujeres parece responder al avance en la paridad de género como resultado de las reformas electorales de 2013 y 2014, que llevó en números sin precedentes a mujeres a congresos estatales y cabildos. Esta inclusión igualitaria.

Resalta Etellekt, “ponen en riesgo el ejercicio efectivo de sus derechos político-electorales”.

La radiografía que proporciona la consultora, que se ha especializado en la medición de la violencia política, muestra un cuerpo enfermo y en algunos casos comenzando a apestar por la putrefacción. El 82% de los políticos asesinados en el primer trimestre eran opositores a los gobiernos estatales, y el 85% de las amenazas e intimidaciones fueron contra autoridades electas, particularmente y en orden de número de agresiones, alcaldes, regidores y diputados locales.

Una vez más se demuestra que la parte más vulnerable para la contención y el combate a la inseguridad, está a nivel municipal. Si no hay una estrategia que refuerce ese tercer nivel de autoridad, la anomia se va a convertir en una realidad extendida en el país. La otra variable, que no es nueva pero persiste de manera indómita, es la impunidad, que como ha sido en otros años, sigue siendo el puente comunicante con todo tipo de violencia, acentuado hoy por ambición de poder y de dinero. Pero sobre todo, por la falta de un sistema de procuración y administración de justicia. En síntesis, por la ausencia de un país de leyes.
03 Mayo 2019 03:55:00
El teflón se le acabó
La alineación de las estrellas cambió para el presidente Andrés Manuel López Obrador en las últimas dos semanas, aunque todas las mañanas, de manera inexorable, sale a dar la batalla contra todos. El viraje se dio con la matanza del 19 de abril en Minatitlán, donde su indiferencia inicial ante un evento de alto impacto en la opinión pública –un menor de un año fue una de las víctimas–, le generó una fuerte crítica que marcó una inflexión en términos de opinión pública, que hasta hace muy poco manejaba de manera positiva. Ese asesinato colectivo se sumó a las persistentes críticas por el aumento a la gasolina y la cancelación de las estancias infantiles, que ha transformado el ánimo de la gente que antes lo recibía efusivamente en donde llegara, a expresiones de molestia y reclamos que han hecho mella en el Presidente, mostrándolo cada vez más irritable ante las críticas.

La matanza de Minatitlán generó una intensa actividad en las redes sociales desde el día en que se supo de ella, pero el Presidente sólo se refirió a ella 48 horas después. El Índice GLAC registró entre el 19 y el 22 de abril 259 mil 86 menciones en las redes sociales y los medios de comunicación digitales, donde el 64% hacían responsable del asesinato a López Obrador, descalificando su respuesta ante la inseguridad y recriminándole no ofrecer el pésame a los familiares de las víctimas. La mañana del 20 de abril comenzó a aparecer el hashtag #AMLORENUNCIA, que fue tema de conversación durante más de cuatro horas, hasta que fue neutralizado por #AMLOElPuebloTeApoya. El primero contra el Presidente fue alimentado por 25% de bots -que es estándar-, pero el segundo tuvo que recurrir a 37% de bots, lo que habla de cuánto tuvieron que invertir en recursos los defensores del Presidente para acallar las críticas.

Las redes sociales son un pulso del ánimo de la gente, pero sus tendencias fueron gradualmente confirmadas por otros estudios. La encuesta de GEA-ISAde marzo sobre su gestión de gobierno, puso a la seguridad como el tema de mayor preocupación de los mexicanos (46%). La segunda de mayor interés fue el de la economía (35%), que al sumarse mostraron que dos de cada 10 mexicanos están enfocados únicamente en esos dos temas. Los indicadores de ambos muestran un deterioro agudo.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende del Gobierno federal y toma sus datos de todas las procuradurías y fiscalías del país, reportó que el primer trimestre de 2019 fue el más violento en la historia de México, desde que se tienen estadísticas -en 1996-, y fue 9% superior al primer trimestre de 2018. Esto da un promedio de 95 homicidios diarios, superior a lo que se ha registrado en Venezuela, que está sumido en el caos y la violencia, en el mismo periodo. El presidente López Obrador, sin embargo, niega los datos de su propio gobierno. En su conferencia de prensa de este jueves, dijo que los índices de violencia venían a la baja.

No hay ninguna evidencia de que esto sea cierto, salvo que juegue con las estadísticas. Por ejemplo, en marzo se registró una ligera baja en el índice de homicidios dolosos, pero con respecto al mes anterior, puesto que en el comparativo con el mismo periodo de 2018, seguía al alza. El manejo de las cifras puede ser engañoso, aunque se diga la verdad, como es este caso. López Obrador lo hizo previamente cuando semanas antes aseguró que la violencia se había contenido, al utilizar datos preliminares que después mostraron ser parciales. El manoseo de la estadística y la participación de funcionarios en diferentes oficinas ha llevado a fuertes contradicciones dentro del Gobierno. La peor, por evidente, en el Plan Nacional de Desarrollo, donde se contradicen las cifras de incidencia delictiva. Ciertamente, el juego con los números y las frases no es algo inusual en el Presidente.

El comportamiento de la economía es otro de los fantasmas que combate prácticamente todos los días. Sin importar qué institución hable de un crecimiento a la baja, López Obrador la descalifica mediante el calificativo de “conservador” y de señalar a quien da a conocer su expectativa de crecimiento como parte de sus “adversarios” que quieren que le vaya “muy mal a su gobierno”. También minimiza con retórica pura. Por ejemplo, tras informar el Inegi el miércoles que el primer trimestrede este año había sido el peor desde la crisis financiera global de 2009 -de la que Europa aún no termina de salir-, dijo que la economía iba “requetebién”. Al comentar el reporte de El Financiero del subejercicioen el arranque de su gobierno, sobre la base de los datos de Hacienda, dijo que no era subejercicio, sino ahorros.

A menos que el presidente López Obrador sepa lo que nadie conoce en el mundo, las dos variables seguirán en caída afectando su gestión y su aprobación. La encuesta de GEA-ISA refleja un creciente rechazo al Presidente y dudas sobre su eficiencia. El 60% no lo creen capaz de gobernar y el 63% considera que no será capaz de resolver los problemas. Su aprobación general está en 64%, que sigue siendo muy alta, pero ya viene cayendo.

El teflón de López Obrador, que construyó desde hace unos 15 años cuando el presidente Vicente Fox lo quiso meter a la cárcel por una falta administrativa menor, se ha deteriorado rápidamente. Los síntomas en el país no pintan bien para su gobierno, y sus reflejos políticos, de fuga eterna hacia delante, no anticipan nada bueno para muchos. El verano y el otoño, se puede decir, lucen borrascosos.
02 Mayo 2019 03:28:00
El Cártel de los Soles
Detrás de la crisis venezolana y la sublevación que no obtuvo el objetivo inmediato que buscaban, porque recularon los principales altos mandos militares que aparentemente habían aceptado traicionar al presidente Nicolás Maduro a cambio que le garantizaran a él y a sus cercanos una salida honrosa, hay un factor que ayuda a entender por qué no se dio, cuando menos hasta ahora, la fractura esperada: el Cártel de los Soles. Así se llama a todos los militares y funcionarios del gobierno de Venezuela implicados en el narcotráfico, y se puede plantear como hipótesis de trabajo, que el entramado criminal dentro del aparato de Gobierno de Maduro, llevó a considerar a varios de sus leales que en las condiciones actuales, era mejor seguir cohesionados que divididos. Difícilmente una salida “con honor”, como se había planteado, podría darse con tantos leales a Maduro, denunciados y perseguidos por la justicia en Estados Unidos.

La variable criminal en Venezuela hace más difícil la solución negociada a la crisis que se vive, porque es un factor donde no hay concesiones. El Cártel de los Soles fue un término utilizado por primera vez en 1993, al darse a conocer que los generales de la Guardia Nacional Bolivariana, Ramón Guillén, jefe la Unidad Antidrogas, financiada por la CIA, y su sucesor Orlando Hernández, eran investigados por tráfico de cocaína a Estados Unidos. Esta organización no es propiamente un cártel, porque no controla los medios de producción, distribución, comercialización, ni los precios de las drogas, sino que transportaba la cocaína de las FARC colombianas de Venezuela a Honduras y México, para ser transportada a Estados Unidos por el cártel del Pacífico, y a República Dominicana y Surinam, para ser enviada a Europa y África.

La estructura de mandos del Cártel de los Soles, explicó Brenda Fiegel, analista de inteligencia en la Oficina de Estudios Militares en el Fuerte Leavenworth, Kansas, en un artículo en Small Wars Journal, fundado por exinfantes de Marina de Estados Unidos, sólo comprende altos mandos militares y del Gobierno, en un modelo jerárquico híbrido, a diferencia de los cárteles mexicanos y colombianos, que tienen una estructura piramidal con un líder, jefes de plaza y lugartenientes, que tienen que invertir fuertes sumas de dinero y utilizar sus conexiones gubernamentales para evitar que los capturen. El Cártel de los Soles, agregó, son los militares y los funcionarios quienes manejan la organización, determinan las detenciones y crean leyes que los beneficien.

Fiegel señaló que el líder histórico de la organización es Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, aunque su poder es repartido de manera horizontal, a diferencia de los cárteles mexicanos y colombianos. Cabello, hombre cercanísimo a Maduro, es sólo la punta de la madeja. Una investigación de tres años realizada por la fundación InSight Crime, con sede en Washington, que fue dada a conocer el año pasado, encontró a 123 personas relacionadas con el Cártel de los Soles, de las cuales identificó a un puñado que incluía, además de Cabello, por asociación a la esposa de Maduro, Cilia Flores, cuyo hijo, Walter Jacobo Gavidia, y dos sobrinos están involucrados en el narcotráfico; Tareck El Aissami, vicepresidente para el Área Económica; el mayor general Nestor Reverol, actual ministro de Justicia; Ramón Rodríguez Chacín, exministro del interior y de Justicia; y Henry Rangel Silva, gobernador de Trujillo y exjefe del Comando Estratégico del Ejército, entre otros.

Los nexos criminales abarcan al sector empresarial. La investigación de InSight Crime recordó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, aplicó el Acta Kingping a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros para sancionar a siete personas, la mayoría empresarios, encabezados por el presidente de Globovisión, Raúl Antonio Gorrín, por su presunta vinculación con una red de corrupción en el que participó la extesorera, Claudia Díaz Guillén, donde le daban dólares a un tipo de cambio preferencial que generó ganancias legales por 2 mil 400 millones de dólares.

InSight Crime reveló que el narcotráfico se encontraba en cuando menos 12 instituciones, incluida la Vicepresidencia, la Guardia Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional Petróleos de Venezuela –hoy controlada por militares–, y siete ministerios. “El presidente Maduro, en lugar de hacer a un lado a los acusados de narcotráfico, los ha ascendido a los más altos cargos, quizás calculando que si el régimen cae ellos serán los que más tengan que perder y por consiguiente harán lo máximo posible para preservar al régimen, y a su cabeza”, afirmó InSight Crime. “Las figuras más influyentes del régimen bolivariano llevan ahora el estigma del narcotráfico en diversos grados”.

La crisis venezolana, en el segundo día de sublevación, estaba caracterizada por dos facetas. La primera, que comenzó con la asonada militar llamada Operación Libertad, tiene que ver con la narrativa de la victoria entre Maduro y el autoproclamado presidente interino, Juan Guaidí. La otra, la de las negociaciones con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, el comandante de la Guardia de Honor Presidencial, Iván Rafael Hernández Dala, y con Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que no han sido señalados de vínculos con el narcotráfico.

Elliott Abrams, un halcón en política exterior y encargado especial de Estados Unidos para la crisis de Venezuela, confirmó a la agencia EFE que habían negociado romper con Maduro, pero que cuando llegó el momento de la acción no estuvieron dispuestos a hacerlo. En ese momento de definiciones, quienes le iban a dar la espalda a Maduro reevaluaron sus costos y pérdidas, y cerraron filas, cuando menos por ahora, con el Cártel de los Soles.

29 Abril 2019 03:23:00
Lo que sigue con Odebrecht
El presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió a referir al caso Odebrecht y la corrupción en México. Dijo el sábado que se “metió hasta la cocina” en gobiernos anteriores y que incluso llegó a tener una sesión de su consejo de administración en Los Pinos. Uno supone que debe tener información sólida, como el que tenga en sus manos la agenda de actos y eventos en Los Pinos, que prueben su dicho, aunque a veces parece que la tiene sólo parcial, como al afirmar que se inhabilitaría al conglomerado brasileño de tener contratos con el Gobierno, lo que es un dato obsoleto, porque desde el Gobierno anterior hay 12 sanciones de inhabilitación, multas por más de 500 millones de pesos, y 10 procesos contra exfuncionarios y empresarios. El tema de Odebrecht, sin embargo, no salió de la nada ni fue un distractor.

En Minatitlán, donde abordó el tema, saben mucho de ello, al participar Odebrecht en trabajos dentro de la refinería llenos de irregularidades, que incluye un sobrecargo de alrededor de mil millones de pesos adicionales a lo que se había proyectado. El estilo de López Obrador no es directo y toma los caminos más largos para establecer un punto, o incorpora tantos enunciados y deja tantos cabos sueltos que a sus declaraciones hay que aplicarle una técnica de arqueología para conocer para dónde y el alcance de lo que afirma.

Por ejemplo, dijo: “Esas empresas corruptas del extranjero no van a tener posibilidades de participar en licitaciones. Ya saben ustedes que hasta gobiernos extranjeros intervenían a favor de esas empresas”. Su afirmación, aunque puede ser imprecisa, definitivamente tiene puntos de contacto con la tierra. En diciembre de 2016, días después de darse a conocer la corrupción de Odebrecht en 11 países, se publicó en este espacio: “Por años, los ejecutivos de Odebrecht hablaron con gobernadores en todo el país, y a través de la intermediación de Luis Inazio Lula da Silva, el expresidente que recibía sus favores y fuertes compensaciones económicas y materiales, obtuvieron citas al más alto nivel en el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto”.

La relación de Odebrecht con Peña Nieto ya era vieja. En 2010 viajó el entonces gobernador Peña Nieto a Sao Paulo para reunirse con el propietario de la empresa, Marcelo Odebrecht, y en octubre de 2011, como precandidato presidencial, platicaron en Toluca. A dos semanas de asumir la Presidencia se volvió a encontrar con él en Querétaro. Documentos de la fiscalía brasileña sobre la investigación de corrupción incluyen las minutas de un encuentro del director de Odebrecht Carlos Fadigas en 2012 –hoy testigo contra su vieja empresa–, donde afirmó: “Acompañamos de tiempo completo toda la campaña del PRI y del actual presidente Peña Nieto”. Fadigas habló con Peña Nieto ya instalado en la Presidencia, pero no se sabe aún si ese encuentro es del que habló López Obrador.

El acompañamiento de la campaña de Peña Nieto se diio por parte de la filial de Odebrecht, Braskem, que ganó la licitación para hacer trabajos en la refinería de Coatzacoalcos, cercana a Minatitlán y donde trabajaba la secretaria de Energía, Rocío Nahle y su esposo, y cuyo fundador es el suegro del actual secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, y de la cual es consejera –como él lo fue en algún tiempo–, su esposa. En la reconfiguración de la refinería en Minatitlán estuvo directamente Odebrecht, con otras tres empresas, y desde 2011 la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades. Entre ellas, un retraso de cinco años de la entrega de la obra y un incremento en sus costos de 66%. Una de las empresas que participaron en la obra fue Arendal, fundada en 1997, con sede en Monterrey, y su nombre no hay que olvidarlo.

Cuando inició el gobierno de Peña Nieto, Emilio Lozoya, director de Pemex, ratificó en su cargo como director general de Pemex Gas y Petroquímica Básica (hoy llamado Pemex Transformación Industrial), a Alejandro Ramírez Sibaja, quien recibió la instrucción de su jefe, de acuerdo con exfuncionarios de Pemex y documentos de la fiscalía brasileña, de atender a los ejecutivos de Odebrecht. Ramírez Sibaja recomendó Arendal, junto con Odebrecht –a través de su filial TAG Pipelines– y la argentina Technit –seleccionada por el Gobierno de López Obrador para participar en la construcción de la refinería de Dos Bocas–, para que participaran en la construcción del tramo Los Ramones II Norte.

Al cese de Lozoya de Pemex, el nuevo director de la empresa, José Antonio González Anaya, realizó el primer despido de esa administración, el de Martínez Sibaja –oficialmente se manejó como jubilación adelantada–, quien poco tiempo después entró a trabajar en Arendal, hasta que salió de la empresa en 2016. Martínez Sibaja había sustituido en Pemex a Jordy Herrera, cuando el presidente Felipe Calderón lo nombró secretario de Energía. Herrera, como publicó Eje Central en junio de 2016, formaba parte del cártel del Gasen Pemex, al igual que Martínez Sibaja, una red de relaciones familiares y empresariales para controlar ese producto, donde las empresas vinculadas a Odebrecht jugaron un papel importante. Nunca se investigó en el gobierno de Peña Nieto los alcances de ese grupo, ni se determinó si actuaron dentro de la ley o incurrieron en iregularidades.

Odebrecht es un caso abierto en el cual puede comenzar a demostrar que de acusaciones no sólo se llena la boca, sino las cárceles.
 
Nota: El candidato al Gobierno de Puebla, Miguel Barbosa, en réplica a la columna publicada el viernes pasado sobre su salud, rechazó que su campaña sea de gabinete, como se mencionó, y aseguró que realiza mítines multitudinarios con decenas de miles de asistentes. También negó que haya hecho declaraciones “indignas” sobre la muerte de la gobernadora Martha Éricka Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle, y que por el contrario, pidió guardar luto.
26 Abril 2019 03:07:00
La salud de Barbosa
El 2 de junio, los poblanos votarán por un nuevo gobernador en una elección extraordinaria. Miguel Barbosa, que contendió contra la panista Martha Érika Alonso el año pasado y perdió, se volvió a presentar como candidato tras tener palabras indignas cuando al morir junto con su esposo Rafael Moreno Valle en un incidente de helicóptero el 24 de diciembre, en lugar de dar el pésame a sus familiares como dicta la civilidad republicana, celebró sus muertes como si fuera justicia divina contra la corrupción.

En medio de críticas por su actitud, su segunda candidatura enfrentó una dura oposición interna y externa. Finalmente la venció, y la tozudez de la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, para que así fuera, sólo se explica por la gratitud del presidente Andrés Manuel López Obrador con aquellos que lo apoyaron contra las adversidades, como hizo Barbosa en el Senado, cuando representaba al PRD.

Barbosa tiene allanado el camino legal para la Gubernatura, y la fuerza de López Obrador lo ubica en todas las encuestas como el probable ganador de la elección extraordinaria, con una ventaja cómoda de más de un dígito de diferencia. La campaña de Barbosa, como ha sido la del resto de los candidatos, ha carecido de mítines y eventos masivos, sustituidos por campañas de gabinete donde lucha sus batallas en los medios de comunicación. Esta peculiar forma de hacer campañas le ha beneficiado a Barbosa quien, si fuera un político honesto, no debería de estar compitiendo, por razones diferentes a su comportamiento político. Pero no puede ser gobernador, como apuntan las evidencias en la opinión pública, y jamás debería haberlo respaldado López Obrador por un problema serio de salud.

No hay honestidad pública, y lo impulsa la ambición. El neomorenista asegura que está en plenitud de salud, aunque cada vez que lo dice su voz refleja todo lo contrario. Concluir sobre algo tan subjetivo como la voz de una persona en un diagnóstico empírico de su salud es absurdo. Sin embargo, su salud es precaria. En 2013, por desatender su diabetes, estuvo en el umbral de la muerte. No le costó la vida, y su pérdida se redujo en ese momento al pie derecho, que le amputaron. Pero esa enfermedad sigue haciendo estragos en su salud. 

Esta situación lleva a considerar la viabilidad de Barbosa de cara a sus electores. ¿Es honesto que un político quiera un puesto de elección popular cuando su estado de salud probablemente le impedirá estar con sus facultades plenas para cumplir con el mandato de las urnas? En este espacio se ha tocado regularmente el estado de salud de los políticos. Durante la pasada campaña presidencial se habló de la salud de López Obrador como una variable a considerar por los electores, en el entendido de que nada de lo que tenía afectaría sus capacidades plenas para gobernar. 

Años antes se mencionó la salud del presidente Enrique Peña Nieto, de la maestra Elba Esther Gordillo, en sus años de gloria sindical, y de su adversaria, Josefina Vázquez Mota, entonces secretaria de Educación. En 2003, en este espacio se reveló que el presidente Vicente Fox tomaba el antidepresivo Prozac. Y cada vez que escribí sobre el tema, las reacciones fueron negativas. Pero la tesis central del porqué es un tema de interés público, se mantiene. En 2016, dentro de ese alegato recurrente, ejemplifiqué:

“El problema de ocultar una enfermedad a los electores puede llevar a situaciones como las que se vivieron en Rusia, cuando Boris Yeltsin buscó –con éxito– un segundo mandato y controló a la prensa para ocultar que tenía cáncer. Yeltsin, afecto también al alcohol, tuvo momentos difíciles por su comportamiento como jefe de Estado. Por ejemplo, durante una visita a Suecia, en 1997, tomó una copa de champaña que le generó un efecto secundario que lo llevó a comparar la cara del tenista Björn Borg con albóndigas. Por salud, Yeltsin tuvo que renunciar y dejó el cargo en manos de su primer ministro, Vladimir Putin, por quien no habían votado los rusos”. Este es el problema de fondo; llegan al poder quienes no fueron electos.

Dos años después de publicarse el Prozac de Fox, el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública determinó que el expediente médico de un candidato o un gobernante debía mantenerse en privado y no era de interés público. A raíz de una solicitud de acceso a la información de Proceso en 2009 sobre el expediente médico del presidente Felipe Calderón tras fracturarse el hombro al caer de una bicicleta en 2008, la entonces comisionada presidente, Jacqueline Peschard, afirmó que los servidores públicos estaban protegidos en todos sus niveles.

En una entrevista con el semanario, agregó que “informar a la población sobre la salud del presidente podría ser importante, siempre y cuando lo permitan las normas. Si se hiciera de otra manera, advirtió, privilegiando el interés público sobre el marco legal, estaríamos invadiendo el terreno del derecho privado”.

Este criterio tiene que ser revisado, pero es cierto que es un terreno gris donde se cruza lo público con lo privado. Una forma de avanzar y madurar como sociedad sería que la divulgación de los expedientes médicos fueran de manera voluntaria, como un ejercicio de transparencia y responsabilidad ética y política. Siempre ha sido un tema difícil en sociedades políticas maduras, y será más complejo que avance en México. El caso de Barbosa, el más extremo en los tiempos de la transición y la democracia mexicana, es el mejor ejemplo del atraso que tenemos en la materia. Pero no podemos dejar de luchar contra la opacidad política, cuya deshonestidad afecta a los electores.
25 Abril 2019 03:27:00
La acusación de Trump
Donald Trump tiene en la mira a Andrés Manuel López Obrador, pero el Presidente mexicano dice que no caerá en la provocación. Es un insulto abierto del Presidente de Estados Unidos al especular venenosamente que el Ejército mexicano protege a los cárteles de la droga, pero López Obrador sigue con temor a enfrentarse a Trump, y trasladó su precaución a la frontera de lo pusilánime.

Las palabras del jefe de la Casa Blanca caen en un momento donde crecen las sospechas de que el Gobierno tiene un pacto no escrito con el cártel del Pacífico y su brazo armado, el Jalisco Nueva Generación, lo que brincó a la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional cuando le preguntaron ayer si negociaría con criminales para lograr la pacificación del país.

“Nosotros no vamos a negociar con ninguna banda, con ninguna organización dedicada a cometer ilícitos”, respondió López Obrador. “Se va a actuar con rectitud, con integridad. No va a haber componendas, está bien pintada la raya, la frontera entre delincuencia y la autoridad. No va a haber mescolanza, no va a haber contubernio y vamos a avanzar de esa manera. Esto también significa que no se va a perseguir a una banda para proteger a otra, como se llegó a hacer”. Este ping pong retórico no es gratuito. El lunes se reveló en este espacio que dentro del equipo de López Obrador han sugerido regresar al status quo de principio de los 80, donde un cártel domine el país y coadyuve en la pacificación.

Hay razones para conjeturar que, formal o informalmente, eso está sucediendo. A mediados de enero pasado, se publicó en este espacio que Miguel Ángel Treviño, el Z-40, jefe de Los Zetas y preso desde julio de 2013, aprovechó la oferta de amnistía a narcotraficantes que propuso en campaña López Obrador para enviarle un mensaje: reduciría en 50% la violencia en Nuevo Laredo, el tráfico de drogas, armas, el contrabando de migrantes y el robo de combustible, si al llegar a la Presidencia no lo extraditaba a Estados Unidos. No hubo tiempo de nada porque el 19 de julio salió de México extraditado. Durante la campaña, López Obrador fue detenido en dos retenes en el norte del país controlados por Los Zetas, pero lo dejaron pasar cuando lo identificaron.

Lo más notorio, sin embargo, es que en la cruzada contra el huachicol en Guanajuato, sólo se está persiguiendo al cártel de Santa Rosa de Lima, y nadie aparentemente de sus rivales, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Los golpes a huachicoleros son en zonas controladas por Los Zetas o donde están enfrentados al cártel del Pacífico y su brazo armado. Coincidentalmente en este miércoles aciago para López Obrador en el tema del narcotráfico –cuyo combate renunció públicamente a hacer hace varias semanas–, apareció en Naucalpan una nueva narcomanta atribuida al jefe de los sinaloenses, Ismael “El Mayo” Zambada, que insiste sobre lo que se ha venido anunciando en todo el país por esa vía: “Comienza la limpia en el país regresa la vieja escuela”.

No hay ninguna evidencia que permita afirmar de la existencia de un pacto entre el gobierno de López Obrador con los cárteles de la droga, pero todas sus acciones y decisiones en materia de seguridad pública, los ha excluido del combate y sus líderes están exentos, por declaración presidencial, de persecución. La percepción popular de que existe tal vinculación, lo llevó este miércoles a negar que exista un pacto con las organizaciones criminales. La declaración se dio después de que apareciera tuit de Trump a las siete de la mañana, donde escribió: “Los soldados mexicanos recientemente sacaron sus armas a nuestros soldados de la Guardia Nacional, probablemente como una táctica distractora para los narcotraficantes en nuestra frontera. ¡Mejor que no suceda otra vez! Estamos enviando soldados armados a la frontera”.

Trump ha hablado despectivamente del Ejército en varias ocasiones, aunque en el pasado los presidentes mexicanos respondieron a Trump o a otros funcionarios estadunidenses. No había sido tan contundente, sin embargo, acusándolo de proteger a narcotraficantes y ser parte de su estrategia. El tuit de Trump mezcló su molestia por las caravanas de inmigrantes y la insuficiencia que ve en su contención por parte del Gobierno mexicano, y a propósito de un incidente el 13 de abril, cuando soldados mexicanos detuvieron a punta de pistola a dos soldados estadunidenses en el Condado de El Paso, que fue interpretado por el Pentágono como una confusión.

El Presidente, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hablaron ayer sobre el tema, pero sin tocar lo dicho por Trump sobre el Ejército mexicano. “Lo más importante es decirle que no vamos a pelearnos con el Gobierno de Estados Unidos”, dijo López Obrador. “Queremos una relación de respeto mutuo y de cooperación para el desarrollo, y que así como nos hemos venido entendiendo en estos meses, vamos a seguir actuando para mantener relaciones cordiales y de buena vecindad.

“Nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Le digo al presidente Donald Trump que queremos mantener una relación respetuosa y de amistad con su gobierno, que vamos a analizar este incidente. Vamos a tomar en cuenta lo que está señalando y se va a actuar de conformidad con la ley, en el marco de nuestra soberanía”.

La acusación de Trump queda y la sospecha de un pacto con criminales se ha socializado. Al Presidente le urge más claridad en su deslinde de los cárteles, no sólo retórico. Combatir a los cárteles, no otorgándoles una carta de impunidad, como hasta ahora, es el camino.
24 Abril 2019 03:47:00
La medición incorrecta
Desde hace dos gobiernos, la definición de la victoria del combate al narcotráfico se ha regido por el número de homicidios dolosos. Si subían, se consideraba una derrota; si bajaban, una victoria. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto fue al extremo de presionar y forzar el despido de periodistas de medios que contaban los muertos de la lucha contra la delincuencia, porque así, pensaban, se reducirían el temor y la angustia social. Esa política de comunicación estalló, al demostrarse que esconder los muertos o manipular las cifras de homicidios dolosos no modificaba la realidad. Hoy, sin llegar a la censura de Peña Nieto, el presidente Andrés Manuel López Obrador está cayendo en un error similar: evaluar la estrategia de seguridad a partir del número de homicidios dolosos. Es un referente reduccionista y de valoración inversa: si baja la tasa en plazos cortos, es porque la lucha contra la delincuencia se perdió.

La suma de homicidios dolosos encuadrado en el contexto del combate al crimen crea percepciones equivocadas. México es considerado por muchos como una de las naciones más peligrosas del mundo, con cifras de muertos que rebasan los mínimos internacionales para determinar si una nación se encuentra en guerra civil. La realidad es que si bien los índices muestran una tendencia al alza –aunque en marzo el total de homicidios dolosos tuvo un mínimo decremento–, México no se encuentra en el rango de las naciones de alto riesgo, como son Afganistán y Siria. De hecho, se si ve el número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, México se encuentra en el séptimo lugar latinoamericano, según la fundación InSight Crime, con 25.8 delitos de este tipo por cada 100 mil habitantes, en el mismo rango de Brasil y Colombia, pero muy debajo de Venezuela, que encabeza la lista, con una tasa de 81.4 por 100 mil habitantes.

Todo esto no significa que se magnifique el problema de seguridad, o que no sea un asunto delicado que se tiene que resolver. Es muy serio, cuesta miles de millones de pesos al año, y afecta a la población, en distinto grado y de manera creciente, lo que impacta a un conjunto de políticas públicas, en materia de salud e inversión, por ejemplo. Es el principal tema de preocupación de los mexicanos y el de mayor prioridad para López Obrador. Pero el interés en resolverlo no debe llevarlo a la trampa de cómo medir el éxito de su estrategia. Si de homicidios dolosos se trata, como se planteó ayer, de antemano se puede prever que el resultado será negativo.

La tasa de homicidios dolosos es un referente, pero no es el todo. En el gobierno de Peña Nieto, la presión sobre los medios ocultó ese indicador de la opinión pública hasta que cuando bajó la tasa, lo presumió. Pero en ese periodo de aproximadamente dos años, ¿qué sucedió? Se dejó de combatir a los cárteles, con lo que se fortaleció y expandió el Cártel del Pacífico, y creció su brazo armado, el Jalisco Nueva Generación. Los Zetas, que se habían quedado sin drogas, se diversificaron en el negocio criminal y restablecieron sus rutas de narcotráfico.

Al igual que ellos, los cárteles del Golfo y de Juárez volvieron a tener control territorial y reconstruyeron sus redes de protección institucional, lo que propició una vez más un estado fallido, si no nacional, sí regionalmente. En ese desorden conceptual sobre la estrategia de seguridad, ese gobierno armó a grupos paramilitares vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, para liquidara Los Caballeros Templarios, abriendo la posibilidad de que lo juzguen en tribunales internacionales por genocidio. También aplazó los exámenes de control de confianza, con lo que policías municipales vinculados al narcotráfico, como los de Iguala y de otros seis municipios relacionados a la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pudieron operar bajo el manto criminal.

El éxito de una estrategia de seguridad no depende de la tasa de homicidios dolosos, ni tampoco, en el corto y mediano plazo, de la implementación de programas sociales o de tener más militares en las calles. Es mucho más que eso. Una estrategia necesita, y no es verdad de Perogrullo, una estrategia contra los delincuentes y un método para romper el ciclo de incidencia criminal que incluya la afectación de la producción, el financiamiento y la logística, de donde salen los recursos para comprar autoridades y jueces, reclutar periodistas o pagar para que los asesinen.

Una forma medible y comprobable de evaluar una estrategia incluye todos los indicadores de incidencia delictiva, pero también el número de hectáreas de cultivos de drogas erradicados, los volúmenes de exportación de drogas, el total de decomisos (por número y toneladas), el total de detenciones, o de sentencias condenatorias, por mencionar indicadores básicos para comparar resultados con otros periodos y conocer, con información y datos concretos, sobre los avances, retrocesos o empantanamiento. Si una estrategia real fracasa, seguirán subiendo los índices delictivos, como en la actualidad ante la ausencia de lucha al crimen, y las evaluaciones comparativas serán negativas. Si la violencia y los homicidios dolosos disminuyen sin haber estrategia, peor aún. Significará que por omisión o comisión, el Gobierno permitió que el cártel más poderoso aniquile a sus enemigos y aplique la Pax Narca, creando un narcoestado paralelo al Estado Mexicano.

Hay que cambiar la definición de la victoria. De esa forma ni el gobierno de López Obrador pagará por lo que no debe, ni engañará con el bálsamo existencial del “cochinero”, como afirma, le heredaron sus antecesores, ni sorprenderá con soluciones pragmáticas sugeridas en el pasado, negociar con un cártel la coadyuvancia en la pacificación.
23 Abril 2019 03:55:00
Los discursos no vencen criminales
Siempre, como líder social, candidato presidencial, presidente electo y presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador ha hecho el mismo diagnóstico sobre las razones que llevaron a la violencia. Una semana antes de asumir la Presidencia, afirmó ante las Fuerzas Armadas en el Campo Militar No. 1, que la inseguridad es producto de una “política económica antipopular y entreguista”, que repitió textualmente el domingo en Veracruz, a propósito de la matanza en Minatitlán. Igualmente ha reiterado la receta para acabar la violencia, atacando sus causas con programas de empleo y educación para los jóvenes, y tener en la Guardia Nacional la llave de la puerta de la pacificación del país.

Con los programas sociales, aclaró en su conferencia de prensa mañanera este lunes desde Veracruz, se permitirá “alejar a los jóvenes del mal camino. Con su atención se garantiza que no sean jalados por bandas del crimen organizado”. La Guardia Nacional, dijo, “permitirá tener un mayor control de las regiones donde se concentren y garantizarán la estabilización de la seguridad”. Todo esto arropado en que “ya no existe colusión entre gobiernos y grupos de delincuencia”. Está por verse, en el plazo de seis meses que él mismo estableció para que se empiecen a notar los resultados de su estrategia de seguridad.

¿Porqué está obsesionado con fijar plazos en temas tan volátiles como la seguridad? Sobre todo, ante su falta de claridad al respecto. En enero de 2018, López Obrador dijo que de llegar a la Presidencia, disminuiría la delincuencia “en muy poco tiempo”, dependiendo del crecimiento económico, la creación de empleos y la aplicación de los programas de desarrollo social. En diciembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que los primeros resultados positivos se darían en los primeros 180 días del Gobierno. En febrero matizó. Ya no sería en los primeros tres meses, sino en los primeros seis, donde habría “un punto de inflexión en la tendencia creciente”. En marzo se fue al otro extremo. Para terminar con la ola de inseguridad, dijo, se necesitarían 360 mil policías y un plazo de 100 años. El Presidente ya estableció una nueva fecha: no será en febrero, ni en mayo, como prometía Durazo, sino en octubre, 10 meses después de iniciado su gobierno.

De antemano, sobre la base de las experiencias, se puede adelantar que eso no sucederá, y que las variables señaladas por López Obrador no se cumplirán. En octubre pasado dijo que el 70% de la estrategia radicaba en atender las causas económicas, pero las expectativas de crecimiento no son promisorias y el empleo formal ha disminuido. Pero aún si esto, para efectos de argumentación, fuera superado, hay otros factores que sugieren que fracasará en sus tiempos. Uno es la estacionalidad. En muchos países los índices delincuenciales se elevan en verano por razones tan subjetivas, incluso, como el calor. Un factor objetivo es cómo bajar los índices si la estrategia no toca al crimen de manera reactiva, si no se concentra en la parte preventiva.

Esto es correcto, siempre y cuando también se modifiquen los incentivos contra delinquir. Se necesitaría que el ingreso de un empleo formal superara al ingreso que deja el negocio de las drogas, lo que se antoja imposible: un joven recluta de los zetas, empieza ganando casi 10 mil pesos por mes por el cobro de piso o de extorsiones. Si lo hace bien, lo entrenan dos meses y le dan una esquina para que venda droga y lo proveen de armas, con lo cual, si es exitoso, puede triplicar sus ganancias en seis meses. Visto económicamente, no hay forma de competir con un empleo formal.

Una manera de orillarlos a la legalidad es eliminar los incentivos de la vida criminal, que se daría atacando la impunidad. Sin embargo, la racional de López Obrador es que no se debe criminalizar a quienes menos tienen, por tanto, un narcomenudista no será perseguido. Bajo su lógica, Joaquín “El Chapo” Guzmán, que ha declarado ante el Ministerio Público ser agricultor, sería un hombre libre en México. Para el Presidente, ser pobre o percibirse pobre es salvoconducto para cualquier conducta criminal.

De cualquier forma, combatir la delincuencia per se, no es importante en su estrategia. López Obrador dijo en octubre que el 30% restante del modelo tenía que ver con lo coercitivo, “para que se actúe con eficacia”, lo que significa, si se le entiende bien, luchar contra la corrupción. Entonces, si un funcionario no es corrupto, como dice de quienes forman parte de la Cuarta Transformación, eso ya no existe. Ergo, la estrategia funcionará.

Los discursos de López Obrador se inscriben en una realidad que no comparten muchos de sus gobernados. Las principales diferencias estriban en la tensión de argumentos cristianos del alma buena de los criminales, frente a quienes pensamos que los discursos no persuaden ni doblegan delincuentes. El Presidente descalifica las visiones discordantes, pero pocas veces reflexiona sobre las críticas, y prácticamente nunca rectifica.

López Obrador está inmerso en el problema planteado por el filósofo David Hume en el Siglo XVIII sobre el ser y el deber, que lleva a una “falacia naturalista”, al confundir descripción con prescripción. Por ejemplo, la descripción es la violencia y la inseguridad, mientras que la prescripción es que con alternativas económicas los criminales debendejarán de delinquir; o es un nuevo régimen, por lo que ya no debeexistir colusión del Gobierno con delincuentes. Esta confusión, escribió Hume, es parte de la naturaleza humana, pero cuando se trata de la vida de las personas, una revisión objetiva del rumbo escogido, bien vale la pena.
22 Abril 2019 03:46:00
Matanza en Minatitlán
La polarización política llegó al absurdo, generosamente hablando. Un comando asesinó a 14 personas en un bar de Minatitlán –incluido un niño de un año– el Viernes Santo, y la arena pública se llenó de escupitajos. Cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador contribuyó el Sábado de Gloria con un galimatías donde no habló del crimen sino flageló con citas bíblicas a quienes lo acusaron de tirano por violar la Constitución. Pero la tragedia mexicana no comienza ni termina con él. Minatitlán es la síntesis del colapso de la seguridad que dejó el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y la ingenuidad de López Obrador al proclamar el fin del combate al crimen organizado como vía de la pacificación nacional.

Hace tiempo se perdió el control en Minatitlán, que quedó en manos de dos cárteles de la droga en pugna. Y desde hace unos cinco años, los asesinatos en las cantinas de Minati-tlán, Coatzacoalcos y municipios en esa zona, son comunes. Las autoridades federales trabajan las principales líneas de investigación, que atraviesan los dos factores señalados.

La principal hipótesis detrás de la matanza es el huachicol. Todos los días, reportan lugareños, hay robos de pipas en la carretera Coatzacoalcos-Cosoloacaque, que pasa junto a Minatitlán, que son desviadas hacia cantinas en la zona del aeropuerto que es donde se encuentran los depósitos clandestinos huachicoleros.

Las autoridades federales están investigando la probable acción de miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes se les han ido sumando en los últimos tiempos antiguos asesinos de los Zetas, con los que hoy se enfrentan en Veracruz. Pero el fenómeno tiene componentes más graves de lo que la violencia y la lucha por la plaza en sí mismo significan. La diáspora criminal y el realineamiento de los cárteles que ha provocado la espiral de violencia galopante en Veracruz, dicen funcionarios federales, está relacionada con acciones y omisiones en las que incurrió el aparato de seguridad en el gobierno de Peña Nieto.

Un diagnóstico federal subraya el relajamiento en las medidas de seguridad en los penales y la falta de renovación de los equipos de seguridad, que tuvieron como su mejor ejemplo las condiciones para que Joaquín “El Chapo” Guzmán escapara de El Altiplano en 2015. Según la evaluación, esto sucedió dentro de las áreas de beneficios de libertad del Órgano Administrativo Desconcentrado para Prevención y Readaptación Social, que dependía de la Secretaría de Gobernación, donde se mantuvo a oscuras a la PGR cuando un delincuente de alta peligrosidad iba ganando amparos, como sucedió con Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del cártel de Guadalajara, antecesor del cártel de Sinaloa, en 2013.

Las autoridades federales han encontrado que la falta de reforzamiento de causas penales, particularmente de miembros de ese cártel llamado hoy del Pacífico, y de su brazo armado, el cártel Jalisco Nueva Generación, y de los Zetas, se dio a través de un entramado de despachos de penalistas, con aparentes conexiones con funcionarios en el Gobierno de Peña Nieto y dentro del Poder Judicial, por lo que las autoridades revisan la probable participación ilegal de despachos de penalistas con presuntas vinculaciones con Humberto Castillejos, que fue consejero jurídico del presidente Peña Nieto, y de una red de secretarios de Acuerdos en los Circuitos de Jalisco, estado de México y Tamaulipas.

Lo que se han venido encontrando es el desmantelamiento del sistema de impartición de justicia federal, que benefició en Veracruz al cártel Jalisco Nueva Generación y a zetas que estaban presos, cuya liberación y posterior incorporación a cártel del Pacífico hizo que la violencia se intensificara en ese estado. Varias declaraciones del presidente López Obrador sobre el Poder Judicial y actos de impunidad, tienen en esos hallazgos su razón de ser. Pero sus declaraciones en este sentido son amagos sin acciones concretas. En otro sentido, han sido un bálsamo para los criminales, y un perdón implícito para los responsables de la negligencia.

La explicación es que López Obrador está en una lógica que no es combatir a los cárteles. Desde diciembre de 2017, antes de la campaña presidencial anunció una amnistía para narcotraficantes, y aunque la promesa la ha ido matizando, los cárteles reaccionaron, incluso, buscando el Cártel Jalisco Nueva Generación un acuerdo con él, del que no se sabe qué curso tomó. En todo caso, ya como presidente, López Obrador proclamó desde Palacio Nacional en febrero el fin de la guerra contra el narcotráfico y que cesaría la persecución a los jefes de los cárteles. Es decir, una amnistía disfrazada porque, razona, los criminales no son malos del alma, sino que las condiciones económicas los empujaron a ello.

Las cifras históricas de homicidios dolosos en su Gobierno son la respuesta a lo que aparenta ser una ingenuidad política. La pregunta es si realmente es inocencia o, como sugieren en su equipo, pretende regresar al estatus quo de principios de los 80, donde un cártel domine el país y coadyuve a la pacificación. No obstante, las condiciones son radicalmente distintas en cuanto a la naturaleza del mercado de las drogas y la composición de las organizaciones criminales trasnacionales.

Pactar de facto con el cártel del Pacífico para que el cártel Jalisco Nueva Generación y los Zetas limpien el país de narcomenudistas, secuestradores, extorsionadores y asesinos en las esquinas, no será nunca la solución.

Regresar el país a los 80 en materia de seguridad es un disparate, y Minatitlán es un recordatorio que su propuesta, impunidad a los responsables directos del desastre y una política con los cárteles de dejar hacer y dejar pasar, es inviable y fallido por donde se vea –como se está viendo.
12 Abril 2019 03:57:00
Los secretos del general brigadier
El general brigadier Luis Rodríguez Bucio, contemporáneo del general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, recibió dos noticias de su viejo amigo. La mala es que no llegaría a general divisionario, y su carrera militar acabaría después de 45 años en las Fuerzas Armadas, al iniciar su proceso de retiro. La buena es que se haría cargo de la comandancia suprema de la Guardia Nacional, el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador de una nueva policía civil nacional, con la que espera vencer la inseguridad y derrotar a la delincuencia, así como ser la fundación del principio del fin del Ejército, siguiendo el modelo latinoamericano de Costa Rica. El Presidente nombró al recomendado del general Sandoval, que ha establecido una relación de profunda cercanía profesional con López Obrador, y ungió a un hombre educado en la Escuela de Las Américas, de nefasta memoria.

El general brigadier Rodríguez Bucio tenía siete años de haber ingresado al Ejército cuando en 1980, el entonces teniente del 2º Batallón de Infantería del Cuerpo de Guardias Presidenciales, parte del extinto Estado Mayor Presidencial, que era el responsable directo de la seguridad del Presidente, de Los Pinos y de todas las instalaciones estratégicas que rodeaban la vieja residencia oficial, fue despachado a Panamá. Fue a capacitarse a Fort Gullick, donde originalmente había estado el muy desconocido 8vo. Grupo de Fuerzas Especiales de Estados Unidos, que realizaba intervenciones en América Latina, y que albergó y entrenó a la unidad militar boliviana que cazó y mató a Ernesto Che Guevara en 1967.

Cuando llegó a Fort Gullick el teniente Rodríguez Bucio, ese grupo de Fuerzas Especiales ya había sido desactivado, y sus instalaciones –hoy convertidas en un Hotel Melía–, albergaban al 3er. Batallón Aerotransportado del 7º Grupo de Fuerzas Especiales, y a la Escuela de Las Américas, por donde pasaron 11 dictadores de América Latina, entre los que figuraron Jorge Rafael Videla, el jefe de la junta militar que desapareció a 35 mil argentinos, el guatemalteco Efraín Gómez Montt, clasificado como “genocida” por una comisión de la ONU, y el panameño Manuel Antonio Noriega, que trabajaba con el Cártel de Medellín y la CIA, así como Manuel Contreras, el jefe de Inteligencia de los primeros años del régimen de Augusto Pinochet, el jefe de los escuadrones de la muerte salvadoreños, Roberto  D’Abuissson, y Vladimiro Montesinos, el asesor criminal del presidente peruano Alberto Fujimori. Esa escuela estaba especializada en operaciones de contra inteligencia y técnicas de tortura.

Su paso por la Escuela de Las Américas no se encuentra mencionada en el currículum que difundió la Presidencia del general brigadier, pero no es la única omisión. Hay lagunas en su carrera militar, admitidas como momentos no relevantes, pero sí hay otros puntos en su hoja de servicios difundida, que tiene imprecisiones o, definitivamente, ocultamientos. Una imprecisión es que donde la Presidencia señala que fue director del área de Operaciones Especiales de la Policía Federal de 1990 a 2000, pero este cuerpo no existió hasta 2009. En realidad, como dice la hoja de servicios sin precisar fechas, de 1994 a 1999 coordinó los grupos interinstitucionales del CISEN. Sin embargo, la Presidencia dice que el cargo era en el ámbito de la seguridad pública, cuando en realidad era de seguridad nacional.

Rodríguez Bucio se especializó en grupos armados –legado de sus enseñanzas en Fort Gullick–, y narcotráfico. Antes de llegar al CISEN fue subjefe del Estado Mayor de la Fuerza de Tarea Marte, que combatía el narcotráfico y erradicaba plantíos de enervantes en el Triángulo Dorado –donde se juntan Sinaloa, Durango y Chihuahua–, cuyos detalles se mantienen secretos porque la Secretaría de la Defensa se ha negado a darlos a conocer pese a la instrucción del INAI que entregue información sobre la estrategia de combate al narcotráfico en esa zona desde 1967.

Ese mismo tipo de tareas realizó en la 4ª. Región Militar, con sede en Monterrey, de 2001 a 2013, donde estaba a cargo de operaciones contra el narcotráfico en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. En esos años rompió el cártel del Golfo y Los Zetas, que se extendieron hacia el sur de Tamaulipas y San Luis Potosí, y los hermanos Beltrán Leyva, primero como parte del cártel del Pacífico y luego como una organización independiente, controlaban Monterrey. Años después, en esa región militar también estuvo comisionado el actual secretario de la Defensa, el general Sandoval.

Durante ese periodo, como sucedió antes con el CISEN, el general brigadier tuvo otras tareas no aclaradas en el currículum de la Presidencia. De agosto de 2003 a septiembre de 2004 fue comandante del 2º Batallón de Fuerzas Especiales al mando de las operaciones contra el narcotráfico en el Triángulo Dorado, y en 2006 fue trasladado al Estado Mayor de la Defensa Nacional como jefe fundador del Grupo de Análisis e Información de Narcotráfico, que sustituyó al Centro de Inteligencia Antinarcóticos, al desaparcerlo por la infiltración del narcotráfico. Ahí reemplazó al general brigadier Roberto Aguilera Olivera, quien solicitó su retiro tras una investigación interna –nunca judicializada– donde presumían vínculos con el cártel del Pacífico, luego de que una serie de fugas de información impidieron la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán en la Sierra de Durango. 

Rodríguez Bucio tenía una carrera que lo llevaba al cargo de secretario, que su amigo el general Sandoval cortó. Pero le entregó al presidente López Obrador un militar experimentado, con mando de tropa, y entrenado para cualquier eventualidad, como los fantasmas y puntos negros en su hoja de servicios lo demuestran.
11 Abril 2019 03:31:00
Qué difícil jefe
Debe ser muy difícil ser miembro del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien todas las mañanas coloca a todo su equipo en una tensa situación donde saben que en cualquier momento tendrán que improvisar para seguirle el paso. Sus comparecencias matutinas y sus conferencias de prensa en Palacio Nacional son entre un circo romano y una montaña rusa. Para muchos fuera del Gobierno, se han convertido en eventos morbosos para ver a quién difama o denuncia; para su gabinete son un martirio porque todo puede pasar y cambiar, y todo puede esperarse. Todas las mañanas es como entrar en un túnel oscuro donde no sabe la mayoría qué va a encontrar.

Varios miembros del gabinete dedican personal a monitorear esas apariciones, para saber si hay alguna indicación que haya sobre su sector, algún nuevo programa que se le ocurrió al Presidente y que no les había dicho, o algún tema contencioso sobre el cual les preguntará más adelante. Algunos han recibido instrucciones públicas sobre temas que nunca antes habían platicado con el Presidente. Otros van a Palacio Nacional para participar en las reuniones de preparación de las mañaneras, donde a veces se juntan más de 100 funcionarios que aprovechan algún momento previo, para poder arreglar asuntos de su dependencia, ya que nunca los recibe.

López Obrador utiliza ese espacio para hacer lo que quiera. Una de las peculiaridades es cómo destroza la credibilidad de su propio equipo. Por ejemplo, el martes le tocó al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, al desmentirlo de la evaluación para restablecer la tenencia en el país. El miércoles al de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien dijo que el nuevo aeropuerto de Texcoco no fue cancelado por corrupción, como originalmente se afirmó. En otra ocasión le dio instrucciones al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, para rasurar la reforma educativa, que estaba en el Congreso, para que los maestros no dijeran que era como la del presidente Enrique Peña Nieto.

López Obrador es un jefe sumamente complicado, en buena parte, porque le interesan muy poco la mayor parte de los temas de su competencia. Su rutina de trabajo empieza alrededor de las 5:40 de la mañana, cuando su gabinete de Seguridad le da un reporte sobre la incidencia delictiva y se ponen de acuerdo sobre las cifras que darán a conocer. Siempre buscan dar números a la baja, aunque haya discrepancias hasta en un 20% con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como sucedió en el primer bimestre del año.

Terminando se abre el mercado de funcionarios queriendo plantearle al Presidente algún tema, salvo aquellos que previamente fueron notificados que esa mañana tendrían sus 15 minutos de fama. Así le sucedió al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, a mediados de febrero, cuando le notificaron que tenía que presentar el plan para el sector eléctrico. Bartlett llegó con su presentación, pero minutos antes de entrar al Salón de la Tesorería, le dijeron que su documento sería para después y le entregaron uno que se había hecho en las áreas de propaganda de Palacio Nacional, que era la que tenía que enseñar a la prensa. En ella estaba el top tende presuntos empresarios empapados en complicidades y conflictos de interés en el sector, que Bartlett, mostrándose como un ignorante, denunció sin poder sustentar sus dichos y acusó a exfuncionarios que ni siquiera estaban vinculados con el sector.

Al Presidente no le interesa su gabinete. Para López Obrador, según funcionarios, los únicos con quienes tiene interlocución diaria y frecuente son los que se sientan permanentemente en la mesa de seguridad: el secretario de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, el director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer. Tiene contacto, sin ser estrecho, con el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y de manera coyuntural con quienes encabezan sus programas sociales. Hay miembros de su gabinete que incluso piensan que quiere despedirlos porque nunca les hace caso.

Lo conocen poco. En el Gobierno de la Ciudad de México hacía lo mismo: reunión con el gabinete de seguridad, mañanera y desayuno de trabajo. Después se iba a jugar un rato beisbol, a tomar una siesta, y caminaba por el Centro Histórico repartiendo dinero. Ahora ha tenido que reducir sus prácticas de beisbol y recortar sus siestas. Ya no reparte dinero en las calles y por razones naturales de su mayor responsabilidad, a veces tiene eventos al mediodía. Pero en general, todo lo resuelve en la mañanera: informe de acciones de Gobierno, conferencia de prensa y, como sucedió con la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, un evento formal y protocolar.

Después de eso, cada quien atiende lo que le ordenó directamente o a través de Scherer, principalmente. López Obrador es el poder todas las mañanas y delega la gestoría a través de un puñado personas específicas. Para él no hay líneas de mando, y se recarga en quienes tienen su confianza y es eficiente. A quien le delega ese poder, lo empodera para los asuntos de gobierno. Lo único que atiende directamente además de la seguridad, es lo que tiene que ver con la política electoral, con un staff encabezado por el coordinador de delegados federales, Gabriel García Hernández, responsable de fortalecer el andamiaje para la consolidación del proyecto mediante las urnas, que es su mayor prioridad.
10 Abril 2019 03:48:00
¿Y si rectifica Presidente?
La anomalía que veían los economistas se disolvió. Se preguntaban, ¿cómo es posible que baje el consumo en todos los rubros, haya inflación y desempleo creciente y la confianza del consumidor sea positiva? El Inegi respondió al dar a conocer el Índice de Confianza del Consumidor de febrero, donde los niveles son los más bajos del nuevo Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y los peores desde enero de 2017. Hay incertidumbre por la inseguridad, y desconfianza en la política económica. La percepción ciudadana se está alienando con la de inversionistas, analistas, bancos privados, nacionales y extranjeros, instituciones multilaterales y organismos internacionales, que suman a esos factores dudas por las señales contradictorias de López Obrador. La más grande, la cancelación del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco.

Cancelar el proyecto como resultado de una consulta concentrada en en los municipios pobres en el sur del país, tuvo consecuencias económicas inmediatas, pero sobre todo lanzó una señal de alerta al mundo. Al Gobierno de López Obrador lo empezaron a ver con cuidado. Las inversiones se frenaron, y la economía se contrajo. La Secretaría de Hacienda redujo su expectativa de crecimiento para 2019 y 2020, pero el Presidente insistió que crecería en 2% y que para finales del sexenio el crecimiento estaría en 4 por ciento. El Fondo Monetario Internacional lo desmintió ayer al dar a conocer sus expectativas de crecimientoen el mundo. Las señales emitidas por el nuevo Gobierno, llenas de incertidumbre política, produjeron un nuevo ajuste a la baja para estos dos años.

Frente a las noticias negativas, López Obrador siempre acelera el paso. Aún no reacciona sobre el nuevo balde de agua fría que le tiró el FMI, pero en situaciones similares en el pasado, disfraza los malos números con acusaciones a políticos, empresarios, órganos autónomos y prensa.

López Obrador no entiende de economía, y a sus colaboradores les cuesta mucho trabajo explicarle las cosas porque tampoco razona. La subordina a sus objetivos políticos, olvidando que acciones similares llevaron a la ruina al país. Él mismo lucha contra sus creencias y se mete en contradicciones. Las evidencias de que lo economía del país estaba mucho más grave de la que se imaginaba, lo ha hecho enfurecer en algunas ocasiones y molestarse con propios y extraños.

Tuvo que aceptar el recorte presupuestal que le propuso el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, cuyo tufo neoliberal es superior a los que tuvo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con el que tanto se compara, al demostrarle que el dinero en las arcas del tesoro simplemente no alcanzaría, con todos los indicadores en contra, más la caída en la recaudación y en el empleo. El subsecretario Arturo Herrera dijo que para aumentar la recaudación contemplaban restablecer la tenencia de automóviles en el país, y horas después el Presidente lo desmintió por completo. Este choque con la realidad evoca un dicho tabasqueño: lo mejor de todo, es lo peor que se va a poner.

Pero para López Obrador, esto puede significar el final anticipado de su sueño transformador. ¿Qué puede hacer sin cometer un suicidio financiero? Enviar una señal a los inversionistas de que entendió que lo que quería hacer, como lo quería hacer, no funcionó, y es capaz de rectificar. ¿De qué escala tendría que ser esa rectificación? La respuesta sería tirar la construcción de un nuevo aeropuerto en Santa Lucía y reanudar la construcción en Texcoco. El mero planteamiento, dada la necedad del Presidente, parece descabellado. Sin embargo, una consideración que podría, hacerse, es que la disyuntiva está entre restablecer un proyecto y encontrar la forma de tener el menor costo político posible, o pagar costos económicos, políticos y sociales de mayor envergadura en el largo plazo.

Santa Lucía es un aeropuerto que sí puede construirse, pero que de acuerdo con los estudios de aeronavegabilidad, no puede operar en forma simultánea con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Construirlo sería como añadir una pista más en la Ciudad de México sin ampliar el tráfico aéreo. No sólo organismos internacionales han concluido en ello, sino que un estudio de la Fuerza Aérea Mexicana dice lo mismo. Empeñarse en Santa Lucía, visto logísticamente, provocará una disrupción en las operaciones de las aerolíneas. Y en términos de seguridad, existe la certeza de la cancelación de vuelos internacionales.

El Presidente no sabe de estos temas y los responsables de él, tampoco. Pero dentro del Gobierno hay personas con conocimiento técnico y financiero de lo que significa entercarse en Santa Lucía. López Obrador tiene una oportunidad, aunque en un principio parezca una locura política. Una pista más en Santa Lucía, disfrazada de nuevo aeropuerto, no provocará el crecimiento de Texcoco, aunque el Gobierno diga lo contrario. Texcoco no era la mejor opción; era la única posible. Una de las empresas a las que se recurrió por su opinión, que así lo determinó, es Aeropuertos de París, a quien le comisionaron el Plan Maestro de Santa Lucía. Al paso que va, ni siquiera estaría lista su primera fase antes de terminar el gobierno. El nuevo aeropuerto de Estambul, como espejo, arrancó este fin de semana su primera fase operacional, tras casi cinco años de construcción sin problemas.

López Obrador puede intentar el rescate de la confianza de los inversionistas y quitarles la idea de que es un aventurero como Jefe de Estado y que sí es capaz de corregir una decisión equivocada. Para ello, sin embargo, se requiere que cuando menos crea los números que le presentan los no radicales, y que se aleje de quienes empapan todo en demagogia, retórica y, sobre todo, embustes. .(Javascript debe estar habilitado para ver esta direccion de correo)
09 Abril 2019 03:59:00
La víctima de López Obrador
Kirstjen Nielsen renunció a la Secretaría de Seguridad Pública Territorial, y el impacto por su salida del Gabinete del presidente Donald Trump no tardaremos en verlo. Perdió la parte moderada del Gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad y perdió México.

Apenas la semana pasada, funcionarios mexicanos mencionaban que los problemas migratorios de Trump no eran sólo con México, sino que se encontraban sobre todo dentro de su Gabinete, donde el choque más fuerte era con Nielsen. Les preocupaba su salida, que finalmente se dio, ante la eventual llegada de halcones y radicales en políticas de migración. Paradójicamente, quien parece haberle dado inadvertidamente la puntilla a Nielsen fue el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es cierto que Nielsen llevaba una relación tortuosa con Trump prácticamente desde que relevó hace casi año y medio a su mentor, John Kelly, que fue nombrado jefe de Gabinete de la Casa Blanca –y tiempo después removido–. Fue la responsable de la política migratoria de “tolerancia cero”, que afectó a árabes, mexicanos y centroamericanos. Sobrevivió en medio de aguas turbulentas hasta la crisis de migrantes centroamericanos que inició en octubre de 2018, pero ya no pudo neutralizar los cambios en las políticas migratorias del nuevo Gobierno federal.

La clave sobre el papel que jugó el presidente López Obrador en el desenlace final de la secretaria la dio Kevin McAleenan, quien será su sustituto a partir del miércoles y que el pasado 7 de marzo compareció ante el Comité Judicial del Senado, como jefe de la Patrulla Fronteriza. En esa comparecencia McAleenan afirmó que las organizaciones criminales trasnacionales estaban “ganando tremendamente” gracias a los problemas de los migrantes centroamericanos, que estaban buscando llegar a EU a través de México en números atípicamente crecientes. Los datos de Washington para este año eran utilidades en los dos primeros meses del año de 5 mil millones de dólares, con un crecimiento de aprehensiones de 360 mil personas, superior al total de capturas que se dieron durante todo 2017. “Los contrabandistas de humanos escogen el momento y el lugar para que esos grupos crucen estratégicamente, a fin de dislocar los esfuerzos de seguridad fronteriza, crear una distracción del narcotráfico y permitir que individuos evadan ser capturados e intenten inmigrar”, agregó. “Peor aún, esos contrabandistas cometen una violencia horrible, asaltos sexuales y extorsión en algunas de las personas más vulnerables de nuestro hemisferio”.

McAleenan dijo a los senadores que una parte de la responsabilidad del incremento masivo de inmigrantes centroamericanos era del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, por sus políticas de regularización de migrantes y la laxitud en la aplicación de las leyes para repatriarlos, como había sido con el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto con la primera de varias caravanas

en octubre.

En esa convicción estaba la molestia de Trump, quien amenazó con cerrar la frontera con México si eso no se revertía. Nielsen fue apoyada por el Gobierno mexicano, que no sabía que su final se acercaba, cuando le dieron victorias pírricas para entregar a Trump: aceptar en mediano plazo hasta 9 mil deportados por mes, para tener tiempo de asimilarlos de manera definitiva en territorio mexicano e incrementar las deportaciones de inmigrantes centroamericanos. Trabajarían conjuntamente para capturar a líderes de redes de tráfico humano en Chiapas y Veracruz y romper sus redes financieras. Obvio, no fue suficiente.

La salida de Nielsen concluyó una creciente frustración de Trump y su principal asesor político en materia migratoria, el extremista Stephen Miller, quienes consideraban que la secretaria no había dado resultados convincentes en una negociación exitosa con México. Nielsen era dura, pero no halcón.

Días antes, Trump retiró el nombramiento de Ronald Vitiello, apoyado por ella, para dirigir la Oficina de Aduanas y de Inmigración del Departamento de Seguridad Territorial, porque el Presidente había cambiado de opinión y buscaría implementar una política “más dura” en ese campo.

No está claro si McAleenan será ratificado, como adelantó el domingo la cadena de televisión CBS. Este es el problema que ven los moderados en EU y algunos funcionarios mexicanos con la salida de Nielsen, porque redefinirá la política migratoria y abre el camino al nombramiento de un radical en el cargo.

McAleenan no dio esa impresión al dirigir la Patrulla Fronteriza, pero tiene experiencia en el combate al terrorismo, como director de la Oficina Contraterrorista del FBI ,que participó en la guerra contra Osama

Bin-Laden, los talibanes y Saddam Hussein.

De manera coincidente o no, Trump ha coqueteado en las últimas semanas con reclasificar a los cárteles de la droga de organizaciones criminales trasnacionales, a terroristas, con lo que elevaría el nivel de lucha y las atribuciones de su Gobierno. Pero su nombramiento, aunque sea como refresco de la gestión de Nielsen y de Kelly, que reconocían perfectamente el problema de la seguridad como un fenómeno regional, no tiene el perfil de ser una persona que podría tener largo kilometraje en la Administración Trump.

El temor en las áreas más sensibles del Gobierno federal mexicano es quién moverá realmente los hilos de la política migratoria. Las noticias son ominosas. Quien ganó la batalla en la Casa Blanca fue Miller, que expandió su influencia en la Casa Blanca y se convirtió, de facto, en el zar migratorio.

En un correo electrónico al portal conservador Daily Caller hace una semana, Miller adelantó que habría “un agresivo esfuerzo para utilizar a cada autoridad para reducir la migración indocumentada”. Ya revisó, y la purga comenzó. También el endurecimiento de la política migratoria de Trump, resultado no deseado de la política migratoria romántica y de visión estrecha del Gobierno mexicano, causantes

colaterales de esta radicalización.
08 Abril 2019 03:17:00
Las culpas de Ebrard
La polémica sobre la petición de disculpas al rey Felipe VI parecía haber pasado a un segundo plano en la opinión pública, lo que era bueno para que los gobiernos de México y España trabajaran, como quedaron Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la ministra de Justicia española, Dolores Delgado, cuando se reunieron en enero. Las dos habían tenido un encontronazo en ese acercamiento, donde la señora Gutiérrez Müller le anticipó que vendría el exhorto y que irían preparando un catálogo de crímenes españoles durante la Conquista para ser discutido.

Aquello se dio durante la visita de trabajo del Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que no terminó bien. En la despedida, tras las difíciles conversaciones, la señora Gutiérrez Müller se le acercó a su esposo y algo le dijo al oído. Entonces, López Obrador reiteró a Sánchez que la petición de disculpas, era algo que no soltarían.

Gutiérrez Müller y Delgado establecieron una relación intensa a través de WhatsApp, que topó con baches cuando se filtró la carta que envió López Obrador al monarca español. Sánchez dijo que no habría disculpas, pero lamentó sobre todo la filtración. Este es el gran tema. Tan importante, que Sánchez volvió a referirse a ello en una entrevista publicada el jueves en El Universal. En respuesta, López Obrador dijo: “Yo no di a conocer la carta. Fue una filtración. No sé si fue el Gobierno español o la sustrajeron de Relaciones Exteriores. Hay las dos posibilidades, pero sí se equivocaron”.

Esta es la cuarta versión del Presidente sobre la filtración. Primero fue, tras la respuesta del Gobierno español que lamentaban la difusión de la carta, cuando López Obrador dijo que había sido en España. Al día siguiente reconoció que había sido una filtración de su propio Gobierno. Al siguiente, señaló que se trataba de espionaje. Iba de mal en peor. La carta no salió de España, como asegura, porque como él mismo dijo, era un borrador que no estaba firmado. Adjudicar al espionaje, sería un escándalo, pero muchas cosas que dice el Presidente pasan desapercibidas ante la creciente imprecisión y trivialización de su palabra. 

Esta última versión anulaba la posibilidad de una filtración dentro de su gobierno, lo cual volvió a corregir la semana pasada cuando regresó a que una indiscreción de la cancillería hubiera sido la fuente de origen.

El impacto que tuvo la filtración, y que alteró y entorpeció la negociación que habían iniciado Gutiérrez Müller y Delgado, ha sido abordado en este espacio como lo más importante de todo ese diferendo diplomático, en donde quedaba la duda de quién había sido el o la responsable de esa traición por el daño causado al Presidente, en imagen –el semanario británico The Economist lo critica en su edición actual llamándolo un “historiador amateur”–, y en la reducción de los espacios que tenía para poder ir negociando con la Corona española la tercera disculpa –la primera fue en el siglo 19 y la segunda afínales del 20–.

La filtración ha sido manejada con mucha especulación por parte de López Obrador pero, a la vez, con gran hermetismo ante la opinión pública. Sin embargo, funcionarios mexicanos dijeron que en Palacio Nacional tienen identificada una persona como la responsable de haber filtrado extractos de la carta al diario madrileño El País, que dio la primicia. Esa persona es el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Colaboradores cercanos a Ebrard afirman que es absolutamente falso y que se trata de rumores con el único propósito de dañarlo.

Ebrard acompañó a la señora Gutiérrez Müller a la reunión con la ministro Delgado en enero, y estuvo al tanto de todos los señalamientos y del anuncio que iban a enviar una carta al rey. La cancillería no ha negado ni desmentido que esa reunión se dio o que Ebrard participó en ella, pero en la prensa se ha sugerido en varias columnas la inocencia del canciller, incluso, subrayando que desconocía la carta.

En los círculos de la casa presidencial, el sentir contra el canciller es negativo, adjudicando de manera subjetiva, pero concreta en cuanto a las relaciones de poder palaciegas, su enemistad con la esposa del Presidente.

El canciller no la lleva bien con la familia. Entre quienes operan políticamente, consideran a Ebrard como un traidor, mientras que la señora Gutiérrez Müller y su entorno, tienen un problema de empatía con él que vienen arrastrando. Lo más evidente, dentro de los muros de Palacio, es el choque que tiene con Martha Bárcena, la embajadora de México ante la Casa Blanca, y tía política de la esposa del Presidente, a quien Ebrard considera una imposición.

Para neutralizarla, el secretario planeó abrir una oficina en Washington, encabezada por la hermana de Javier López Casarín, un empresario muy cercano a Ebrard, a quien le encarga asuntos delicados en la cancillería. Por esto, Bárcena, una diplomática muy respetada en el Servicio Exterior, lo confrontó en diciembre, y le dijo que la representante de México ante el Gobierno de Estados Unidos era ella. Ebrard negó que hubiera una oficina y, hasta donde se sabe, canceló los planes.

No ha sido un arranque de gobierno terso para Ebrard, aunque parezca lo contrario, y ahora enfrenta las imputaciones de filtrador. ¿Fue él? El significado político de fondo es el choque en los corrillos palaciegos, donde Ebrard está en desventaja y no tiene posibilidades de ganar. El desgaste ha tenido en las últimas semanas es grande, así como su imagen pública como un político sofisticado.

Los señalamientos que le hacen son fuertes –enormes en este momento, cuando menos, para sus aspiraciones presidenciales.
05 Abril 2019 03:08:00
El entuerto de Trump
La disminución de la sonoridad de las críticas de la Casa Blanca contra México esta semana, fueron el preámbulo de que en un intercambio informal con periodistas en el Salón del Gabinete de la Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump sostenía una reunión de trabajo con el gabinete, anunciara que la frontera no se cerraría y que abriría un plazo de un año para que redujera significativamente el tráfico de personas y de drogas hacia Estados Unidos.

El aplazamiento fue el primer resultado de una batalla política de casi tres meses y medio entre los dos países, donde superaron momentos de crisis en las negociaciones, a punto de rupturas incluso, donde fueron moviendo posiciones para encontrar, si no la mejor solución a la crisis migratoria, cuando menos la posible.

La tensión con el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó desde los primeros días de la administración, cuando en Washington empezaron a tener dificultades con dos discursos mexicanos que se confrontaban e incluso se contradecían. Por un lado, el de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y por el otro el de la de Gobernación. El canciller Marcelo Ebrard aceptaba que México fuera un tercer país seguro, donde le haría el trabajo sucio a Estados Unidos y mantendría en territorio mexicano a los inmigrantes que pedían asilo en aquella nación, mientras la secretaria Olga Sánchez Cordero, decía que eso era inaceptable.

Las posiciones antagónicas fueron una de las razones por las que el consejero especial de Trump, su yerno Jared Kushner, buscó una reunión con López Obrador, que llevó al Presidente mexicano a hablar con ambos, exigirles que no se pelearan y que se coordinaran. A Ebrard le encargó coordinar todos los esfuerzos mexicanos, incluidos los migratorios en Washington, con el secretario de Estado Mike Pompeo, y a Cordero la responsabilizó de la política migratoria sin quitarle el control –en este espacio se reportó el miércoles que así había sido– del Instituto Mexicano de Inmigración. Su relación sería con Kirstjen Nielsen, la secretaría de Seguridad Territorial, la responsable en Estados Unidos de combatir la inmigración indocumentada.

El problema con Nielsen, sin embargo, se venía arrastrando desde tiempo atrás, cuando en diciembre, recién iniciado el gobierno lopezobradorista, buscaron que Cordero viajara a Washington para reunirse con ella. La respuesta fue negativa. Propusieron enero, igual; febrero, tampoco. ¿Finales de febrero? Las quejas se estaban acumulando en la Ciudad de México. A cambio del no encuentro entre las secretarias, Gobernación propuso un grupo de trabajo que encabezaban el coordinador de asesores de Sánchez Cordero, Jorge Alcocer, y el subsecretario de Seguridad Territorial para Estrategia, Política y Planeación, James McCament.

La primera de cinco reuniones se dio el 19 de enero, donde McCament no habló del concepto del tercer país seguro, sino del Acta de Inmigración y Nacionalidad 235, sobre la deportación inmediata de indocumentados “inadmisibles”. McCament planteó que México debía recibir a todos los inmigrantes indocumentados en todas las garitas, porque habían detectado un incremento de la migración derivada de la política de López Obrador de abrir sus fronteras, y que estaban llegando con visas mexicanas. La respuesta de los mexicanos fue de rechazo a la pretensión original, y llegaron a un primer acuerdo que sólo admitirían 20 inmigrantes por día, que tuvieran ese tipo de visas, y únicamente en Tijuana. Sin estar felices, aceptaron los estadunidenses. En Washington subía la frustración y molestia de Nielsen, que había planeado la instrumentación de la 235 con Pompeo, y se la habían ofrecido a Trump como una solución de largo plazo. Pompeo le pidió a Ebrard que Sánchez Cordero se entrevistara con Nielsen.

A finales de febrero, López Obrador le ordenó a la secretaria de Gobernación viajar a Washington. Se reunió con Nielsen el 28 de febrero, quien le dijo que la migración estaba dislocada y calculaban cerrar febrero con más de 70 mil aprehensiones, aunque en marzo estimaban más de 100 mil. Si no hacen nada, advirtió Nielsen, el presidente Trump va a cerrar la frontera. Fue la primera amenaza, aunque la secretaria afirmó que era un mero un aviso de lo que vendría. Sánchez Cordero le dijo que el problema no era con mexicanos sino con centroamericanos, y que tenía que verlo con esas naciones. De cualquier forma, acordaron que México ampliaría la recepción de deportados, a Mexicali y Ciudad Juárez, pero la misma cantidad en cada una, pero sólo centroamericanos con visas humanitarias que hubieran entrado por los puertos fronterizos, y con niños acompañados por sus padres.

La presión en Estados Unidos crecía. Nielsen le pidió a Sánchez Cordero verla en Miami, camino a Tegucigalpa. El 17 de marzo se reunieron en el aeropuerto, y Nielsen le dijo que, como previó, las deportaciones rebasaban las 100 mil y que tenía que hacer algo en sus fronteras. Fue una plática muy tensa, donde Nielsen estuvo a punto de pararse de la mesa. Sánchez Cordero ofreció mantener las condiciones para recibir inmigrantes, pero con cuotas diferentes: 20 el primer día, y si cumplían, 30 el segundo, 40 el tercero y así sucesivamente. Serían 9 mil deportados que aceptaría mensualmente México. Además, habría contención en la frontera, como querían.

Sánchez Cordero le dijo a López Obrador que tenían que incrementar el número de deportaciones. López Obrador aceptó, y se registraron 13 mil deportaciones en las tres últimas semanas, que Trump vio como un paso positivo y canceló el cierre fronterizo. No será lo único. Los dos gobiernos están preparando medidas adicionales, no sólo migratorias, sino policiales y financieras, para atacar conjuntamente el fenómeno en la región.
04 Abril 2019 03:29:00
El #MeToo,  o el derecho a denunciar
La noticia provocó una conmoción nacional: el bajista fundador de la banda de rock Botellita de Jerez, Armando Vega Gil, se suicidó el lunes luego que una mujer lo denunció de acoso sexual hace dos lustros a través del colectivo #MeTooMusicosMexicanos. Las reacciones fueron de luto y lamento, de escarnio y odio. Los apoyos y las críticas fluyeron, en buena parte enfocadas al anonimato tras el que se escondió la mujer.

Una denuncia sin dar la cara, se puede argumentar, carece de valor civil. Quien se oculta, ¿cómo sustenta su denuncia más allá del dicho? Pero al mismo tiempo, como dijo una colega periodista, “creo que es un proceso necesario, que así como en el anonimato hay denuncias, también hay un reconocimiento privado y personal de violencia. Eso es un granito de arena para que las sociedades cambien”.

El hashtag #MeToo fue fundado por la activista estadunidense Tarana Burke en 2006, luego de que tuvo una conversación con una jovencita de 13 años que abrió su experiencia de abuso sexual por parte del novio de su madre, narró en 2017 el periódico The New York Times. El fenómeno explotó en octubre de 2017, cuando la actriz Alyssa Milano escribió en Twitter: “Si han sido acosadas sexualmente o atacadas, escribe ‘yo también’ y replica este tuit”.

Milano no conocía a Burke ni que había acuñado ese hashtag –tan pronto como se enteró le dio el crédito–, pero recibió más de 66 mil réplicas de usuarios en la red. Ese mismo mes, Javier Poza entrevistó a la actriz mexicana Karla Souza en Radio Fórmula, y le dijo que se había ido de México porque había sido víctima de acoso sexual por parte de productores y directores mexicanos. Su denuncia pública no tuvo consecuencias inmediatas porque no quiso identificar al acosador, hasta después fue ubicado independientemente y perdió su trabajo.

El suicidio de Vega Gil, por su prominencia y fama pública, disparó el debate y se enfocó en el recurso del anonimato. La denuncia se hizo a través del colectivo, del que se desconocen su demografía y fundadoras/fundadores. Esta variable parece importante resaltarla. Una revisión empírica de las respuestas por la muerte de Vega Gil sugiere un conflicto intergeneracional, predominante en las millenial, que están de acuerdo en el anonimato, mientras que generaciones mayores, o voces masculinas, critican que no den la cara y que la denuncia se quede en las redes sociales.

“Dicen que las denuncias en redes no sirven para nada”, agregó la colega periodista. “¿Las denuncias formales sí? El país del 97% de impunidad ¿está defendiendo eso?... (En) los chats de mujeres (hay un) nivel de miedo y hartazgo. El tema no distingue países, edades, dineros. Es en un momento en el que estamos reconociendo mucha violencia innecesaria por todos lados, hacia los animales y el medio ambiente en general y entre nosotros. En medio de todo eso, estamos reconociendo poco a poco las situaciones de privilegio, y entendiendo que lo tenemos normalizado.

“Me parece que los ‘MeToo’ original vienen de pechos doblemente cansados. Si ser mujeres es complicado, ser mujer negra debe ser un infierno y, como siempre, se los han apropiado quienes tienen más reflectores, o las víctimas atípicas porque ellas antes no se quejaban. Por un lado, está bien desmitificar que en las clases altas y blancas no hay violencia, y por otro, pienso que le quitamos voz a quienes con trabajo extra la alzaron. Ha sido a través de redes sociales porque son el espacio más horizontal. Quizá diga obviedades, pero los sistemas de justicia mundiales son súper misóginos. No creo que sea culpa de nadie, así lo aprendimos y aquí hay un espacio donde en segundos tienes apoyo de miles de que se sienten igual”.

Otra colega, de diferente generación, opinó: “Para mí, el ‘MeToo’ es otra modalidad de linchamiento. En el #MeToo original la víctima tenía cara y nombre e iniciaba un proceso igual. Lo de México es una locura. Cualquier persona, en especial figuras públicas, están expuestas a quedar marcadas de pederastas y violadores. Es un tema muy sensible el de los abusos, pero también el linchamiento. En el linchamiento físico matan y queman a las víctimas. Ahora desprestigian y marcan a los indiciados en una oscura Nueva Inquisición, donde el acusador es anónimo”.

La colega millenial retomó: “Me parece que es el primer paso para otras cosas, que va a ser un relajo y va a tener errores, como todo movimiento, pero que era necesario. Así como la desigualdad ya es insostenible, tener a la mitad de la población sometida sicológica o físicamente, también. Es necesario en esta primera etapa. Hasta que no se garantice la seguridad de la denunciante y el alto a la impunidad, yo no le veo sentido a que las mujeres se expongan doblemente, a las redes sociales, que ya vimos cómo reaccionaron; la reacción más violenta (fue contra) la persona que denunció”.

El movimiento #MeToo, dicen en su página Web, nació para apoyar a quienes sobrevivieron la violencia sexual, empoderándolas a través de la empatía y la acción comunitaria. #MeToo le dio voz a la gente, y la animó a denunciar sus experiencias. La expresión de los múltiples #MeToo surgidos en México parecen radicales para unos y reivindicativos para otros. Pero necesitábamos este sacudimiento, tras ver la indierencia de muchos. Solo entre 2014 y 2017 en la Ciudad de México, las denuncias se incrementaron en 433%, y no había pasado nada.

La sociedad se está moviendo. Ahora requerimos de inteligencia, filtros para las denuncias y verificación, para que este despertar no nos lleve de regreso a las tinieblas.
03 Abril 2019 03:36:00
El golpe de Olga a Jared
El presidente Donald Trump mandó un mensaje de paz al presidente Andrés Manuel López Obrador en la voz de su vocera, Sarah Sanders, quien en una entrevista para la cadena Fox News afirmó que el Gobierno mexicano estaba siendo más responsable con la inmigración indocumentada. En 24 horas cambió el tono y la forma. Pero si dejan de hacerlo, agregó Sanders, “nos veremos obligados a tomar medidas drásticas, como cerrar los puertos de entrada en nuestra frontera”. La amenaza de sellar la frontera esta semana parece cancelada, al menos por ahora, ante las alentadoras señales recibidas desde la Ciudad de México, que significaron degradar a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, del manejo de los temas migratorios y desautorizar su posición en Miami.

El martes de la semana pasada se reunió en esa ciudad con la secretaria de Seguridad Territorial, Kirstjen Nielsen, donde discutieron la forma como los dos países podrían trabajar juntos para enfrentar la migración irregular a Estados Unidos y México, combatir el tráfico humano, el contrabando, y fortalecer la iniciativa del tercer país seguro. No hubo mucho más oficial de ese encuentro, pero el viernes, explotó Nielsen: “Enfrentamos una crisis en cascada en nuestra frontera sur. El sistema está en caída libre. La Secretaría de Seguridad Territorial está haciendo todo lo posible para responder a la creciente catástrofe humanitaria mientras garantiza la seguridad en nuestras fronteras”. Ese mismo día, Trump reinició sus ataques contra México.

La molestia de Trump obedeció a lo sucedido en Miami, donde Nielsen pensaba instrumentar los acuerdos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el asesor especial de Trump, su yerno Jared Kushner, delineados una semana antes en la Ciudad de México. En esa reunión, López Obrador ofreció contener a los migrantes, censarlos y proporcionar sus nombres y fotografías al Gobierno de Estados Unidos para identificar posibles criminales y terroristas, así como evitar ser aliado involuntario de los demócratas, que quie-ren hacer del fenómeno migratorio un tema electoral.

Información desde Washington permite entender que la indignación de Trump obedeció a que la secretaria de Gobernación desconoció los acuerdos del presidente y Kushner. Según fuentes cercanas a la Casa Blanca, Kushner quedó expuesto ante su suegro, el Presidente, porque sus esfuerzos diplomáticos discretos –no pensaba dar a conocer su cena con López Obrador, que fue quien la socializó–, habían fracasado. Asimismo, en la dinámica de las luchas palaciegas en la Casa Blanca, Kushner quedó disminuido frente a la dureza de Nielsen, que se convirtió en la voz cantante de las acciones punitivas de Trump.

Sánchez Cordero probablemente no se ha dado cuenta del daño que hizo al desconocer los acuerdos, al lastimar la puerta que abrió Kushner en México ante la pérdida de interlocución de alto nivel con el presidente de México, y las dificultades por encontrar funcionarios que tuvieran el respaldo absoluto de López Obrador. Desde la transición, Kushner, a quien Trump le encargó la relación directa con México e Israel, no simpatizó con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a quien tampoco le abrió la puerta de la Oficina Oval. Su enlace en Washington es el secretario de Estado, Mike Pompeo.

La reunión con López Obrador, buscada por Kushner, era para reestablecer el nivel de relación que había con el presidente Enrique Peña Nieto, donde tenían claro que hablar con el canciller Luis Videgaray era hablar con el jefe de Los Pinos. En el caso de López Obrador, la conclusión fue que nadie podía hablar por López Obrador porque nadie lo representaba.

De acuerdo con la información que ha trascendido de la Casa Blanca, Kushner convenció a Trump de que era importante el encuentro con López Obrador, como lo había tenido que hacer en 2016, cuando le dijo que hablaría con Videgaray. En el gobierno de Peña Nieto tuvieron una relación ejecutiva, donde los compromisos adquiridos se respetaron. Eso pensaba Kushner del nuevo gobierno, según lo que sale de Washington, pero la posición de Sánchez Cordero en Miami les mostró que no era así.

El desacuerdo público de Trump con México –quien ha cuidado no tocar directamente a López Obrador–, obligó a hacer más claro que el presidente de México iba a honrar los compromisos con Kushner, y se comunicó a Washington que Sánchez Cor-dero había sido relevada del manejo de los temas migratorios y que Ebrard la sucedería. El cambio se había dado desde la semana pasada, pero a nadie en Estados Unidos ni en México le quedó suficientemente claro. En esa línea, Ebrard comenzó a aparecer en espacios públicos desde el lunes para hablar sobre el tema migratorio, mientras que a Sánchez Cordero, la guardaron.

La sutil degradación de la secretaria de Gobernación tuvo un acuse de recibo con la declaración de la señora Sanders en Fox News, y tendieron un puente para que juntos, los dos países resuelvan el fenómeno de la migración. López Obrador tiene que enviar señales claras a Washington, si quiere evitar que Trump vuelva a arremeter contra México.

La laxitud de su política migratoria ya permeó en las élites, reflejadas en The New York Times, que publicó que la aglome-ración de migrantes en México, adjudicada a las restricciones del gobierno de Trump al proceso de asilo, “también parece ser res-ponsabilidad, en parte, del Presidente mexicano”. Aunque López Obrador ha elegido en algunos aspectos ayudar a Estados Unidos en su agenda migratoria, el mensaje que ha enviado es que “ahora son más bienvenidos que nunca en México”. La comunicación a la Casa Blanca es que eso ya cambió. Por lo menos, por ahora, a decir de ambos gobiernos.
02 Abril 2019 03:39:00
Amor y paz no bastan
El presidente Andrés Manuel López Obrador sigue esquivando un choque con el presidente Donald Trump por el tema migratorio. Visto pragmáticamente, es una decisión inteligente, y no habría razones por la indignación de Trump, salvo que considere, como parece ser, que los compromisos con su yerno y asesor Jared Kushner en la Ciudad de México, los incumplió.

Ofreció contener a los migrantes, censarlos y proporcionar sus nombres y fotografías al Gobierno de Estados Unidos para identificar posibles criminales y terroristas, y evitar ser aliado involuntario de los demócratas, que quieren hacer del tema migratorio un tema electoral. A cambio, se fortalecería la posición de Trump para cabildear la ratificación del nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Kushner fue muy específico, según minutas del encuentro. Si México resuelve los problemas de la migración desde Centroamérica, Estados Unidos estará dispuesto a ayudar a López Obrador con sus problemas económicos, pero si no los resuelve y con ello contribuye indirectamente a la presión de los demócratas para acotarlo, no habrá ratificación del acuerdo y el Presidente se retirará del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No creo que eso le convenga a México, dijo Kushner, pues entraría en recesión.

La preocupación de la Casa Blanca, como se ha mencionado en este espacio, es un problema de seguridad nacional porque dentro de las caravanas viajan sirios, iraquíes y pakistaníes, que ingresaron a México sin que el gobierno de López Obrador se percatara de ello. Abrir la frontera sin controles –aunque insisten los mexicanos que realizaron censos–, explica porqué Trump declaró una crisis en la frontera, desplazó más fuerzas federales al sur de su país, y elevó la presión a México.

López Obrador pareció entenderlo. Despachó a Miami a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para una reunión de casi dos horas con la secretaria de Seguridad Territorial, Kirjsten Nielsen, en la cual, dicen funcionarios, hubo 15 minutos donde la estadunidense enfureció tanto –por razones no reveladas–, que incluso se le puso la cara colorada.

A su regreso, Sánchez Cordero anunció que controles migratorio en el istmo de Tehuantepec –un viejo sueño de Washington para establecer un dique en ese cuello de 200 kilómetros de largo–, se acabarían las visas humanitarias –el cambio de la política de puertas abiertas por una de contención–, serían un tercer país seguro para albergar a quienes pidieran asilo político en Estados Unidos, y que las agencias de inteligencia de ese país contribuirían con la identificación de posibles criminales y terroristas. Es decir, les entregaron todo lo que ningún Gobierno mexicano antes había aceptado.

Pero aún así, Trump enfureció. ¿Qué sucedió? La impresión, puede argumentarse, es que la Casa Blanca concluyó que no hubo reacción de parte de López Obrador. El 27 de marzo, abrió fuego el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAllenan, quien dijo en El Paso que la situación fronteriza estaba en un “punto de quiebre”.

En los dos días anteriores, reveló, se detuvieron más de 12 mil inmigrantes en la frontera con México, tres veces más de lo que se considera una cifra “alta” y lo doble de un nivel de “crisis”. Sólo el lunes de la semana pasada se capturó a 4 mil personas, el número más alto de aprehensiones en un solo día en la historia de Estados Unidos.

Dos días después, el 29 de marzo, Trump escribió en Twitter: “México debe evitar que los ilegales entren a Estados Unidos a través de su país y por la frontera sur. Por muchos años México ha hecho una fortuna de ello, mucho más grande que los costos fronterizos. Si México no detiene inmediatamente toda la inmigración ilegal… cerraré la frontera o amplios segmentos de ella la próxima semana”. Algo está en disonancia. Si el presidente López Obrador cedió en todo, ¿qué pasó? Aquí, tres claves de ello:

1.- Ante las quejas de Trump, López Obrador respondió que sí están haciendo cosas, y creando opciones de trabajo para los mexicanos; pero no entendió. La migración mexicana –que ha decrecido en los ultimos años– no es el problema, sino la que viene de Centroamérica. Hablar de mexicanos es darle la vuelta al problema que abordó Kushner e incumplir lo que acordó.

2.- López Obrador dijo que revisarían si hay criminales dentro de las caravanas. El problema es que el instrumento que tenían para ello, Plataforma México, fue desmantelado por el gobierno de Enrique Peña Nieto y no ha sido restituido. Estados Unidos, que financió el equipamiento tecnológico, no lo sabe. El gobierno de López Obrador tampoco, porque tienen un diagnóstico equivocado de lo que era la plataforma. El gobierno peñista les dijo que era “un proyecto de Slim” y lo creyeron, por lo que han desestimado la mayor base de datos criminal en América Latina. Por eso no saben con certeza, de forma instantánea, quiénes entran a México como inmigrantes.

3.- El Instituto Nacional de Migración anunció el domingo la reinstalación de las visas humanitarias, contrario a lo ofrecido por Sánchez Cordero.

López Obrador no ha cambiado su visión sobre cómo manejar la relación con Trump, a quien genuinamente le tiene miedo por lo que puede ocasionarle a su gobierno. Es peor lo que está sucediendo. Al ser tan locuaz para declarar sin acotar sus palabras, transmite ideas equivocadas.

Al tener colaboradores incapaces, carece de información de calidad para responder a las exigencias. Tener un mensaje de gobierno diseñado como propaganda, comunica fallidamente. Es el peor de los mundos. Se entregó a Trump, y la Casa Blanca no entendió que se subordinó.
01 Abril 2019 03:41:00
Andrés Manuel como Trump
La relación de los medios de comunicación con el presidente Andrés Manuel López Obrador es cada vez más difícil. Se esperaba que sus conferencias de prensa mañaneras iban a ser un instrumento útil, donde transmitiría un mensaje sin intermediarios a sus gobernados y, al alimón, respondería las dudas de quienes procesan, ordenan, contextualizan y jerarquizan sus declaraciones, los medios de comunicación. Las cosas no han salido como se esperaba, quizás más frustrante y decepcionante para los medios que para él –quien finalmente cumple el objetivo de ocupar la mayoría de los espacios la mayoría del tiempo–, aunque en la última semana el Presidente mostró señales de molestia con periodistas y subió el tono de sus insultos.

Varios periodistas lo han confrontado por la forma como estigmatiza y polariza a los medios, utilizando como peyorativo el calificativo de “fifís” y “conservadores”, y cada vez los medios le exigen respuestas a sus preguntas, no evasivas ni ataques. Las cosas apuntan a que empeorarán. Las advertencias sobre la polarización que crea el discurso del Presidente contra medios y periodistas –algunos de los cuales identifica por nombre–, reflejo de su mecha corta y su carácter excluyente contra quien no esté incondicionalmente con él, van creciendo. Él se defiende: es su derecho de réplica.

La semana pasada el periodista Ciro Gómez Leyva, abrió un debate en Radio Fórmula, donde varios abogados hablaron sobre este derecho. Dos posiciones reflejan la complejidad del tema. Por un lado, Fernando Gómez Mont, exsecretario de Gobernación, dijo que el Presidente sí tiene derecho a la libertad de expresión, como reclama López Obrador, pero en momentos y espacios donde sea ciudadano y no en un marco institucional –como las mañaneras–, aunque en ningún espacio está facultado para dañar la moral de terceros. Daniel Cabeza de Vaca, exprocurador general, afirmó que el presidente tiene la obligación moral de hacerlo “en este nueva dinámica” que vive nuestra sociedad.

Una tercera visión que cabe, a partir de un concepto asimilado en el mundo pero poco debatido en México –de ahí la falta de bibliografía sobre el tema–, es que el Presidente no tiene los mismos derechos que un ciudadano, en donde entran por definición los periodistas, más allá de la función social que realizan. 

Robert Sharp, un activista por la libertad de expresión en el capítulo inglés de PEN, una organización internacional de escritores, escribió en diciembre de 2016 sobre el presidente Donald Trump, que si bien la protección de la Primera Enmienda lo ampara, las restricciones sobre la libertad de expresión para un presidente son distintas a la de los ciudadanos.

Un caso básico es sobre los límites de la libertad. Si un ciudadano sin cargo público incita a la violencia, lo que es un delito, puede ser detenido y llevado ante la justicia, pero la policía no puede aprehender al Presidente, ni un juez procesarlo. “La libertad de expresión del Presidente está constreñida a las realidades de la política”, apuntó Sharp. “La mayoría de los políticos están constreñidos por la cortesía y por aquellas políticas que se consideren aceptables por el electorado”.

Esta línea, ciertamente, es muy tenue por la subjetividad que implica, y por el tipo de formación del político. El presidente Barack Obama, recordó Sharp, se contuvo varias veces de hablar lo que pensaba para no ofender a un grupo de ciudadanos, lo que Trump, que no es político y que busca la controversia para elevar la atención en el tema que le interesa, no está acotado por esta consideración política. López Obrador se encuentra en esta categoría.

Es un Presidente al que los parámetros de la Presidencia, el Gobierno y las instituciones le estorban para gobernar, y su interacción con los medios y periodistas, cuando no se trata de utilizarlos como vehículos de propaganda, se convierten en un obstáculo enfadoso. Trump ha sido consistente en su hostilidad hacia los medios. En un artículo publicado en el portal del Poynter Institute en enero de 2018, Indira A.R. Laksmanan, recordó que ningún presidente disfruta la mirada crítica de los medios.

“Pero ningún presidente antes de Trump se había enfrascado en una guerra con la prensa como esta, refiriéndose despectivamente de los periodistas como ‘mentirosos’, ‘vendedores de falsedades’ y ‘enemigos del pueblo’”. 

Trump no ha argumentado, como López Obrador, el derecho de réplica. En una sociedad madura, el jefe de la Casa Blanca sería severamente criticado y puesto en la frontera de violaciones constitucionales. En México es distinto. El derecho de réplica del presidente, sea López Obrador o no, se puede dar dentro de los límites de la ley cuando un medio o un periodista dañen su reputación y fama pública como individuo, por ejemplo, con difamaciones o calumnias, o se entrometan en su vida privada. Pero cuando la crítica es sobre acciones y decisiones que afectan a la sociedad en su conjunto, sobre los abusos y excesos de poder, ese derecho –que no lo limita a responder con datos y argumentos– queda limitado al no ser equitativo.

Todas las mañanas tiene un atril para lanzar infundios contra los medios y periodistas, con una exposición nacional que amplifica la forma como los mancilla con impunidad porque nadie más tiene el mismo espacio para replicarlo. La libertad de expresión del Presidente no contempla la provisión para denigrar a los medios, ni estimular con sus palabras linchamientos.

Se puede argumentar que está en los linderos de violar la Constitución, que señala que “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas”, y de manera indirecta, por intimidación, rompe la línea de la legalidad al empujar la previa censura. El achicamiento de las libertades es real.
29 Marzo 2019 03:32:00
La carta filtrada
Por una razón de cultura tropical más que por conocimiento, las filtraciones periodísticas en México tienen una connotación negativa. Es cierto que durante más de dos décadas, las principales filtraciones han estado circunscritas a temas de violencia y narcotráfico, y que la mayoría de ellas han sido violatorias de la ley y servido para dañar injusta e irreparablemente, famas públicas. Las filtraciones, sin embargo, son un subproducto de las democracias y los sistemas abiertos, al reflejar las tensiones dentro de un sistema de gobierno en donde existen individuos y grupos que impulsan sus agendas o tratan de cambiar el destino de las políticas y su formulación mediante la ventilación de temas polémicos.

Las filtraciones permiten airear diseños de políticas para medir la opinión pública, como los llamados trial balloons, o han servido para desviar la atención de crisis, como el caso de Valerie Plameen el marco de la invasión a Irak. También han sido empleadas para golpear políticamente a adversarios, como la publicación de un estudio obsoleto sobre impuestos patrimoniales, para descarrilar la candidatura presidencial de José López Portillo, o para vanagloria de los gobernantes, como cuando se filtró que había rechazado el regalo de una mansión ofrecida por el gobernador mexiquense Carlos Hank González.

En los últimos días se abrió una acalorada discusión internacional por la revelación del exhorto del presidente Andrés Manuel López Obrador a España y El Vaticano para que ofrecieran disculpas por el avasallamiento de los pueblos originarios durante la Conquista de la Nueva España, donde la narrativa pública y política se le arrebató al maestro de la narrativa mexicana debido a una filtración. De acuerdo con una reconstrucción periodística, Javier Lafuente, corresponsal en México del diario madrileño El País, obtuvo la información de la carta el lunes temprano, y hacia las ocho de la mañana local, buscaron confirmar su veracidad en España, a través de Lucía Abellán, que cubre el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Para el mediodía, se tenía la confirmación de Madrid, pero no de Palacio Nacional. Ese mismo día se preparaba en Tabasco un evento en Centla, donde hace 500 años se dio la primera batalla de los pueblos originarios contra la fuerza invasora de Hernán Cortés, pero no había ninguna señal que se daría a conocer el envío de las cartas. El País decidió jugársela con la sola confirmación de España, y a las 13:05 horas en la Ciudad de México, publicó en Twitter su exclusiva.

El metabolismo político cambió rápidamente. López Obrador iba a presidir una ceremonia de condecoración de marinos, y como había un tiempo muerto antes de ese evento, grabó un video en la zona arqueológica de Comalcalco, en Tabasco, cerca de Centla, junto con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. El Presidente suspendió su gira, dejó plantados a los marinos, incluido al jefe de la Armada, y pospuso la ceremonia para abril. No se informó la razón de ello –la prensa que lo acompaña ya se encontraba en Frontera, donde iba a ser la ceremonia–, pero el contexto fue la bomba mediática-política que había explotado y un escándalo que estaba creciendo.

El Gobierno español rechazó ofrecer disculpas y lamentó que una comunicación privada se hubiera hecho pública. El presidente López Obrador dijo el martes que la filtración no había salido de su gobierno, pero el miércoles admitió que la carta publicada por Reforma sí había sido entregada por una persona en su equipo de trabajo. No dio más detalles y nadie le pidió ahondar en esto, pero aquí se encuentra la clave de todo. El contenido de la carta tenía su propio espacio y tiempo para análisis y valoración en el Gobierno español, pero darla a conocer fue el verdadero problema porque no daba cabida a la negociación, ni a encontrar los puntos de contacto para empatar los intereses binacionales.

La forma como se fue tropezando el presidente López Obrador en las explicaciones sobre la carta, permiten conjeturar razonablemente que no fue una filtración que haya autorizado o supiera de ella. Rectificar en 24 horas sobre el origen de la filtración subraya la asimilación de lo que sucedió hacia el interior de su equipo y deja entrever que hubo una investigación interna que, o encontró la fuente original de la indiscreción que provocó un diferendo diplomático, o las huellas que dejó el autor intelectual de la entrega de esta información, las tiene claras.

La filtración, deliberada o involuntaria, tuvo un impacto negativo en el Presidente, a nivel nacional e internacional, y en lo privado, su esposa fue la depositaria de ese golpe por ser, dijeron personas que conocen los orígenes de la carta, la autora intelectual y promotora de la reivindicación indigenista. La señora Gutiérrez Müller, dicen quienes han visto su interacción con López Obrador, tiene todo el respeto del Presidente y la escucha. Pocas veces tiene voto, agregan, pero en esta ocasión su influencia iba acompañada por los intereses personales del Presidente.

El estar cerca de él, ser una persona con influencia e inherentemente poder, genera anticuerpos dentro del propio equipo presidencial, que como en todos los equipos de gobierno, lucha por espacios de poder. La pregunta entonces es a quién beneficia la filtración en el supuesto que fue intencionada. La respuesta tendrá que enmarcarse en quién tenía acceso a ese documento y se sentía con la fuerza suficiente para dársela a un medio, o pensó que podía salir con la suya. Si el Presidente admitió que hubo esa filtración que desafía su autoridad, habrá que esperar para ver quién se desvanece de su círculo interno, es mandado al ostracismo, o es perdonado.
28 Marzo 2019 03:50:00
Las cartas de Beatriz
Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador se metió a sacar los fierros de la lumbre, pero mostró que la cohesión dentro de su Gobierno no es lo suficientemente rígida para ocultar las fisuras. López Obrador ser refirió a la carta al rey Felipe VI de España, que publicó el periódico Reforma el martes, donde le pedía que ofreciera disculpas a los pueblos originarios en México por los crímenes y atropellos durante la Conquista. Lo difundido no era la carta original, que abarca cuatro páginas, sino un borrador de dos, explicó. En la víspera, Beatriz Gutiérrez Müller, criticó su publicación. “Qué mal gusto”, escribió en su cuenta de Twitter, “filtrar una carta sin firma… y además, mutilada”. Una vez más la historiadora, esposa del presidente López Obrador, se colocó en medio del debate. ¿Por qué?

En la columna del miércoles se mencionó que su protagonismo sólo se explicaría por el papel que jugó como la verdadera impulsora de la iniciativa reivindicatoria. El texto citó una breve noticia que informó que en enero, durante la visita del Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a México, la señora Gutiérrez Müller se reunió con la ministra de Justicia de España, Dolores Delgado, a quien le habló del interés del Gobierno para solicitar las disculpas del Estado español por los agravios registrados durante la Conquista. Ninguna fuente diplomática de los dos países confirmó o negó la reunión, pero horas después del cierre de este espacio, la esposa del Presidente dijo que era falso.

Gutiérrez Müller, que se doctoró en literatura con un trabajo sobre la conquista de la Nueva España narrada por Bernal Díaz del Castillo, no podía haber dicho otra cosa. Hacerlo sería admitir que intervino en asuntos de Estado y de Gobierno que están fuera de su competencia. Sin embargo, está confirmado que se dio esa reunión, y que no sólo se habló de lo que refiere esa nota periodística, sino que partes de la carta, cuyo borrador fue publicado, incluye caracterizaciones similares a las que le planteó a la ministra Delgado. La carta señala que el tipo de incursión de Hernán Cortés fue “tremendamente violento, doloroso y transgresor”, y que la conquista se realizó “mediante innombrables crímenes y atropellos”.

La esposa del Presidente ha estudiado por años los enfrentamientos de las tropas de Cortés con los pueblos originarios, e irá recorriendo los campos de batalla de la Conquista, enumerando los principales actos de violencia español. La carta que envió López Obrador a Felipe VI recoge meticulosamente su pensamiento, y no será la única que salga rumbo a Europa. Tres nuevas cartas se encuentran –o se encontraban hasta antes de este episodio– en preparación. Una irá dirigida al presidente de Francia, Emmanuel Macron, otra al presidente de Austria, Alexander Van der Bellen, y la restante al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aunque no se conoce el contenido, en el contexto de las reivindicaciones que están planteando López Obrador y Gutiérrez Müller, se puede asumir que serán por agravios en el siglo 19.

En el caso de Macron y Van der Bellen se trataría que ofrezcan disculpas al pueblo de México por las vejaciones cometidas durante la intervención francesa derivada de la guerra de Reforma, que dejó al Gobierno del presidente Benito Juárez sin dinero para pagar su deuda externa. Aquello comenzó cuando los terratenientes pidieron ayuda a Europa. De los gobiernos que inicialmente respaldaron la petición –Inglaterra y España–, sólo Francia mantuvo el respaldo, al ver Napoleón III la posibilidad de tener un ariete contra Estados Unidos, que en ese momento sufría su guerra civil.

En 1862 Francia invadió México y restauró el Imperio, donde se seleccionó al austriaco Maximiliano de Hasburgo, casado con la princesa Carlota de Bélgica. Maximiliano fue abandonado por los franceses, que no vieron en él su representante, la debilidad que aprovechó el presidente Juárez para enfrentar y derrotar el régimen imperial.

En el caso de Trump, dentro de la lógica de la reivindicación del pasado, se puede alegar que la petición de disculpas sería por la anexión de Texas, una provincia de Coahuila en 1845, y más adelante la pérdida de casi el 50% del territorio en la guerra de intervención de 1846 a 1848, que culminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo donde México cedió California, Nevada, Nuevo México, Utah, y partes de Arizona, Colorado, Kansas, Oklahoma, Oregon y Wyoming.

No se sabe si esas cartas saldrán a sus destinatarios más adelante, pero las dos relacionadas con la Conquista, a Felipe VI y al papa Francisco, llegaron a sus destinatarios, donde se obtuvo como respuesta el rechazo. El presidente López Obrador esperaba una respuesta diferente del Palacio de la Zarzuela, pero no se dio.

Las consecuencias fueron un choque con el Gobierno español, la mayoría de sus partidos y la academia, que elimina la posibilidad, por lo menos durante algún tiempo, que la embajadora Roberta Lajous pudiera ser relevada, como era la intención, por Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del general Lázaro Cárdenas, que abrió las puertas a los españoles refugiados.

España quería ubicar su relación con México en el contexto de la generosidad mexicana con su asilo, y las enormes aportaciones a la vida pública e intelectual del exilio español, pero la forma como se procesó públicamente la carta modificó el encuadre deseado, donde las relaciones, sin estar en riesgo, quedaron lastimadas. La doctora Gutiérrez Müller, detrás de estas reivindicaciones, ha quedado políticamente herida en el núcleo del Presidente por las filtraciones, lo que lleva a la pregunta de quién gana o pierde con este episodio. De esto se hablará en otro texto.
27 Marzo 2019 03:50:00
¿Quién manda aquí?
El presidente Andrés Manuel López Obrador se volvió a meter en un pantano al exhortar a la monarquía española y al Vaticano a ofrecer disculpas por los atropellos y el avasallamiento durante la Conquista. Levantó una polvareda en España, donde este martes todos los partidos, salvo Podemos, cuestionaron o se burlaron de la petición de López Obrador, que corrió la misma suerte en México, donde las redes sociales que tanto ha bendecido se voltearon furiosamente contra él desde el lunes. El gobierno español rechazó que La Zarzuela vaya a ofrecer esas disculpas y lamentó que se hayan dado a conocer extractos de la carta que envió hace 15 días a Madrid. Al preguntarle la prensa al Presidente sobre la filtración de la carta, negó que él o alguien en su Gobierno lo hubieran hecho, aunque horas después difundió un video grabado en la zona arqueológica en Comalcalco, Tabasco.

En el video, donde socializa la petición a los dos estados europeos, aparece con su esposa, la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, quien tras subrayar la primera defensa contra las tropas de Hernán Cortés hace 500 años, en la cercana Centla, dijo que “recordar es imprescindible para comprender el pasado y prever para el futuro”.

La presencia de Gutiérrez Müller era lo que voceros oficiosos de López Obrador hacían notar como lo más importante del evento que debió de haber sido mucho más que eso, pues el Presidente dejó plantados a los más altos mandos de la Marina en Acapulco, donde iba a otorgar reconocimientos a varios de ellos, incluido el secretario, el almirante José Rafael Ojeda. El protagonismo de la esposa del Presidente sólo se explica por su papel como la verdadera impulsora de la iniciativa reivindicatoria.

La señora Gutiérrez Müller fue nombrada en noviembre pasado como la cabeza del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria, que no tiene funciones ejecutivas, pero ayudaría con sus recomendaciones a formular y diseñar políticas. En las funciones que mencionó López Obrador se incluía recuperación de acervos culturales y transparencia de documentación, pero no se hablaba en ninguna parte de iniciativas reivindicatorias.

Sin embargo, sus atribuciones parecerían exceder las propias de ese Consejo. En el sector diplomático la señalan como la autora intelectual detrás del exhorto que lanzó el Presidente.

Una breve noticia que apareció este martes en la prensa de la Ciudad de México, señala que en enero pasado, en el marco de la visita del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a México, la señora Gutiérrez Müller se reunió con la ministra de Justicia de España, Dolores Delgado, a quien le habló del interés del Gobierno para solicitar las disculpas del Estado español por los agravios registrados durante la Conquista, a lo cual se llegara de común acuerdo a lo largo de una serie de encuentros que culminaran en 2021, en el 500 aniversario de la Conquista de la Nueva España. Este encuentro no fue confirmado de manera independiente, pero tampoco fue desmentido.

En todo caso, el papel de la señora Gutiérrez Müller, cuya tesis de maestría en Literatura es sobre La Historia Verdadera de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, no puede ser soslayado. Ella puede tener todos los méritos posibles –es doctora en Literatura-, pero no tiene el mandato constitucional de su esposo. López Obrador fue electo con más de 30 millones de votos, que le dan la fuerza política y moral para hacer muchas cosas, pero no para compartir la Presidencia. El cargo no es bicéfalo, y ya tuvimos la experiencia durante el gobierno de Vicente Fox, donde Marta Sahagún tenía una intervención ejecutiva –irregular e ilegal– en los asuntos públicos, que la llevó a convertirse en una eficaz intermediaria y gestora de temas delicados –pero en forma metaconstitucional.

Las esposas de los presidentes no están sujetas a controles ni a mecanismos de rendición de cuentas. Tampoco representan la voluntad popular de nadie. Su papel puede ser decorativo, o puede contribuir con trabajo voluntario a la gestión del Presidente.

Los excesos no han sido buenos, como sucedió con Angélica Rivera, esposa de Enrique Peña Nieto, quien al cederle tantos espacios de gestión, protagonismo y frivolidad, lo llevó a situaciones de presunta corrupción –que tendrán que investigarse en la familia de la señora– y de escándalo que arrastra pesadamente. Margarita Zavala fue discreta en público, sin usurpar funciones de Gobierno, pero no dejó de hacer política partidista mientras su esposo, Felipe Calderón,

gobernaba.

Gutiérrez Müller no tiene la personalidad de ninguna de ellas, pero va más rápido a jugar el papel de influencia de Sahagún, entrometiéndose en temas sensibles, como el caso del exhorto, que lo había ido posponiendo el Presidente hasta que cedió.

López Obrador asumió su posición de Jefe de Estado para cumplir los deseos, se puede argumentar, de la doctora Gutiérrez Müller. En el fondo él lo cree importante, pero los tiempos políticos, por las consecuencias, no eran los mismos que los de su esposa.

Al final, el costo político y el desgaste público no se los llevó ella, sino el Presidente, cuya acción desconcertó a muchos y le causó desde burlas e insultos, hasta descalificaciones y críticas. Son muchos los frentes que está abriendo, algunos de trascendencia para los mexicanos y su Gobierno que requieren inteligencia y dirección.

Introducir un tema que generaría conflicto, que ni es urgente ni cambiará la vida de los mexicanos para satisfacer a su esposa, no es propio de un jefe de Estado. Menos de él, que hace mucho tiempo deja claro que quien manda es él, y que el poder no lo divide, al menos, hasta este episodio.
26 Marzo 2019 03:33:00
Las incongruencias del Presidente
Una vez más, Andrés Manuel López Obrador ha engañado con la verdad. La primera señal que traía una espina clavada contra España se dio durante los preparativos para la toma de posesión en San Lázaro. Alejandro Esquer, secretario particular del entonces presidente electo, revisaba los lugares de los invitados especiales y cuando llegó al de los reyes de España dijo que no habría dos asientos para ellos sino uno. La reina Leticia tendría que sentarse separada de su esposo. Todas las objeciones diplomáticas fueron rechazadas. Finalmente, la reina no viajó a México. La segunda fue en el discurso de los 100 días de Gobierno, donde López Obrador anticipó todo en 40 palabras: “Inició el Programa de Rescate del Patrimonio Cultural y de la Memoria Histórica. Este año está dedicado a conmemorar el asesinato de Emiliano Zapata Salazar, así como los 500 años de la primera gran resistencia indígena frente al invasor español”.

No habría que sorprenderse entonces que este lunes, 14 días después de cumplirse 500 años de la Batalla de Centla, donde los chontales –de su tierra Tabasco– se enfrentaron y perdieron ante las tropas del conquistador Hernán Cortés, diera a conocer el contenido de dos cartas, una dirigida al rey Felipe VI y la otra al Papa Francisco, donde los exhorta a que ofrezcan perdón por los “agravios” cometidos contra los pueblos originarios, conocidos ahora como violaciones a los derechos humanos, durante la conquista española. Si alguien quiere burlarse, no lo haga. López Obrador sí cree lo que dice. Su problema no es la honestidad, sino la incongruencia.

Frente a la corona española y El Vaticano, que den disculpas, porque “todavía, aunque se niegue, hay heridas abiertas”. El problema, que tampoco puede ocultarse, es que se compara con Estados Unidos. Más de 156 intervenciones en México, en el recuento del historiador Gastón García Cantú, forman parte de las heridas inflingidas. Incluye la pérdida del 50% del territorio en la guerra de 1846-48, la ocupación de Veracruz en 1914 para evitar la llegada de armas en apoyo a Venustiano Carranza, y la expedición punitiva contra Francisco Villa en territorio mexicano en 1916, luego de que el jefe revolucionario atacara Columbus, en Nuevo México.

El espejo estadunidense se coloca frente a la reciente visita de Jared Kushner, yerno del presidente Trump y asesor especial a cargo de las relaciones con Israel y con México, con el presidente López Obrador. El encuentro fue intenso pero respetuoso, donde Kushner entregó –y lo dijo textualmente, explicaron funcionarios federales–, el mensaje de Trump: está en total desacuerdo con la política migratoria de México, porque en lugar de contener a los inmigrantes los deja pasar. Esa política está contaminando la discusión con los demócratas en Washington, explicó Kushner, y pone en riesgo la ratificación del acuerdo comercial norteamericano. Si el Gobierno mantiene esa política, quedó claro, no habrá acuerdo y Trump repudiará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

López Obrador se dio cuenta que la relación con Estados Unidos está en problemas. Tras el cambio de Gobierno, fueron degradadas en la Casa Blanca y la ventanilla se envió al Departamento de Estado. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no es recibido en la Casa Blanca y Kushner tiene un contacto mínimo con él. El secretario de Estado, Mike Pompeo, lleva la relación con él, pero sus prioridades se encuentran en Venezuela –donde la Casa Blanca aún no se siente afectada por la posición neutral de México–, Irán y Corea del Norte. La reapertura de una ventanilla directa entre López Obrador y Kuchner, fue buena para la relación bilateral, aunque los mensajes recibidos fueran ominosos.

En el encuentro de tres horas con López Obrador, dijo un funcionario mexicano, Kushner expuso que el problema no era con la inmigración hondureña en general, sino con los criminales y los paquistaníes y sirios que, afirman, han aumentado su tránsito por México. El asunto es de seguridad nacional. López Obrador no había visto la dimensión del problema ni lo había atajado en las discusiones de gabinete donde se han confrontado dos visiones antagónicas.

Por un lado, la de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, principal promotora de dejar entrar a los inmigrantes, que se ha enfrentado con la posición de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, con una visión pragmática del fenómeno. Los argumentos de Ebrard fácilmente desmontan los de Sánchez Cordero, pero el respaldo que le da el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, había inclinado hasta ahora la balanza hacia el paso libre de migrantes, protegidos por la Policía Federal. El Presidente, hasta la reunión con Kushner, los había respaldado.

Sin embargo, de acuerdo con los detalles de la conversación, esto se acabó. López Obrador instruyó a la Secretaría de Gobernación para que comenzara a contener a los migrantes en la frontera sur. En paralelo, Sánchez Cordero viajó a Washington, donde este martes se reunirá con la secretaria de Seguridad Territorial, Kristej Nielsen, para hablar sobre este tema. López Obrador no quiere tener problemas con Trump, pues sabe –ha dicho varias veces en privado–, que el único que puede descarrillar a su Gobierno y afectar su proyecto es el jefe de la Casa Blanca. España y El Vaticano no le importan.

Pedir que ofrezcan disculpas no le afecta en nada por ahora, aunque los analistas internacionales lo coloquen en la trinchera de los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela, y Evo Morales de Bolivia. Felipe VI y Francisco puede hacer sus reivindicaciones de los pueblos originarios y detonar un conflicto diplomático de la nada, pero con el norte, respeto y subordinación tácita, como nunca nadie se imaginó que lo haría.
25 Marzo 2019 03:24:00
Colosio, el origen de la conspiración
Primero fue Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien dijo que él no creía en la teoría del “asesino solitario” en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994. Luego el presidente Andrés Manuel López Obrador añadió a la especulación. Se dice –dijo el Presidente–, que cuando se trata de “crímenes de Estado” siempre hay complicaciones para conocer la verdad, pero hay que indagar e insistir para que el crimen no quede impune. Legalmente no quedó impune. El 31 de octubre de 1994, un juez condenó a Mario Aburto de homicidio con premeditación y alevosía.

La investigación no cesó hasta el año 2000, cuando el último fiscal del caso Colosio, Luis Raúl González Pérez, entregó su informe final. Aburto sí había actuado solo y sí había disparado mortalmente contra Colosio, concluyó.

González Pérez fue el último fiscal del caso Colosio, y su investigación incluyó una auditoría sobre lo que habían realizado sus antecesores. Todos llegaron a la misma conclusión. No fue un “crimen de Estado”, ni tampoco hubo políticos involucrados. No participó el narcotráfico, ni fue la “nomenclatura”, como el presidente Carlos Salinas deslizó meses después del crimen. “Yo no sé si había uno o muchos políticos que querían matarlo, pero si fue así, se les adelantó Aburto”, le comentó al reportero Miguel Montes, el primer fiscal.

La investigación de González Pérez incluyó la revisión de alrededor de 5 mil fotografías de Lomas Taurinas, antes del crimen, durante la confusión por el asesinato y después de él. Se declaró a las cerca de 200 personas que fueron identificadas cerca de Colosio en el momento de los disparos y se les investigó ampliamente. Igual se revisó el patrimonio y depósitos de Aburto y su familia, que vivía en San Pedro, California, antes y mucho tiempo después del asesinato, sin encontrar anomalía alguna salvo una creciente pobreza. Hasta ese momento, con toda la información al alcance, y mientras no hubiera más evidencia de lo contrario, la teoría del “asesino solitario” se mantenía, dijo González Pérez.

Una amplia mayoría de mexicanos, como el propio Salinas en agosto de 1994 reconoció en una charla en Los Pinos, no lo creía. “Hay demasiadas coincidencias para que sean coincidencias, y en la política no hay coincidencias”, dijo.

¿Evidencia? Ninguna, respondió. Varios factores contribuyeron a la duda. Primero El Universal, que tituló en su titular principal que Colosio había sido “víctima de un complot”, a partir de la declaración que recogieron sus corresponsales de una priista en Tijuana.

Después, los mismos corresponsales reportaron que el Aburto de Lomas Taurinas, donde se dio el crimen, había sido cambiado, con el apoyo de dos fotografías de Aburto en la primera plana de El Universal. En una tenía una especie de lunar en el cachete y en la otra estaba limpio. La primera, tomada poco después del asesinato, mostraba esa mancha que era de sangre; en la segunda, ya lo habían limpiado. Finalmente, para cimentar la teoría del complot, los primeros peritos locales que revisaron la escena del crimen, se equivocaron de puntos cardinales en la ubicación del cuerpo, por lo cual no se entendía cómo le podría haber disparado dos veces Aburto.

En el imaginario colectivo no había cabida para un asesino solitario. El crimen se había dado en medio de una crisis en la campaña de Colosio, incapaz de organizar una estrategia que lo posicionara, y frente al protagonismo de Manuel Camacho, que se había ofrecido como negociador para la paz en Chiapas con el EZLN, que le había arrebatado la atención de la opinión pública. Pero nada había logrado cuajar judicialmente hasta que llegó Pablo Chapa Bezanilla, quien asumió la fiscalía del caso Colosio el 16 de diciembre de 1994.

Chapa Bezanilla le dijo días antes de asumir al reportero: “Voy a meter a la cárcel a Carlos Salinas y a José Córdoba”. ¿Al expresidente y su poderoso coordinador de asesores? “Se oye bien”, le comentó el reportero. “¿Hay pruebas?”. El fiscal respondió: “No, pero las obtendré”.

Chapa Bezanilla no pensó en la conspiración por generación espontánea. Quien le incubó la idea fue Alfonso Durazo, apestado políticamente en ese momento, y que había sido secretario particular de Colosio cuando fue titular de Desarrollo Social, y en la campaña. Durazo estaba convencido de que Colosio había sido asesinado por órdenes de Salinas.

En esa misma línea de pensamiento, este sábado en su cuenta de Twitter, el hoy alto funcionario federal escribió: “El asesinato de Luis Donaldo no puede entenderse al margen de la tensión entre renovación y continuidad que caracterizó, desde el poder, a la disputa por la sucesión presidencial de 1994”.

Esa declaración evoca el conflicto entre Colosio y Camacho –a quien cuando acudió a la funeraria, Durazo le negó la entrada–, y sugirió que el asesinato obedeció a que el candidato asesinado representaba la renovación, que sin decirlo deja entrever que Salinas estaba arrepentido de candidato, y Camacho era la “continuidad”.

Sin especificarlo, Durazo afirma que el asesinato de Colosio fue un “crimen de Estado”, a lo cual se sumó el presidente López Obrador. Camacho, que luchó del brazo de López Obrador durante una década, está muerto. Salinas vive en Londres y ya se verá si le da rango de interlocutor y le responde.

Pero la verdad siempre la escriben los vencedores, sin importar los hechos, y dictan para la historia lo que es importante, lo que es real, y lo que va a pasar. ¿Qué viene? Una nueva investigación sobre el caso Colosio, bañada en política y vestida con el traje que le hizo Durazo a Chapa Bezanilla hace 25 años.
22 Marzo 2019 03:26:00
El ajedrez de Andrés
En el ajedrez, los jugadores tienen que combinar jugadas. En la partida más famosa de la historia, el ruso Gary Kasparov derrotó al búlgaro Vaselin Topalov en 1999, con una estrategia donde visualizó 15 movimientos consecutivos, de un total de 44, para ganar.

En esa partida, calificada como “inmortal”, Kasparov ejecutó una de las combinaciones más espectaculares que se habían jugado hasta entonces, para ir acotando y encerrando a Topalov. El ajedrez es un juego de estrategias, donde la inteligencia y la paciencia trabajan coordinadamente, y este jueves, el presidente López Obrador mostró sus dotes intuitivas de ajedrecista.

En la víspera, la Coordinadora, la beligerante e insaciable disidencia magisterial, bloqueó los accesos a la Cámara de Diputados, donde se iba a discutir y eventualmente a aprobar en comisiones el dictamen de la reforma educativa, para sabotear la sesión. Los diputados se movieron al Senado para realizar su trabajo, pero los maestros volvieron a tomar sus instalaciones para impedirlo. Los diputados tuvieron que aplazar la discusión mientras los maestros, instalados con sus tiendas de campaña afuera de los recintos, se preparaban para su larga protesta. Desde el miércoles por la noche los diputados temían que no se pudiera sesionar ante todo lo que se preparaba. López Obrador también se preparó.

Al iniciar su comparecencia pública en Palacio Nacional, rechazó la acusación de la Coordinadora de que su reforma educativa fuera una simulación y mantuviera la esencia de la reforma promulgada por el expresidente Enrique Peña Nieto.

“No hay razón para sostener que estamos incumpliendo con nuestra palabra y compromiso”, dijo López Obrador al urgir que se debatiera de manera abierta, al interior del movimiento disidente y de todos los trabajadores de la educación, para definir su postura con claridad, y provocar a los líderes magisteriales. Suele pasar que grupos que en apariencia son radicales, demuestran más (con sus actitudes) su adhesión al conservadurismo”, los desafió. “Este es otro de los casos”.

López Obrador estaba en movimiento. Primero confrontó su liderazgo, pero no tratando de persuadirlos, sino llevándolos a debatir la iniciativa entre los jefes de la disidencia y de todos los interesados, con lo cual les arrebató el papel de interlocutores únicos y los empujó a que lo discutieran con sus pares en el sector. El resultado no sería una respuesta común a su iniciativa, sino propuestas para incorporarlas. Es decir, en lugar de chocar con ellos, desvió su embestida y los obligó a ser constructivos, algo que no hacen. Acusarlos de conservadores no fue un señalamiento a partir de un cliché –si se analiza cuidadosamente–, sino para estigmatizarlos y forzarlos a dialogar para evitar que les quedara la mancha de intransigencia, y de paso, que escucharan su iniciativa. Encaró y acotó, como en el ajedrez.

El segundo movimiento fue político y moral. En primera instancia, dudó de la autenticidad de su protesta –“no sé qué motiva este movimiento”, dijo–, pero sin condicionar nada, aseguró que no utilizaría la fuerza para romper el bloqueo. Su Gobierno no era autoritario ni los reprimiría, señaló López Obrador para dejar abierta la posibilidad de que si se mantenían los maestros en las calles, violentando las libertades constitucionales de movimiento de la gente, serían ellos los responsables, sin darles justificación para alimentar su protesta.

Como demostración de su interés para que la protesta no escalara, López Obrador sugirió al Congreso suspender la sesión reprogramada para el jueves. En minutos, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, anunció que se pospondría la sesión. López Obrador se mostró como conciliador y Presidente pacífico. De esta forma establecía un contraste con Peña Nieto. ¿Después de estas frases, podrían seguir los maestros bloqueando las calles del Centro de la ciudad? El costo de hacerlo subió de manera significativa tras el posicionamiento presidencial.

Pero López Obrador no se quedó en ello. El tercer movimiento fue astuto. En la comparecencia apareció acompañado de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y del titular de Educación, Esteban Moctezuma, quien mostró las comparaciones entre las reformas de Peña Nieto y la de López Obrador. Tras ello, el Presidente se dijo abierto al diálogo y que instalaría hoy mismo una mesa para el diálogo con los maestros disidentes. Minutos después, ya tenía la respuesta. La dirigencia disidente se sentaría con Sánchez Cordero y Moctezuma. No les dejó espacio.

Al reconocerlos como interlocutores, los comprometió públicamente. Al mismo tiempo, desactivó su demanda de verlo personalmente para discutir la Reforma y los dirigió con su Gabinete. Peña Nieto nunca los reconoció como interlocutores y su Gabinete estaba dividido: la Segob hablaba con la Coordinadora, y la de Educación con el SNTE. Entre las dos siempre hubo

conflicto y mala articulación estratégica.

En 24 horas, López Obrador había desactivado un conflicto. Sus reflejos políticos fueron claros para no perder tiempo ignorando al movimiento disidente, ni regalarles espacios o reflectores para moverse públicamente. Le llevó menos de 120 minutos desarrollar su combinación de jugadas para llevar a la CNTE a la mesa de diálogo, no para que negociaran dinero, plazas y cotos de poder, como exigieron y obtuvieron del Gobierno de Peña Nieto, sino para discutir los puntos controvertidos de la reforma educativa.

En esta primera partida de ajedrez, los doblegó. ¿Cómo explicarlo? Una primera aproximación es que la disidencia magisterial, como muchos actores políticos, agentes económicos y periodistas, lidian con López Obrador con categorías de análisis obsoletas. Así no podrán ser interlocutores o adversarios eficaces y útiles. Tampoco quitarle una sola pluma al ganso.

Urge cambiarlas.
21 Marzo 2019 03:58:00
La batalla (ratonera) final
El dictamen de la Cámara de Diputados sobre la revocación de mandato deberá ser rechazado por mal hecho, tendencioso y antidemocrático. Prevé solicitarlo con el 3% de firmas del padrón –el estándar en las naciones es 20%– con un umbral de participación del 25%, el respaldo del 33% del Congreso y el Senado, o una solicitud del Ejecutivo. Establece que sea un referéndum concurrente con las elecciones intermedias, cuando lo normal es después del medio término, para eliminar el factor de la popularidad del gobernante. Es decir, prepararon un manjar para el paladar del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el Senado, donde querían debatirlo y aprobarlo este mismo jueves, no se va a poder. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, admite que no hay consenso y que se tendrá que discutir de manera más amplia. La oposición afirma que el dictamen es inaceptable, pero su argumento es que no quieren que la fotografía de López Obrador esté en la boleta electoral porque haría campaña por candidatas y candidatos de Morena. Se puede argumentar que tienen razón. Si eso sucediera, es probable que Morena los barra en las elecciones y que algunos partidos como el PRI y el PRD caminen a su desaparición.

Con una visión de corto plazo, la oposición quiere legislar una reforma de gran calado. Intelectuales y políticos han identificado otro riesgo, abrir la puerta a López Obrador para que busque la reelección presidencial en 2024, a lo que el Presidente respondió con la firma de un compromiso donde garantiza que su mandato termina como lo manda la Constitución, en este caso, el Artículo décimo quinto transitorio de la reforma de 2014, el 30 de septiembre de ese año. El debate de la revocación del mandato está atrapado en la coyuntura política.

López Obrador realizó dos referéndums sobre la revocación de mandato cuando gobernaba la Ciudad de México, en 2002 –a los dos años de haber iniciado– y en 2004, pero no en 2003, cuando se realizaron elecciones intermedias. Aduce que el cambio de año es por razones de costo –papelería y capacitación de funcionarios de casilla, por ejemplo–, lo que parece baladí frente a decisiones costosas en materia presupuestal, pero altamente redituables para su narrativa de cambio, como la venta del avión presidencial que, hasta la fecha, sólo ha costado su hospedaje en Estados Unidos y su mantenimiento, o el despilfarro de 100 mil 300 millones de pesos porque 700 mil personas, muchas de ellas en zonas Indígenas y rurales en Chiapas, Tabasco y Veracruz, votaron contra la construcción del aeropuerto en Texcoco.

El Presidente, un animal político en el más puro sentido aristotélico, muy consistente en su repudio maderista de la reelección, quiere mantener el poder, pero no para él sino para Morena, a fin de consolidar su proyecto de nación. Esto no se le puede criticar. Lo ilógico y absurdo sería que no quisiera hacerlo. El poder se ejerce y se procura extender para poder consolidar todo aquello que comenzó. López Obrador es un enamorado de la democracia participativa, donde el referéndum es una parte vital de su metabolismo. Por ello acompaña el dictamen con consultas ciudadanas, para que queden plasmadas dentro de la Constitución. Sin embargo, la revocación de mandato no es un recurso que necesariamente fortalezca la democracia, sino que, de acuerdo con una línea de pensamiento amplia, la limita. En América Latina, los únicos países que tienen este recurso a nivel presidencial son Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela. En Estados Unidos la discusión se dio desde los Papeles Federalistas en el Siglo 18, y hasta hoy no se aplica a nivel presidencial.

Una de las razones que se aducen sobre la fragilidad del recurso en una democracia, es cómo puede ser utilizado por grupos de interés para dañar a un funcionario electo. Es el caso que se dio en 2003 en California, donde se revocó el mandato al gobernador Gray Davis –el último de ese nivel que haya perdido el cargo por un referéndum–, como resultado de una campaña financiada por un diputado federal que deseaba sustituirlo, grupos de interés de derecha y extrema derecha, y por una crisis energética exógena al estado. Pero hay otros factores más importantes.

Uno de ellos tiene que ver sobre la certidumbre política. En países donde los mandatos son fijos, el sistema crea certidumbres para la gobernanza. Plantear la revocación de mandato a la mitad del término, reduce el periodo de planeación gubernamental a tres años, insuficientes para el desarrollo de cualquier proyecto de largo plazo, para la implementación de políticas públicas, para el entorno de inversiones y para la estabilidad política. En países donde existe la revocación de mandato, se llegan a dar paralizaciones de los funcionarios electos para evitar las malas evaluaciones de los electores. El otro es el impacto en la legitimidad, donde al ganarse una elección, el mandato es para cumplir con el plazo establecido, por lo cual, al incorporar el recurso a medio término, altera esa legitimidad y daña el orden de la sociedad, a la que se pretendía dotar de un instrumento democrático para empoderarla.

El ideal político sería tirar a la basura la iniciativa de López Obrador y legislar sobre una ley que contribuya constructivamente a la propuesta: regresar a periodos de cuatro años de gobierno –como hubo hasta Lázaro Cárdenas–, pero con reelección. De esta manera, el presidente tendría cuatro años para poner en marcha su gobierno y entraría, si así lo desea, en un proceso de reelección, que en la práctica es un referéndum sobre la gestión del Gobierno. Esto sería lo mismo, pero mucho mejor.
20 Marzo 2019 03:49:00
Detrás de la Operación Berlín
Se ha publicado y documentado que desde una casona en Coyoacán, tres empresarios financiaron la elaboración de materiales para desacreditar a Andrés Manuel López Obrador en su tercer intento por la Presidencia.
Los empresarios contrataron a profesionales multidisciplinarios para ese trabajo, que comenzó con el respaldo de la candidatura de Josefina Vázquez Mota para la Gubernatura del Estado de México, y se prolongó con el apoyo del candidato frentista Ricardo Anaya. El grupo lo encabezó Fernando García Ramírez, compañero de páginas en El Financiero, y que durante largo tiempo fue editor de la revista Letras Libres que fundó y dirige el historiador Enrique Krauze.

La semana pasada, Eje Central –de donde quien esto escribe es socio– publicó un reportaje titulado Operación Berlín: Conjura AntiAMLO, que daba cuenta del trabajo realizado, que provocó reacciones de la diputada Tatiana Clouthier, excoordinadora de la campaña presidencial de López Obrador, que en un libro de próxima aparición, citado en el reportaje, aporta datos generales, algunos de los que coinciden con el trabajo periodístico. El reportaje no era una denuncia, ni reveló nada ilegal en esas acciones. Buscaba aportar elementos de información para entender cómo opera nuestro sistema político y sus fenómenos mediáticos.

El reportaje coincidió con una dinámica que traía su propia velocidad dentro de la Presidencia, y tomó rutas perniciosas. El día que apareció Operación Berlín, el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, reveló en la comparecencia mañanera en Palacio Nacional que estaban investigando a varias empresas por presuntos delitos electorales, como el financiamiento de campañas negras contra el candidato López Obrador, y eventualmente lavado de dinero.

Nieto hizo pública una red de vínculos de empresas e individuos para anticipar que se procedería legalmente contra los responsables de esa campaña, citando a los empresarios que había identificado el reportaje como quienes financiaron el trabajo periodístico y de propaganda contra López Obrador. Nieto replicó de lo que había hecho un mes antes contra el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, donde en respuesta a comentarios sobre las ternas presidenciales sobre nuevos consejeros en el órgano autónomo, lo acusó de conflictos de interés y a sus familiares de lavado de dinero.

En ambos casos se puede argumentar que Nieto violó el secreto bancario y la presunción de inocencia, al revelar detalles de transacciones bancarias que transgredieron la secrecía financiera que exigen las instituciones internacionales.

Darlas a conocer, junto con la identificación de las personas a las cuales está investigando, rompe con el debido proceso y, en un país de leyes, tendría no solo que anularse cualquier juicio que se emprenda contra individuos y empresas por esa causa, sino que debería fincársele un proceso legal en la Fiscalía por infringir la ley.

Nieto se escudó en la eventual violación de las leyes electorales para defenderse de que lo que está buscando el Gobierno que representa. Es una censura o, de acuerdo con la Constitución de la Ciudad de México, una previa censura de la libertad de expresión.

Esta línea de pensamiento se liga con lo que sucedió con la secuela de Operación Berlín. El énfasis en la crítica y denuncia –en algunos casos– no fue contra quienes pagaron las campañas o quienes la desarrollaron, sino contra Krauze. Su principal acusador es Ricardo Sevilla, uno de los principales manufactureros de la propaganda contra López Obrador, la fuente principal del reportaje que se mantuvo anónimo hasta que él reveló su identidad en un texto que entregó al portal Aristegui Noticias, donde colocó a Krauze en el centro de la conjura.

El historiador, que ha sido el único objeto de crítica y denuesto, considera que es víctima de un linchamiento mediático, lo que si se revisa el comportamiento de las consecuencias de las revelaciones, tiene sentido.

Nieto no lo consideró relevante en su investigación, donde Krauze no aparece por ningún lado, pero es la figura central de todo este episodio. Todo esto huele a podrido. El tema brincó a la mañanera en Palacio Nacional, donde al responder una pregunta expresa, el presidente López Obrador dijo: “Yo he tenido con él algunas diferencias, pero tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse. Nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas. No vamos a utilizar, mucho menos, al Estado para cuestionar a escritores, a críticos”. Sus palabras podrían ser tranquilizadoras, pero no lo son.

El patrón de insultos y calumnias contra Krauze es idéntico al que han estimulado cercanos al Presidente, francotiradores digitales a sueldo y simpatizantes. Nadie que cuestione al Presidente, aun cuando apoye a López Obrador, se ha escapado de los epítetos y las difamaciones, regadas en las mañaneras y las redes sociales.

En un texto que publicó en el portal Sin Embargo, Sanjuana Martínez –cercana a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador– y nueva directora de Notimex, se refirió al hostigamiento a los periodistas que acuden todos los días a Palacio Nacional por parte de los youtubers, “la guardia pretoriana” del Presidente.

La presión, el acoso, la violencia verbal y el discurso de odio no es patrimonio de ellos, como se vio en el caso de Krauze. Se ha socializado contra quien disienta del Ejecutivo. El texto de Martínez refleja preocupación por el desbordamiento. Las libertades sí están en riesgo, la de pensamiento y la de expresión.

López Obrador es producto puro de la lucha por ampliarlas. Muchos de los que ahora atacan sus fieles, contribuyeron, aún estando en desacuerdo con sus ideas como Krauze, a que estas se ensancharan. No puede, ahora que está en el poder, traicionarlas.
19 Marzo 2019 04:05:00
La candidata presidencial
Claudia Sheinbaum ganó el Gobierno de la Ciudad de México porque era inevitable. La ola morena que provocó Andrés Manuel López Obrador y su cruzada contra la corrupción y todo el pasado, habría llevado a la Gubernatura a cualquier persona, como parte de un fenómeno que se apreció en Cuernavaca, donde aquél 1 de julio ganó Morena la alcaldía sin haber presentado candidato alguno. Sin embargo, Claudia Sheinbaum no era cualquier candidata.

Desde la campaña para la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, las instrucciones de López Obrador, candidato a la Presidencia, habían sido muy precisas: hay que cuidarla y eliminar cualquier obstáculo que pusiera en riesgo su victoria. López Obrador encargó a su hijo Andrés, su principal operador político, para que se hiciera cargo de la campaña, y la doctora Sheinbaum no hacía nada que no autorizara el influyente vástago. Una vez en el Gobierno capitalino, siguió haciendo lo mismo. El director de Pemex le dio la gasolina necesaria para evitar una mayor crisis de desabasto en enero, y el Ejército entregó a la ecología, como ella deseaba, no al sector inmobiliario, su enorme predio en la salida a Toluca. 

Si el presidente López Obrador rendía cuentas públicas, ella también lo haría. Si la narrativa central era contra la corrupción, ella lo replicaría. Si él tenía juntas diarias con su gabinete de seguridad, lo mismo haría. Si había que rendir un informe a los 100 días de gobierno, ella no se quedaría atrás. Así fue el domingo, donde replicó en forma y fondo el primer tercio de gobierno presidencial, y utilizó los mismos recursos retóricos en el tema de mayor sensibilidad para el electorado, la seguridad. Vamos avanzando y reduciendo la inseguridad, pero estamos insatisfechas, dijo Sheinbaum, en eco de las palabras de López Obrador.

La forma mimetizada como se ha comportado Sheinbaum le ha provocado críticas en la prensa donde la han señalado de ser un “clon” de López Obrador, o una “regenta” que sólo administra un gobierno local. Su imitación de las formas y acciones del Presidente ha servido para desautorizarla y hacerla ver como una política cuya existencia y fuerza dependen del respaldo presidencial. Analizarla de esa manera puede conducir a un error monumental.

Lo que estamos viendo es la construcción de una candidata presidencial para 2024, como parte de un proyecto de largo aliento. Nunca hay que olvidar que López Obrador tiene una visión electoral estratégica, de la cual dio muestra cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Mientras declaraba que “nadaba de muertito” y descartaba la candidatura presidencial, colocaba las bases para ella a través de sus conferencias mañaneras donde gradualmente fue modificando la temática y su alcance, hasta convertirse en la caja contestataria del gobierno de Vicente Fox.

Sheinbaum no puede hacer eso, por definición, y tampoco tiene el empaque o carisma de López Obrador. Pero lo tiene detrás. La jefa de gobierno es una de las personas que pertenecen al ámbito familiar del Presidente, y que se encuentra en el centro de su proyecto transexenal. Lo que hizo con su propia candidatura en 2006, lo está haciendo con Sheinbaum, con los ajustes necesarios ante la personalidad de la jefa de Gobierno, su poca empatía popular, y sobre todo, que a diferencia de aquellos años, hoy son el partido en el poder.

Con López Obrador tampoco hay obviedades. En esto se cae al ver a Sheinbaum como el “clon” del Presidente, o la “regenta”. Las jugadas político-electorales de López Obrador, no son secretas, pero las baña tanta luz que muchas veces no se ven. Si se acepta para efectos de argumentación que Sheinbaum no tiene los atributos ni virtudes de arrastre de masas de López Obrador, que su vida pública ha sido más parte de la nomenclatura de partido que de las calles y las carreteras, de las secciones y los municipios, y que carece de las habilidades políticas y retóricas del Presidente, lo que para la República de las Opiniones es una estigmatización, para el proyecto transexenal, esta misma apreciación subjetiva comprueba que el camino escogido es el correcto.

Hacer de Sheinbaum una copia fiel de López Obrador, es ir sembrando en el imaginario del electorado que cuando termine el mandato constitucional del presidente, la persona que mejor lo representará y seguirá el proyecto es la actual jefa de Gobierno. Si López Obrador logra colocar las bases de su cuarta transformación y elude una crisis económica que repercuta en lo político y social, su reelección será a través de Sheinbaum, que dará continuidad al proyecto de nación que tiene en mente.

Es la misma racional del presidente Miguel de la Madrid cuando se inclinó por Carlos Salinas sobre Manuel Bartlett para sucederlo.

No necesitaba un político en su visión de país, sino quien consolidara el modelo económico neoliberal que inició en 1985. Es igual a la idea de Salinas cuando escogió a Luis Donaldo Colosio como su sucesor, a quien necesitaba para que hiciera la apertura política, porque sólo había podido profundizar la apertura económica.

La diferencia con ellos es que la continuidad se dio desde la cima; con López Obrador, la apuesta es que le traslade su arrastre popular, que le permita ganar la elección presidencial en 2024.

Este escenario puede cambiar, por supuesto, porque el factor humano, que cruza estas variables, siempre es volátil. Pero si López Obrador mantiene el rumbo que lleva dentro de márgenes de estabilidad, Sheinbaum, se podrá convertir en la primera presidenta de México. Para lopezobradoristas y para opositores, ella es la figura a derrotar en los años venideros. No se equivoquen.

18 Marzo 2019 04:00:00
Campañas de odio
En una plática que dio el 28 de febrero en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, afirmó tener listas de 15 columnistas que durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto recibieron alrededor del total del presupuesto de comunicación, por lo que cada uno de ellos habría recibido mil millones de pesos. Ninguno de ellos entraría en las lista de los multimillonarios de Forbes, pero no estaría nada mal. Cada uno de ellos habría generado al día 2.7 millones de pesos. Con ese dinero en la bolsa, todos o la gran mayoría de ellos, habrían estado en condiciones de comprar el medio para el cual trabajan, o garantizar la vida de generaciones de su familia.

En una entrevista posterior con la revista Contralínea, Ramírez Cuevas añadió que esos pagos no sólo fueron por publicidad, sino por asesorías de imagen y “menciones” favorables al gobierno de Peña Nieto en columnas y noticieros. Dijo tener contratos de ello, aunque dejó ver que están incompletos, porque “muchos pagos se hicieron sin que mediara documento alguno”. Lo que revelan sus palabras es que tiene una miscelánea de cosas, como convenios de publicidad que son regulados por normas y por los que se pagan impuestos, contratos adicionales por otros rubros, con sus correspondientes cantidades y los impuestos que hay que pagar, así como un alto volumen de pagos que no tienen manera de documentarse, de los que tiene pruebas.

Ramírez Cuevas declinó dar los nombres de las personas aludidas, pero Contralínea publicó su propia lista, que viene de una relación imprecisa y tendenciosa publicada previamente en la misma revista, donde los enumera –quien esto escribe aparece en el primer lugar de la clasificación– y adjudica a cada uno de ellos la inverosímil cifra de ingresos individuales por mil millones de pesos. Algunos periodistas están convencidos de que se la dio Ramírez Cuevas, quien ha dado muestras de temeridad acusatoria, que cuando menos pareció avalar lo dicho en la publicación porque no sintió necesidad de una corrección contextual a lo difundido, o un deslinde siquiera.

Hasta ahora, no se ha dado, o no se sabe de que algún periodista de los aludidos haya sido víctima de robo o secuestro, al ser mil millones de pesos una cifra bastante atractiva para jugar el riesgo de un crimen. Lo que sí provocó fue una renovada campaña de difamación en las redes sociales, con nuevos memes circulando en Twitter y Facebook con las fotografías de cada uno de los millonarios de Ramírez Cuevas, acusándolos de corrupción. No es nuevo. 

Personas asociadas a Morena o cercanas a él llevan meses difundiendo mensajes de odio calumniando y difamando columnistas. En cerca de seis meses de campaña ininterrumpida, según una empresa que hizo un somero análisis de Twitter, más de 5 millones y medio de retuits fueron hechos sobre la primera lista, denominada de “chayoteros” –la palabra que en el argot periodístico mexicano es equivalente a corrupto–, y sobre una segunda lista fabricada donde los llamaron “huachicoleros”, palabra convertida hoy en eufemismo de criminal.

La imputación que acompañó esas listas era que como estaban “vendidos” al gobierno de Peña Nieto, ocultaron críticas y callaron ante la corrupción o el robo de combustible. Son palabras que casi textualmente ha repetido el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que con diferente fraseo usó Ramírez Cuevas en Contralínea. En las hemerotecas y videotecas, o en las búsquedas simples en la red, se podría corroborar que los señalamientos son falsos. Puede haber diferencias en los niveles de crítica a Peña Nieto y a su gobierno, y ellas también pueden compararse en los trabajos de los periodistas, pero de lo que a simple memoria uno puede alegar, es que todos, sin excepción, llevan años refiriéndose al robo de combustible.

Las difamaciones y las calumnias no tienen sustento en el trabajo periodístico, sino en la construcción de la idea de que ese grupo, donde la coincidencia es que nadie es incondicional del Presidente o está al servicio del vocero, es corrupto. Esta idea ha sido sembrada de manera sistemática por años, pero se intensificó en 2018 y se profundizó en 2019, que corresponde al patrón de demolición de instituciones que ha seguido el presidente López Obrador.

El trabajo de convertir todo en cenizas para de ahí reconstruir “el nuevo régimen”, tiene como motor las campañas de odio en las redes sociales. La semana pasada el Laboratorio Interdisciplinario del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, dio a conocer un estudio sobre tendencias y tipologías en Twitter durante los dos primeros meses de este año, y entre otros hallazgos encontró la permanencia de “una narrativa de la prensa como enemiga”, a través de 16 comunidades en esa plataforma y un centro generador de discusiones, desde donde salen las campañas de mensajes virales que buscan la estigmatización a medios de prensa convencionales y periodistas de larga trayectoria (curioso, de carreras profesionales no habla nadie). El ITESO identificó a varios de quienes magnifican estas campañas de odio –que en la víspera de la agresión a los periodistas se tomaron fotos con Ramírez Cuevas en Palacio Nacional–, y alertó que ese tipo de ataque podrían hace que “las voces críticas, necesarias en una democracia, se replieguen dada la virulencia de los ataques”. El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, ya tiene solicitudes de intervención, pero no ha hecho nada aún. 

El tema del acoso a la prensa empezó a saltar las fronteras, pero a Ramírez Cuevas no parece preocuparle. Él aprieta el acelerador, como se ve aprecia en las comparecencias matutinas del Presidente, donde plantea preguntas sustentadas en calumnias que presuntos periodistas hacen a López Obrador. El Presidente evade la respuesta directa, pero avala el fondo. Dice que respeta la libertad de expresión, pero las señales van en camino opuesto. Esta confrontación apenas comienza.

15 Marzo 2019 03:22:00
¿Es falso el combate al huachicol?
Los datos hacen mucho ruido. A finales de diciembre se anunció que iniciaba una guerra contra el huachicol. En escasas tres semanas, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, se diseñó la estrategia para frenar el multimillonario robo de combustible. Como partes de guerra, diariamente se fue informando durante enero el avance de las fuerzas federales, que era utilizado para neutralizar la creciente queja por desabasto de combustible. Todo era para impedir el saqueo y luchar contra la corrupción, justificó el Presidente. Se cerraron ductos y compraron pipas, sin licitación ni control técnico, por lo que se adquirieron decenas de vehículos fuera de norma. 

Dos meses después, los partes de guerra desaparecieron, y de manera inesperada se dio a conocer lo que ha sucedido con esa cruzada. Un informe de Pemex, publicado esta semana en Excélsior, que pasó sin pena ni gloria en la opinión pública, cuenta una historia de derrota. Durante los dos primeros meses del año se incrementaron 50% las tomas clandestinas en comparación con el mismo periodo de 2018. Aunque Pemex dijo que en enero se recuperaron 442 mil litros de combustible, el total de tomas clandestinas se elevó de mil 46 durante los dos primeros meses del año pasado, a mil 565 en 2019. Hidalgo, donde se cerraron ductos y se reforzó la seguridad, el incremento de tomas se elevó 265%.

La cruzada contra el huachicol empieza a oler a gas, como distractor sobre un problema que se veía venir desde el inicio del Gobierno en diciembre: el desabasto de gasolina. El Wall Street Journal reportó el 11 de enero que Clipper Data, la empresa que monitorea los buques petroleros en el mundo, registró que desde que asumió López Obrador, se habían reducido significativamente las importaciones de gasolina de Estados Unidos, al bajar 25% en el periodo diciembre-enero de 2018-2019, comparado con el mismo lapso en 2017-2018. López Obrador dijo que el diario mentía, pero ante la crisis, tuvo que revertir su orden y en enero se compraron volúmenes de gasolina superiores a 93% con respecto a lo adquirido en enero de 2018.

La suspensión de las importaciones se dio antes de que comenzaran a hablar dentro del gabinete, según los tiempos que identificó el presidente López Obrador, sobre el huachicol. Para cuando se anunció la estrategia de combate al robo de combustibles, había buques cargados con gasolina haciendo fila en el Golfo de México porque no podían descargar. La falta de personal y de mano de obra calificada y con experiencia, habían sido detonadores de ese retraso. La decisión de cerrar los ductos para evitar el robo, contribuyó al desabasto. No supieron cómo hacerlo y no tuvieron una estrategia adecuada para compensar el combustible que dejarían de suministrar. En el pasado, cuando se decidía cerrar un ducto, la planeación se llevaba al menos dos meses para evitar el desabasto.

El último reporte sobre lo logrado lo dio López Obrador al dar a conocer los resultados en sus primeros 100 días de gobierno. Sin embargo, las cifras que dio son totalmente diferentes a las que 20 días antes hizo públicas el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza. López Obrador dijo que la incidencia de ese delito pasó de el hurto de 81 mil barriles diarios que se sustraían en noviembre, a 15 mil barriles. Sin embargo, Romero Oropeza mencionó que el hurto era de 56 mil barriles, y que se había disminuido a 8 mil. Nadie ha explicado la inconsistencia. Tampoco se han dado informes adicionales a lo publicado en Excélsior sobre el creciente número de tomas clandestinas. La feria de cifras es compleja para ser absorbida y procesada por la opinión pública. El discurso plano que es un sacrificio para combatir la corrupción, es lo que prende.

Las cosas no van a marchar bien. La estrategia no sólo está equivocada, sino que, además, lo único que se ha hecho es estimular el huachicoleo al adquirir pipas para transportar combustible. Quien sugirió esa estrategia realmente no comprende cómo funcionan los mercados delictivos. De acuerdo con la consultora GLAC, los mercados se paran sobre tres patas: incidencia delictiva, logística y debilidad institucional. La estrategia gubernamental las fortalece.

El incremento en el robo de combustible y el fracaso hasta el momento de atrapar a los mandos del cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, o la impunidad con la que se mueven hasta ahora las bandas criminales que operan en Guanajuato y Veracruz, habla de que el combate contra ellos no ha sido eficiente o es inexistente. El argumento de que la compra de pipas resolverá el desabasto, lejos de resolver el problema estimula el delito. Si no hay capturas de los jefes del huachicol, que es la racional del Gobierno para evitar la violencia, la incidencia delictiva se mantiene intacta, al tiempo que se incrementa la debilidad institucional por no combatirlos. Cerrar ductos no ataca la logística criminal; comprar pipas facilita el robo de combustible transportado en vehículos robados.

GLAC señaló que la tendencia en mediano plazo ubica a Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Guanajuato como los estados más vulnerables, al figurar entre las 10 entidades con mayor cantidad de vehículos robados, que “son incorporadas como parte de la logística necesaria para llevar a cabo la comercialización del combustible robado”. Vista la correlación, o la estrategia está totalmente equivocada, o es una que de antemano, al no combatir el problema de fondo, se sabe fracasará. En todo caso, la narrativa de la guerra contra el huachicol esconde la incompetencia del gabinete en el abasto de combustible y la nueva estrategia del régimen contra el crimen organizado, dejar hacer, dejar pasar.
14 Marzo 2019 03:35:00
El estilo de gobernar
En cualquier país con sistema abierto, una descalificación tan pública y dura como la que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, tendría que haber ido acompañada de su renuncia. Herrera declaró al Financial Times que la refinería de Dos Bocas no se construiría –este año–, y que una parte del dinero presupuestado se invertiría en Pemex. No, dijo López Obrador, la refinería se trata de un malentendido. El caso está cerrado, pero el episodio arroja luz sobre la forma como funciona el Gobierno. Si alguien pretende entender a López Obrador, tire los referentes que conoce y parta del hecho que todo nace y muere entre 7 y 8 y media de la mañana, cuando comparece ante la nación y ofrece una conferencia de prensa.

El Salón de la Tesorería, donde se hace el evento diario, es el escenario. En público o en privado, López Obrador ejerce de manera unipersonal. Ordena a su gabinete en función de ideas u ocurrencias surgidas del encuentro con periodistas, y los obliga a rendir cuentas. “La mañanera”, como se conoce al momento en el que se presenta ante el público, es el eje articulador de su Administración, y su equipo, particularmente aquellos que no conocían su estilo de gobernar, lo ha ido aprendiendo para capitalizar del desorden que el propio Presidente provoca.

El gabinete carece de líneas de mando claras y establecidas. Por ejemplo, la política, que lleva la Secretaría de Gobernación, se maneja predominantemente desde otras oficinas en Palacio Nacional, como la Conserjería Jurídica, la Coordinación de Delegados o la Dirección de Comunicación Social. La economía, orienta la Secretaria de Hacienda, la determina el Presidente, y en función de sus temas y prioridades, asigna eventualmente poderes superiores a otras dependencias, como en el caso de Dos Bocas, donde la secretaria de Energía, Rocío Nahle, corrigió al subsecretario Herrera, que no habló sobre la refinería sin el conocimiento y aprobación del secretario, Carlos Urzúa, por lo que a quien finalmente enmendó fue a él.

Urzúa no siempre es escuchado, y comparte responsabilidad para hablar con inversionistas con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, el primer gran lastimado del gabinete, antes incluso de iniciar el Gobierno, cuando les garantizó que se concluiría el nuevo aeropuerto, al ser aplastado por el actual secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, y por el ministro sin cartera, el constructor José María Riobóo. Comparten lamentos con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, a quien le quitaron la responsabilidad del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, para entregárselo al de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que también se mete en el tema de los inversionistas.

Cada quien actúa no dentro del ámbito de su responsabilidad, sino de las tareas que les encarga el Presidente, para quien las líneas de mando son un estorbo y busca la funcionalidad sobre la organización. No necesariamente eso resulta, como se ha visto con discrepancias tan fuertes como la de este martes, o con aclaraciones que ha tenido que dar porque sus secretarios declararon algo que no iba en línea con su pensamiento. El problema que han visto varios de sus colaboradores es que la línea de su pensamiento es cambiante y contradictoria en cuestión de días. Por ejemplo en el aeropuerto, donde además de Romo, secretarios estaban convencidos de que continuaría Texcoco, o Urzúa y Herrera, quienes probablemente escucharon las dudas que tenía López Obrador sobre Dos Bocas la semana pasada, pensando en la reacción de los mercados, y que el martes se despertaron con la sorpresa de la descalificación al subsecretario.

Un gran número de miembros del gabinete no saben lo que les depara cada mañana, por lo que están siempre atentos al mensaje del presidente y procuran ir a las reuniones previas a “la mañanera”. Normalmente López Obrador llega a Palacio Nacional poco antes de las 6 de la mañana para presidir la reunión con el gabinete de seguridad. En esa misma junta, secretarios de otras áreas llevan temas sus asuntos para planteárselos al Presidente. Esto se resolvía en el pasado con acuerdos, pero el estilo de López Obrador los tiene cancelados. Salvo excepciones o casos de emergencia, no existen tales acuerdos, por lo que esa es la única oportunidad que tienen para hablar con él. “Si no lo hiciera, jamás lo vería”, confió un miembro del gabinete.

Este modelo hiperpresidencialista, hipercentralizado, tiene el beneficio, para él, de tener un control vertical y rígido sobre su gabinete, al cual no deja que haga nada o diga nada que no autorice y avale. Tiene también la vulnerabilidad de que al no tener contacto con prácticamente nadie del gabinete, su falta de información sobre temas en general, así como su desconocimiento, son grandes y profundas. El martes no sabía, por ejemplo, de la entrevista de Herrera en el Financial Times. Tampoco conocía con detalle la privación de libertad de 22 migrantes. El riesgo es que no tiene contención alguna para hablar de todo, sin importar que no tenga todos los elementos para ello.

Su escapatoria es la corrupción. Cualquier obstáculo lo salta con el caballo de los males del neoliberalismo con antifaz que ya acabó. Frente a la opinión pública, eso le podrá seguir funcionando, pero estructuralmente irá aflojando los amarres de su andamiaje hasta que se colapse, entendido esto como contradicciones que no podrán ser resueltas sin impactos perniciosos para su gobierno, como es el caso de Dos Bocas, o que sus secretarios, ante la humillación continua y la imposibilidad de trabajar para dar resultados, abandonen el gobierno derrotados por este asfixiante estilo de gobernar.
13 Marzo 2019 03:20:00
El newspeak de la 4T
La selección de palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador para explicar lo que no existe y construir una realidad en el imaginario colectivo es un prodigio. No porque mentir lo sea, sino porque refuerza su narrativa de cómo la Cuarta Transformación avanza pese a las adversidades, desafía los molinos de viento que esparcen la corrupción y pretenden impedir la metamorfosis del régimen a través del newspeak, la neolengua que inventó George Orwell en su novela 1984 para el control de la masas. Su palabra no ha perdido poder, está aumentada, por lo que la explicación de su realidad se incuba, al menos por ahora, en la realidad de la mayoría.

Los mensajes relacionados con la evaluación de los primeros 100 días de su gobierno aportan pruebas. El lunes en Palacio Nacional, dijo: “La economía afortunadamente está en marcha, aún crece poco, pero no hay ni asomo de recesión como quisieran nuestros adversarios conservadores o como pronostican de mala fe sus analistas”. La frase contiene dos ideas fuerza. “Conservadores”, que es como identifica a todos, en la derecha, la izquierda y el centro que sean críticos o discrepen de lo que plantea, que es parte del discurso ideológico que ha utilizado desde la campaña presidencial, recreando la lucha de los conservadores contra liberales en el siglo 19, y “recesión”, sobre lo cual ningún analista o institución ha hablado.

La recesión es diagnosticada una vez que se dieran tres periodos (trimestres) consecutivos con una crecimiento negativo. Lo que han señalado analistas e instituciones es una desaceleración económica en México que, por cierto, están experimentando prácticamente todos los países en el mundo. Esta desaceleración tiene preocupados a todos, e incluso en Estados Unidos hay voces que están anticipando el arribo de una recesión, con diferentes impactos: ligera, dicen unos, o fuerte, con el estallido de una crisis mundial similar o peor a la que se vivió en 2009.

La forma como lo plantea López Obrador es conspiracionista. Hay razones internas, producidas por su Administración, que ayudan a explicar la desaceleración que existe: la inexperiencia de su equipo, que provocó un subejercicio de 24% en el gasto programado durante los primeros 30 días de gobierno, y que no parece haber sido subsanado; acciones como la cancelación del nuevo aeropuerto y la suspensión de las rondas energéticas, que frenaron las inversiones y por tanto las posibilidades de crecimiento; la purga burocrática y la política de austeridad que tiraron el empleo y el consumo, que se vio afectado también por el desabasto de combustible, y por un factor externo, las condiciones climatológicas que afectaron las cosechas. Por su visión de que todo el pasado fue peor y el futuro será mejor, que es el motor para impulsar el cambio, él litiga permanentemente con todo aquello que no les es incondicional y lo enmarca en la lucha política. De ahí el remate desafiante a la frase sobre la recesión: “Se van a quedar con las ganas”.

En otro campo, el martes en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional respondió a una pregunta sobre la inseguridad y la violencia, y dijo que aún no la vencen, pero que la estaban conteniendo. “Contención” fue la palabra que utilizó para explicar que la violencia se ha detenido o frenado, agregando que los índices delictivos se mantienen similares a los que les dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto. La idea de que si bien aún no hay éxito en la búsqueda por la pacificación del país que prometió tampoco hay retroceso, queda sembrada en el 80% de los mexicanos que lo apoyan en prácticamente todo, pese a que esta afirmación no se sostiene.

Pero según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva se incrementó 9.03% en los 32 estados del país en enero, un mes después de asumir la Presidencia López Obrador. En cuanto a homicidios dolosos, se abrieron 11.5% más carpetas de investigación que un año antes, y el número de víctimas se elevó 10%. En la Ciudad de México, su bastión, donde controla absolutamente todo a través de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el homicidio doloso se elevó 80% en enero, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Los secuestros, que venían a la baja, se dispararon. De acuerdo con la organización Alto al Secuestro, de diciembre pasado a enero de este año, se elevaron 50%, y el número de víctimas se incrementó 51%. Estos datos no reflejan contención, sino desbordamiento.

El discurso de López Obrador esconde en la retórica la realidad, y fabrica la suya para consumo del alto número de mexicanos que lo escucha y sin mayor proceso analítico, le cree. Newspeakes como le llamó Orwell a la construcción de ese lenguaje que en su novela suprimía el libre pensamiento y el individualismo. El lenguaje de Orwell es un estudio de cómo coinciden la lingüística y la sicología, de acuerdo con los expertos. Teóricamente se podría argumentar el mismo efecto en el caso de López Obrador, aunque su enfoque es completamente político.

El presidente gana tiempo y hace un control de daños. La contención de la delincuencia es para abrir el espacio para que empiece a funcionar la Guardia Nacional, de la que está aparentemente convencido que será la solución al fenómeno, mientras que hablar de recesión le permite clamar victoria a finales de año cuando, ante el altamente probable crecimiento mediocre, afirme que lo que evitó fue el decrecimiento. Él no pierde. Hasta ahora, y mientras millones de mexicanos sigan atrapados en su newspeak.
12 Marzo 2019 03:56:00
Los gringos no son sus amigos
En la primera evaluación del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre sus primeros 100 días de Gobierno, hay que detenerse en un punto que ante el cúmulo de anuncios sobre lo que hizo, pasará desapercibido: la relación con el Gobierno de Estados Unidos. López Obrador dijo que está bien, que va bien, y que es cordial. Punto. No se metió en matices ni en problemas.

Esta relación, sin embargo, parece que va bien, pero no está bien; parece que es cordial, pero crecientemente es todo lo contrario. No está caminando sobre fuego, sino que, visto por altos funcionarios, políticos y estrategas en Washington, se metió al fuego al optar por aliarse con enemigos de Estados Unidos.

No está claro qué tanto entiende López Obrador que dos decisiones políticas lo confrontan con el presidente Donald Trump, con quien no quiere pelearse porque está consciente de que el único que puede descarrilar su proyecto es el jefe de la Casa Blanca. Por eso, instruyó a que nadie fuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lleve la relación con Estados Unidos, marginando a la Secretaría de Gobernación en temas migratorios, o a la Secretaría de Economía, en asuntos comerciales. El canciller Marcelo Ebrard es quien se encarga de ello. La unificación de un mando, en el contexto del desordenado y desequilibrado gabinete de López Obrador, parece un acierto. Pero por otras razones, no lo es.

Ebrard carece de una relación de alto nivel en la Casa Blanca, y su ventanilla es la del secretario de Estado, Mike Pompeo. En términos de política real, la relación con México fue degradada con López Obrador. La relación con México e Israel, ordenó Trump al iniciar su administración, la llevaría personalmente su yerno y consejero, Jared Kushner, que es como se llevó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ya no. Kushner no está interesado en tener una relación con Ebrard. El acceso a la Casa Blanca está cancelada para el canciller mexicano, quien sólo lo tiene, de manera ajustada a los tiempos de Pompeo, a Foggy Bottom, la sede de la cancillería estadunidense.

La falta de acceso a la Casa Blanca no le ha permitido a Ebrard la posibilidad siquiera de explicar algunas de las decisiones de López Obrador que tienen muy molesto a Washington. La principal, el respaldo al presidente Nicolás Maduro, que es interpretado de esa manera ante la incomprensión y falta de razonamientos convincentes de lo que significa para México, en este momento, la política de neutralidad y no intervención.

En Washington no creen el discurso del Gobierno mexicano, donde ven símbolos adicionales a los diplomáticos de no reconocer como interlocutor válido, siquiera, al proclamado presidente interino, Juan Guaidó, a quien han respaldado la mayoría de las democracias. Una de esas señales es la continua presencia en México –con visitas a colaboradores cercanos de López Obrador– de Juan Carlos Monedero, exasesor del presidente Hugo Chávez, y uno de los fundadores de Podemos, partido de izquierda radical en España, que durante varios años recibió financiamiento de Maduro.

El respaldo al régimen de Maduro por la vía de la autodeterminación de los pueblos, ha unido a republicanos y demócratas en Estados Unidos contra México. El 8 de febrero se dio la primera gran señal de que las relaciones bilaterales dejaron de ser lo que fueron. El senador republicano Marco Rubio afirmó a través de su cuenta de Twitter que las relaciones habían cambiado. “Esperaba que pudiéramos redefinir la relación entre México y Estados Unidos, para que la transformáramos en una asociación estratégica. Una alianza para afrontar nuestros desafíos comunes”, escribió.

“Pero el inexplicable apoyo del nuevo gobierno a Maduro pone todo eso en duda”. Dos semanas después, en una reunión del Grupo de Lima en Bogotá, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, le hizo un llamado directo a México a rectificar su posición –cada vez más aislada en el mundo.

La relación con Trump se ha modificado radicalmente por el caso Venezuela, que es de muy alto interés para Estados Unidos. Haberse entregado a Estados Unidos como tercer país, para mantener a los inmigrantes centroamericanos en territorio mexicano mientras se procesa su solicitud de asilo en esa nación, no ha servido para nada. Este lunes que López Obrador hablaba de cordialidad en la relación con Trump, este pedía fondos para construir el muro en la frontera con México, un tema del cual el Presidente mexicano no ha querido hablar. Les dieron a Estados Unidos lo que buscaron por años, y no le redituó en nada a López Obrador.

No ha sido el único error importante. Dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hay interés de invitar a una empresa paraestatal china al proyecto del tren bala México-Querétaro, que se canceló en el gobierno de Peña Nieto ante las presiones de Estados Unidos. Todavía más grave, sigue adelante con la instalación de un cable de fibra óptica submarina para telecomunicaciones, que conectará a Topolobampo con La Paz, con la participación de Huawei, el gigante chino vetado en Estados Unidos por razones de seguridad nacional, y por lo que está enfrentado con la Union Europea porque no quieren cancelarle contratos.

Venezuela y Huawei son temas geopolíticos que no entiende el presidente López Obrador, quien por la manera como actúa, debe pensar que hincarse ante Estados Unidos en el tema migratorio, que es el más sonoro de todos, es suficiente para tener una buena relación bilateral. Está equivocado. Su reduccionismo internacionalista lo lleva por la ruta indeseable, pelearse con Trump. El choque no va a venir pronto. Ya se dio.
11 Marzo 2019 03:55:00
Los siguientes 100 días
Todos los análisis críticos sobre Andrés Manuel López Obrador están chocando con una coraza que se fortalece diariamente. No ha habido acción ni decisión que haya afectado su consenso para gobernar. Frente a la narrativa de López Obrador no hay nada que se le anteponga con éxito o, siquiera, como elemento de equilibrio. Tiene sentido, aunque no lo parezca. Su consigna permanente contra la corrupción es un recordatorio de lo que se ha vivido, frente a lo cual no hay absolutamente nada que justifique lo galopante que fue y la impunidad de la que gozó. Su llamado a más dinero y más trabajo para los que menos tienen, en un país donde 63 millones de personas viven debajo de los niveles de pobreza, es compartido incluso por sus adversarios más claros. Sus reivindicaciones son concretas y han encontrado la tierra fértil que promete cosechas. Pero no lo es todo.

Existe frustración en varios sectores sobre lo refractario de López Obrador, pero surge de un análisis a partir de categorías equivocadas, que pretender entenderlo en el marco de un Jefe de Estado tradicional. El Presidente es todo lo contrario. Buscar explicaciones al comportamiento de López Obrador bajo esos referentes, siempre choca en incomprensiones y en críticas que, si uno empata su frecuencia y creciente beligerancia con sus muy altos índices de aprobación, puede encontrar las razones de muchos para su desilusión.

López Obrador nunca fue un político convencional, ni en su esencia ni en su actuar. Su liderazgo fue aquilatado por el PRI cuando lo hicieron presidente estatal en Tabasco en los 80, que le dieron prominencia nacional a mediados de los 90, cuando realizó marchas a la Ciudad de México. Político de tierra, jamás de aire como fue la tendencia en los últimos 20 años, se convirtió en la cabeza de la izquierda social. Su discurso era simple y consistente: primero los pobres, y contra la corrupción que los hace pobres. El enemigo principal del pueblo era la clase dominante –a la que llamó “la mafia del poder”– y la forma de enfrentarla tenía que ser desde abajo, con la movilización del pueblo.

Esta codificación no la entendieron en su momento el Gobierno de Vicente Fox, que al perseguirlo lo blindó, el PRD donde militaba, y el PAN y el PRI, que fueron incapaces de ver que el discurso teológico y binario que tenía, iba a ser imposible de vulnerar con el viejo discurso de la clase política. La clase gobernante lo soslayó cuando se construyó el Pacto por México mediante acuerdos cupulares, para producir reformas económicas profundas.

Antes que la alianza entre el PRI, el PAN y el PRD se rompiera, se le preguntó a uno de los principales colaboradores de Peña Nieto si no pensaban que forzar los acuerdos de élites, sometiendo a las militancias partidistas, podría tener un impacto negativo en el largo plazo al estar desdibujando los liderazgos de la oposición y anulándolos. El colaborador volteó a ver al periodista con ojos de perdonavidas y respondió: “¿Está mal?”. El 1 de julio del año pasado tuvo su respuesta. Todos ellos construyeron el ascenso de López Obrador al poder.

Nunca entendieron a López Obrador y no lo entienden. Ven su actuar como el de un iluminado. Se equivocan en parte. López Obrador sí se siente un iluminado y ha llegado a decir en privado que la derrota en las elecciones de 2006, que fue muy dolorosa para él, fue una prueba que le impuso Dios para probarlo. Tras su protesta postelectoral, López Obrador se fue a Oaxaca a caminar las comunidades y recuperar energía. Después de varios meses regresó fortalecido para las nuevas batallas. Para él, la Presidencia es el vehículo para cumplir su misión, auténticamente, transformar a México. Palacio Nacional no es el fin, sino el medio.

La transformación no es sólo una reformista, como algunos la perciben por mantener lo que observan como una contradicción: políticas populistas y disciplina macroeconómica. Menosprecian, quizás porque les parecen disparatadas como muchas de las cosas que ha dicho López Obrador, que él prefiere que toda la nación camine hacia la pobreza, revirtiendo décadas de desarrollo, si es la única opción para acabar con la corrupción. Si alguien que tiene un infante y sabe lo que significa su cuidado a padres que trabajan, es intransigente en acabar las estancias infantiles, hay que escucharlo con atención.

La destrucción de todo no es sólo discurso político. La transferencia directa de recursos a los grupos sociales desfavorecidos, el control político-electoral a través de su Coordinación de Delegados, la cruzada contra las instituciones y el pasado mediante la acusación de son producto de la corrupción, a la que combate porque su Gobierno emana del pueblo y para el pueblo, plantea un cambio social que sólo puede ser realizado por las masas. Esta es la categoría de análisis que debe utilizarse con él.

Su Gobierno no se está construyendo a partir de la Presidencia convencional, sino mediante un gran frente de masas donde las minorías, a las que combate todas las mañanas, deben ser erradicadas para dar pie al nuevo régimen. Las cámaras, los fiscales, los sindicatos y los medios alternativos son la cabeza de playa. El frente de masas es una concepción de poder vieja –Lenin pidió “todo el poder a los soviets”– que se llega a interpretar como autoritarismo. Para quien defiende esta ideología, quien lidera este cambio es un “vanguardista”, que entiende lo que está en juego y para dónde va. Las masas no entienden de estas abstracciones, pero marchan detrás de su líder. López Obrador, hoy, es eso, indiscutiblemente.
08 Marzo 2019 03:21:00
Amlolandia
Dueño del sofisma y la metáfora, del lenguaje coloquial y el sentir popular, Andrés Manuel López Obrador llega a sus primeros 100 días como un presidente sin parangón en la historia mexicana, en apoyo y consenso para gobernar, y una prisa por instalar lo nuevo y demoler lo viejo, como ninguno de sus antecesores lo habían hecho. Pero su contexto también es diferente. Por decisión unilateral, su revolución pacífica, que es lo que está en marcha, carece de aliados, porque todos son adversarios y enemigos. La destrucción de lo establecido es tan profundo y amplio, que las resistencias son enormes, y debe conciliarlas con sus debilidades y necesidades. Su salud no es frágil, pero una cirugía a corazón abierto en diciembre de 2013 lo obliga a medicarse todos los días, por lo que siempre ronda su mente que no tendrá tiempo para colocar los cimientos de su Cuarta Transformación, si no se apura. Hoy tiene el respaldo para hacer lo que quiera, pero está consciente que la fuerza de hoy, mañana se evaporará.

López Obrador no ve la 4T como una figura retórica, sino como un concepto de país. Construir todo, sobre las ruinas de todo. No ha sido fácil el cambio de régimen propuesto, reconoce en privado, lo que evoca a Alexis de Tocqueville en La Democracia en América (1840), al describir la tensión dentro del naciente Estados Unidos, donde había una sociedad que quería nacer y otra que se negaba a morir. Recuerda también El Antiguo Régimen y la Revolución que escribió 16 años después sobre Francia y la crisis de la centralización del poder, con su magro crecimiento y la decadencia de la aristocracia, que levantaron al pueblo e impulsó una transformación revolucionaria.

Tocqueville no está en el lenguaje de López Obrador, pero está en su contexto y en la definición del poder. Las palabras las utiliza con cuidado, aunque parece desenfadado. A veces suenan con una beligerancia incendiaria, pero no lo son. Dice que el cambio será radical, pero no como un extremista, sino en la acepción del latín que significa raíz. No es un talibán ni un arquitecto del califato islámico, pero para que tenga éxito su proyecto transformista, necesita destruir. Él lo sabe, aunque no lo admita públicamente. Aquí se le llamó polpotismo de terciopelo por la forma como quiere arrancar todo lo pasado, el cáncer que amenaza con infectar su futuro. De ahí, de su incansable lucha, la frase coloquial “me canso ganso”, que habla de su obstinación sin márgenes de maniobra.

El cambio obligó la purga de la nomenclatura y la burocracia; el sacrificio de la clase media, para la que no hay presente ni futuro. No es nuevo. Desde el cierre de campaña en el estadio Azteca, definió un gobierno para ricos y pobres, pero no para los de en medio. Esa marcha desplaza y destruye al viejo régimen, que antes fue “fifí”, previamente “mafia del poder” y antaño “pirruris”. Su voz está cargada de municiones, con una claridad religiosa que penetra el alma mexicana, y una fuerza moral de quien nunca se rindió ante las adversidades. Su legitimidad ha crecido desde asumir la Presidencia, facilitándole el consenso para gobernar.

Los primeros 100 días de gobierno, que se cumplen el domingo, han sido un periodo de confrontación con un pasado que creó involuntariamente las condiciones para que finalmente conquistara la Presidencia. Dos veces antes lo intentó, pero no convenció a suficientes electores. La argumentación de que le cometieron fraude en las elecciones de 2006 nunca se pudo probar, ni la reacción popular fue tan masiva para desestabilizar a Felipe Calderón, que asumió la Presidencia y se consolidó en la silla. En 2018, la realidad del elector duro y del insatisfecho, del indignado y desposeído, alcanzó la que predicaba López Obrador. Aquella fruta de 35 años, estaba podrida.

La globalización y la desigualdad como externalidad, fue uno de los factores, como describió Dani Rodrik, profesor de la escuela de gobierno John F. Kennedy de Harvard, en un ensayo publicado en 2018. Pero no menos importantes fueron los cambios en las tecnologías, el surgimiento de los mercados donde el ganador se llevaba todo, la erosión en las protecciones del mercado laboral y el declive de las normas que restringían el pago de los diferenciales. Todo ello, en México y en el mundo, provocaron la rebelión en las calles y en las clases medias –qué paradoja en México, donde son las que no tienen cupo en el proyecto–, que echaron en las urnas al status quo que los había gobernado.

A todo ello se ha referido intuitiva o empíricamente López Obrador, capaz de traducir tecnicismos en eufemismos populares. Le da combustible para alimentar su campaña electoral permanente, pero no será para siempre o, si alguien lee con cuidado los indicadores económicos, no por mucho tiempo.

Sus primeros 100 días han sido una fiesta para él y un carnaval para la mayoría de sus apoyadores, pero requiere empezar a gobernar. Convertir promesas en realidades como regalos de dinero, cancelación de proyectos del viejo régimen, confrontación y amenazas a quienes piensan diferente a él, ayuda a la fundación de Amlolandia. Pero el proyecto de la Cuarta Transformación necesita más que el voluntarismo presidencial. Requiere responsabilidad y seriedad, orden y trabajo, creatividad y equilibrio. Gobierno, no propaganda. Ejercicio del poder, no abuso de poder. Cien días para sentarse y juguetear deben bastar. No debe perder el tiempo si, como dice, quiere ser el mejor presidente que haya tenido México. No hacer las cosas bien, que tenga presente, lo puede arrastrar a las antípodas de lo que desea.
07 Marzo 2019 03:48:00
Déjà vu en Santa Rosa
La rebelión de los criminales está en curso en Guanajuato. Esta semana, en respuesta a un operativo militar en Santa Rosa de Lima, movilizaron gente para bloquear carreteras y quemar vehículos en la zona de El Bajío, que se conoce como “el triángulo rojo del huachicol”, igual a como se denominan los siete municipios poblanos donde se da el mayor robo de combustible del país. El operativo militar debió haber comenzado hace una semana, pero los soldados no pudieron entrar a esa comunidad que ha sido el epicentro de una lucha entre dos lideres de bandas delincuenciales.

Las unidades militares entraron finalmente a una zona de guerra entre el llamado cártel de Santa Rosa de Lima, encabezado por José Antonio Yépez, apodado “El Marro”, y el Cártel Jalisco Nueva Generación, que quiere arrebatarles el negocio del huachicol en la región. Decenas de muertes ha causado este enfrentamiento, que desestabiliza una zona que en los últimos años se había caracterizado por su creciente desarrollo en un corredor industrial detonado por inversiones extranjeras. El episodio es un déjà vu de lo que sucedía hace 15 años, cuando los criminales tenían control territorial en varias partes del país. Sin embargo, hoy se ha agravado.

En el Gobierno del presidente Vicente Fox los cárteles de Sinaloa, Milenio y el Golfo tenían control territorial enanzar casi 100 municipios. Pocos en el comparativo municipal en el país, pero demasiado. El control era absoluto. Tenían en sus nóminas o amenazados a los alcaldes, a sus secretarios de Financias y de Obras, el de Seguridad Pública y a los jefes de policía. Pagaban protección en los estados y a jefes militares, y daban igualas a periodistas –algunos corresponsales de importantes publicaciones en la Ciudad de México–. En esos años, ninguna fuerza federal entró durante mucho tiempo a los municipios en el norte de Tamaulipas, hasta que las presiones del Gobierno de Estados Unidos que querían al jefe del cártel, Osiel Cárdenas, obligaron a ir por él a sus guaridas.

Durante el gobierno de Felipe Calderón, cuya muy criticada guerra contra las drogas elevó las tasas de homicidios dolosos, se logró arrebatar a los cárteles el control territorial en el país, que tuvo un retroceso en el de Enrique Peña Nieto, cuando dejaron de combatir a los cárteles, en su primer año de gobierno. En el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que sucede en los campos de guerra del narco, es lo que pasaba en la frontera tamaulipeca: ninguna fuerza federal entra hasta que es insostenible su pasividad o evidente su complicidad.

Actualmente se ha agravado el estado de cosas porque López Obrador ofreció primero una amnistía a los narcotraficantes, lo que les permitió operar con mayor libertad, y luego proclamó el final de la guerra contra el narcotráfico porque, aseguró, no sirvió para nada, salvo para incrementar la violencia. Lo que desató aún no alcanzamos a medir en su total consecuencia. Santa Rosa de Lima no es un síntoma de lo que está pasando, sino una realidad. Una de las externalidades que ha provocado el robo de combustible en El Bajío es la cascada delincuencial provocada.

Un ejemplo es la carretera México-Querétaro, que se ha vuelto un peligro a todas horas. Son varios los casos de privación de libertad y robo. Uno de ellos reciente sucedió a las cinco de la tarde, cuando por unas llantas la autopista, el vehículo donde viajaba una familia se detuvo. Cuando retiraba las llantas llegó un convoy con 17 personas armadas y los privaron de su libertad. Nunca dejaron de tener la pistola en la cabeza del hijo menor, y obligaron al padre a darles todas sus tarjetas de crédito y darles su dirección para que recogieran los tokens y le vaciaran las cuentas. Cuando lo hicieron, los amenazaron: si cancelaban las cuentas, matarían al chofer, a quien habían golpeado fuertemente. Si los denunciaba, sabían dónde vivían y los matarían a todos. 

No hay sorpresas. Enero fue el mes más violento en la historia, y la tendencia de homicidios dolosos sugieren que 2019 será más rojo que 2018, cuando se rompieron todos los récords. Esto no va a cambiar porque la estrategia del Gobierno lopezobradorista contempla sólo el combate a la delincuencia del fuero común. Ni los cárteles ni el narcotráfico serán enfrentados porque en el análisis del Gobierno el problema no son ellos, sino quienes roban, extorsionan, secuestran o cobran protección.

Es el mismo error que cometió Peña Nieto, quien soslayó que la delincuencia organizada tiene ramificaciones indivisibles con la delincuencia del fuero común. Si no los capos, sus subalternos y sus legiones de matones, mutan de delito o participan en los del fuero común y los del fuero federal. La estrategia de seguridad del Gobierno federal toca únicamente a los delitos del fuero común. Para esto, identificó 259 puntos en donde actuarán militares y policías como fuerza de reacción rápida. Es decir, una especie de sistema de emergencias 911.

La estrategia tendrá resultado positivos sólo en esas zonas en el corto plazo, pero será funesto para el resto del país y, en esas mismas regiones, en el mediano y largo plazo. Esto ya lo hemos visto. Esta estrategia elevará los índices delictivos cada mes, y llevará al Presidente a un fracaso en el tema de la seguridad. Cuando se dé cuenta del error, ya será demasiado tarde, como sucedió con Peña Nieto. López Obrador está a tiempo de corregirlo, pero necesita quién se lo explique correctamente, lo persuada de cambiar la estrategia y que la lleve a cabo. Le conviene finalmente, pero tiene que entenderlo.
06 Marzo 2019 03:33:00
Suicidio por una injusticia
René era un niño el 19 de junio de 2016, cuando la Policía Federal, según la recomendación de la CNDH dada a conocer al año siguiente, utilizó excesiva y letalmente la fuerza en Nochixtlán, y cometió graves violaciones a los derechos humanos que provocaron la muerte de siete personas y dejaron más de 500 lesionados, como consecuencia del “pésimo” diseño, planeación y ejecución del operativo armado y ordenado por el entonces responsable de ese cuerpo, Enrique Galindo, para disolver un bloqueo carretero en protesta por la Reforma Educativa.

Los policías federales entraron en Nochixtlán en domingo, día de plaza, y el repiqueteo de las campanas alertó de la incursión. El padre de René, como muchas otras personas que no participaban en la movilización de los maestros, vio amenazada su comunidad y salieron a defenderla. La policía arremetió sin discriminación, y dispararon sus armas de alto calibre. Una bala impactó en la pierna del padre de René, que fue rescatado por su hijo y sus dos hermanos. Los federales los embistieron y jalaron por las calles a René, para coronar estrellándole sus escudos en la pierna, rompiéndosela.

El padre de René era cabeza de familia y se ganaba la vida realizando varios oficios en Nochixtlán. Pero tras el disparo nunca volvió a quedar bien. El trabajo que requería de la fuerza de sus piernas y brazos, se vio mermado por sus incapacidades físicas y la familia entró en una crisis profunda. La economía familiar se descompuso, y la crisis económica se volvió profunda. René y sus hermanos sintieron esa presión y contra el deseo de sus padres llegaron a la Ciudad de México hace no mucho tiempo, para trabajar y enviar el dinero de regreso a Oaxaca.

De los tres, René, el mayor, era quien más golpes recibió de los federales. Le aplicaron el Protocolo de Estambul y en prácticamente todas las pruebas salió positivo. Lo habían torturado. Fue uno de los sobrevivientes de Nochixtlán que fue incorporado al Registro Nacional de Víctimas, pero nunca recibió, como sus hermanos, ningún apoyo de contención, que es un apoyo emocional al cual tenían derecho. En ese contexto se mudó con sus hermanos a la Ciudad de México y encontraron un cuarto en dónde vivir en la colonia Arenal, en la alcaldía Venustiano Carranza.

El sábado pasado, al mediodía, encontraron a René, colgado en su cuarto. El hijo mayor de la familia agredida en Nochixtlán, se había suicidado. No dejó ninguna nota que explicara su muerte. El domingo fue trasladado a su tierra oaxaqueña, donde recibió sepelio. El suicidio de René no fue un caso aislado. Al menos tres intentos de suicidio se han registrado desde la masacre de Nochixtlán entre los sobrevivientes. No hay estudios aún sobre las razones por las que han llegado al extremo de quitarse la vida algunos de quienes fueron reprimidos hace ya casi tres años, pero ni ellos ni nadie de los agredidos por la Policía Federal, sin que la investigación de los hechos les hubiera hecho justicia legal, han visto resultados.

La investigación sobre lo que sucedió en Nochixtlán está detenida. “¿Qué sucedió el domingo 19 de junio donde murieron cuando menos 11 civiles y a policías federales les cortaron dedos a machetazos y terminaron con pies heridos por las bombas caseras que les explotaron?”, se preguntó en este espacio en octubre de 2017. “Nadie tiene una explicación clara de la cadena de sucesos, y lo que estaba informando el Gobierno federal en voz del entonces comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, no tenía sentido. Decía que la Policía Federal había recuperado la vialidad en Nochixtlán ‘sin ningún tipo de incidente’, en una reconstrucción de hechos que insultaba la inteligencia de los mexicanos”.

En aquél entonces, Galindo refutó en privado que era falso lo escrito y que habían actuado correctamente. Quince meses después, la Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó la hipótesis, descalificando a Galindo y al gobierno federal. Pero no hubo mucho más. Las autoridades federales interrogaron a unos dos mil policías y a más de 600 funcionarios. De las más de 50 víctimas en Nochixtlán, sólo se entrevistó a 30.

El abuso y la impunidad han acompañado lo que sucedió aquél domingo. Un policía que mató a un joven de 18 años fue detenido y menos de 48 horas después fue liberado, sin que haya una sola orden de aprehensión por ese crimen. Un anciano en Huitzo, a unos 40 kilómetros de Nochixtlán, que no tuvo nada que ver con los bloqueos ni estuvo en la refriega, fue detenido por policías federales que, además, le deshicieron los testículos a patadas. Tampoco se castigó a los responsables de este abuso.

La documentación que hay sobre lo que sucedió en Nochixtlán es abundante. Hay informes del Cisen que muestran el nivel de infiltración del movimiento magisterial y de las mesas de tomas de decisiones, que habrían permitido, con un trabajo de inteligencia, evitar la masacre que cometieron los federales. Existen los oficios en los hospitales que narran cómo los federales pidieron que no se atendiera ni a civiles ni a maestros en las clínicas. Existen videos donde se muestra el uso y abuso de fuerza policial que fueron incoporados a la denuncia de las víctimas de Nochixtlán, que no ha tenido seguimiento. Las peticiones para que fueran ingterrogados Galindo y el entonces gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, jamás fueron atendidas.

Nochixtlán es un caso de represión que dejó abierto el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Por tanto, es una oportunidd para el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de hacer justicia para aquellos que ha prometido defender.
05 Marzo 2019 03:50:00
El dilema de Iris
Iris nació en 1998 y ha crecido y envejecido enormemente en todos estos años. Pese a ser muy importante en la vida cotidiana de todos los mexicanos, casi nadie sabe de lo que se trata. Es la Red Nacional de Radiocomunicación de Misión Crítica (RNR), cuyo estrambótico nombre esconde su relevancia, que es la comunicación de las fuerzas de seguridad pública en el país. Hace 10 días, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública emitió un acuerdo donde junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana van a implementar la estrategia “que garantice en el corto, mediano y largo plazo la operación y vigencia” de esa red. Para ello, estableció como criterio dos puntos clave que han generado una polémica sorda y lejos del escrutinio público:

1) La libre competencia en la provisión de infraestructura, equipamiento, mantenimiento y transferencia de conocimiento.

2) Actualización completa al Protocolo IP.

3) Integración confiable entre las redes de seguridad Tetra, Tetrapol y P25, así como del sistema satelital MEXSAT MORELOS III y las redes de banda ancha vigentes en el territorio nacional a través de interoperabilidad de al menos voz y señalización, en los tres órdenes de Gobierno.

En castellano, esto quiere decir que es urgente la modernización de la RNR y trasladarla a la plataforma digital para que sea compatible con la llamada Red Compartida, el proyecto de telecomunicaciones, en palabras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes “más grande en la historia de México”, y que es el primero a gran escala en el mundo a través de dispositivos móviles. El acuerdo plantea que sin importar el proveedor de los dispositivos, tienen que ser interoperables y, sobre todo, pueden entrar como proveedores todas las empresas que obtengan las licitaciones. O sea, libre mercado absoluto para las telecomunicaciones de seguridad pública, continuidad de lo que inició el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Desde su creación, la RNR brinda servicios de banda angosta a 200 mil policías y elementos de Protección Civil, con 110 mil dispositivos móviles y una cobertura en el 50% del país, de acuerdo con los datos que surgieron del primer encuentro entre el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, y la Conago, en diciembre pasado, donde se habló de la urgente necesidad de actualización de esa Red. No era un tema nuevo. Desde agosto de 2017 se planteó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y se pidió un diagnóstico al Instituto Politécnico Nacional, que lo entregó en noviembre del año pasado. El acuerdo tomado hace unos días, soslayó las conclusiones del amplio diagnóstico del Politécnico y de acuerdo con los expertos, presenta recomendaciones opuestas a sus conclusiones. Por ejemplo:

1) Que se actualizara la red de Tetrapol, que la aporta la empresa europea Airbus, a la tecnología IP, por ser la opción técnica y económicamente más rentable. De acuerdo con las estimaciones presentadas por Airbus, la actualización de la red costaría 3 mil 200 millones de pesos, mientras que crear una nueva red, como la que pide el acuerdo, elevaría el costo a 15 mil millones de pesos.

2) El Politécnico recomendó la integración gradual de redes alternas de tecnología diferente desarrollando la interoperabilidad, preservando la seguridad de las comunicaciones, que es un planteamiento estratégico que los expertos no vieron reflejado en el acuerdo.

3) Se abre el camino a la fragmentación de la RNR al permitirle a cada entidad a optar por diferentes tecnologías, que experimentó sus problemas en el pasado, cuando las policías estatales tenían equipos Matra o Motorola que no eran compatibles entre sí. Con la creación de la Guardia Nacional y la prominencia del Ejército en el equipamiento y capacitación, no está claro cómo se van a conciliar las plataformas, al utilizar la Secretaría de la Defensa Nacional un sistema Harris.

Pese al primer gran avance en materia de telecomunicaciones con la Red Compartida, México se ha ido quedando rezagado. El director corporativo de Innovación de Airbus, Antonio Fernández, expuso en mayo del año pasado en el marco de Expo Seguridad, que hasta esa fecha solo seis de las 32 entidades habían logrado el 100% de actualización de sus plataformas al protocolo IP, con 15 utilizando una tecnología mixta y 11 operando en banda angosta.

Otro de los competidores, Vicente Roqueñí, director de Desarrollo de Negocios y Ventas de Motorola, declaró a la prensa el año pasado, que la tecnología Tetrapol se había quedado obsoleta, por lo que algunos estados como Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Yucatán, así como las secretarías de la Defensa y la Marina, estaban utilizando la llamada P25, que fabricaban ellos, al igual que Harris y las empresas chinas Huawei y Tat, que han enfrentado embates de Estados Unidos por cuestionamientos sobre seguridad nacional, aunque han tenido el apoyo de la Unión Europea.

El dilema de Iris se cruza por la lucha entre corporaciones multinacionales por participar en la RNR y por las necesidades para integrar una red de comunicación policial a nivel nacional.
04 Marzo 2019 03:11:00
La cena en El Paraguas
En el barrio de Salamanca en Madrid se encuentra el restaurante de moda El Paraguas, de excelente comida asturiana. Hace dos martes llegó un comensal mexicano que nadie conocía, aunque una de las personas en su mesa, Baltazar Garzón, un rock star de la justicia global, no pasaba desapercibido. El encuentro fue sugerente, en estos tiempos donde su sucesor, Andrés Manuel López Obrador, habla un día sí y el otro también de lo corrupto que fue el gobierno que lo precedió y del “tiradero” que le dejaron.

¿De qué hablaron? De acuerdo con uno de los presentes, fue un encuentro casual. Garzón participaba en el Congreso Mundial Jurídico y esa noche cenaba con varios de los asistentes. Otro asistente en el Congreso fue Juan Collado, que estaba con Peña Nieto. Nada trascendental salió de esa plática, dijo uno de los presentes. El expresidente había estado en Madrid de paseo con una modelo hace poco más de tres semanas. Unos siete días después regresó y lo único que se conoce de esa nueva visita fue el encuentro con Garzón.

Garzón llevó en la Audiencia Nacional española varios casos controversiales de violación a los derechos humanos durante la dictadura franquista. Su fama, sin embargo, detonó cuando logró una orden de arresto contra el general chileno Augusto Pinochet por la muerte de súbditos españoles y crímenes de lesa humanidad durante su dictadura. Este tipo de delitos es lo que abogados en México y Estados Unidos buscan imputarle a Peña Nieto y llevarlo a juicio por el crimen de los normalistas de Ayotzinapa en 2014.

Desde que era presidente Peña Nieto, un grupo de abogados trabajó la eventual defensa cuando acabara el sexenio. Una de las conclusiones a las que llegaron era que no habría forma que una acusación por la desaparición de los normalistas lo alcanzara legalmente, y concluyeron que la línea de responsabilidad llegaría máximo a Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal en ese momento.

La idea de que pudiera juzgarse a Peña Nieto por delitos de lesa humanidad está en la mente de los abogados, aunque López Obrador, pese a acusar diariamente de corrupto a su gobierno, se ha comprometido con no perseguirlo. Eso no significa que metería las manos por él en otros casos, como el de Ayotzinapa, por el que varios miembros de su equipo sí quieren juzgarlo. Esto no es algo que haya estado ausente de la discusión pública en México. En agosto de 2016, se publicó en este espacio “¿Terminará Peña en La Haya?”, donde se apuntó:

“Michael Mörth, uno de los arquitectos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano independiente que prácticamente suplantó al Poder Judicial en ese país, declaró en una entrevista con la agencia rusa Novosti que al concebirla, ‘siempre la entendimos como un modelo que se puede expandir en América Latina o países donde no hay estado de derecho. No tengo ni la menor duda de que una CICIG sería muy útil en México y Honduras’. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, aceptó la propuesta para que una comisión enjuicie a quienes estén involucrados en actos de corrupción, pero en México es un tema del que no habla el Gobierno.

“En el mundo, no sólo es una conversación recurrente, sino hay acciones encaminadas a llevar a Peña Nieto, antes o después de que termine su administración, a una corte internacional para juzgarlo por violaciones a los derechos humanos. El consenso se está construyendo con organismos internacionales y varias cancillerías.

“Quien frasea con precisión lo que se piensa del gobierno de Peña Nieto en el mundo es José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch, quien a propósito del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Tanhuato, declaró: ‘Desafortunadamente, las atrocidades cometidas por los agentes del Estado, inicialmente negadas por funcionarios del Gobierno, que terminan en impunidad, se han convertido en un patrón. La evidencia de los asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas continúan apilándose’”.

Varios de los más cercanos colaboradores de Peña Nieto le han insistido que se vaya del país, pero él ha respondido reiteradamente que no lo hará, y que se quedará a vivir en Ixtapan de la Sal, donde tiene su vieja casa de fin de semana en el campo de golf. Peña Nieto tiene plena confianza de que López Obrador no va a proceder en su contra, que es lo que también piensan algunas de las personas que estuvieron cerca de él en el final del sexenio. 

López Obrador ha dicho que no lo hará, pero las expectativas creadas por él en el combate a la corrupción le van a ir cerrando espacios de maniobra y le hará más costoso no proceder contra representantes del gobierno anterior. Peña Nieto, jurídicamente hablando, no es una pieza fácil para llevar a juicio, pero como manjar sobre una mesa que puede llegar a necesitar distractores, el expresidente es un platillo delicioso.
01 Marzo 2019 04:18:00
La caída del helicóptero
El Gobierno ya estableció, de manera preliminar, lo que aún no resuelven los peritos internacionales. El helicóptero en el cual perdieron la vida el 24 de diciembre pasado la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, su esposo, el senador Moreno Valle, un asistente y los dos pilotos, no fue consecuencia de un atentado o un incidente exterior a la nave, ni por condiciones climatológicas adversas, o por un error humano. Su caída fue por una falla en el helicóptero. O al menos, esto es lo que deja de manifiesto el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Morán, al dar a conocer este jueves la grabación entre el piloto Roberto Coppe, y la torre de control del aeropuerto Hermanos Serdán. Su explicación, sin embargo, genera más dudas que certidumbres, que se añaden a las suspicacias de haber intentado reservar por el resto del sexenio el contenido de las grabaciones.

Vayamos por partes:

1.- La grabación comienza a las 14 horas con 34 minutos y 17 segundos, y el último contacto es a las 14 horas con 35 minutos y 40 segundos. “Treinta veintisiete sin tráfico”, reportó Coppe. “Te llamamos cruzando la estación el Bravo Oscar Noviembre”. Estas palabras pertenecen al alfabeto fonético de la Organización de Aviación Civil Internacional, la HYPERLINK “https://www.icao.int/about-icao/pages/es/default_es.aspx”OACI, que corresponden a la matrícula XABON del helicóptero siniestrado. La clave XA identifica a las aeronaves que se utilizan con fines comerciales. La XB corresponde a aeronaves particulares sin fines de lucro, y las XC a gobiernos.

Coppe reportó a las 14 horas con 35 minutos y 20 segundos, que estaba a seis millas del aeropuerto (10.8 kilómetros). Había salido de la casa del empresario José Chedraui, que no tiene permiso para operaciones de ese tipo, pero que por su ubicación es utilizado de manera regular por políticos.

El piloto, que se formó en Mexicana de Aviación y de ahí saltó a manejar helicópteros, tenía mucha experiencia y era cercano a Moreno Valle. Tenía todos sus permisos en regla, como también estaba el helicóptero, de manufactura italiana, que recién había estado en mantenimiento.

2.- El total de tiempo en el que mantuvo la comunicación Coppe con la torre de control fue de un minuto y 23 segundos. Los expertos señalan que no hay nada inusual porque los helicópteros mantienen poca comunicación con los controladores aéreos. Durante ese tiempo, la grabación no muestra ningunas alteraciones del piloto con el helicóptero, un AgustaWestland AW109SP que utilizaba el senador Moreno Valle, quien ese día viajaba con su esposa a la Ciudad de México para comer con sus padres en su casa de las Lomas de Chapultepec. Tenían programado regresar para la cena navideña con la madre de la gobernadora Alonso.

El helicóptero es una de las naves más reconocidas en el mundo. “Los operadores, los pilotos y los mecánicos generalmente dicen que les gusta la velocidad, el poder y el comportamiento de los varios modelos A109”, escribieron en 2008 los críticos de la publicación estadunidense especializada HYPERLINK “https://www.rotorandwing.com/2008/05/01/operators-report-fast-beautiful-flier/”Rotor&Wing International. “Elogian la calidad en el manejo de la nave y sus controles, así como la confiabilidad de sus motores y el apoyo de sus fabricantes”. El helicóptero es usado por una treintena de gobiernos y particulares en más de una decena de países.

El mismo tipo de helicóptero siniestrado en Puebla tuvo dos accidentes mortales previos, en 2012, donde murió Juan Armando Hinojosa García, íntimo amigo del expresidente Enrique Peña Nieto, quien realizó un viaje de Metepec a la Ciudad de México en una noche de malas condiciones climatológicas, donde lo urgieron a no utilizarlo, y en 2016, donde tres militares murieron en una nave de la Fuerza Aérea Mexicana, por razones que no se revelaron.

Morán dijo ayer que no habían hablado nada sobre el siniestro porque “no había nueva información”. Al contrario. Dio mucha información nueva y generó más dudas. Como botones de muestra:

Pese a saber que el helicóptero no había despegado del aeropuerto Hermanos Serdán, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, escondió el sitio original de despegue.
Morán no mencionó nada sobre las condiciones climatológicas, que de acuerdo con la Asociación de Pilotos, eran

“óptimas”.

Morán dijo que la investigación de este tipo de siniestros, “dependiendo del tipo de accidente, puede tardar entre seis y hasta más tardar dos años”. El dictamen de los peritos canadienses y estadunidenses no está concluido, y sin embargo, el subsecretario adelantó resultados sin aclarar en qué sustentaba sus afirmaciones.

La investigación en tierra de las autoridades federales, que comenzó con horas de retraso por la tardanza en comenzar a cerrar la zona y recoger evidencia –una pieza, reveló Morán, nunca fue encontrada–, incluye declaraciones ministeriales de testigos en la zona del accidente, donde hay una coincidencia en muchos de ellos que señalan que el helicóptero cayó en llamas.

Entre la última comunicación entre el piloto y la torre de control, y la primera llamada de los controladores aéreos que ya no obtienen respuesta de Coppe, pasaron cuatro minutos con 29 segundos, que no se sabe qué sucedió, pero que Morán adelantó que fue accidente.

El 24 de enero su jefe, el secretario Javier Jiménez Espriú, dijo que la caída del helicóptero había sido “inusual”, al haber chocado en tierra en posición invertida y en un ángulo de 60º. Dijo en ese entonces que todas las posibilidades estaban planteadas, pero no enumerarían las hipótesis para evitar especulación. Morán dio ayer la versión oficial de la SCT. ¿Por qué lo hizo? No se sabe, pero sembró más dudas y sospechas sobre lo que sucedió aquél mediodía de Navidad.
28 Febrero 2019 03:58:00
México, país de ilegales
Hace casi 25 años, Larry Summers, un connotado profesor y alto funcionario en el gobierno de Bill Clinton en Estados Unidos, decía que el principal problema que tenía México para un desarrollo pleno era su debilidad del estado de derecho. Sin respeto por la ley, argumentaba quien fue secretario del Tesoro, las inversiones no iban a llegar a este país pese al potencial que tenía. Las inversiones son el motor del crecimiento de una nación y todos los regímenes, neoliberales o nacionalistas, keynesianos o abocados al libre mercado, capitalistas, socialistas o comunistas, las cuidan. Si el entorno sociopolítico es desfavorable, el dinero nunca llega.

López Obrador recibió un país con grandes deficiencias en cuanto al respeto de las leyes. Pero las políticas de Gobierno que ha planteado frenaron las inversiones ante la incertidumbre de cómo impactará la economía, y la descomposición social, sindical y la creciente protesta de grupos de interés, van a generar en el corto plazo frenos adicionales que limiten las posibilidades del desarrollo prometido. López Obrador se encuentra atrapado en la contradicción de ser Jefe de Estado y comportarse aún como si estuviera en campaña por la Presidencia.

Desde hace unos 20 años, como reacción a la crítica internacional que sintetizaba Summers, México ha construido una arquitectura institucional llena de normativas y leyes, pero con un Talón de Aquiles del tamaño del sol: su incumplimiento. El gran diseño legal carece de contenido, y como es nuestra cultura, todo ha sido sibilino. No estamos bien y la tendencia medible, cuando menos hasta el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, era que íbamos para atrás. La última prueba de ello está en el informe anual del World Justice Proyect, una organización independiente en Washington que trabaja para fortalecer el estado de derecho en el mundo, que hoy se da a conocer.

Por segundo año consecutivo, México está en la parte baja de respeto a la ley. El índice de 126 países que se divulga hoy lo coloca en el lugar 99, que es una caída de dos posiciones con respecto a la tabla del año pasado, que se amplió con la inclusión de 13 nuevos países en el ranking. Es decir, si se hubiera mantenido el mismo número de naciones estudiadas, México estaría peor de lo que se muestra hoy. No estamos solos en este deterioro, que está asociado con el repunte del autoritarismo en el mundo. Según el índice del WJP, de los ocho factores que se miden, el de “Límites al Poder Gubernamental” fue el de mayor caída, donde más del 50% de las naciones experimentaron retrocesos.

De acuerdo con la tabla de puntajes, las áreas de mayor preocupación en México son corrupción, seguridad y justicia penal, donde se encuentra casi en el sótano del ranking. En los dos primeros factores se ubica en el lugar 117 de 126 países, y en el tercero, ocupa el 115. Sólo en el factor de gobierno abierto México está evaluado moderadamente bien en las tres categorías, global, regional y por nivel de ingreso. A nivel regional, ocupa el lugar 29 de 30 en corrupción, y el último sitio cuando se mide por nivel de ingreso. Es decir, para la escala de su economía, es el país más corrupto de todos. En el factor de orden y seguridad, México es el penúltimo lugar en el ranking regional y el último por nivel de ingreso, que es algo vergonzoso.

Los datos corresponden al gobierno de Peña Nieto, y sólo hasta la siguiente medición anual, se revisará al de López Obrador. Hasta este momento, las evaluaciones sobre México lo han colocado de manera regular en el fondo de los rankings en los temas de corrupción, efectividad del sistema judicial, derechos humanos y debido proceso. Las calificaciones del nuevo gobierno en estos campos son variopinto. López Obrador ha sido muy enfático en trabajar por los derechos humanos y los responsables de ello han estado muy comprometidos con ese tema desde hace varios años, por lo que se podría esperar una mejora en los próximos índices.

En los otros temas, López Obrador y su gobierno dejan mucho que desear. El debido proceso ha sido escandalosamente violado en los últimos días, cuando al hablar de conflictos de interés han establecido casi en forma mecánica actos de corrupción sin establecer líneas causales, y aún si encontraran violaciones a la ley en las investigaciones en curso, señalaron por nombre y apellido a presuntos responsables de los presuntos ilícitos, con lo cual violaron el eventual derecho a un juicio justo.

La corrupción es el tema de batalla de López Obrador, pero no ha avanzado más allá de la retórica. Inclusive ha declarado que él no actuará en contra de funcionarios de Peña Nieto porque no quiere invertir tiempo, que considera como una pérdida, en aspectos que no tienen que ver con su proyecto de nación. La declaración es política, pero legalmente es una aberración.

López Obrador tendría que ser más cuidadoso cuando se encuentre en el campo de lo jurídico, y cuidar la percepción de que es permisivo con violadores de la ley, alegando que no va a criminalizar la protesta social. Esa retórica puede darle réditos en México, pero no pasa las pruebas de ácido en el mundo. Hablar de corrupción sin combatirla a fondo, tampoco. Sustentar todo en lo moral y los principios es éticamente fundamental, pero insuficiente para fortalecer el estado de derecho. Aunque es Presidente con amplio mandato y respaldo popular, no tiene carta blanca para burlar las leyes. Esto no debe olvidarlo: es la línea con la que lo clasificarán como un autócrata o un demócrata.
27 Febrero 2019 03:57:00
Pago por ver
El lunes, las portadas de los periódicos hacían la crónica del calvario económico: “Pemex limita consumo de gas en centro del país” (El Financiero), “Producción de Pemex a su menor nivel en 30 años” (El Economista); “Banca de desarrollo se encuentra paralizada” (El Universal). El martes continuaron: “Extenderá el PIB su debilidad al inicio de 2019” (El Financiero); “Mexicanos sacaron mas de 5.27 mil millones de dólares del país en 2018” (El Universal). Es la instantánea de un presagio que tuvo, por cierto, un preámbulo en la edición de ayer de The Wall Street Journal: “El presidente Andrés Manuel López Obrador está atacando a los órganos reguladores independientes, estableciendo un curso de colisión con las instituciones que han servido como un contrapeso del Ejecutivo durante las décadas que el país se volvió una democracia plena”.

El escenario económico está mal y pinta para peor. Pero además, se está contaminado con la política. Las respuestas del Presidente son siempre las mismas. Si todo se ve mal es porque todo lo dejaron mal. El crecimiento es malo porque la economía es un desastre. Las dependencias se vaciaron de funcionarios porque comenzó la limpia contra la corrupción. Descalifica a las calificadoras y los contrapesos son corruptos. El modelo neoliberal fue impuesto para robar y saquear el país. López Obrador es dueño de la narrativa del polpotismo de terciopelo.

Quienes se oponen a su proyecto es porque no entienden el cambio. El cambio irá por encima de todo, y si esto significa que empobrecerá al país, textualmente ha dicho que será mejor que México sea una nación llena de pobres. Parece un contrasentido querer mejorar el nivel de vida de los pobres y luchar por una sociedad igualitaria, al mismo tiempo de estar dispuesto a sacrificarlos y crear más pobres a cambio de llevar hasta el final su proyecto de nación. Pero es retórico.

López Obrador está convencido de que lo que está haciendo es lo correcto y que le dará la vuelta a la economía y al destino del país. Es tan grande la confianza que tiene en él mismo, que cuando el Fondo Monetario Internacional ajustó a la baja su expectativa de crecimiento, dijo que estaba mal y no sólo crecería este año al 2%, sino hasta más. Los expertos, dice, están equivocados porque no entienden la magnitud de su cuarta transformación.

Los números lo contradicen por ahora: la desaceleración de la economía en el cuarto trimestre del año pasado tuvo como antecedente la petición al presidente Enrique Peña Nieto que ya no gastara en nada y cancelara las compras, como las de gasolina y medicinas. La contracción se explica también en algunas acciones, como la consulta contra el nuevo aeropuerto en Texcoco, donde un millón de personas encabezadas por él, cancelaron la posibilidad de que la economía tuviera un impacto de 6% al PIB, el doble de lo que aporta Pemex. Ese tipo de decisión, particularmente esa, congeló las inversiones.

Enrique Quintana publicó en El Financiero que la inversión extranjera directa se contrajo 12% con respecto a 2017. Y cuando se revisen los números a finales de año, ese porcentaje probablemente sea mayor. Inversionistas mexicanos y extranjeros suspendieron todas sus inversiones nuevas hasta ver qué sucede con la política económica de López Obrador y cómo resuelven las agencias la calificación de la deuda de Pemex y la soberana de México. La crisis económica no se ha visto porque todavía hay incertidumbre sobre el futuro inmediato de México y no se han ido las inversiones. Existen aproximadamente 200 mil millones de dólares en México que en estos momentos, al no existir un diagnóstico objetivo de que López Obrador lleva al país al desastre, están esperando lo que suceda en los próximos meses. Si bajan la calificación de Pemex, esos 200 mil millones se irán, todos juntos, todos rápido, lo que provocará un colapso.

¿Es un destino manifiesto? De ninguna manera. Es un escenario en el cual, aunque muchos especialistas piensan que será el que se materialice, hay inversionistas que están esperando y pagando por ver. Pero el Presidente debe tener cuidado con lo que hace y lo que hagan en Morena. Por ejemplo, la iniciativa en el Congreso –aparentemente congelada– para limitar la inversión extranjera al 49% y otorgarle a la Secretaría de Economía el derecho a vetar a los inversionistas bajo una categoría de buenos y malos, es un despropósito. Cancelar las subastas energéticas es otro y provocará un desabasto de energía eléctrica si no hacen los ajustes durante la primavera. Invertir en proyectos económicamente inviables, como el aeropuerto en Santa Lucía y el Tren Maya, tendrán un costo que obligará a posponer o nunca hacer otros proyectos de infraestructura necesarios en el resto del país.

El presidente López Obrador tendrá suficiente capital político para seguir atribuyendo todos los males al viejo régimen y acusar indistintamente de corrupción. Puede abrir juicios políticos contra expresidentes –que serán un circo espectacular– y ajustar cuentas con sus enemigos históricos, los empresarios. Podrá culpar a los medios y satanizarlos, o modificar cuantas leyes quiera para que todo el país se alinee verticalmente a sus deseos. Pero todo ello no modificará la realidad económica.

Si no hace las cosas bien, el impacto negativo arrollará a su gobierno. Podrá tener respaldo político pero generará inestabilidad que, quizás, detone repudio. Lo puede evitar por supuesto, si el manejo económico es inteligente y responsable. Si así lo hace, podrá cumplir su sueño, ser el mejor presidente que ha tenido México. Si no es así, irá directo al infierno político de la nación.
26 Febrero 2019 04:02:00
Peligros para el Presidente
El próximo sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en Hermosillo, Sonora. Como ha sido hasta ahora, viajará con un equipo de seguridad no mayor de 20 personas y se apoyará en las policías locales, más los grupos de voluntarios que se sumarán a la protección del Presidente. Igualmente, carecerá de información de inteligencia –que es parte de las tareas no vistas del desaparecido Estado Mayor Presidencial–, donde se establecían los riesgos que podría enfrentar el jefe del Ejecutivo para tomar la decisión final si iba o no al lugar previsto.

López Obrador no toma en cuenta esas consideraciones, y las únicas ocasiones en las que ha optado por no ir a una ciudad o comunidad, es porque espera reclamos políticos que no quiere enfrentar. El Presidente dice que “el que nada debe nada teme”, y que “quien no hace daño, no es atacado”. Pero lo que sucede en Sonora debería de preocuparlo sobremanera.

De acuerdo con los últimos datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), enero de este año fue el más violento en la historia de México, con un incremento significativo en las cifras de homicidio doloso. Sonora fue el tercer estado que registró el mayor aumento, con 58.3% de homicidios dolosos más que en el mismo periodo en enero de 2018, superado sólo por Quintana Roo y Jalisco.

La violencia en Sonora ha ido en aumento progresivo desde hace más de un año, derivado del choque entre los cárteles Jalisco Nueva Generación, que encabeza Nemesio Oseguera, “El Mencho”, y el del Pacífico, que encabeza Ismael “El Mayo” Zambada, que durante el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en Brooklyn, quedó claro que es el jefe máximo del narcotráfico, a través del brazo armado de los hijos de “El Chapo”, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, “Los Salazar”.

Una fractura aparente en “Los Salazar”, propició que un viejo enemigo de “El Chapo” Guzmán en Sonora, inyectara más violencia a la confrontación entre los cárteles. Se trata de Fausto Isidro Meza Flores, apodado “El Chapo Isidro”, que fue aliado del Pacífico pero rompió para vincularse con los remanentes del cártel de los Beltrán Leyva, que desde que se escindieron del cártel del Pacífico, hace casi una década, se asociaron con Los Zetas.

La descomposición en las organizaciones criminales es el contexto de la violencia en esa región que va a visitar López Obrador, y que tiene como preámbulo la aparición de mantas en la vía pública de la capital sonorense, con el mismo mensaje: “COMIENZA LA LIMPIEZA EN EL PAÍS/ VENIMOS CON TODO EL APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL/ REGRESA LA VIEJA ESCUELA/ BIENVENIDOS AL DIALOGO TODOS LOS CARTELEROS/ O SE ALINEAN O LOS ALINEAMOS. ATTE MAYO ZAMBADA”.

Las mantas fueron secundadas por una hoja volante que se comenzó a distribuir en las casas de Hermosillo el viernes pasado, que decía, entre otras cosas, lo siguiente: “LLEGÓ LA HORA DE LA LIMPIEZA SOCIAL. Llegó el momento de iniciar una nueva limpieza para todos los malparidos, tiradores de droga, focoqueros, mariguaneros y demás consumidores de otras drogas, ladrones callejeros, patinadores de carros, motos, prostitutas, violadores y fanfarrones. LOS TENEMOS EN LA MIRA. Todos aquellos que nos encontremos después de las 10:00 de la noche, no respondemos si caen inocentes. Compartan más tiempo con su familia jóvenes. No los queremos ver en la calle robando, drogándose, con el mofle modificado o fanfarroneando. A TODOS LOS CIUDADANOS HAGAN ALGO PRODUCTIVO. JUICIO Y MUERTE LLEGARÁ A LA HORA DE NUESTRA CACERÍA INICIAL”.

El presidente quedará atrapado en ese ciclo de violencia expresado en los mensajes. Altos funcionarios de su Gabinete de Seguridad desestimaron estos mensajes, pero no parece haber un análisis detrás de su contenido para saber, por ejemplo, qué organización o qué miembros de qué cártel los están colocando, que le permitan determinar el grado de riesgo que implica, o descartarlo como tal. La respuesta de los funcionarios es empírica, sin datos de inteligencia que justifiquen soslayarlo. Nada puede tomarse de manera automática, pero tampoco, puede descartarse mecánicamente en la tierra de los cárteles.

Los mensajes entre delincuentes siempre arrojan información. En este caso, en vísperas del viaje de López Obrador, lo que se debería estar procesando en la Ciudad de México es con qué finalidad se están afirmando algunas cosas, como la manta donde se habla del “apoyo del Gobierno federal” porque “regresa la vieja escuela”, que sugiere el retorno al status quo que se vivió con algunos políticos priistas, donde había acuerdos tácitos con los cárteles de dejarles hacer sus negocios a cambio de la pacificación nacional y dinero para sus bolsillos.

Esas mantas aparecieron después de que el Presidente proclamara desde Palacio Nacional el final de la guerra contra los cárteles y antes de que ofreciera a familiares de “El Chapo” gestionar visas “humanitarias” ante el Gobierno de Estados Unidos para ver su pariente, e instruir a la Cancillería para que estudiara repatriarlo. La sinapsis que está apareciendo entre las acciones del Presidente y el cártel del Pacífico no son positivas para la imagen de López Obrador, como tampoco ser laxo y descuidado con lo que está sucediendo en Sonora. Cuidado con las cosas que no son.

El contexto de violencia y los mensajes de cercanía con Zambada y Guzmán, no lo ayudan en sus esfuerzos por garantizar seguridad. Quizás él no lo vea, pero hay gobiernos, expertos y narcotraficantes que sí observan lo que hace y deja de hacer.
25 Febrero 2019 03:38:00
Una negociación a morir
La forma como se procesó la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional en el Senado dibujó la dinámica de un Estado. El Presidente manda una reforma controversial, que enmiendan en el Congreso, por lo que pide que se corrija en el Senado para mantener su propuesta de militarizar la seguridad pública, y que después de que exige que o le dan atribuciones a los militares para dirigir las tareas policiacas o denunciará las razones ocultas de los legisladores. Los senadores rechazan sus amagos y aprueban una ley contraria a sus deseos. Pero el presidente no denuncia nada, sino que felicita al Senado por el gran trabajo que hicieron. Todos se congratulan. Todos satisfechos. Todos cedieron algo para ganar mucho. Así funciona una democracia. Pero fue engañoso.

Las negociaciones de 20 días con los senadores fueron políticamente violentas, con enfrentamientos en la Junta de Coordinación Política, donde su presidente, el morenista Ricardo Monreal, quiso forzar a la oposición para satisfacer el deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador: Guardia Nacional con mando militar, sujeta al fuero militar, y atemporal en su tarea en seguridad pública. Desde un principio, la oposición dijo que no, y hubo momentos de confrontación total, como cuando los gobernadores del PAN boicotearon una reunión con el gabinete de seguridad el 15 de febrero, para evitar que presiones.

Ese desaire fue una señal clara del clima que se vivía. Los gobernadores del PRI fueron más sumisos al Gobierno, y presionaron a sus senadores para que aprobaran la ley en los términos como planteaba Monreal, pero no tuvieron eco. Las conversaciones en el Senado, mientras tanto, se volvían más intensas. Hubo un momento, dijeron participantes en la mesa de las negociaciones, que el conflicto llegó al punto de explosión, cuando Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, gritó que él se dejaba las pláticas en la sesión del 18 de febrero. Monreal lo acusó de ser él quien estaba promoviendo la oposición a la reforma y que había manipulado al resto de los coordinadores en el Senado, lo que motivó una intervención de Miguel Ángel Mancera, del PRD, reclamándole con sarcasmo que les diera el beneficio de una oposición real.

Jorge Alcocer, coordinador de asesores de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue uno de los factores que contribuyó a que no reventara la mesa de negociaciones que se había instalado en Bucareli, no sólo por su conocimiento sobre los procesos parlamentarios, sino por su mano suave y conciliadora. En las reuniones estaba el emisario de López Obrador, Julio Scherer, coordinador jurídico de la Presidencia, y participaba el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, quien se encargó de hablar con los militares para explicarles las posibilidades reales que tenía el proyecto original donde ellos tendrían el mando, y buscar su apoyo.

El Presidente no quería que las cosas salieran como él no deseaba, por lo que jugó rudo con amagos. Al coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, López Obrador lo amenazó en una conferencia de prensa, al decir que iba a informar sobre corrupción en el área de seguridad y en las compras de alimentos para reclusorios y penales, su responsabilidad en el sexenio pasado como secretario de Gobernación. A la panista Xóchitl Gálvez, le reciclaron en la prensa imputaciones de malversación de fondos cuando era delegada en la Miguel Hidalgo.

A Mancera le echó en cara la procuradora general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, que había maquillado las cifras de incidencia delictiva. Ningún senador de la oposición se amilanó y se mantuvo firme. Los enviados del Presidente buscaron entonces persuadir a senadores en lo individual y fueron hablando con ellos por separado para tratar de alcanzar el número de votos que necesitaban para aprobarla, pero descuidaron al Partido Verde, que decidió sumarse a la oposición.

El problema que tenían para el miércoles eran los militares. Insistían en el fuero militar para que sirviera como un incentivo para mantener la disciplina, y estaban totalmente en desacuerdo que prevaleciera el fuero civil. Durazo fue quien más trabajo hizo con ellos, quienes al final se comportaron institucionalmente, pero la molestia persistió. Un análisis al que se tuvo acceso, elaborado por un militar de rango, decía: “La reforma constitucional resultante en mi opinión es muy mala, ya que de las 250 páginas, el 80% es la versión estenográfica de lo que dijeron en los foros, que fueron una serie de denostaciones, dogmas y supuestas reflexiones de cómo y por qué las Fuerzas Armadas son violadoras de los derechos humanos.

“El hecho de que le hayan quitado a la Secretaría de la Defensa Nacional toda injerencia en el manejo y operación de la Guardia Nacional y sólo sea responsable de que la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, educación, capacitación, profesionalización y cumplimiento de las responsabilidades y tareas de la Guardia Nacional estén homologados a los que se aplican en el ámbito de la Fuerza Armada permanente, se puede traducir en que los resultados positivos de su acción se atribuyan a la Secretaría de Seguridad y los negativos, por corrupción, infiltración o excesos del personal, se castiguen a la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Los militares quedaron insatisfechos con la reforma constitucional, lo mismo que el Presidente. Pero contrario a lo que muchos pensaron –incluido quien esto escribe–, el consenso interno y externo que tuvo la oposición para oponerse al proyecto de López Obrador les dio la fuerza para no doblarse y mandar una señal al Gobierno: pese a ser una fuerza minoritaria, hay momentos donde si se mantienen unidos pueden frenar la colonización de la Cuarta Transformación.Una negociación a morir

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