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Xavier Díez de Urdanivia
Xavier Díez de Urdanivia
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Xavier Díez de Urdanivia es abogado (por la Escuela Libre de Derecho) Maestro en Administración Pública (por la Universidad Iberoamericana) y Doctor en Derecho (por la Universidad Complutense, Madrid). Ha ejercido diversas funciones públicas, entre las que destacan la de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, del que fue Presidente entre 1996 y 1999, y Abogado General de Pemex. Ha publicado varios libros y muy diversos artículos en las materias que constituyen su línea de investigación, e impartido conferencias, seminarios y cursos sobre las mismas. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde imparte cátedra e investiga en materia de Derecho Constitucional, Teoría y Filosofía del Derecho y Teoría Política. También es colaborador de la página editorial de Zócalo y de Cuatro Columnas (de la Ciudad de Puebla), y lo ha sido del Sol del Norte y El Diario de Coahuila, así como de los noticieros del Canal 7 de televisión de Saltillo, Coah.

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01 Octubre 2017 04:03:00
El desmantelamiento constitucional
Cien años y 743 artículos reformados lleva la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De ellos, 154 han sido modificados durante el régimen actual, lo que representa casi el 20% del total de las reformas efectuadas anteriormente.

La última –¿ominosamente?– se publicó el día mismo en que se conmemora el inicio de la guerra de independencia, el 15 de septiembre pasado.

La mayoría de esas reformas han tenido por motivo central ampliar las facultades de los órganos del gobierno de la Unión, en detrimento de las atribuciones de las correspondientes a los gobiernos estatales.

El vehículo de concentración, primero, fueron la leyes “generales”, una clasificación que, en rigor, sólo merecen aquellas disposiciones que, en desarrollo de una disposición constitucional, regulan el ejercicio de las facultades concurrentes, es decir, aquellas que la propia constitución otorga a los órdenes federal y estatales como excepción a la regla general de facultades exclusivas.

Después, de plano y ya sin rubor alguno, se dio en la práctica de emitir leyes y códigos “nacionales”, que desplazan a las legislaciones locales en materias que, según el equilibrado diseño original, les correspondían.

Un par de datos interesantes y que usualmente pasan desapercibidos: durante el largo periodo de estabilidad económica y social, pocas fueron las reformas efectuadas a la ley suprema; en cambio, el frenesí de los cambios empezó en los 70, se agudizó en los 80 –para propiciar el suave aterrizaje en nuestro país del entonces abiertamente pujante “neoliberalismo, que aún sigue vivo, pero casi soterradamente– y ha tenido un verdaderamente grande apogeo en los dos últimos sexenios.

¿No es de llamar la atención que a la inestabilidad constitucional correspondan los tiempos de mayor inestabilidad política y social? ¿Es mera coincidencia?

Incluso en materia económica, respecto de la que se pregonan condiciones de prosperidad y estabilidad macroeconómica, los índices de pobreza son mayúsculos y la brecha entre los muy pocos ricos y el resto de la población cada vez más pronunciada, lo que es en sí mismo injusto y, además, propicio para la inconformidad creciente que, ya con visos de acre rebeldía, es perfectamente perceptible entre la gente de nuestro país.

Lo grave del asunto es que, a pesar de esa crispación social, los argumentos desplegados por los centros de poder impulsores del retroceso estructural, a pesar de su retórica retorcida y gastada, no son rebatidos; al contrario, frecuentemente se aplauden, incluso desde sectores ordinariamente críticos, quizás porque la inmediatez de los problemas que se dice pretenden ser resueltos con las reformas, impide ver el panorama que ofrece el horizonte profundo de las intenciones de control que ellas conllevan, pues es evidente que mientras más disperso y limitado se encuentre el poder, más difícil será ejercerlo en favor de intereses particulares.

Hay que recordar que nuestra Constitución es, en el papel, rígida, precisamente para evitar que a voluntad de los poderosos se modifique sin ton ni son, en favor de ellos y perjuicio de los seres humanos cuyos intereses y derechos está destinada a proteger.

En los hechos, esa característica se ha esfumado. Los órganos que deberían protegerla, los partidos políticos incluidos, se han sumado al pequeño grupo rector de la política –¿recuerda usted el llamado Pacto por México?– para decidir, incluso al margen de los órganos legislativos, sobre los asuntos que atañen a todo el país y afectan a todos sus habitantes. Eso rompe el orden institucional y opera contra la democracia.

Ferdinand La Salle, ese jurista alemán marxista decimonónico que habló desde entonces sobre el tema, sostuvo que, a pesar de la generalizada creencia de que la Constitución es una ley suprema, protectora del interés general, en realidad no es sino una expresión de la voluntad de los poderosos, que en la cúspide se dan la mano y coinciden en la adopción de medidas para cuidar sus intereses, “legalizando” las vías para conseguirlo desde la fuente misma de la supremacía jurídica.

¿Acaso La Salle tenía razón?
11 Noviembre 2018 04:00:00
Presidencialismo sin equilibrios
Leo, con detenimiento, la entrevista a Diego Valadés que publicó Proceso el lunes anterior y que desató gran revuelo en el círculo cercano a AMLO.

Encuentro en ella una sensata convocatoria a la reflexión sobre aspectos que representan riesgos evidentes para la democracia, e incluso para la gestión del próximo Presidente de México, sean cuales fueren sus planes íntimos respecto de ella.

Aunque la referencia que hace Valadés se centra específicamente en la cancelación del proyecto aeroportuario de Texcoco, creo que bien puede extrapolarse, previsiblemente, a toda otra decisión presidencial futura, lo que me induce a formular algunos comentarios sobre el tema.

En cuanto a la preocupación expresada en el curso de la entrevista por la falta de proyecto “político, democrático e institucional” del Presidente electo, mucho me temo que debo disentir. Cuando el periodista pregunta “¿prevé que López Obrador gobierne a capricho?, y el jurista responde “a mí no me preocupa eso. A mí me preocupa una persona sola enfrentada a una constelación de intereses; entonces estamos destinados a naufragar”, tengo que decir que, a mí, como a una gran cantidad de mexicanos más, sí me preocupa ese riesgo por dos razones.

En primer lugar, porque creo que sí hay un proyecto político, inescindible de las facetas económica, social y ética, como AMLO mismo lo ha anunciado al proclamar una “cuarta transformación”, pero ese proyecto no es tan transparente como debiera y en su instrumentación –que ha comenzado aun antes de tomar posesión– deja entrever claramente rasgos de individualidad en las decisiones que no dejan de ser preocupantes.

En segundo lugar, porque el sistema de “frenos y contrapesos”, puntal indiscutible de la democracia, muestra una fragilidad que lo afectará seriamente en su funcionalidad, en vista del indiscutible ascendiente que ha mostrado tener el líder sobre sus seguidores, tanto como su control sobre el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados, lo que puede afectar la solidez de la estructura jurídica –por algo se llama “estado de derecho”– y la estabilidad, que no estancamiento, que en ella descansa.

Lo que se vislumbra claramente, a mi juicio, es un ejercicio de transformación política de muy profundo calado, en el que, sin embargo, falta definición a causa de que el voluntarismo parece haber obnubilado la perspectiva de un escenario global que trasciende no solo las fronteras físicas, sino que también excluye toda posibilidad de escindir, en la práctica y en la teoría, los interactivos sistemas político, económico y normativo.

Falta también, hablando de ética pública, algo más que la pretensión de romper parcialmente los entramados de algunos intereses creados, dejando de lado otros y, lo que es peor, sin prevenir la creación de unos nuevos que sustituyan a los anteriores.

Sostiene Diego Valadés que el equipo que habrá de asumir formalmente responsabilidades próximamente da ya muestras de estar desarticulado y movido por intereses no necesariamente coincidentes. Aun así, cabe un matiz en su aserto al decir que tiene “la impresión de que todavía no están conscientes de que, dentro de un mes, ellos van a ser los que tomen las decisiones. Todavía tienen los reflejos de quien está en la oposición”.

Habría que considerar que, en realidad, ya están tomando esas decisiones y hasta que algunas, las torales, ya están tomadas y lo que se ve es solo el inicio de su instrumentación.

Pero es verdad: los círculos cercanos se ven fracturados y hasta movidos por intereses opuestos, lo que implicaría un resquebrajamiento del liderazgo fuerte que se ha visto. Ello implicaría un incremento del riesgo de caer en el autoritarismo, según el propio Valadés reconoce: “… si sus colaboradores tienden a construir un autócrata, ese autócrata no será producto de la voluntad de López Obrador, sino producto de quienes hayan contribuido a hacerle creer que es el único que puede ver las soluciones del país y adoptar las decisiones por el país”.

El escenario, de darse, de todos modos sería indeseable.
11 Noviembre 2018 04:00:00
Presidencialismo sin equilibrios
Leo, con detenimiento, la entrevista a Diego Valadés que publicó Proceso el lunes anterior y que desató gran revuelo en el círculo cercano a AMLO.

Encuentro en ella una sensata convocatoria a la reflexión sobre aspectos que representan riesgos evidentes para la democracia, e incluso para la gestión del próximo presidente de México, sean cuales fueren sus planes íntimos respecto de ella.

Aunque la referencia que hace Valadés se centra específicamente en la cancelación del proyecto aeroportuario de Texcoco, creo que bien puede extrapolarse, previsiblemente, a toda otra decisión presidencial futura, lo que me induce a formular algunos comentarios sobre el tema.

En cuanto a la preocupación expresada en el curso de la entrevista por la falta de proyecto “político, democrático e institucional” del presidente electo, mucho me temo que debo disentir. Cuando el periodista pregunta “¿prevé que López Obrador gobierne a capricho?, y el jurista responde “A mí no me preocupa eso. A mi me preocupa una persona sola enfrentada a una constelación de intereses; entonces estamos destinados a naufragar”, tengo que decir que, a mí, como a una gran cantidad de mexicanos más, sí me preocupa ese riesgo, por dos razones.

En primer lugar, porque creo que sí hay un proyecto político, inescindible de las facetas económica, social y ética, como AMLO mismo lo ha anunciado al proclamar una “cuarta transformación”, pero ese proyecto no es tan transparente como debiera y en su instrumentación -que ha comenzado aun antes de tomar posesión- deja entrever claramente rasgos de individualidad en las decisiones que no dejan de ser preocupantes.

En segundo lugar, porque el sistema de “frenos y contrapesos”, puntal indiscutible de la democracia, muestra una fragilidad que lo afectará seriamente en su funcionalidad, en vista del indiscutible ascendiente que ha mostrado tener el líder sobre sus seguidores, tanto como su control sobre el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados, lo que puede afectar la solidez de la estructura jurídica -por algo se llama “estado de derecho”- y la estabilidad, que no estancamiento, que en ella descansa.

Lo que se vislumbra claramente, a mi juicio, es un ejercicio de trasformación política de muy profundo calado, en el que, sin embargo, falta definición a causa de que el voluntarismo parece haber obnubilado la perspectiva de un escenario global que trasciende no solo las fronteras físicas, sino que también excluye toda posibilidad de escindir, en la práctica y en la teoría, los interactivos sistemas político, económico y normativo.

Falta también, hablando de ética pública, algo más que la pretensión de romper parcialmente los entramados de algunos intereses creados, dejando de lado otros y, lo que es peor, sin prevenir la creación de unos nuevos que sustituyan a los anteriores.

Sostiene Diego Valadés que el equipo que habrá de asumir formalmente responsabilidades próximamente da ya muestras de estar desarticulado y movido por intereses no necesariamente coincidentes. Aun así, cabe un matiz en su aserto al decir que tiene “la impresión de que todavía no están conscientes de que, dentro de un mes, ellos van a ser los que tomen las decisiones. Todavía tienen los reflejos de quien está en la oposición”.

Habría que considerar que, en realidad, ya están tomando esas decisiones y hasta que algunas, las torales, ya están tomadas y lo que se ve es solo el inicio de su instrumentación.

Pero es verdad: los círculos cercanos se ven fracturados y hasta movidos por intereses opuestos, lo que implicaría un resquebrajamiento del liderazgo fuerte que se ha visto. Ello implicaría un incremento del riesgo de caer en el autoritarismo, según el propio Valadés reconoce: “…si sus colaboradores tienden a construir un autócrata, ese autócrata no será producto de la voluntad de López Obrador, sino producto de quienes hayan contribuido a hacerle creer que es el único que puede ver las soluciones del país y adoptar las decisiones por el país”.

El escenario, de darse, de todos modos sería indeseable.
04 Noviembre 2018 04:00:00
La alternancia del sistema
Las graves consecuencias que, particularmente en lo económico, ha empezado a producir el inminente “estilo personal de gobernar” –Cosío Villegas dixit– ha provocado una polarización inusitada.

De una parte, no deleznable, el presidente electo es tachado de autoritario, caprichoso, mesiánico y “antisistema” –como si fuera tal cosa una anomalía inusitada en nuestro país– cuando en realidad surge y se desarrolla en el seno mismo del sistema político mexicano, del que sin duda forma parte. AMLO y sus seguidores abrevaron, aprendieron, se adiestraron, se han desarrollado y forman parte de él, con todo lo que eso significa.

¿Es acaso inédito que las decisiones, trascendentales o no, incluso las legislativas, se tomen en última instancia por el Presidente? ¿No es replicada la misma práctica en todo el esquema, repitiendo el esquema de las jerarquías políticas en “niveles”, al margen de lo que diga la ley, e incluso contra ella?

La descomposición del sistema –del que todos formamos parte– ha alcanzado un grado alarmante porque la primacía del interés de los gobernantes sobre la ley se ha convertido en regla, al grado de que el deber de fundar en la ley los actos públicos ya no sólo ha perdido importancia a sus ojos, sino que incluso ha llegado al grado de que quien se acoge a ella y no se pliega –o “alinea”– a la voluntad del poderoso en turno, aunque éste infrinja el derecho, sea denostado.

La centralización reforzada –hacia el centro, por una parte, y al Poder Ejecutivo por otra- que caracteriza a nuestro sistema político no es nueva, pero eso no justifica el autoritarismo, de cualquier signo, que siempre degrada la vida social.

Así se han deteriorado las instituciones y, en esas condiciones, no es extraño que se haya capitalizado el justificado malestar, la indignación incluso, de quienes, paulatina, pero consistentemente, han ido cayendo en la marginación.

A pesar de todo, la degradación del sistema político es algo que ha estado ausente en el debate. En cambio, la polarización ha inundado el espacio de la discusión, ocultando el verdadero problema.

Es muy difícil analizar los acontecimientos en medio del frenesí que provocan, pero es necesario intentar el ejercicio de ser espectador racional, aunque se esté en su vórtice, pero hace falta no sólo un análisis serio entre los partidos perdedores acerca de las causas medulares de su derrota, sino también un examen sereno y objetivo respecto de las razones del triunfo, porque la reacción de los votantes mayoritarios no fue tan sólo para sacar de Los Pinos al PRI y evitar que volviera el PAN, sino, según se ve a poco que se profundice, para erradicar la arbitrariedad ventajosa, la ilegalidad de los actos de autoridad, recubiertos muchas veces de un simulado apego a derecho.

Votaron las mayorías para demostrar su hartazgo y para recordar a la autoridad que el respeto de los seres humanos pasa por el respeto a las normas, así como que la elaboración o modificación de estas, sean generales o individualizadas, debe atenerse a los procedimientos establecidos y estar alineada hacia la garantía y protección de los derechos fundamentales, en igualdad de circunstancias, de toda persona.

Por la misma razón, el contundente vuelco en las urnas a favor de esta nueva alternancia, si bien resulta explicable, en modo alguno puede justificar imposiciones, y menos aún que, en nombre de las mayorías, sean conculcadas las libertades de los sectores minoritarios. Con ellos, en un régimen de verdad democrático, se requiere del respetuoso intercambio de ideas, de debatir las propuestas racionalmente, no de manera emocional, sin odios cervales y sin rencores. Hay que buscar, lealmente, construir los consensos necesarios.

La autoridad, o quien aspire a serlo, debe acatar, invariablemente, las reglas del juego para evitar que se instituya el caos, siempre pernicioso sin distingos, y si es necesario cambiarlas, hacerlo conforme a los procedimientos democráticos establecidos.

En democracia también las minorías cuentan, y la democracia que pasa por alto la ley, deviene demagogia.
04 Noviembre 2018 04:00:00
La alternancia del sistema
Las graves consecuencias que, particularmente en lo económico, ha empezado a producir el inminente “estilo personal de gobernar” -Cosío Villegas dixit- ha provocado una polarización inusitada.

De una parte, no deleznable, el presidente electo es tachado de autoritario, caprichoso, mesiánico y “antisistema” -como si fuera tal cosa una anomalía inusitada en nuestro país- cuando en realidad surge y se desarrolla en el seno mismo del sistema político mexicano, del que sin duda forma parte. AMLO y sus seguidores abrevaron, aprendieron, se adiestraron, se han desarrollado y forman parte de él, con todo lo que eso significa.

¿Es acaso inédito que las decisiones, trascendentales o no, incluso las legislativas, se tomen en última instancia por el presidente? ¿No es replicada la misma práctica en todo el esquema, repitiendo el esquema de las jerarquías políticas en “niveles”, al margen de lo que diga la ley, e incluso contra ella?

La descomposición del sistema -del que todos formamos parte- ha alcanzado un grado alarmante porque la primacía del interés de los gobernantes sobre la ley se ha convertido en regla, al grado de que el deber de fundar en la ley los actos públicos ya no solo ha perdido importancia a sus ojos, sino que incluso ha llegado al grado de que quien se acoge a ella y no se pliega -o “alinea”- a la voluntad del poderoso en turno, aunque éste infrinja el derecho, sea denostado.

La centralización reforzada -hacia el centro, por una parte, y al poder ejecutivo por otra- que caracteriza a nuestro sistema político no es nueva, pero eso no justifica el autoritarismo, de cualquier signo, que siempre degrada la vida social.

Así se han deteriorado las instituciones y, en esas condiciones, no es extraño que se haya capitalizado el justificado malestar, la indignación incluso, de quienes, paulatina pero consistentemente, han ido cayendo en la marginación.

A pesar de todo, la degradación del sistema político es algo que ha estado ausente en el debate. En cambio, la polarización ha inundado el espacio de la discusión, ocultando el verdadero problema.

Es muy difícil analizar los acontecimientos en medio del frenesí que provocan, pero es necesario intentar el ejercicio de ser espectador racional, aunque se esté en su vórtice, pero hace falta no solo un análisis serio entre los partidos perdedores acerca de las causas medulares de su derrota, sino también un examen sereno y objetivo respecto de las razones del triunfo, porque la reacción de los votantes mayoritarios no fue tan solo para sacar de Los Pinos al PRI y evitar que volviera el PAN, sino, según se ve a poco que se profundice, para erradicar la arbitrariedad ventajosa, la ilegalidad de los actos de autoridad, recubiertos muchas veces de un simulado apego a derecho.

Votaron las mayorías para demostrar su hartazgo y para recordar a la autoridad que el respeto de los seres humanos pasa por el respeto a las normas, así como que la elaboración o modificación de estas, sean generales o individualizadas, debe atenerse a los procedimientos establecidos y estar alineada hacia la garantía y protección de los derechos fundamentales, en igualdad de circunstancias, de toda persona.

Por la misma razón, el contundente vuelco en las urnas a favor de esta nueva alternancia, si bien resulta explicable, en modo alguno puede justificar imposiciones, y menos aún que, en nombre de las mayorías, sean conculcadas las libertades de los sectores minoritarios. Con ellos, en un régimen de verdad democrático, se requiere del respetuoso intercambio de ideas, de debatir las propuestas racionalmente, no de manera emocional, sin odios cervales y sin rencores. Hay que buscar, lealmente, construir los consensos necesarios.

La autoridad, o quien aspire a serlo, debe acatar, invariablemente, las reglas del juego para evitar que se instituya el caos, siempre pernicioso sin distingos, y si es necesario cambiarlas, hacerlo conforme a los procedimientos democráticos establecidos.


En democracia también las minorías cuentan, y la democracia que pasa por alto la ley, deviene demagogia.
28 Octubre 2018 04:00:00
Los ingredientes del autoritarismo
La reflexión expresada aquí hace una semana encuentra, por infortunio, un contexto adecuado en las circunstancias que embocan en nuestro país al nuevo sexenio.

Desde los primeros escarceos, se vislumbra ya claramente una metodología poco transparente, errática y confusa para la toma de decisiones, lo que no abona nada, pero sí resta, a la democracia y a la transparencia, que constituye uno de sus puntales más sólidos.

La condición que eso anuncia no es halagüeña, y lo es menos al advertir que lo más grave que se ha producido, además de la confusión, es un cúmulo de escisiones y fracturas sociales que tienden a profundizarse y pueden, a poco que se descuide el tema, convertirse en irreversibles.

Por eso he creído importante profundizar algo más en el examen de las raíces del autoritarismo, sin pretender exhaustividad alguna en el ejercicio, solo esbozar algunas líneas de reflexión que creo necesarias.

Los seres humanos, según Erich Fromm –como se reseñó aquí la semana anterior– temen a la libertad, y mientras más de ella dispongan, más sus temores y angustias serán, porque con ella aumenta su inseguridad.

¿Cómo enfrentar ese estado de ánimo? Según Fromm, hay dos principales vías de solución, entre otras posibles, a las que las personas suelen acudir: el autoritarismo y “la conformidad automática”.

El autoritarismo es, en primer lugar, un mecanismo de evasión. Se caracteriza por “la tendencia a abandonar la independencia del yo individual propio, para fundirse con algo o alguien exterior a uno mismo, que tiene autoridad o se le atribuye”.

Las personas proclives a refugiar sus temores libertarios tras la figura protectora de una autoridad reconocida por ellas. Se caracterizan por “una fuerte tendencia a la sumisión y la dependencia”, actitud que se arraiga en sentimientos de inferioridad, impotencia e insignificancia individual, que buscan guarecerse en una figura protectora que mucho recuerda la figura paterna.

Implica, desde luego, la contrapartida de un líder fuerte, capaz de asumir ese rol, con una tendencia –aunque variable, firme– a someter a los demás, usualmente de manera ilimitada y absoluta.

En esa relación, sin duda alguna anómala, los individuos sometidos tienden, con o sin prurito, a jugar el papel de meros instrumentos.

La otra vía, que se identifica como “conformidad automática”, implica que los individuos abandonan su “yo” propio, dejan de ser él o ella mismos, para convertirse en “uno de tantos” identificado con la mayoría, en la que se subsume y diluye.

“La raíz del problema –y por tanto también la posibilidad de solucionarlo– no está tanto en las condiciones socioeconómicas ambientales, cuanto en la estructura de la personalidad de los individuos que se someten a toda autoridad y a toda norma. Aunque, evidentemente, esa estructura de personalidad venga determinada por las estructuras socioeconómicas en que le ha tocado formarse”, dice Ovejero en el artículo que fue citado la semana anterior (El Autoritarismo: Enfoque Psicológico, El Basilisco, número 13, noviembre 1981-junio 1982,
http://www.fgbueno.es).

Es decir: se trata de un problema cultural, que no obedece a épocas ni regímenes, sino que subyace, más activo que latente, en la cotidianeidad de las relaciones sociales, tan disparejas, disímbolas y asimétricas en nuestro país, como son también diversas las culturas, tradiciones, creencias y condiciones de las comunidades que en su configuración concurren.

Es necesario cobrar conciencia de esa realidad y obrar en consecuencia, en la seguridad de que no es dividiendo y enconando, caprichosamente, sino uniendo y creando condiciones de identidad a partir del respeto a nuestra variedad sociocultural, como puede cimentarse el futuro establemente digno, dinámico, que en justicia debería –y puede– ser construido.

Por eso México es una república federal. El paulatino desmantelamiento que, sobre todo en los años recientes, ha padecido, no favorece la fortaleza, sino que debilita al cuerpo social y lo hace vulnerable a la corrupción.

Romper esa inercia requiere reconfigurar, racionalmente, las instituciones –no destruirlas– y hacerlo en democracia y con legitimidad permanente, no sólo con la que proporciona la mayoría
electoral.
28 Octubre 2018 04:00:00
Los ingredientes del autoritarismo
La reflexión expresada aquí hace una semana encuentra, por infortunio, un contexto adecuado en las circunstancias que embocan en nuestro país al nuevo sexenio.

Desde los primeros escarceos, se vislumbra ya claramente una metodología poco transparente, errática y confusa para la toma de decisiones, lo que no abona nada, pero sí resta, a la democracia y a la transparencia que constituye uno de sus puntales más sólidos.

La condición que eso anuncia no es halagüeña, y lo es menos al advertir que lo más grave que se ha producido, además de la confusión, es un cúmulo escisiones y fracturas sociales que tienden a profundizarse y pueden, a poco que se descuide el tema, convertirse en irreversibles.

Por eso he creído importante profundizar algo más en el examen de las raíces del autoritarismo, sin pretender exhaustividad alguna en el ejercicio, solo esbozar algunas líneas de reflexión que creo necesarias.

Los seres humanos, según Erich Fromm -como se reseñó aquí la semana anterior- temen a la libertad, y mientras más de ella dispongan, más sus temores y angustias serán, porque con ella aumenta su inseguridad.

¿Cómo enfrentar ese estado de ánimo? Según Fromm hay dos principales vías de solución, entre otras posibles, a las que las personas suelen acudir: El autoritarismo y “la conformidad automática”.

El autoritarismo es, en primer lugar, un mecanismo de evasión. Se caracteriza por “la tendencia a abandonar la independencia del yo individual propio, para fundirse con algo o alguien exterior a uno mismo, que tiene autoridad o se le atribuye”.

Las personas proclives a refugiar sus temores libertarios tras la figura protectora de una autoridad reconocida por ellas. Se caracterizan por “una fuerte tendencia a la sumisión y la dependencia”, actitud que se arraiga en sentimientos de inferioridad, impotencia e insignificancia individual, que buscan guarecerse en una figura protectora que mucho recuerda la figura paterna.

Implica, desde luego, la contrapartida de un líder fuerte, capaz de asumir ese rol, con una tendencia -aunque variable, firme- a someter a los demás, usualmente de manera ilimitada y absoluta.

En esa relación, sin duda alguna anómala, los individuos sometidos tienden, con o sin prurito, a jugar el papel de meros instrumentos.

La otra vía, que se identifica como “conformidad automática”, implica que los individuos abandonan su “yo” propio, dejan de ser él o ella mismos, para convertirse en “uno de tantos” identificado con la mayoría, en la que se subsume y diluye.

“La raíz del problema -y por tanto también la posibilidad de solucionarlo- no está tanto en las condiciones socioeconómicas ambientales, cuanto en la estructura de la personalidad de los individuos que se someten a toda autoridad y a toda norma. Aunque, evidentemente, esa estructura de personalidad venga determinada por las estructuras socioeconómicas en que le ha tocado formarse”, dice Ovejero en el artículo que fue citado la semana anterior (“El autoritarismo: Enfoque sicológico”, EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982,
http://www.fgbueno.es).

Es decir: se trata de un problema cultural, que no obedece a épocas ni regímenes, sino que subyace, más activo que latente, en la cotidianeidad de las relaciones sociales, tan disparejas, disímbolas y asimétricas en nuestro país, como son también diversas las culturas, tradiciones, creencias y condiciones de las comunidades que en su configuración concurren.

Es necesario cobrar conciencia de esa realidad y obrar en consecuencia, en la seguridad de que no es dividiendo y enconando, caprichosamente, sino uniendo y creando condiciones de identidad a partir del respeto a nuestra variedad sociocultural, como puede cimentarse el futuro establemente digno, dinámico, que en justicia debería -y puede- ser construido.

Por eso México es una república federal. El paulatino desmantelamiento que, sobre todo en los años recientes, ha padecido, no favorece la fortaleza, sino que debilita al cuerpo social y lo hace vulnerable a la corrupción.

Romper esa inercia requiere reconfigurar, racionalmente, las instituciones -no destruirlas- y hacerlo en democracia y con legitimidad permanente, no solo con la que proporciona la mayoría electoral.
21 Octubre 2018 04:08:00
El miedo a la libertad
¡Qué paradoja! Los tiempos revueltos del mundo han motivado un clamor creciente por el respeto y la garantía de los derechos humanos y, sin embargo, cada día se exhiben proclamas y se despliegan acciones que atentan en contra de la universalidad y la igualdad que, en la teoría más generalizada, los distinguen.

Los cambios delmundo se ven necesariamente reflejados en la crisis de los modelos tradicionales de organización y en los que tienen que ver, inclusive, con los patrones individuales de conducta.

Las rutinas y hábitos cotidianos se ven alterados en toda faceta, y la confusión se hace presente profundamente. La crisis se extiende y, aunque no se entiendan sus causas ni se comprendan sus manifestaciones, se resienten sus efectos y resulta imposible evitar inquietudes que nadie atina a disolver.

Según Anastasio Ovejero Bernal, esa, como cualquier otra crisis, tiene como una de sus consecuencias “la falta de estructuración del campo cognitivo del individuo, lo cual le crea al hombre moderno una gran ansiedad e inseguridad, fenómenos estos que le empujarán hacia el autoritarismo y hacia el prejuicio como soluciones a esa inseguridad y a esa ansiedad” (El Basilisco, número 13, noviembre 1981–junio 1982,
http://www.fgbueno.es).

En el fondo, se trata de ese añejo “miedo a la libertad” que tan bien describiera

Erich Fromm durante los años de la Segunda Guerra Mundial, en los tempranos cuarenta del siglo pasado.
Según la conocida tesis de Fromm, que bien sintetiza Ovejero, el ser humano, mientras más gana en libertad, más pierde en seguridad, lo que hace recordar el sorprendente resultado de una encuesta que hace ya algún tiempo levantó

Latinobarómetro entre los habitantes de países latinoamericanos que ya para entonces habían retomado el camino de la democracia, después de férreas dictaduras militares.

Coincidentemente, los índices de violencia también crecieron, a la par que la delincuencia organizada.

En ese contexto, la encuesta versó sobre las preferencias de la gente: ¿Más democracia y, por consiguiente, mayor libertad, o más seguridad, aunque ello fuera en detrimento de la democracia?

Sorprendentemente para la mayoría de los analistas políticos de la época, en aquellos países que tanto sufrieron por la imposición de lo que entonces se llamaba “la bota militar” y tantas vidas ofrendaron para restaurar la democracia, la opción mayoritaria es que optaban por mayor seguridad, aun a costa de las libertades.

AFromm seguramente no le hubiera sorprendido, como tampoco a Adorno, porque este último afirma que el autoritarismo muestra “una tendencia general a colocarse en situaciones de dominancia o sumisión frente a los otros como consecuencia de una básica inseguridad del yo”, en lo que puede encontrarse coincidencia con aquel.
Hay que decir que, si bien esos pensadores alemanes, afectados directamente por el régimen nazi de Hitler, enfocan sus baterías –sobre todo Adorno– a los autoritarismos fascistas, lo cierto es que si se hace abstracción del signo que según la tradicional geometría política lo distinga –derecha o izquierda– todo autoritarismo germina ahí donde concurren, cuando menos, estos diversos factores: un amplio margen de libertad, acompañado de un reducido sentido de responsabilidad; un contingente comunitario integrado, mayoritariamente, por personas más emocionalmente reactivas, que reflexivamente activas; una sensación generalizada de inseguridad y angustia; un régimen decadente, debilitado por la prevalencia de intereses sectarios y proclive, casi por consecuencia, a la simulación y el cinismo y, por último, un líder carismático, capaz de intuir los descontentos, temores y rencores de una base social amplia.

En esas condiciones, el terreno será feraz para que broten regímenes autoritarios de todo cuño –y hasta las dictaduras– que pueden parecer promisorios al principio, pero que a la postre suelen resultar tan perniciosos como las demagogias, o más, según la historia ha mostrado en innúmeras ocasiones.
21 Octubre 2018 04:00:00
El miedo a la libertad
¡Qué paradoja! Los tiempos revueltos del mundo han motivado un clamor creciente por el respeto y la garantía de los derechos humanos y, sin embargo, cada día se exhiben proclamas y se despliegan acciones que atentan en contra de la universalidad y la igualdad que, en la teoría más generalizada, los distinguen.

Los cambios del mundo se ven necesariamente reflejados en la crisis de los modelos tradicionales de organización y en los que tienen que ver, inclusive, con los patrones individuales de conducta.

Las rutinas y hábitos cotidianos se ven alterados en toda faceta, y la confusión se hace presente profundamente. La crisis se extiende y, aunque no se entiendan sus causas ni se comprendan sus manifestaciones, se resienten sus efectos y resulta imposible evitar inquietudes que nadie atina a disolver.

Según Anastasio Ovejero Bernal, esa, como cualquier otra crisis, tiene como una de sus consecuencias “la falta de estructuración del campo cognitivo del individuo, lo cual le crea al hombre moderno una gran ansiedad e inseguridad, fenómenos estos que le empujarán hacia el autoritarismo y hacia el prejuicio como soluciones a esa inseguridad y a esa ansiedad” (EL BASILISCO, número 13, noviembre 1981-junio 1982, HYPERLINK “http://www.fgbueno.es”
http://www.fgbueno.es).

En el fondo, se trata de ese añejo “miedo a la libertad” que tan bien describiera Erich Fromm durante los años de la segunda guerra mundial, en los tempranos cuarenta del siglo pasado.

Según la conocida tesis de Fromm, que bien sintetiza Ovejero, el ser humano, mientras más gana en libertad, más pierde en seguridad, lo que hace recordar el sorprendente resultado de una encuesta que hace ya algún tiempo levantó Latinobarómetro entre los habitantes de países latinoamericanos que ya para entonces habían retomado el camino de la democracia, después de férreas dictaduras militares.

Coincidentemente, los índices de violencia también crecieron, a la par que la delincuencia organizada.
En ese contexto, la encuesta versó sobre las preferencias de la gente: ¿Más democracia y, por consiguiente, mayor libertad, o más seguridad, aunque ello fuera en detrimento de la democracia?

Sorprendentemente para la mayoría de los analistas políticos de la época, en aquellos países que tanto sufrieron por la imposición de lo que entonces se llamaba “la bota militar” y tantas vidas ofrendaron para restaurar la democracia, la opción mayoritaria es que optaban por mayor seguridad, aun a costa de las
libertades.

A Fromm seguramente no le hubiera sorprendido, como tampoco a Adorno, porque este último afirma que el autoritarismo muestra “una tendencia general a colocarse en situaciones de dominancia o sumisión frente a los otros como consecuencia de una básica inseguridad del yo”, en lo que puede encontrarse coincidencia
con aquél.

Hay que decir que, si bien esos pensadores alemanes, afectados directamente por el régimen nazi de Hitler, enfocan sus baterías -sobre todo Adorno- a los autoritarismos fascistas, lo cierto es que si se hace abstracción del signo que según la tradicional geometría política los distinga -derecha o izquierda- todo autoritarismo germina ahí donde concurren varios factores: un amplio margen de libertad, acompañado de un reducido sentido de responsabilidad; un contingente comunitario integrado, mayoritariamente, por personas más emocionalmente reactivas, que reflexivamente activas; una sensación generalizada de inseguridad y angustia; un régimen decadente, debilitado por la prevalencia de intereses sectarios y proclive, casi por consecuencia, a la simulación y el cinismo y, por último, un líder carismático, capaz de intuir los descontentos, temores y rencores de una base social amplia.

En esas condiciones, el terreno será feraz para que broten regímenes autoritarios de todo cuño -y hasta las dictaduras- que pueden parecer promisorios al principio, pero que a la postre suelen resultar tan perniciosos como las demagogias, o más, según la historia ha mostrado en innúmeras ocasiones.
14 Octubre 2018 04:00:00
¿Un ‘localismo globalizado’?
La reciente visita del doctor Ricardo Rabinovich a la Universidad Autónoma del Noreste, campus Saltillo, sacudió algunas conciencias y, provocativo siempre –como cualquier buen profesor– despertó entre quienes lo oyeron –principalmente estudiantes de esa universidad, pero también profesores de ella, juristas e integrantes de la sociedad civil– reflexiones y visiones nuevas sobre el tema de los derechos humanos.

En cuanto a mí respecta, me hizo recordar algunas reflexiones de Boaventura de Sousa Santos, acerca de la noción “derechos humanos” y su universalidad, respecto de las cuales se formularon ya, hace algún tiempo, diversos comentarios.

Plantea Boaventura de Sousa que, mientras se presenta generalmente a los “derechos humanos” como “un producto histórico consensual, lineal y universal”, en realidad se trata de un discurso dialéctico en el que hasta hoy aparece como victoriosa esa idea, que se presenta como única capaz de reivindicar la dignidad en la vida de los seres humanos. La verdadera pregunta, en ese orden de ideas, dice, tendría que ser sobre si el modelo en boga de “derechos humanos” cumple con las expectativas que se les han asignado, y por lo tanto, si representan una victoria o un estrepitoso fracaso.

Un párrafo que bien ilustra su posición, y que por eso transcribo a la letra, dice: “El concepto de naturaleza humana es eurocéntrico, individualista, y como tal no es universal, es un localismo globalizado. En segundo lugar, el paradigma de los derechos humanos es bastante ‘estadocéntrico’, trabaja sobre el Estado y sobre las instituciones, y por eso no sabe dirigirse a otros actores que son grandes violadores de los derechos humanos, pero que no son el Estado. El Estado es, muchas veces, cómplice de ellos, pero no es el violador directo, y ahí́ tenemos un primer resultado: hay mucha violencia en el mundo que no se considera violación de los derechos humanos”
http://www.idhc.org/cat/documents/DUDHE_SousaB.pdf, consultado el 13 de octubre de 2018).

“…los derechos humanos –sigue diciendo– privilegian un universalismo abstracto, que no tienen espacio para las culturas propias, para las comunidades culturales”; por eso, entre tantos lenguajes para expresar la dignidad humana, “algunos se afirman como derechos humanos, otros como deberes humanos y otros a través de otros conceptos. La idea es ver cómo insertar este multiculturalismo progresista dentro de una estrategia de Derechos Humanos”.

El tema de la discordia, en este punto, sigue siendo la noción de “dignidad”. Cuando De Sousa señala que la idea del consenso en torno a los derechos humanos se ha sustentado en “espejismos” haciendo creer que se trata de un triunfo en beneficio de toda la humanidad, en tanto que se pregonan como universalmente válidos, en realidad se apoyan en una noción de dignidad sustentada en una concepción de naturaleza individual y desconocen otras ideas de dignidad, tanto como otras diversas lecturas de lo que debe considerarse como “derechos”, en función de cada cultura y momento histórico.

El tema da para mucho. Sería ingenuo pretender agotarlo en tan breve espacio, que sin embargo permite sembrar la inquietud –o cultivarla, si es que ya existe– de reflexionar acerca de que, en tanto que producto cultural –la idea misma de “consenso social” así lo acredita– los llamados “derechos humanos” son, en algunos casos, irreductibles, pero muchos otros de los que se suelen incluir en la perspectiva hegemónica no lo son, y aún hay que decir quedan supeditados a los primeros. Por eso, tomar en cuenta de la identidad y las peculiaridades históricas, axiológicas y culturales que caracterizan a cada comunidad de las que por lo general se llaman “naciones”, es imprescindible.

Bien hace la UANE en generar la reflexión de calidad e innovadora entre sus alumnos, porque sólo así se genera conocimiento útil. Ya se comentará la visión de Rabinovich. Por lo pronto, la tesis planteada por De Sousa en cuanto al discurso de los derechos humanos como visión vencedora, que por lo tanto no es universal, en tanto que impuesta, se antoja sugerente. ¿No lo cree así?
14 Octubre 2018 04:00:00
¿Un “localismo globalizado”?
La reciente visita del doctor Ricardo Rabinovich a la Universidad Autónoma del Noreste, campus Saltillo, sacudió algunas conciencias y, provocativo siempre -como cualquier buen profesor- despertó entre quienes lo oyeron -principalmente estudiantes de esa universidad, pero también profesores de ella, juristas e integrantes de la sociedad civil- reflexiones y visiones nuevas sobre el tema de los derechos humanos.

En cuanto a mí respecta, me hizo recordar algunas reflexiones de Boaventura de Sousa Santos, acerca de la noción “derechos humanos” y su universalidad, respecto de las cuales se formularon ya, hace algún tiempo, diversos comentarios.

Plantea Boaventura de Sousa que, mientras se presenta generalmente a los “derechos humanos” como un producto histórico consensual, lineal y universal”, en realidad se trata de un discurso dialéctico en el que hasta hoy aparece como victoriosa esa idea, que se presenta como única capaz de reivindicar la dignidad en la vida de los seres humanos. La verdadera pregunta, en ese orden de ideas, dice, tendría que ser sobre si el modelo en boga de “derechos humanos” cumple con las expectativas que se les han asignado, y por lo tanto, si representan una victoria o un estrepitoso fracaso.

Un párrafo que bien ilustra su posición, y que por eso transcribo a la letra, dice: “El concepto de naturaleza humana es eurocéntrico, individualista, y como tal no es universal, es un localismo globalizado. En segundo lugar, el paradigma de los Derechos Humanos es bastante ‘estadocéntrico’, trabaja sobre el estado y sobre las instituciones, y por eso no sabe dirigirse a otros actores que son grandes violadores de los derechos humanos, pero que no son el Estado. El Estado es, muchas veces, cómplice de ellos, pero no es el violador directo, y ahí tenemos un primer resultado: Hay mucha violencia en el mundo que no se considera violación de los derechos humanos” (“http://www.idhc.org/cat/documents/DUDHE_SousaB.pdf”
http://www.idhc.org/cat/documents/DUDHE_SousaB.pdf, consultado el 13 de
octubre de 2018).

“…los Derechos Humanos -sigue diciendo- privilegian un universalismo abstracto, que no tienen espacio para las culturas propias, para las comunidades culturales”; por eso, entre tantos lenguajes para expresar la dignidad humana, “algunos se afirman como derechos humanos, otros como deberes humanos y otros a través de otros conceptos. La idea es ver cómo insertar este multiculturalismo progresista dentro de una estrategia de derechos humanos”.

El tema de la discordia, en este punto, sigue siendo la noción de “dignidad”. Cuando De Sousa señala que la idea del consenso en torno a los derechos humanos se ha sustentado en “espejismos” haciendo creer que se trata de un triunfo en beneficio de toda la humanidad, en tanto que se pregonan como universalmente válidos, en realidad se apoyan en una noción de dignidad sustentada en una concepción de naturaleza individual y desconocen otras ideas de dignidad, tanto como otras diversas lecturas de lo que debe considerarse como “derechos”, en función de cada cultura y momento histórico.

El tema da para mucho. Sería ingenuo pretender agotarlo en tan breve espacio, que sin embargo permite sembrar la inquietud -o cultivarla, si es que ya existe- de reflexionar acerca de que, en tanto que producto cultural –la idea misma de “consenso social” así lo acredita- los llamados “derechos humanos” son, en algunos casos, son e irreductibles, pero muchos otros de los que se suelen incluir en la perspectiva hegemónica no lo son, y aún hay que decir quedan supeditados a los primeros. Por eso, tomar en cuenta de la identidad y las peculiaridades históricas, axiológicas y culturales que caracterizan a cada comunidad de las que por lo general se llaman “naciones”, es imprescindible.

Bien hace la UANE en generar la reflexión de calidad e innovadora entre sus alumnos, porque solo así se genera conocimiento útil. Ya se comentará la visión de Rabinovich. Por lo pronto, la tesis planteada por de Sousa en cuanto al discurso de los derechos humanos como visión vencedora, que por lo tanto no es universal, en tanto que impuesta, se antoja sugerente ¿No lo cree así?
07 Octubre 2018 04:00:00
De la democracia a la demagogia: el camino de la corrupción
El derecho al buen gobierno no es una proclama política de buenas intenciones ni puede limitarse a ser propaganda. Tampoco es sólo un imperativo moral, un postulado teórico de la ciencia o enunciado de la filosofía.

Es, además de todo eso, un imperativo jurídico que encuentra su fundamento, por si la demeritada Constitución no bastara, en los compromisos internacionales –que tanto se precian y temen hoy en día– contraídos por nuestro país. Por eso, la demagogia es contraria al buen gobierno.

Desde los tiempos clásicos del pensamiento socrático –ya Platón daba cuenta de ello– tres formas básicas puras y tres corrompidas de gobierno se han identificado. Las primeras, monarquía, aristocracia y democracia. Las segundas, la tiranía, la oligarquía y la demagogia.

¿Cómo es que unas, las primeras, dan en convertirse en su par degenerado? Desde aquellos remotos días se descubrió que la clave para que eso acontezca está en que se gobierne conforme lo dicta el Derecho, no el capricho o la conveniencia personal del gobernante o grupo en el poder.

Lamentablemente, los afanes napoleónicos de “meter” todo el derecho en un código ha dado en formar una cultura en la que pareciera que sólo el derecho escrito es ley, cuando no es así, porque hay principios y costumbres que también forman parte de él.

Tampoco puede decirse que todo lo legislado es derecho, cuando esa legislación surge de una mayoría que dicta normas en un mero ejercicio del poder, sin oír y atender las razones de las minorías, ese vicio que en la jerga parlamentaria mexicana se conoce bien como “mayoriteo”.

Cuando nadie se esmera en convencer a nadie, sino que se empeña a imponer su postura, ya la corrupción asoma más que la sola nariz a la escena. Pericles, según las palabras de Sócrates recogidas por Platón, afirmaba, con contundencia, que en esos casos no hay ley, sino violencia.

Son la razón y la buena intención, informada y honesta, las que deben privar en el debate, la toma de decisiones y la acción política; no la fuerza, que sólo se hace presente cuando falta el verdadero poder político, ese que descubre el verdadero interés general y mueve las voluntades en el sentido de garantizar los derechos y libertades de todas las personas, proveyendo los medios para compensar las desigualdades de origen, no desposeyendo a nadie para beneficiar a ninguno.

Cuando la cultura política se caracteriza por la concentración del poder, por el voluntarismo y la simulación, el Derecho se utiliza nada más como parapeto y falsa plataforma de “justificación” de los actos arbitrarios. La democracia deja de serlo y entonces, ya plenamente adentro, la demagogia corrompe todo el cuerpo social, ese sistema del que todos formamos parte (y, por lo tanto, a todos afecta lo que en él pase), aunque algunas y algunos actores políticos pretendan “deslindarse” de sus responsabilidades en el proceso de descomposición.

Cuando se soslayan los deberes de hacer o no hacer –impuestos por las normas– se inocula en el cuerpo social el germen que lo llevará a la putrefacción, si no se revierte el proceso.

Eso no se hace con juegos de palabras rimbombantes, sino con acciones sometidas a la ley justa, no la sumisión ante el poderoso.

En nuestro país la circunstancia es crítica, desde hace mucho tiempo. El remedio, aunque no se quiera ver, está a la mano: generar leyes justas y racionales, basadas en el interés general y no en el de facciones o individuos, y apegarse a ellas.

Cuando eso no ocurre y el desapego a la ley se generaliza, relajando las instituciones republicanas, la corrupción se hace dueña y señora del acontecer social, del que capaz de alcanzar hasta los rincones más escondidos.

Si eso llega a pasar, el poder corruptor de la demagogia no sólo habrá devorado a la democracia, sino que habrá carcomido también los cimientos de la vida civilizada.
07 Octubre 2018 04:00:00
De la democracia a la demagogia: El camino de la corrupción
El derecho al buen gobierno no es una proclama política de buenas intenciones ni puede limitarse a ser propaganda. Tampoco es solo un imperativo moral, un postulado teórico de la ciencia o enunciado de la filosofía.

Es, además de todo eso, un imperativo jurídico que encuentra su fundamento, por si la demeritada Constitución no bastara, en los compromisos internacionales -que tanto se precian y temen hoy en día- contraídos por nuestro país. Por eso, la demagogia es contraria al buen gobierno.

Desde los tiempos clásicos del pensamiento socrático -ya Platón daba cuenta de ello- tres formas básicas puras y tres corrompidas de gobierno se han identificado. Las primeras, monarquía, aristocracia y democracia. Las segundas, la tiranía, la oligarquía y la demagogia.

¿Cómo es que unas, las primeras, dan en convertirse en su par degenerado? Desde aquellos remotos días se descubrió que la clave para que eso acontezca está en que se gobierne conforme lo dicta el Derecho, no el capricho o la conveniencia personal del gobernante o grupo en el poder.

Lamentablemente, los afanes napoleónicos de “meter” todo el derecho en un código ha dado en formar una cultura en la que pareciera que solo el derecho escrito es ley, cuando no es así, porque hay principios y costumbres que también forman parte de él.

Tampoco puede decirse que todo lo legislado es derecho, cuando esa legislación surge de una mayoría que dicta normas en un mero ejercicio del poder, sin oír y atender las razones de las minorías, ese vicio que en la jerga parlamentaria mexicana se conoce bien como “mayoriteo”.

Cuando nadie se esmera en convencer a nadie, sino que se empeña a imponer su postura, ya la corrupción asoma más que la sola nariz a la escena. Pericles, según las palabras de Sócrates recogidas por Platón, afirmaba, con contundencia, que en esos casos no hay ley, sino violencia.

Son la razón y la buena intención, informada y honesta, las que deben privar en el debate, la toma de decisiones y la acción política; no la fuerza, que solo se hace presente cuando falta el verdadero poder político, ese que descubre el verdadero interés general y mueve las voluntades en el sentido de garantizar los derechos y libertades de todas las personas, proveyendo los medios para compensar las desigualdades de origen, no desposeyendo a nadie para beneficiar a ninguno.

Cuando la cultura política se caracteriza por la concentración del poder, por el voluntarismo y la simulación, el Derecho se utiliza nada más como parapeto y falsa plataforma de “justificación” de los actos arbitrarios. La democracia deja de serlo y entonces, ya plenamente adentro, la demagogia corrompe todo el cuerpo social, ese sistema del que todos formamos parte (y, por lo tanto, a todos afecta lo que en él pase), aunque algunas y algunos actores políticos pretendan “deslindarse” de sus responsabilidades en el proceso de descomposición.

Cuando se soslayan los deberes de hacer o no hacer- impuestos por las normas- se inocula en el cuerpo social el germen que lo llevará a la putrefacción, si no se revierte el proceso.

Eso no se hace con juegos de palabras rimbombantes, sino con acciones sometidas a la ley justa, no la sumisión ante el poderoso.

En nuestro país la circunstancia es crítica, desde hace mucho tiempo. El remedio, aunque no se quiera ver, está a la mano: generar leyes justas y racionales, basadas en el interés general y no en el de facciones o individuos, y apegarse a ellas.

Cuando eso no ocurre y el desapego a la ley se generaliza, relajando las instituciones republicanas, la corrupción se hace dueña y señora del acontecer social, del que capaz de alcanzar hasta los rincones más escondidos.

Si eso llega a pasar, el poder corruptor de la demagogia no solo habrá devorado a la democracia, sino que habrá carcomido también los cimientos de la vida civilizada.
30 Septiembre 2018 04:00:00
Trump: un garbanzo de a libra
“Creemos que cuando las naciones respetan los derechos de sus vecinos y defienden los intereses de su pueblo, pueden trabajar mejor para garantizar las bendiciones de seguridad, prosperidad y paz... Cada uno de nosotros aquí hoy es el emisario de una cultura distinta, una historia rica y un pueblo unido por lazos de la memoria, la tradición y los valores que hacen que nuestras patrias no se parezcan a ninguna otra parte de la Tierra”.

Aunque parezca mentira, esas fueron palabras pronunciadas por Donald Trump durante su comparecencia, hace apenas unos días, ante la Asamblea General de la ONU.

Cuando inició su discurso parecía dirigirse a una asamblea local del Partido Republicano, alardeando, como nos tiene ya acostumbrados, a las bondades y aciertos inusitados e inéditos, de su administración, lo que movió a risas y chunga de los dignatarios presentes.

En un momento de su alocución dijo: “Defendemos a los Estados Unidos y al pueblo estadunidense. Y también estamos defendiendo al mundo... Esta es una gran noticia para nuestros ciudadanos y para las personas amantes de la paz en todas partes”, expresión indefectiblemente inscrita en el contexto de la doctrina del destino manifiesto. Entonces no se sentía sorpresa alguna. Esa es su postura acostumbrada.

Pero, para sorpresa de quienes pusieron atención, dijo también: “Respeto el derecho de cada nación en esta sala a seguir sus propias costumbres, creencias y tradiciones. Los Estados Unidos no le dirán cómo vivir, trabajar o rendir culto. Sólo te pedimos que honres nuestra soberanía a cambio”.

En esto último es imposible disentir y, quienes pudieron sobreponerse al tedio de la repetición cansina de contenido y estilo, poniendo atención, pudieron percatarse del acierto.

Incluso la postura explícita en la frase “Es por eso que los Estados Unidos siempre elegirán la independencia y la cooperación sobre la gobernanza, el control y la dominación globales”, tiene sentido y vale considerarla como un buen principio para la estructuración del orden que falta por el vacío jurídico que han dejado, confluyendo, la debilitación del Estado y la globalización económica, política y social.

Si al concepto de “nación”, en su sentido material, nos atenemos, podrá encontrarse, en efecto, una comunidad más o menos homogénea, que, basada en vínculos de identidad común, mantiene permanencia en el tiempo y, habiendo desarrollado una identidad cultural –en el mejor y más amplio sentido– una conciencia de comunidad digna de aspirar a autogobernarse.

Esa es una aspiración legítima que requiere, precisamente, de eso que dijo Trump: respeto, consideración, diversidad que enriquece y, por lo tanto, solidaridad internacional.

En esa diversidad, integrada con tolerancia y sin hostilidades codiciosas y soberbias estriba, ya Kant lo postulaba, una paz perpetua que no sea la de los sepulcros.

Es también el principio a que hace referencia el lema de la federación estadunidense, “e pluribus unum”, de muchos, peculiares y diversos, hacer uno.

Ese principio bien vale para orientar la construcción del “diálogo” entre naciones, culturas, países y regiones que en el mundo existen, para alcanzar un orden que sea positivo y fecundo.

Aunque en el fondo Trump no esté convencido, ni quizás entienda apenas el significado profundo de lo que dijo, bien vale la pena ese garbanzo de a libra que Trump dejó deslizarse desde su discurso, en este punto discordante de su retórica habitual.

¡Lástima que el señor Trump sea tan incongruente! La lejana e incipiente luz de esperanza que hubiera podido generar se extinguió tan pronto que casi pasó desapercibida.

A la postre, resultó evidente que sólo buscaba un pie para consolidar, en ese escenario, su conocido argumento imperial, a pesar de lo cual esa postura tiene miga y merece reflexión, especialmente en un contexto político tan inestable y difuso como el que caracteriza a los tiempos que corren.

Así son las cosas: una buena idea es un buen instrumento en las manos diestras y con oficio; si no es así, será inocua y puede ser que hasta perniciosa.
30 Septiembre 2018 04:00:00
Trump: Un garbanzo de a libra
“Creemos que cuando las naciones respetan los derechos de sus vecinos y defienden los intereses de su pueblo, pueden trabajar mejor para garantizar las bendiciones de seguridad, prosperidad y paz...Cada uno de nosotros aquí hoy es el emisario de una cultura distinta, una historia rica y un pueblo unido por lazos de la memoria, la tradición y los valores que hacen que nuestras patrias no se parezcan a ninguna otra parte de la Tierra”.

Aunque parezca mentira, esas fueron palabras pronunciadas por Donald Trump durante su comparecencia, hace apenas unos días, ante la Asamblea General de la ONU.

Cuando inició su discurso parecía dirigirse a una asamblea local del Partido Republicano, alardeando, como nos tiene ya acostumbrados, a las bondades y aciertos inusitados e inéditos, de su administración, lo que movió a risas y chunga de los dignatarios presentes.

En un momento de su alocución dijo: “Defendemos a los Estados Unidos y al pueblo estadounidense. Y también estamos defendiendo al mundo...Esta es una gran noticia para nuestros ciudadanos y para las personas amantes de la paz en todas partes”, expresión indefectiblemente inscrita en el contexto de la doctrina del destino manifiesto. Entonces no se sentía sorpresa alguna. Esa es su postura acostumbrada.

Pero, para sorpresa de quienes pusieron atención, dijo también: “Respeto el derecho de cada nación en esta sala a seguir sus propias costumbres, creencias y tradiciones. Los Estados Unidos no le dirán cómo vivir, trabajar o rendir culto. Solo te pedimos que honres nuestra soberanía a cambio”.

En esto último es imposible disentir y, quienes pudieron sobreponerse al tedio de la repetición cansina de contenido y estilo, poniendo atención, pudieron percatarse del acierto.

Incluso la postura explícita en la frase “Es por eso que los Estados Unidos siempre elegirán la independencia y la cooperación sobre la gobernanza, el control y la dominación globales”, tiene sentido y vale considerarla como un buen principio para la estructuración del orden que falta por el vacío jurídico que han dejado, confluyendo, la debilitación del Estado y la globalización económica, política y social.

Si al concepto de “nación”, en su sentido material, nos atenemos, podrá encontrarse, en efecto, una comunidad más o menos homogénea, que, basada en vínculos de identidad común, mantiene permanencia en el tiempo y, habiendo desarrollado una identidad cultural -en el mejor y más amplio sentido- una conciencia de comunidad digna de aspirar a autogobernarse.

Esa es una aspiración legítima que requiere, precisamente, de eso que dijo Trump: respeto, consideración, diversidad que enriquece y, por lo tanto, solidaridad internacional.

En esa diversidad, integrada con tolerancia y sin hostilidades codiciosas y soberbias estriba, ya Kant lo postulaba, una paz perpetua que no sea la de los sepulcros.

Es también el principio a que hace referencia el lema de la federación estadounidense, “e pluribus unum”, de muchos, peculiares y diversos, hacer uno.

Ese principio bien vale para orientar la construcción del “diálogo” entre naciones, culturas, países y regiones que en el mundo existen, para alcanzar un orden que sea positivo y fecundo.

Aunque en el fondo Trump no esté convencido, ni quizás entienda apenas el significado profundo de lo que dijo, bien vale la pena ese garbanzo de a libra que Trump dejó deslizarse desde su discurso, en este punto discordante de su retórica habitual.

¡Lástima que el señor Trump sea tan incongruente! La lejana e incipiente luz de esperanza que hubiera podido generar se extinguió tan pronto que casi pasó desapercibida.

A la postre, resultó evidente que solo buscaba un pie para consolidar, en ese escenario, su conocido argumento imperial, a pesar de lo cual esa postura tiene miga y merece reflexión, especialmente en un contexto político tan inestable y difuso como el que caracteriza a los tiempos que corren.

Así son las cosas: una buena idea es un buen instrumento en las manos diestras y con oficio; si no es así, será inocua y puede ser que hasta perniciosa.
23 Septiembre 2018 04:00:00
¿Estado de derecho?
Con cuánta frecuencia se oye y se ve mencionada la expresión “estado de derecho”! Lo mismo la traen a colación los políticos que los “analistas”, los críticos, los medios de comunicación y hasta en las redes sociales hace frecuentemente acto de presencia.

Se ha vuelto un lugar común: que si falta el “estado de derecho”; que si se viola el “estado de derecho”; que es necesario construir el “estado de derecho”, etc.

De tanto ir y venir, y tan gratuita como ligeramente, ha dejado de tener sentido, me parece.

Ya voy pensando que hace falta que alguien nos explique qué debemos entender al verla o escucharla, para que al repetirla no la convirtamos en una de esas “palabras comodín”, que sirven bien para llenar los huecos en el discurso o el argumento, pero que, a poco de excavar en su superficie, se nota de inmediato que están vacías, aunque suenen bien en la retórica.

Por lo pronto, a poco que se medite, parecería repetitivo hablar de “estado de derecho”, porque el “estado” sin derecho ¿no sería un mero fenómeno de dominación, de fuerza bruta, en el que mandaría el capricho y no la razón impregnada de justicia?

Toda actividad humana requiere de “reglas del juego” objetivas y conocidas por todos los jugadores, de modo que sepan siempre a qué atenerse y puedan anticipar las consecuencias, para bien o para mal, de cada ficha que muevan en el tablero.

Uno podría pensar que, así, en la vida cotidiana de la comunidad, se necesitan reglas que todo mundo acate, que sean estables, para propiciar estabilidad, y que, si bien no sean inmutables, tampoco estén sujetas al capricho del “dueño del balón”, especialmente cuando el balón es de todos y nada más se le ha confiado su custodia a aquel a quien le es entregado para ese fin.

En la democracia –¿hay otra forma, hoy por hoy, de concebir al estado?–, la igualdad se impone y sólo en la salvaguarda de las libertades y derechos para todos por igual se justifica un aparato de reglas obligatorias, según las cuales toda la actividad pública debe dirigirse a tal propósito, sin ambigüedades ni desviaciones.

Cuando menos tal cosa se suponía. Por eso, cuando en el ambiente, sin importar época o lugar, reverberan los ecos de Luis XVI –“el Estado soy yo”– el oído se altera, el ánimo se sobresalta y la razón tiende a confundirse.

El pensador francés Teilhard de Chardin pensaba la evolución humana como una espiral ascendente, queriendo decir con ello que en el camino del desarrollo colectivo (y puede que hasta en el individual) a veces parece que se dan vueltas y se pasa muchas veces por el mismo lugar, lo cual es cierto, pero un poco más arriba.

Esa metáfora da cuenta de la dificultad en el ascenso, que no puede ser lineal, sino que requiere de rodear la montaña hasta llegar a la cima, lo que puede causar la impresión de que no se avanza y provocar la fatiga que mal aconseja. Quien se vea avasallado por ella y tire los instrumentos necesarios para el ascenso, perderá el piso y muy probablemente se despeñará al vacío.

El sentido común (y ya se que “es el menos común de los sentidos”) recomendaría, por lo tanto, no “romper los paradigmas”, sino revisarlos y modificarlos o sustituirlos, si cabe.

Si se mandaran “al diablo”, con ellos se irán el piso que sirve de sustento, los techos que guarecen y, lo que puede ser peor, los cauces por los que corren las aguas de las energías sociales.

Mejor es pensar las cosas con calma –“despacio, que llevo prisa”, decía Napoleón– y cimentar bien los nuevos caminos que, a no dudarlo, hacen falta.

La democracia es quehacer de legitimidad en el Gobierno, no nada más elecciones universales y libres.

Así me ha parecido hasta hoy, cuando menos. Espero que, si hay algún yerro en ello, alguien tenga la bondad de aclararlo.
23 Septiembre 2018 04:00:00
¿Estado de Derecho?
¡Con cuánta frecuencia se oye y se ve mencionada la expresión “estado de derecho”!

Lo mismo la traen a colación los políticos que los “analistas”, los críticos, los medios de comunicación y hasta en las redes sociales hace frecuentemente acto de presencia.

Se ha vuelto un lugar común: que si falta el “estado de derecho”; que si se viola el “estado de derecho”; que es necesario construir el “estado de derecho”, etc.

De tanto ir y venir, y tan gratuita como ligeramente, ha dejado de tener sentido, me parece.

Ya voy pensando que hace falta que alguien nos explique qué debemos entender al verla o escucharla, para que al repetirla no la convirtamos en una de esas “palabras comodín”, que sirven bien para llenar los huecos en el discurso o el argumento, pero que, a poco de excavar en su superficie, se nota de inmediato que están vacías, aunque suenen bien en la retórica.

Por lo pronto, a poco que se medite, parecería repetitivo hablar de “estado de derecho”, porque el “estado” sin derecho ¿no sería un mero fenómeno de dominación, de fuerza bruta, en el que mandaría el capricho y no la razón impregnada de justicia?

Toda actividad humana requiere de “reglas del juego” objetivas y conocidas por todos los jugadores, de modo que sepan siempre a qué atenerse y puedan anticipar las consecuencias, para bien o para mal, de cada ficha que muevan en el tablero.

Uno podría pensar que, así, en la vida cotidiana de la comunidad, se necesitan reglas que todo mundo acate, que sean estables, para propiciar estabilidad, y que, si bien no sean inmutables, tampoco estén sujetas al capricho del “dueño del balón”, especialmente cuando el balón es de todos y nada más se le ha confiado su custodia a aquel a quien le es entregado para ese fin.

En la democracia -¿hay otra forma, hoy por hoy, de concebir al estado?-, la igualdad se impone y solo en la salvaguarda de las libertades y derechos para todos por igual se justifica un aparato de reglas obligatorias, según las cuales toda la actividad pública debe dirigirse a tal propósito, sin ambigüedades ni desviaciones.

Cuando menos tal cosa se suponía. Por eso, cuando en el ambiente, sin importar época o lugar, reverberan los ecos de Luis XVI –“el Estado soy yo”- el oído se altera, el ánimo se sobresalta y la razón tiende a confundirse.

El pensador francés Teilhard de Chardin pensaba la evolución humana como una espiral ascendente, queriendo decir con ello que en el camino del desarrollo colectivo (y puede que hasta en el individual) a veces parece que se dan vueltas y se pasa muchas veces por el mismo lugar, lo cual es cierto, pero un poco más arriba.

Esa metáfora da cuenta de la dificultad en el ascenso, que no puede ser lineal, sino que requiere de rodear la montaña hasta llegar a la cima, lo que puede causar la impresión de que no se avanza y provocar la fatiga que mal aconseja. Quien se vea avasallado por ella y tire los instrumentos necesarios para el ascenso, perderá el piso y muy probablemente se despeñará al vacío.

El sentido común (y ya se que “es el menos común de los sentidos”) recomendaría, por lo tanto, no “romper los paradigmas”, sino revisarlos y modificarlos o sustituirlos, si cabe.

Si se mandaran “al diablo”, con ellos se irán el piso que sirve de sustento, los techos que guarecen y, lo que puede ser peor, los cauces por los que corren las aguas de las energías sociales.

Mejor es pensar las cosas con calma –“despacio, que llevo prisa”, decía Napoleón- y cimentar bien los nuevos caminos que, a no dudarlo, hacen falta.

La democracia es quehacer de legitimidad en el gobierno, no nada más elecciones universales y libres.

Así me ha parecido hasta hoy, cuando menos. Espero que, si hay algún yerro en ello, alguien tenga la bondad de aclararlo.
16 Septiembre 2018 04:00:00
La verdad desnuda
“El Estado es el más frío de todos los monstruos fríos. Es frío incluso cuando miente; y esta es la mentira que se desliza de su boca: ‘Yo, el Estado, soy el pueblo’”, dijo Federico Nietzsche por boca de Zaratustra.

Voltaire, en su turno, y no sin desentonar, afirmaba: “Sólo entre gente de bien puede existir la amistad, ya que la gente perversa sólo tiene cómplices; la gente interesada tiene socios; la gente política, tiene partidarios; la gente de la realeza tiene cortesanos; únicamente la gente buena, tiene amigos”.

Pero ni Zaratustra ni Voltaire conocieron a Jean-Léon Gérôme, quien fue un pintor y escultor francés que, en la segunda mitad del siglo 19, y alcanzó fama en París por sus obras preferentemente dedicadas a temas históricos y
mitológicos.

Destacó en el retrato, pero me temo que se había pasado por alto su talento literario, a juzgar por una breve alegoría que cayó recientemente en mis manos y se le atribuye a él.

Narra en esa pieza cómo fue que un día, según la leyenda, se encontraron la verdad y la mentira.

Corteses ambas, y bien educadas, se saludaron.

- “Buen día”, dijo la mentira.

- “Buenos sean para su merced”, contestó la verdad.

- “Hermoso día”, dijo entonces la mentira, como con ganas de entablar una plática.

La verdad, que buen cuidado tenía de su dicho siempre, se asomó entonces para ver si eso era cierto. Como constató que lo era, contestó:

- “Es muy cierto, hermoso día”.

Y ya puestas a conversar, así fuera de trivialidades -como el clima, según recomienda la etiqueta británica- la mentira añadió: “Aún más hermoso está el lago”.

Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió.

Corrió la mentira hacia el agua y, zambulléndose en ella, dijo:

- “El agua está aún más hermosa. Nademos”.

La verdad tocó el agua con su mano y se percató de que, en efecto, el agua estaba realmente hermosa y muy agradable su temperatura.

Confió en la mentira y, como ella, se despojó de la ropa y se metió en el lago a nadar.

Después de un rato, salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue tan campante.

La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar desnuda.

“Todos se horrorizaban al verla pasar así”, y desde entonces, según el buen Gérôme, “es que la gente, aún hoy en día, prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad, mientras que rechaza la verdad al desnudo”.

Es posible que alguna persona dada a simular y a prodigar engaños convincentes venga a la mente de quien lo anterior lea. Si es así, no se precipite ni la trate como alguien execrable y ruin, que merece desprecio y condena, nunca confianza.

Piénselo bien, deje que las sabias palabras de Gérôme conmuevan su corazón y toquen su entendimiento ¡No se precipite!

Tenga en cuenta que aquello que usted ha considerado como actitud viciosa, ayuna de la más elemental virtud, es, por el contrario, una persona pudibunda, el pudor mismo redivivo, que se hace presente en ella.

La caridad compasiva es quien dicta a esas buenas personas ese comportamiento, y su aversión al escándalo. Su conducta, lejos de ser reprensible, acreedora se hace de reconocimiento y estímulo.

¡Que bueno que aquel desconocido filósofo francés, que todos creían que era solo pintor y escultor, dejó ese legado de sabiduría! ¡Gracias a él se pudieron abrir los ojos!

Por eso, antes de proferir improperios contra quienes pudiera haberse imputado cinismo –¡líbrennos los arcanos de tal imprudencia!–, téngase en cuenta que puede tratarse –y hasta quizá sea eso lo más probable– de gente consciente del sacrosanto deber ciudadano, asumido con valor y con enjundia, de precaver la inocencia e ingenuidad de los pueblos, evitando a la gente el escándalo y la perturbación que la verdad desnuda podría provocarles.

¡Es un alivio contar con esas personas!
09 Septiembre 2018 04:00:00
Entre la regresión y la ‘neocolonización’
La “cuarta transformación” se ha iniciado entre traspiés. Las promesas de campaña, las tajantes oposiciones al “establishment”, se han atenuado y empiezan a mostrar matices de incongruencia que han dado lugar, apenas empezando la ruta, a discordancias notorias en el no tan coherente y bien cohesionado contingente vencedor.

Los pactos marginales entre partidos para asegurar intereses sectarios, las reformas apresuradas en la legislación de algunos estados, aparentemente para blindar a los poderes ejecutivos locales contra las mayorías adversas a ellos cuyo arribo se avecina, o ya llegó, dan cuenta, por si alguien tenía duda, de la lejanía entre las motivaciones reales de los más notorios actores políticos y su discurso bañado de sedicente democracia.

Pronto ha sido posible corroborar que el único y verdadero factor de unidad, el más vigoroso (que no es, por lo pronto, poca cosa), es el culto y la devoción por un líder que, desde hace ya mucho tiempo, ha demostrado ser carismático.

El clima que se ha generado, y no hay por qué sentirse llamado a sorpresa, tiene la desventaja, si se ha de oír a la historia, que los regímenes fincados en el caudillismo tienden, inexorablemente, a convertirse en dictaduras excluyentes, en “dictaduras de las mayorías”, mientras existe una amplia base social de apoyo, lo que no suele ser perdurable.

La propia historia enseña -Nicaragua es una lección viva- cómo es que aun esos regímenes tienden a endurecerse y a incurrir en excesos de fuerza, que siempre se hará presente cuando el poder político se ausenta.

El riesgo de una regresión a épocas de dictaduras es patente, pero eso no es lo único riesgo, porque ese cúmulo de contradicciones, con la disgregación que conlleva, sus quebrantos la confusión que conllevan, hacen propicio el terreno, en el contexto político mundial, para un debilitamiento institucional que abre la puerta a las renovadas formas de colonialismo, ya perceptibles en el panorama nacional.

Ya se ha visto que las grandes corporaciones enfrentan a los países y a los gobiernos para obtener ventajas, no solo económicas, sino, hoy por hoy, políticas.

Subastan las inversiones, las promesas de empleo, y el crecimiento económico “al mejor postor internacional y se niegan a instalarse en países cuyos impuestos o costes laborales les parecen altos o donde las condiciones son severas o no se les conceden subvenciones o préstamos, y si ya están instaladas, amenazan con marcharse” (Noreena HERTZ, El poder en la sombra. La globalización y la muerte de la democracia, Barcelona, Planeta, 2002).

Trabajan a través de fundaciones diversas y no es infrecuente que hagan causa común con algunas agencias gubernamentales para conseguir sus propósitos.

“Open Society Foundations”, por ejemplo, creada por el financiero internacional George Soros en 1979, fue muy activa en promover y subsidiar proyectos que, si bien pueden haber acarreado beneficios tangenciales a los países, han promovido modificaciones en las estructuras institucionales de ellos que permiten influir en las decisiones políticas, conforme a los “valores” que él sustenta y, a fin de cuentas, sus propios intereses.

Entre las agencias gubernamentales, juega un papel destacado la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Según ella misma, su trabajo favorece “la seguridad nacional y la prosperidad económica de los Estados Unidos”, mientras “demuestra la generosidad estadounidense y promueve un camino hacia la autosuficiencia y resiliencia de los receptores” de la ayuda que prodiga.

A estas dos organizaciones se les ha visto muy activas recientemente por estas tierras. Si su apoyo no tendría que ser “per se” deleznable, habrá que cuidar bien que su participación responda a propósitos concertados con plena responsabilidad, no sea que la resiliencia que la segunda ofrece generosamente conseguir se traduzca en la adaptación a un “agente perturbador” contrario a los mejores intereses del humanismo en México.

En ese contexto, el verdadero reto es evitar las regresiones degradantes, tanto como las nuevas formas de colonización, que aniquilan la identidad que todavía, como país, estamos en camino de definir.
02 Septiembre 2018 04:00:00
Globalización y política (2)
La política es y será siempre un comportamiento encaminado a sumar adeptos, o dicho de otra manera, a mover voluntades en asuntos concernientes a las cuestiones que interesan a una comunidad determinada.

Esa intención no siempre es fructífera, porque habrá ocasiones en que la voluntad promotora sea incapaz de llagar al resultado que pretendía, es decir, mover suficientes voluntades en favor de su causa.

Si consigue hacerlo, y para ello se vale de símbolos generalizados, como lo refiere Niklas Luhmann, se estará en presencia del poder político.

En el escenario global, caracterizado por una expansión sin precedentes del sistema social hasta alcanzar una extensión que comprende al territorio que comprende al mundo entero, y aun lo excede por la creación del ciberespacio, el ámbito de lo político, y el poder implícito en él, también han cambiado.

En ese contexto, el Estado ha visto disminuidas sus capacidades y la “soberanía”, definida por Bodino como el poder “irresistible hacia el interior e independiente hacia el exterior”, ya no es tal.

En cambio, ha surgido un fenómeno que se distingue por la existencia de grandes corporaciones, conglomerados y fundaciones que compiten por la primacía en la capacidad de ordenar las conductas de los seres de todo el orbe en vista de sus intereses.

El poder se ha desplazado a un territorio, además, en el que la estructura jurídica es inexistente, porque no hay normas en rigor globales, y el entramado del derecho internacional ha sido construido por los mismos estados, cuyas potencias han sido rebasadas.

El primer instrumento de que se han valido los nuevos actores en la escena política global es, precisamente, valerse de todos los instrumentos a su alcance para convertirse en un vehículo de penetración cultural importante y en un factor fundamental de influencia ahí donde se asentó.

La revolución de la tecnología de la información, factor determinante en esta era, no solo ha dado lugar a una nueva economía, sino que ha transformado completamente las relaciones tradicionales de poder: se ha convertido el funcionamiento en red en una forma fundamental de organización en todos los ámbitos de la sociedad.

Las nuevas redes globales de información y riqueza han desplazado paulatinamente al estado, y ocupado su lugar con mucha mayor presencia, en toda actividad relacionada con la generación de conocimiento, producción económica, de comunicación y también poder militar y político.

Han desarrollado capacidades suficientes para hacer que la población del mundo se convenza de la conveniencia, o incluso el deber, de hacer algo o abstenerse de hacerlo, a través de la propaganda política, que puede conseguir mover así las voluntades de grandes masas en el mundo, influyendo sus preferencias y hasta imbuyendo valores, de modo que, quien es guiado, cree firmemente que es él, o ella, quien decide.

Como bien dice Arnoletto: “La disponibilidad actual de poderosos medios de comunicación social ha ampliado muchísimo las posibilidades de la persuasión, que es en definitiva el objetivo de la propaganda” (Arnoletto, E.J.: Glosario de Conceptos Políticos Usuales, Ed. EUMEDNET 2007, texto completo en HYPERLINK “http://www.eumed.net/dices/listado.php?dic=3”
http://www.eumed.net/dices/listado.php?dic=3).

Es evidente que esos medios están al alcance y bajo el control de núcleos que irradian su influencia con un alcance global.

¿Serán con ello y por ello capaces de hacer posible “concebir un mundo dominado por una tiranía invisible que utilice las formas del gobierno democrático”, según propone el profesor Kenneth Boulding, de la Universidad de Michigan, citado por Vance Packard en uno de los epígrafes de su libro The Hidden Persuaders?

La respuesta la tendrá el tiempo, pero entretanto, ese es el revuelto contexto en que se desenvolverán la administración y el gobierno encabezados por Andrés Manuel López Obrador y, con ellos, todo México.
02 Septiembre 2018 04:00:00
Globalización y política (2)
La política es y será siempre un comportamiento encaminado a sumar adeptos, o dicho de otra manera, a mover voluntades en asuntos concernientes a las cuestiones que interesan a una comunidad determinada.

Esa intención no siempre es fructífera, porque habrá ocasiones en que la voluntad promotora sea incapaz de llagar al resultado que pretendía, es decir, mover suficientes voluntades en favor de su causa.

Si consigue hacerlo, y para ello se vale de símbolos generalizados, como lo refiere Niklas Luhmann, se estará en presencia del poder político.

En el escenario global, caracterizado por una expansión sin precedentes del sistema social hasta alcanzar una extensión que comprende al territorio que comprende al mundo entero, y aun lo excede por la creación del ciberespacio, el ámbito de lo político, y el poder implícito en él, también han cambiado.

En ese contexto, el Estado ha visto disminuidas sus capacidades y la “soberanía”, definida por Bodino como el poder “irresistible hacia el interior e independiente hacia el exterior”, ya no es tal.

En cambio, ha surgido un fenómeno que se distingue por la existencia de grandes corporaciones, conglomerados y fundaciones que compiten por la primacía en la capacidad de ordenar las conductas de los seres de todo el orbe en vista de sus intereses.

El poder se ha desplazado a un territorio, además, en el que la estructura jurídica es inexistente, porque no hay normas en rigor globales, y el entramado del derecho internacional ha sido construido por los mismos estados, cuyas potencias han sido rebasadas.

El primer instrumento de que se han valido los nuevos actores en la escena política global es, precisamente, valerse de todos los instrumentos a su alcance para convertirse en un vehículo de penetración cultural importante y en un factor fundamental de influencia ahí donde se asentó.

La revolución de la tecnología de la información, factor determinante en esta era, no solo ha dado lugar a una nueva economía, sino que ha transformado completamente las relaciones tradicionales de poder: se ha convertido el funcionamiento en red en una forma fundamental de organización en todos los ámbitos de la sociedad.

Las nuevas redes globales de información y riqueza han desplazado paulatinamente al estado, y ocupado su lugar con mucha mayor presencia, en toda actividad relacionada con la generación de conocimiento, producción económica, de comunicación y también poder militar y político.

Han desarrollado capacidades suficientes para hacer que la población del mundo se convenza de la conveniencia, o incluso el deber, de hacer algo o abstenerse de hacerlo, a través de la propaganda política, que puede conseguir mover así las voluntades de grandes masas en el mundo, influyendo sus preferencias y hasta imbuyendo valores, de modo que, quien es guiado, cree firmemente que es él, o ella, quien decide.

Como bien dice Arnoletto: “La disponibilidad actual de poderosos medios de comunicación social ha ampliado muchísimo las posibilidades de la persuasión, que es en definitiva el objetivo de la propaganda” (Arnoletto, E.J.: Glosario de Conceptos Políticos Usuales, Ed. EUMEDNET 2007, texto completo en HYPERLINK “http://www.eumed.net/dices/listado.php?dic=3”
http://www.eumed.net/dices/listado.php?dic=3).

Es evidente que esos medios están al alcance y bajo el control de núcleos que irradian su influencia con un alcance global.

¿Serán con ello y por ello capaces de hacer posible “concebir un mundo dominado por una tiranía invisible que utilice las formas del gobierno democrático”, según propone el profesor Kenneth Boulding, de la Universidad de Michigan, citado por Vance Packard en uno de los epígrafes de su libro “The Hidden Persuaders”?

La respuesta la tendrá el tiempo, pero entretanto, ese es el revuelto contexto en que se desenvolverán la administración y el gobierno encabezados por Andrés Manuel López Obrador y, con ellos, todo México.
26 Agosto 2018 04:00:00
Globalización y política
Quien piense que la globalización es sólo cuestión de economía, yerra de cabo a rabo. El ámbito global ha sido propicio para la expansión de los intereses económicos, pero también ha tenido efectos políticos que cada vez son más evidentes.

Hace ya algún tiempo que Alvin Toffler advirtió que, a pesar de que lo tradicional en la cultura occidental ha sido pensar en el poder en términos cuantitativos, esa visión oculta el que quizás sea el factor más importante de todos, y en el que los cambios están realmente operando: la calidad del poder (Power Shift, 1991, N. Y., Bantam Books).

Clasificaba entonces a la fuerza y la economía como fuentes de poder. De la primera, decía que dudaba de que, en realidad, confiriera poder alguno; de la segunda, a la que confiere mayor grado cualitativo porque es capaz de mover las voluntades en el sentido que lo desee aquel que pueda disponer de ella, le asigna un lugar intermedio en la escala cualitativa del poder, porque, sin negarle potencial alguno, no logra alcanzar la cumbre.

En cambio, en tercer lugar y en la cúspide de la escala, colocaba ya al poder que proviene de la aplicación del conocimiento, del que dice que no es meramente la habilidad de hacer que otros hagan lo que uno quiere que hagan, sino que es, sobre todo y antes que nada, eficiencia, y frecuentemente puede ser usado de manera que a la parte a quien se dirige no sólo le guste la idea de obrar en el sentido en que el poderoso quiere, sino que incluso puede aquél llegar a pensar, si se maneja el instrumento con la destreza debida, que en él se originó la idea misma de actuar del modo inducido.

La tercera es, además, la más versátil, ya que puede ser empleada para castigar, premiar, persuadir, y aun transformar, por ejemplo, a un enemigo en aliado.

Lo que es todavía mejor: su empleo permite eludir las circunstancias peligrosas inmediatas, a fin de evitar los desperdicios que habitualmente se producen por las otras dos fuentes de poder que identifica, es decir, la fuerza y la riqueza, mismas que, por el contrario, pueden verse multiplicadas cuando interviene el conocimiento.

Es claro que una combinación de las tres fuentes, inteligentemente integrada y hábilmente aplicada, estará todavía en mejor posición de alcanzar un resultado óptimo.

Vance Packard, más de cuarenta años antes que Toffler, había ya identificado a los que denominó “persuasores ocultos”, capaces de compeler una conducta, individual o colectiva, porque consiguen canalizar nuestros “hábitos no pensantes”, nuestras decisiones y nuestros procesos mentales, por debajo de nuestro nivel consciente.

Así, los estímulos que nos mueven frecuentemente están “ocultos” y su uso, dirigido a las masas, ha sustituido la búsqueda “a tientas” de otros tiempos, dice Packard.

Cuando eso se escribió, ni por pienso aparecía en el panorama el ingente potencial que para la operación de esos mecanismos de manipulación ofrece la tecnología de la información hoy en día, ni se había extendido su uso al grado en que para estos tiempos lo ha hecho, aun en el campo de la política.

La palpitante actualidad de las aseveraciones de Packard, contemplada a la luz de las posibilidades y el desarrollo que ha sufrido la materia a que se refiere, hace que, especialmente en un mundo que sobrepasa las capacidades regulatorias del estado, sea fácil concluir que quienes hoy detentan el poder a nivel mundial, cuenten con un instrumento de incalculable valía para sus fines.

Lo que hoy pueden hacer los “persuasores profesionales” ha alcanzado niveles superlativos, de modo que su eficacia para vendernos sus mercancías –trátese de productos, de ideas, de actitudes, de candidatos, de metas–, o aun de “estados de ánimo”, se ha potenciado geométricamente.


¿Quién detenta hoy ese poder? ¿Dónde reside? ¿Cuáles son los efectos de su actuación?

El tema da para mucho. La próxima entrega se destinará a intentar dilucidar esas cuestiones.
26 Agosto 2018 04:00:00
Globalización y política
Quien piense que la globalización es solo cuestión de economía, yerra de cabo a rabo. El ámbito global ha sido propicio para la expansión de los intereses económicos, pero también ha tenido efectos políticos que cada vez son más evidentes.

Hace ya algún tiempo que Alvin Toffler advirtió que, a pesar de que lo tradicional en la cultura occidental ha sido pensar en el poder en términos cuantitativos, esa visión oculta el que quizás sea el factor más importante de todos, y en el que los cambios están realmente operando: la calidad del poder (Power Shift, 1991, N. Y., Bantam Books).

Clasificaba entonces a la fuerza y la economía como fuentes de poder. De la primera, decía que dudaba de que, en realidad, confiriera poder alguno; de la segunda, a la que confiere mayor grado cualitativo porque es capaz de mover las voluntades en el sentido que lo desee aquel que pueda disponer de ella, le asigna un lugar intermedio en la escala cualitativa del poder, porque, sin negarle potencial alguno, no logra alcanzar la cumbre.

En cambio, en tercer lugar y en la cúspide de la escala, colocaba ya al poder que proviene de la aplicación del conocimiento, del que dice que no es meramente la habilidad de hacer que otros hagan lo que uno quiere que hagan, sino que es, sobre todo y antes que nada, eficiencia, y frecuentemente puede ser usado de manera que a la parte a quien se dirige no sólo le guste la idea de obrar en el sentido en que el poderoso quiere, sino que incluso puede aquél llegar a pensar, si se maneja el instrumento con la destreza debida, que en él se originó la idea misma de actuar del modo inducido.

La tercera es, además, la más versátil, ya que puede ser empleada para castigar, premiar, persuadir, y aun transformar, por ejemplo, a un enemigo en aliado.

Lo que es todavía mejor: Su empleo permite eludir las circunstancias peligrosas inmediatas, a fin de evitar los desperdicios que habitualmente se producen por las otras dos fuentes de poder que identifica, es decir, la fuerza y la riqueza, mismas que, por el contrario, pueden verse multiplicadas cuando interviene el conocimiento.

Es claro que una combinación de las tres fuentes, inteligentemente integrada y hábilmente aplicada, estará todavía en mejor posición de alcanzar un resultado óptimo.

Vance Packard, más de cuarenta años antes que Toffler, había ya identificado a los que denominó “persuasores ocultos”, capaces de compeler una conducta, individual o colectiva, porque consiguen canalizar nuestros “hábitos no pensantes”, nuestras decisiones y nuestros procesos mentales, por debajo de nuestro nivel consciente.

Así, los estímulos que nos mueven frecuentemente están “ocultos” y su uso, dirigido a las masas, ha sustituido la búsqueda “a tientas” de otros tiempos, dice Packard.

Cuando eso se escribió, ni por pienso aparecía en el panorama el ingente potencial que para la operación de esos mecanismos de manipulación ofrece la tecnología de la información hoy en día, ni se había extendido su uso al grado en que para estos tiempos lo ha hecho, aun en el campo de la política.

La palpitante actualidad de las aseveraciones de Packard, contemplada a la luz de las posibilidades y el desarrollo que ha sufrido la materia a que se refiere, hace que, especialmente en un mundo que sobrepasa las capacidades regulatorias del estado, sea fácil concluir que quienes hoy detentan el poder a nivel mundial, cuenten con un instrumento de incalculable valía para sus fines.

Lo que hoy pueden hacer los “persuasores profesionales” ha alcanzado niveles superlativos, de modo que su eficacia para vendernos sus mercancías –trátese de productos, de ideas, de actitudes, de candidatos, de metas, o aun de “estados de ánimo”, se ha potenciado geométricamente.

¿Quién detenta hoy ese poder? ¿Dónde reside? ¿Cuáles son los efectos de su actuación?

El tema da para mucho. La próxima entrega se destinará a intentar dilucidar esas cuestiones.
19 Agosto 2018 04:00:00
La confusión de un escéptico
En los prolegómenos de un sexenio que promete ser diferente (al menos así lo han querido hacer sentir quienes forman parte del contingente triunfador en la pasada elección) se oye una vez y otra que México habrá de entrar a una cuarta transformación.

En ella reinarán el orden, habrá “estado social y democrático de derecho”, entre las ramas del poder público relucirán los equilibrios que contendrán a cada rama del poder público frente a los posibles (¿también probables?) excesos, imperarán la paz y la justicia, no será el Ejecutivo un “superpoder” ni “dará línea” a los otros. No habrá corrupción ni olvido, pero sí perdón.

De tanto oírlo, y con tanta enjundia dicho, empiezan a verse bien las perspectivas de un cambio que, así contemplado, promete mucho a este país, que tanto lo necesita para salir de los muchos escollos que en el camino del desarrollo cívico, económico y social enfrenta.

Madero, Carranza y otros muchos mexicanos que enfrentaron con las armas a Porfirio Díaz, sus ejércitos y otras fuerzas políticas y económicas, lo hicieron para derrocar a un régimen que aparentaba cumplir las formalidades que la Constitución de 1857 mandaba, mientras soslayaba, en los hechos, los compromisos con la legitimidad que ella misma le imponía, en tanto que se perpetuaba de un modo dictatorial.

Para muchos, enfrentar 100 años después circunstancias equiparables de hegemonía, sea eso cierto o sea exagerado, explica que la gente común –aquella que a fin de cuentas quedó marginada del progreso– se volcara en las urnas con la esperanza de un nuevo, radical, efectivo y perdurable cambio.

En el curso de esas consideraciones, sin embargo, surge de pronto una inquietud: tantas cosas como se prometen y esperan ¿no deberían acaso ser, en su mayoría, consecuencias naturales del buen funcionamiento del gobierno y la gestión pública? ¿Es que tendrían los ciudadanos que esperar otra cosa menos satisfactoria?

En los hechos y prácticas, a pesar de que en el papel constitucional están plasmados los equilibrios de poder, el sistema federal y otras muchas cosas que también fundamentan nuestra república democrática, se habían diluido nuevamente. Por eso la oferta se hizo valiosa a los ojos del elector.

En esas andanzas yendo, algún irredento escéptico se ve, como muchas otras personas, por otra preocupación: muchas de las promesas hechas requerirán recursos –y tiempo– de los que no se dispone ¿qué pasará si no se cumple lo prometido? ¿Cómo reaccionarán esos millones de mexicanas y mexicanos, ya de suyo crispados, cuando vean su frustración crecer al paso del tiempo sin ver acercarse la tierra prometida?

Para aumentar su inquietud, el mismo personaje se topa con una infinidad de noticias que dan cuenta de diversos compromisos expresados por el equipo de colaboradores del presidente electo, y aun por este, en el sentido de aportar recursos o “no reducir el presupuesto a las universidades e instituciones de educación superior”.

Esa noticia lo puso a pensar: ¿no es a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a quien toca decretar el Presupuesto de Egresos de la Federación, y hacerlo en equilibrio con los ingresos esperados? ¿Cómo va a cumplir ese compromiso quien no tiene facultades para ello y ha prometido no interferir o dar línea a los otros poderes?

Al ver después cómo, quienes serán coordinadores de las bancadas mayoritarias en las cámaras legisladoras, se comprometieron a llevar a cabo las reformas necesarias para cumplir con las decisiones de quien es su líder indiscutido, el mismo escéptico exclama: “¡Qué chiste! ¡Así ni falta hace que les dé línea!”.

“¡Mal andamos –exclama– si un vendedor viene a vendernos nuestra propia casa, y peor todavía si se la compramos!”.

Contempló el horizonte y vio que se avecinaba una tormenta. Guardó las manos en los bolsillos y se echó a andar, en su personal confusión, pensando: “¿No será que por eso México no atina a prosperar en el camino de su propia construcción con prosperidad y justicia?”.
19 Agosto 2018 04:00:00
La confusión de un escéptico
En los prolegómenos de un sexenio que promete ser diferente (al menos así lo han querido hacer sentir quienes forman parte del contingente triunfador en la pasada elección) se oye una vez y otra que México habrá de entrar a una cuarta transformación.

En ella reinarán el orden, habrá “estado social y democrático de derecho”, entre las ramas del poder público relucirán los equilibrios que contendrán a cada rama del poder público frente a los posibles (¿también probables?) excesos, imperarán la paz y la justicia, no será el Ejecutivo un “super poder” ni “dará línea” a los otros. No habrá corrupción ni olvido, pero sí perdón.

De tanto oírlo, y con tanta enjundia dicho, empiezan a verse bien las perspectivas de un cambio que, así contemplado, promete mucho a este país, que tanto lo necesita para salir de los muchos escollos que en el camino del desarrollo cívico, económico y social enfrenta.

Madero, Carranza y otros muchos mexicanos que enfrentaron con las armas a Porfirio Díaz, sus ejércitos y otras fuerzas políticas y económicas, lo hicieron para derrocar a un régimen que aparentaba cumplir las formalidades que la Constitución de 1857 mandaba, mientras soslayaba, en los hechos, los compromisos con la legitimidad que ella misma le imponía, en tanto que se perpetuaba de un modo dictatorial.

Para muchos, enfrentar cien años después circunstancias equiparables de hegemonía, sea eso cierto o sea exagerado, explica que la gente común -aquella que a fin de cuentas quedó marginada del progreso- se volcara en las urnas con la esperanza de un nuevo, radical, efectivo y perdurable cambio.

En el curso de esas consideraciones, sin embargo, surge de pronto una inquietud: Tantas cosas como se prometen y esperan ¿no deberían acaso ser, en su mayoría, consecuencias naturales del buen funcionamiento del gobierno y la gestión pública? ¿Es que tendrían los ciudadanos que esperar otra cosa menos satisfactoria?

En los hechos y prácticas, a pesar de que en el papel constitucional están plasmados los equilibrios de poder, el sistema federal y otras muchas cosas que también fundamentan nuestra república democrática, se habían diluido nuevamente. Por eso la oferta se hizo valiosa a los ojos del elector.

En esas andanzas yendo, algún irredento escéptico se ve, como muchas otras personas, por otra preocupación: Muchas de las promesas hechas requerirán recursos -y tiempo- de los que no se dispone ¿qué pasará si no se cumple lo prometido? ¿Cómo reaccionarán esos millones de mexicanas y mexicanos, ya de suyo crispados, cuando vean su frustración crecer al paso del tiempo sin ver acercarse la tierra prometida?

Para aumentar su inquietud, el mismo personaje se topa con una infinidad de noticias que dan cuenta de diversos compromisos expresados por el equipo de colaboradores del presidente electo, y aun por este, en el sentido de aportar recursos o “no reducir el presupuesto a las universidades e instituciones de educación superior”.

Esa noticia lo puso a pensar: ¿No es a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a quien toca decretar el Presupuesto de Egresos de la Federación, y hacerlo en equilibrio con los ingresos esperados? ¿Cómo va a cumplir ese compromiso quien no tiene facultades para ello y ha prometido no interferir o dar línea a los otros poderes?

Al ver después cómo, quienes serán coordinadores de las bancadas mayoritarias en las cámaras legisladoras, se comprometieron a llevar a cabo las reformas necesarias para cumplir con las decisiones de quien es su líder indiscutido, el mismo escéptico exclama: “¡Qué chiste! ¡Así ni falta hace que les de línea!”.

“¡Mal andamos -exclama- si un vendedor viene a vendernos nuestra propia casa, y peor todavía si se la compramos!”

Contempló el horizonte y vio que se avecinaba una tormenta. Guardó las manos en los bolsillos y se echó a andar, en su personal confusión, pensando: “¿No será que por eso México no atina a prosperar en el camino de su propia construcción con prosperidad y justicia?”
12 Agosto 2018 04:00:00
Entre la guerra y la paz
Se puede decir que es impulsivo, obcecado, egocéntrico y algunas cosas más, pero nadie puede negar que es “entrón”.

No bien se hubo sabido de la tendencia irreversible que le daba el triunfo, el día mismo de la elección, AMLO empezó a gobernar.

Su beligerancia contra Peña Nieto, por ejemplo, y con la Suprema Corte de Justicia, no fueron impedimento para que en esta semana se reuniera, a puerta cerrada (¿y la transparencia?), con el Presidente de la República y con el pleno de la Corte.

Además, acostumbrado a nadar contra la corriente, aunque no necesariamente para bien, se propuso efectuar foros de consulta para sustentar sus proyectos –o para promoverlos, quizás, que bien pensados ya los tenía– y lo hizo a pesar de que encontró límites legales para dar algún sentido jurídicamente vinculatorio a esas reuniones, porque la previsión de ellos impone que coincidan con algún proceso electoral, y este ya había pasado.

“Haiga sido como haiga sido”, según la célebre frase de su antiguo contrincante Felipe Calderón, los foros van, y ya se celebraron dos: uno en Ciudad Juárez, lugar tan tristemente célebre por desgracia, al que mucho se le “dio vuelo”, posiblemente por ser el primero; el segundo, en nuestra también golpeada Torreón, sin tanto bombo y platillo,
inexplicablemente.

La constante que ya se vislumbra en esos foros será, sin duda, la insistencia en recordar, perdonando, sin que hasta hoy haya encontrado eco esa proclama entre las víctimas, que ni olvidan ni perdonan los gravísimos agravios que han sufrido, sobre todo quienes lo han sido en los casos de desapariciones forzadas.

Ardua tarea será esa, especialmente si se insiste en la cuantificación y las cifras, olvidando que, detrás de cada número, hay una persona que guarda pesares que nadie más carga, aunque porten otros y otras algunos del mismo tamaño y naturaleza, y que cada uno requiere atención inmediata, personal, y soluciones, no promesas.

Un buen signo, me parece, es que se vio al futuro secretario de Seguridad Pública bien plantado en la tribuna, muy dueño de sí mismo, insistiendo en que el proyecto es “por la paz”, lo que implica, según entiendo, que la situación imperante es de guerra (¿da con eso la razón a Calderón Hinojosa?), y apuntó, en buen momento durante su discurso en Juárez, que lo que ahí plantearan los asistentes les sería devuelto en forma de políticas públicas, rama en la que reconoció ser especialista, aunque no lo sea en materia de seguridad.

En todo caso, es bueno tener al frente de una dependencia tan importante como la que se le ha destinado a alguien que entiende que las políticas públicas son cursos de acción, una técnica de gestión y no sólo una frase para ocupar espacio en los documentos programáticos.

Habría sido mucho pedir que en ese evento y en tan poco tiempo describiera mejor los elementos, etapas y responsables de esas políticas públicas, que requerirán, de partida y necesariamente, un diagnóstico puntual, preciso, del muy complejo problema de descomposición social que ha llevado las cosas al punto en que se encuentran, pero cuando menos ya delineó algunas metas –objetivos cuantificados– que se propone alcanzar el nuevo gobierno y, lo que es mucho más importante, enfatizó algo sin lo que cualquier política pública estaría condenada al fracaso: la participación de las personas afectadas por el daño, toda la comunidad, sí, pero muy especialmente las víctimas directas de tan execrables crímenes como los que más dolorosamente han afectado a nuestras comunidades..

Todavía no se ven los “cómos”, pero no deja de ser alentador –esperanzador, dirán algunos– que el enfoque sea el adecuado.

Queda por verse la efectividad del empeño y los diseños metodológicos para su evaluación permanente y participativa, que tampoco puede faltar si de verdad se quiere saltar la brecha entre las promesas y su cumplimiento cabal, entre las esperanzas que se han alentado y las realidades puestas en práctica.

Veremos y diremos.
12 Agosto 2018 04:00:00
Entre la guerra y la paz
Se puede decir que es impulsivo, obcecado, egocéntrico y algunas cosas más, pero nadie puede negar que es “entrón”.

Ni bien se supo de la tendencia irreversible que le daba el triunfo, el día mismo de la elección, AMLO empezó a gobernar.

Su beligerancia contra Peña Nieto, por ejemplo, y con la Suprema Corte de Justicia, no fueron impedimento para que en esta semana se reuniera, a puerta cerrada (¿y la transparencia?), con el Presidente de la República y con el pleno de la Corte.

Además, acostumbrado a nadar contra la corriente, aunque no necesariamente para bien, se propuso efectuar foros de consulta para sustentar sus proyectos -o para promoverlos, quizás, que bien pensados ya los tenía- y lo hizo a pesar de que encontró límites legales para dar algún sentido jurídicamente vinculatorio a esas reuniones, porque la previsión de ellos impone que coincidan con algún proceso electoral, y este ya había pasado.

“Haiga sido como haiga sido”, según la célebre frase de su antiguo contrincante Felipe Calderón, los foros van, y ya se celebraron dos: Uno en Ciudad Juárez, lugar tan tristemente célebre por desgracia, al que mucho se le “dio vuelo”, posiblemente por ser el primero; el segundo, en nuestra también golpeada Torreón, sin tanto bombo y platillo, inexplicablemente.

La constante que ya se vislumbra en esos foros será, sin duda, la insistencia en recordar, perdonando, sin que hasta hoy haya encontrado eco esa proclama entre las víctimas, que ni olvidan ni perdonan los gravísimos agravios que han sufrido, sobre todo quienes lo han sido en los casos de desapariciones forzadas.

Ardua tarea será esa, especialmente si se insiste en la cuantificación y las cifras, olvidando que, detrás de cada número, hay una persona que guarda pesares que nadie más carga, aunque porten otros y otras algunos del mismo tamaño y naturaleza, y que cada uno requiere atención inmediata, personal y soluciones, no promesas.

Un buen signo, me parece, es que se vio al futuro secretario de Seguridad Pública bien plantado en la tribuna, muy dueño de sí mismo, insistiendo en que el proyecto es “por la paz”, lo que implica, según entiendo, que la situación imperante es de guerra (¿da con eso la razón a Calderón Hinojosa?), y apuntó, en buen momento durante su discurso en Juárez, que lo que ahí plantaran los asistentes les sería devuelto en forma de políticas públicas, rama en la que reconoció ser especialista, aunque no lo sea en materia de seguridad.

En todo caso, es bueno tener al frente de una dependencia tan importante como la que se le ha destinado a alguien que entiende que las políticas públicas son cursos de acción, una técnica de gestión y no solo una frase para ocupar espacio en los documentos programáticos.

Habría sido mucho pedir que en ese evento y en tan poco tiempo describiera mejor los elementos, etapas y responsables de esas políticas públicas, que requerirán, de partida y necesariamente, un diagnóstico puntual, preciso, del muy complejo problema de descomposición social que ha llevado las cosas al punto en que se encuentran, pero cuando menos ya delineó algunas metas -objetivos cuantificados- que se propone alcanzar el nuevo gobierno y, lo que es mucho más importante, enfatizó algo sin lo que cualquier política pública estaría condenada al fracaso: La participación de las personas afectadas por el daño, toda la comunidad, sí, pero muy especialmente las víctimas directas de tan execrables crímenes como los que más dolorosamente han afectado a nuestras comunidades..

Todavía no se ven los “cómos”, pero no deja de ser alentador -esperanzador, dirán algunos- que el enfoque sea el adecuado.

Queda por verse la efectividad del empeño y los diseños metodológicos para su evaluación permanente y participativa, que tampoco puede faltar si de verdad se quiere saltar la brecha entre las promesas y su cumplimiento cabal, entre las esperanzas que se han alentado y las realidades puestas en práctica.

Veremos y diremos.
29 Julio 2018 04:00:00
Los riesgos que se avizoran
Poco a poco, aunque ya podían adivinarse anticipadamente, se van definiendo los perfiles de algo que puede fácilmente convertirse en aquello que la doctrina llama “tiranía de las mayorías”, tan ilegítima -aunque legal fuera- como cualquier otra clase de tiranía.

Aristóteles, frente al evidente parentesco semántico de los vocablos, hacía consistir la diferencia entre democracia y demagogia –la puerta de cualquier tiranía– en el hecho de que la primera, si bien se regía por la voluntad de los ciudadanos, lo hacía conforme a la traición y la ley, mientras que la segunda no.

Cuando se escucha declarar públicamente a quienes regirán las bancadas de Morena en las cámaras del Congreso de la Unión, y se atiende a los términos en que lo hacen, dada la clara mayoría en los cuerpos legislativos que tendrán a su disposición, incluso los locales, la probabilidad de que se tomen en cuenta los pareceres y opiniones de las minorías en los temas fundamentales da visos de una actualización mucho más cercana de lo deseable.

Eso es delicado, porque hay que recordar que desde el poder la capacidad de manipulación es de grandes proporciones, y el acceso a recursos económicos tan cuantiosos como los del erario federal la ensanchan todavía más. La tentación de usar esa posición en vías de mayoriteo no solo se acerca, sino que se advierte ya en esas voces que durante la semana se han dejado oír, por mucho que expresamente se predique lo contrario.

Al interés general le importa la integración de las voces minoritarias, que han de respetarse, más allá de la mera tolerancia, oyéndolas, evaluándolas, atendiéndolas en lo que proceda, y todo ello conforme a las reglas claras de una estructura jurídica que responda a la garantía igualitaria de las libertades y derechos de toda persona, porque ese un principio básico, universal e inherente a la condición humana.

La idea de “mayoría” corresponde a la necesidad de acudir a la representación política, jurídicamente establecida y regulada, en la que quienes son más, por medio del voto, definen la designación de aquellos que, en nombre y para garantía de todos, habrán de ejercer las funciones que atañen a la soberanía, ante la imposibilidad material de ser ejercida de manera directa.

Es claro que eso no pueden hacerlo vulnerando los derechos de quienes fueron los menos en el recuento, porque enfrentan los límites del “respeto” por ellos.

Recuerdo ahora palabras de Emilio Suñé, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense, cuando sostiene que cuando la mayoría dicta normas en el estricto ejercicio del poder, sin preocuparse de persuadir a la minoría, no hay ley, sino violencia.

Viene bien, según creo, dejar que sea el propio Suñé quien se exprese, como lo hace en su libro Teoría Estructuralista del Derecho: “...el Derecho y la propia ley, sólo pueden ser entendidos en sentido propio como Derecho justo, como una ley armónica con el orden universal. Hay un concepto ético del Derecho, que poco o nada tiene que ver con la voluntarista concepción al uso, basada en el poder, por mucho que sea el poder de la mayoría”.

Es en ese sentido, y no en otro, que la democracia debe entenderse como “gobierno de las mayorías, con respeto de las minorías”. Así de simple es la fórmula, aunque su aplicación ofrezca aristas y riesgos cuando median intereses distintos del que es general en la comunidad de base en el “estado de derecho”.

“Respeto” sin intolerancia, ahí está la clave de un buen gobierno. Mientras se mantenga esa regla, será posible aportar los medios necesarios para disminuir, y eliminar si fuera posible, las de-sigualdades de origen, como lo demanda el modelo de “estado social de derecho”, que tiene, por definición, la responsabilidad solidaria con los menos favorecidos.

Como siempre, este es un parecer que pretende sugerir reflexiones y nada más. Nos encontraremos nuevamente a tal fin, Dios Mediante, el próximo 12 de agosto. Felices vacaciones.
29 Julio 2018 04:00:00
En museo dedicado a su persona Conmemoran el armisticio del General Francisco Villa
Poco a poco, aunque ya podían adivinarse anticipadamente, se van definiendo los perfiles de algo que puede fácilmente convertirse en aquello que la doctrina llama “tiranía de las mayorías”, tan ilegítima -aunque legal fuera- como cualquier otra clase de tiranía.

Aristóteles, frente al evidente parentesco semántico de los vocablos, hacía consistir la diferencia entre democracia y demagogia -la puerta de cualquier tiranía- en el hecho de que la primera, si bien se regía por la voluntad de los ciudadanos, lo hacía conforme a la traición y la ley, mientras que la segunda no.

Cuando se escucha declarar públicamente a quienes regirán las bancadas de MORENA en las cámaras del Congreso de la Unión, y se atiende a los términos en que lo hacen, dada la clara mayoría en los cuerpos legislativos que tendrán a su disposición, incluso los locales, la probabilidad de que se tomen en cuenta los pareceres y opiniones de las minorías en los temas fundamentales da visos de una actualización mucho más cercana de lo deseable.

Eso es delicado, porque hay que recordar que desde el poder la capacidad de manipulación es de grandes proporciones, y el acceso a recursos económicos tan cuantiosos como los del erario federal la ensanchan todavía más. La tentación de usar esa posición en vías de mayoriteo no solo se acerca, sino que se advierte ya en esas voces que durante la semana se han dejado oír, por mucho que expresamente se predique lo contrario.

Al interés general le importa la integración de las voces minoritarias, que han de respetarse, más allá de la mera tolerancia, oyéndolas, evaluándolas, atendiéndolas en lo que proceda, y todo ello conforme a las reglas claras de una estructura jurídica que responda a la garantía igualitaria de las libertades y derechos de toda persona, porque ese un principio básico, universal e inherente a la condición humana.

La idea de “mayoría” corresponde a la necesidad de acudir a la representación política, jurídicamente establecida y regulada, en la que quienes son más, por medio del voto, definen la designación de aquellos que, en nombre y para garantía de todos, habrán de ejercer las funciones que atañen a la soberanía, ante la imposibilidad material de ser ejercida de manera directa.

Es claro que eso no pueden hacerlo vulnerando los derechos de quienes fueron los menos en el recuento, porque enfrentan los límites del “respeto” por ellos.
Recuerdo ahora palabras de Emilio Suñé, profesor de filosofía del derecho de la Universidad Complutense, cuando sostiene que cuando la mayoría dicta normas en el estricto ejercicio del poder, sin preocuparse de persuadir a la minoría, no hay ley, sino violencia.

Viene bien, según creo, dejar que sea el propio Suñé quien se exprese, como lo hace en su libro “Teoría Estructuralista del Derecho”: “...el Derecho y la propia ley, solo pueden ser entendidos en sentido propio como derecho justo, como una ley armónica con el orden universal. Hay un concepto ético del Derecho, que poco o nada tiene que ver con la voluntarista concepción al uso, basada en el poder, por mucho que sea el poder de la mayoría”.

Es en ese sentido, y no en otro, que la democracia debe entenderse como “gobierno de las mayorías, con respeto de las minorías”. Así de simple es la fórmula, aunque su aplicación ofrezca aristas y riesgos cuando median intereses distintos del que es general en la comunidad de base en el “estado de derecho”.

Respeto” sin intolerancia, ahí está la clave de un buen gobierno. Mientras se mantenga esa regla, será posible aportar los medios necesarios para disminuir, y eliminar si fuera posible, las desigualdades de origen, como lo demanda el modelo de “estado social de derecho”, que tiene, por definición, la responsabilidad solidaria con los menos favorecidos.

Como siempre, este es un parecer que pretende sugerir reflexiones y nada más. Nos encontraremos nuevamente a tal fin, Dios Mediante, el próximo 12 de agosto. Felices vacaciones.
22 Julio 2018 04:00:00
Orígenes del vendaval
Pero a mi juicio todo eso es insuficiente para explicar a satisfacción el fenómeno que presenciamos y sus dimensiones.

Tip O’Neal, ese legendario político que durante décadas presidió la cámara de representantes en los Estados Unidos, narraba que su primera elección, en la que participó muy joven, la había perdido.

Cuando, abatido por ello, regresaba a su casa al final de la jornada, su vecina de toda la vida le preguntó por el resultado. Cuándo lo supo, le preguntó si creía que había votado ella por él, a lo que O’Neal respondió que estaba seguro de que así había sido.

Ella volvió a preguntar “¿por qué estás tan seguro?”, O’Neal respondió, palabras más, palabras menos, que lo daba por descontado porque lo conocía desde niño, porque él podaba su pasto, le entregaba el periódico y, en fin, eran casi familia.

Se sorprendió cuando la ilustre señora le informó que su voto no lo favoreció. El sorprendido fue entonces O’Neal, quien preguntó “¿Por qué?”, ella contestó: “porque nunca me lo pediste”.

Cuenta O’Neal que desde entonces, en cada campaña –y no volvió a perder ninguna– se levantaba temprano para estar en las fábricas, se paraba en la puerta y a cada trabajador que llegaba, antes de entrar lo saludaba y le decía que esperaba su voto. El resto del día hacía lo mismo con quien se podía.

Viene al caso porque, en un país donde prácticamente la mitad de sus habitantes vive en estado de pobreza y agobiado por sus carencias, ¿es extraño que se volcara esa multitud a las urnas, depositando su voto en favor del candidato que había ido hasta ellos pidiendo su voto y ofreciéndoles la esperanza de aliviar sus cargas diciéndoles “primero los pobres”?

Cuando los ciudadanos y ciudadanas fueron convertidos en masa y la escueta función que se les asignó por los partidos fue clientelar, sobre todo en vista de las elecciones, se instauró la cortesanía en el sitio que la política y la virtud cívica tenían reservado.

El camino de los valores, inútiles ya como instrumento de ascenso, se ausentaron del mundo pragmático regido por la lógica de la utilidad, especialmente cuando se entronizó al mercado y esa “utilidad” se metalizó descaradamente.

Pero la democracia, hay que decirlo hasta el cansancio, es más que elecciones. En realidad empieza después de ellas, cuando se convierte en gobierno, ejercido por los poderes instituidos.

Es verdad que el momento que se vive implica incertidumbres y explicables temores, como siempre los hay frente a los cambios. Habrá que estar atentos para evitar que la función de gobierno se convierta en una “tiranía de las mayorías”, tan nociva como cualquier otra, especialmente cuando es relativa.

Mucho habrá que cuidar la transparencia, para asegurar congruencia y legitimidad en la función de gobernar.
22 Julio 2018 04:00:00
Orígenes del vendaval
Bravo empezó el vendaval, y muy tupido. En medio de la confusión y las contradicciones que las prisas y precipitaciones suelen producir, la gente parece estupefacta y, quien no votó por el ganador, tiende a hacer recaer la responsabilidad del fracaso de sus preferencias en la inmediatez.

La verdad es que la indignación y el cansancio de una sociedad agobiada por una crisis crónica, endémica casi, la movieron drásticamente al cambio, pero no lo hicieron, según muchos afirman, solo por una irreflexiva reacción al peso inmediato de las circunstancias.

Fueron, quizás la gota que derramó el vaso, pero el declive venía gestándose desde hace décadas. Los partidos, especialmente el hegemónico, fue paulatinamente perdiendo contacto con las realidades de su base social y dejó de ser, hace mucho, el mecanismo de permeabilidad ascendente que abría oportunidades a los líderes comunitarios naturales, para convertirse en una maquinaria de control social, cerrada cada vez más a quienes no formaban parte de la gran “familia revolucionaria” una vez que ella había sentado
sus reales.

La alternancia no corrió mejor suerte, y hasta provocó una escisión interna en el opositor tradicional, que se hizo patente en los comicios pasados.

Pero a mi juicio todo eso es insuficiente para explicar a satisfacción el fenómeno que presenciamos y sus dimensiones.

Tip O’Neal, ese legendario político que durante décadas presidió la cámara de representantes en los Estados Unidos, narraba que su primera elección, en la que participó muy joven, la había perdido.

Cuando, abatido por ello, regresaba a su casa al final de la jornada, su vecina de toda la vida le preguntó por el resultado. Cuándo lo supo, le preguntó si creía que había votado ella por él, a lo que O’Neal respondió que estaba seguro de que así había sido.

Ella volvió a preguntar “por qué estás tan seguro?” O´Neal respondió, palabras más, palabras menos, que lo daba por descontado porque lo conocía desde niño, porque él podaba su pasto, le entregaba el periódico y, en fin, eran casi familia.

Se sorprendió cuando la ilustre señora le informó que su voto no lo favoreció. El sorprendido fue entonces O’Neal, quien preguntó ¿Por qué? Ella contestó: “Porque nunca me lo pediste”.

Cuenta O’Neal que desde entonces, en cada campaña –y no volvió a perder ninguna- se levantaba temprano para estar en las fábricas, se paraba en la puerta y a cada trabajador que llegaba, antes de entrar lo saludaba y le decía que esperaba su voto. El resto del día hacía lo mismo con quien se podía.

Viene al caso porque, en un país donde prácticamente la mitad de sus habitantes vive en estado de pobreza y agobiado por sus carencias ¿es extraño que se volcara esa multitud a las urnas, depositando su voto en favor del candidato que había ido hasta ellos pidiendo su voto y ofreciéndoles la esperanza de aliviar sus cargas diciéndoles “primero los pobres”?

Cuando los ciudadanos y ciudadanas fueron convertidos en masa y la escueta función que se les asignó por los partidos fue clientelar, sobre todo en vista de las elecciones, se instauró la cortesanía en el sitio que la política y la virtud cívica tenían reservado.

El camino de los valores, inútiles ya como instrumento de ascenso, se ausentaron del mundo pragmático regido por la lógica de la utilidad, especialmente cuando se entronizó al mercado y esa “utilidad” se metalizó descaradamente.

Pero la democracia, hay que decirlo hasta el cansancio, es más que elecciones. En realidad empieza después de ellas, cuando se convierte en gobierno, ejercido por los poderes instituidos.

Es verdad que el momento que se vive implica incertidumbres y explicables temores, como siempre los hay frente a los cambios. Habrá que estar atentos para evitar que la función de gobierno se convierta en una “tiranía de las mayorías”, tan nociva como cualquier otra, especialmente cuando es relativa.

Mucho habrá que cuidar la transparencia, para asegurar congruencia y legitimidad en la función de gobernar.
15 Julio 2018 04:00:00
Los nuevos jefes políticos
Dentro del maremágnum poselectoral y en medio del frenesí de decisiones anticipadas que va tomando sobre la marcha todavía antes de ser investido siquiera como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador anunció en esta semana que se crearían coordinaciones federales en cada estado de la República, en sustitución de las actuales delegaciones federales.

Según la información difundida por los medios, Andrés Manuel López Obrador anunció, en la reunión que recientemente sostuvo con la Conago, su decisión de crear coordinaciones generales del Gobierno federal en cada estado para que absorban a las actuales delegaciones que aquel gobierno ha mantenido hasta hoy.

El propósito, según se atribuyó por esas mismas fuentes a Irma Sandoval –la anunciada futura secretaria de la Función Pública–, es la reducción de la burocracia, principalmente con fines de austeridad presupuestal.

Esas coordinaciones se ocuparán de gestionar las políticas públicas relativas al desarrollo social, en todos los ramos. Tendrán un vínculo directo con las dependencias y entidades federales, y manejarán de manera directa, hasta donde se sabe, los recursos que hasta hoy se han canalizado por vía de las instituciones de los estados.

“Lo importante es la desburocratización y la austeridad republicana, porque, como se sabe, las delegaciones chupan muchos recursos en marañas burocráticas… Para hacer una estructura de mayor cercanía, eficacia y eficiencia, estamos pensando en reestructurar y hacer un enlace más directo con la ciudadanía”, dijo Irma Sandoval, a quien se ha anunciado como futura secretaria de la Función Pública, quien, además, dijo que: “Habrá desburocratización, acercamiento con la ciudadanía y austeridad republicana.

Para no tener gastos onerosos de representatividad y de burocracia”. El planteamiento, junto a otros formulados por el equipo del próximo presidente, puede parecer atractivo en materia de racionalización administrativa –que mucha falta hace–, pero encubre implicaciones muy serias para el devenir democrático de la política mexicana.

En un país que recauda el gran grueso de los ingresos públicos a través de las contribuciones federales, 80 % del gasto y la inversión de los estados se cubren con las participaciones que el Gobierno central efectúa, en condiciones unilaterales prácticamente, y es incuestionable que la eficiencia y eficacia de su ejecución deben ser impecables.

Suponer que ese propósito podrá alcanzarse con la sola concentración decisoria y del control operativo a ultranza en órganos supeditados al poder ejecutivo federal, es una petición de principio.

¿Acaso la sola pertenencia al cuerpo burocrático federal garantiza eficiencia y honorabilidad en el ejercicio del cargo?

Las muestras, abundantes, lo contradicen. Hay, en todo orden, ineficiencias, ineficacia y corrupción y no es la etiqueta, menos aún el monopolio de poder, lo que librará al país de esos males endémicos.

Lo peor del caso es que una figura como la que se pretende instaurar recuerda mucho a los jefes políticos del porfiriato, que dependían y acordaban con el centro político, acataban sus instrucciones y las llevaban a cabo, sin cortapisas, en sus espacios de competencia.

Hay que conocer y recordar la historia. El poder es adictivo y su acumulación no se verá satisfecha nunca, porque mientras más se adquiera más será apetecido.

Por eso un mecanismo eficaz de frenos y contrapesos es esencial para la democracia y el “estado de derecho”.

Ese sistema, junto con el desmantelamiento paulatino pero firme, de la barrera federal, que también obedece a la contención del poder, plantean por eso cuestiones de discutible bondad política, pero amplían el campo de acción, y control, de los políticos en el poder.

En alguna de las mesas de debate que proliferaron durante la campaña, quien representaba la voz y el sentir de Morena dijo: “México lo que necesita es un presidente, no un gerente”.

Esto último es cierto. Por eso la adopción de la medida no puede quedarse en consideraciones administrativas que, para más, no se justifican con datos duros, cálculos precisos y previsiones claras.

Faltan los argumentos sólidos, técnica y políticamente, para asegurar una sana, justa, eficaz y democrática gobernanza.
15 Julio 2018 04:00:00
Los nuevos jefes políticos
Dentro del maremágnum poselectoral y en medio del frenesí de decisiones anticipadas que va tomando sobre la marcha todavía antes de ser investido siquiera como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador anunció en esta semana que se crearían coordinaciones federales en cada estado de la república, en sustitución de las actuales delegaciones federales.

Según la información difundida por los medios, Andrés Manuel López Obrador anunció, en la reunión que recientemente sostuvo con la CONAGO, su decisión de crear coordinaciones generales del gobierno federal en cada estado, para que absorban a las actuales delegaciones que aquel gobierno ha mantenido hasta hoy.

El propósito, según se atribuyó por esas mismas fuentes a Irma Sandoval -la anunciada futura secretaria de la Función Pública- es la reducción de la burocracia, principalmente con fines de austeridad presupuestal.

Esas coordinaciones se ocuparán gestionar las políticas públicas relativas al desarrollo social, en todos los ramos. Tendrán un vínculo directo con las dependencias y entidades federales, y manejarán de manera directa, hasta donde se sabe, los recursos que hasta hoy se han canalizado por vía de las instituciones de los estados.

“Lo importante es la desburocratización y la austeridad republicana, porque, como se sabe, las delegaciones chupan muchos recursos en marañas burocráticas… Para hacer una estructura de mayor cercanía, eficacia y eficiencia, estamos pensando en reestructurar y hacer un enlace más directo con la ciudadanía”, dijo Irma Sandoval, a quien se ha anunciado como futura secretaria de la Función Pública, quien, además, dijo que: “Habrá desburocratización, acercamiento con la ciudadanía y austeridad republicana. Para no tener gastos onerosos de representatividad y de burocracia”.

El planteamiento, junto a otros formulados por el equipo del próximo presidente, puede parecer atractivo en materia de racionalización administrativa -que mucha falta hace- pero encubre implicaciones muy serias para el devenir democrático de la política mexicana.

En un país que recauda el gran grueso de los ingresos públicos a través de las contribuciones federales, el 80% del gasto y la inversión de los estados se cubren con las participaciones que el gobierno central efectúa, en condiciones unilaterales prácticamente, y es incuestionable que la eficiencia y eficacia de su ejecución deben ser impecables.

Suponer que ese propósito podrá alcanzarse con la sola concentración decisoria y del control operativo a ultranza en órganos supeditados al Poder Ejecutivo federal, es una petición de principio.

¿Acaso la sola pertenencia al cuerpo burocrático federal garantiza eficiencia y honorabilidad en el ejercicio del cargo? Las muestras, abundantes, lo contradicen. Hay, en todo orden, ineficiencias, ineficacia y corrupción y no es la etiqueta, menos aún el monopolio de poder, lo que librará al país de esos males endémicos.

Lo peor del caso es que una figura como la que se pretende instaurar recuerda mucho a los jefes políticos del porfiriato, que dependían y acordaban con el centro político, acataban sus instrucciones y las llevaban a cabo, sin cortapisas, en sus espacios de competencia.

Hay que conocer y recordar la historia. El poder es adictivo y su acumulación no se verá satisfecha nunca, porque mientras más se adquiera más será apetecido. Por eso un mecanismo eficaz de frenos y contrapesos es esencial para la democracia y el “estado de derecho”.

Ese sistema, junto con el desmantelamiento paulatino pero firme, de la barrera federal, que también obedece a la contención del poder, plantean por eso cuestiones de discutible bondad política, pero amplían el campo de acción, y control, de los políticos en el poder.

En alguna de las mesas de debate que proliferaron durante la campaña, quien representaba la voz y el sentir de MORENA dijo: “México lo que necesita es un presidente, no un gerente”.

Esto último es cierto. Por eso la adopción de la medida no puede quedarse en consideraciones administrativas que, para más, no se justifican con datos duros, cálculos precisos y previsiones claras. Faltan los argumentos sólidos, técnica y políticamente, para asegurar una sana, justa, eficaz y democrática gobernanza.
08 Julio 2018 04:00:00
Vientos de fronda
Fue una elección inusitada, inédita, sorprendente en muchos aspectos, y muy peculiar, en la que las encuestas demostraron que sí sirven para hacer pronósticos. Gracias a ellas se avizoraba ya, en este postrer intento que la persistencia se vería coronada, al fin, por el triunfo de quien –el que persevera alcanza– durante lustros estuvo empeñado en conseguir ser presidente.

El resultado esperado por todos y temido por algunos, evidenció que no hay distorsión o abuso que pueda durar más de 100 años. La terca realidad demostró que, a fin de cuentas, pesan más la indignación que el temor y el hartazgo que la paciencia, a la hora de decidir.

Con la proclama de una visión de país distinta de aquella que se había adueñado del panorama desde que la oleada neoliberal alcanzó nuestros litorales políticos, López Obrador se mantuvo siempre activo, promoviéndose a lo largo y ancho del país, para concluir su periplo tejiendo nuevas alianzas y aglutinando en torno suyo a sus antiguos seguidores, lo que, a la postre, le rindió buenos frutos.

Hubo, a no dudarlo, sorpresas en los resultados, pero entre las muchas que hubo, la mayor fue, quizá, ya no el abultadísimo margen con que se ganó la titularidad del poder ejecutivo, sino la copiosa votación que se volcó en favor de su partido en la integración de las cámaras del Congreso de la Unión, cuya composición es plenamente mayoritaria para él: Morena y aliados tendrán control absoluto de la Cámara de Diputados y el Senado. También de una inmensa mayoría de los ayuntamientos del país y en otro tanto de los congresos locales.

En ese escenario, Andrés Manuel López Obrador, un líder carismático acostumbrado a ser acatado sin discusión y al que sus seguidores no tienen costumbre de contradecir, tendrá un amplísimo margen de maniobra para ver avanzar sus decisiones sin muchos sobresaltos, o ninguno.

Eso hace posible que se diluya la ya de suyo tenue línea que se requiere conservar para que opere el sistema de frenos y contrapesos que descansa en la división de poderes, esencial para el tan aporreado y necesitado de rehabilitación “estado de derecho”.

Si ya de suyo el régimen presidencial tiende a ser concentrador de poder, lo que se ve acrecentado en el presidencialismo de la cultura y la praxis política mexicanas, un poder como el descrito puede acercarse muy peligrosamente al absolutismo (¿se recuerda la afirmación, en otros tiempos, que proponía la existencia de “facultades metaconstitucionales?), la circunstancia referida en el párrafo que antecede provoca que aflore en la memoria el aforismo atribuido a Sir John Emerich Edward Dalberg-Acton (Lord Acton), que dice “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Ese es un riesgo presente, aun cuando el significado del verbo “corromper” no implique el aprovechamiento del cargo para enriquecerse u obtener ventajas materiales, porque también cabe considerar que subvertir el orden democrático –que implica el respeto, la inclusión y la integración de las minorías– corrompe a la sociedad y sus vínculos, con inevitables efectos en la calidad de vida y los derechos de los seres humanos que la componen.

Es muy pronto para formular vaticinios, pero es de reconocerse que los sobresaltos abruptos que se podrían haber temido y que algunos vaticinaron no ocurrieron. Los mercados respondieron bien, los reconocimientos de sus opositores se produjeron temprano y sin sobresaltos y los gobiernos extranjeros, incluido el de los Estados Unidos, expresaron su beneplácito.

Ha sido la votación, sí, del cansancio, el enojo, la inconformidad, el rechazo, pero también la de la esperanza y las ilusiones que suelen traer consigo los cambios y los vientos que los acarrean.

Subsisten, a pesar de todo, muchas dudas y temores que será necesario disipar antes de que concluya el periodo del “bono democrático”, que no da, comúnmente, para mucho tiempo. Hay que ver las cosas, a mi juicio, con prudente optimismo, pero adoptando una informada actitud de participación.
08 Julio 2018 04:00:00
Vientos de fronda
Fue una elección inusitada, inédita, sorprendente en muchos aspectos, y muy peculiar, en la que las encuestas demostraron que sí sirven para hacer pronósticos. Gracias a ellas se avizoraba ya, en este postrer intento que la persistencia se vería coronada, al fin, por el triunfo de quien -el que persevera alcanza- durante lustros estuvo empeñado en conseguir ser presidente.

El resultado esperado por todos y temido por algunos, evidenció que no hay distorsión o abuso que pueda durar más de cien años. La terca realidad demostró que, a fin de cuentas, pesan más la indignación que el temor y el hartazgo que la paciencia, a la hora de decidir.

Con la proclama de una visión de país distinta de aquella que se había adueñado del panorama desde que la oleada neoliberal alcanzó nuestros litorales políticos, López Obrador se mantuvo siempre activo, promoviéndose a lo largo y ancho del país, para concluir su periplo tejiendo nuevas alianzas y aglutinando en torno suyo a sus antiguos seguidores, lo que, a la postre, le rindió buenos frutos.

Hubo, a no dudarlo, sorpresas en los resultados, pero entre las muchas que hubo, la mayor fue, quizá, ya no el abultadísimo margen con que se ganó la titularidad del Poder Ejecutivo, sino la copiosa votación que se volcó en favor de su partido en la integración de las cámaras del Congreso de la Unión, cuya composición es plenamente mayoritaria para él: Morena y aliados tendrán control absoluto de la Cámara de Diputados y el Senado. También de una inmensa mayoría de los ayuntamientos del país y en otro tanto de los congresos locales.

En ese escenario, Andrés Manuel López Obrador, un líder carismático acostumbrado a ser acatado sin discusión y al que sus seguidores no tienen costumbre de contradecir, tendrá un amplísimo margen de maniobra para ver avanzar sus decisiones sin muchos sobresaltos, o ninguno.

Eso hace posible que se diluya la ya de sí tenue línea que se requiere conservar para que opere el sistema de frenos y contrapesos que descansa en la división de poderes, esencial para el tan aporreado y necesitado de rehabilitación “Estado de Derecho”.

Si ya de por sí el régimen presidencial tiende a ser concentrador de poder, lo que se ve acrecentado en el presidencialismo de la cultura y la praxis política mexicanas, un poder como el descrito puede acercarse muy peligrosamente al absolutismo (¿se recuerda la afirmación, en otros tiempos, que proponía la existencia de “facultades metaconstitucionales?), la circunstancia referida en el párrafo que antecede provoca que aflore en la memoria el aforismo atribuido a Sir John Emerich Edward Dalberg-Acton (Lord Acton), que dice “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Ese es un riesgo presente, aun cuando el significado del verbo “corromper” no implique el aprovechamiento del cargo para enriquecerse u obtener ventajas materiales, porque también cabe considerar que subvertir el orden democrático -que implica el respeto, la inclusión y la integración de las minorías- corrompe a la sociedad y sus vínculos, con inevitables efectos en la calidad de vida y los derechos de los seres humanos que la
componen.

Es muy pronto para formular vaticinios, pero es de reconocerse que los sobresaltos abruptos que se podrían haber temido y que algunos vaticinaron no ocurrieron. Los mercados respondieron bien, los reconocimientos de sus opositores se produjeron temprano y sin sobresaltos y los gobiernos extranjeros, incluido el de los Estados Unidos, expresaron su beneplácito.

Ha sido la votación, sí, del cansancio, el enojo, la inconformidad, el rechazo, pero también la de la esperanza y las ilusiones que suelen traer consigo los cambios y los vientos que los acarrean.

Subsisten, a pesar de todo, muchas dudas y temores que será necesario disipar antes de que concluya el periodo del “bono democrático”, que no da, comúnmente, para mucho tiempo. Hay que ver las cosas, a mi juicio, con prudente optimismo, pero adoptando una informada actitud de participación.
01 Julio 2018 04:00:00
Lo que sigue
Resulta imposible evitar escribir hoy sobre el evento electoral, que es lo más relevante, pero no deja de ser difícil evitar caer en los lugares comunes.

Aun a riesgo de incurrir en ellos, creo necesario insistir en algo que, si bien ha sido un tema recurrente en este espacio, no da avisos de haber sido justipreciado debidamente, a juzgar por el énfasis puesto por los comentaristas y analistas en boga y por la gente común, la que habrá de elegir a sus nuevas autoridades.

Lo primero que hay que recordar es que en México no habrá democracia mientras se siga creyendo que democracia es igual a elecciones, por universales y libres que sean.

Tampoco son los comicios la fuente sustancial de legitimidad que requiere el poder. La democracia es Gobierno que debe efectuarse cotidianamente para garantizar los derechos y libertades fundamentales, y en esa garantía permanente, eficaz y suficiente es que encuentran los órganos de Gobierno la justificación de su existencia y funcionamiento.

En ello estriba la necesidad de paz social, seguridad pública, posibilidad de buscar dignamente la manera de ganarse cada cual la vida, etc.

Cuando se gasta tanto dinero y se empeñan tantos esfuerzos en los procesos electorales y el sostenimiento de los partidos políticos, como se ha hecho habitualmente hasta hoy, no se hace democracia, sino que se propicia la burocracia, que normalmente, cuando excede los mínimos de gestión funcional necesarios, estorba, en lugar de apoyar los propósitos para los que fue creada.

Es necesario ir más allá de lo aparente para que el análisis pueda aportar un conocimiento apto para corregir, afinar o sustituir elementos en la funcionalidad del sistema que así lo requieran en vista de su legitimidad profunda, es decir, de su capacidad de satisfacer el interés general cifrado en que de verdad se garanticen aquellas libertades y derechos de todos los seres humanos, proveyendo las medidas necesarias para equilibrar las desigualdades de origen.

Esa garantía, no está de más decirlo porque es muy frecuente que se pierda esto de vista a pesar de ser obvio, tendrá que ajustarse, con rigor y escrupulosamente, al orden jurídico si queremos hacer efectivo en nuestro país el tan cacareado “estado de derecho”.

¿Se alcanzará ese propósito tras el proceso electoral de este día? Difícilmente, me temo, mientras no haya un cambio de cultura cívica y una revaloración de los motivos de la existencia, funciones y límites de los órganos de poder, entre los que destaca, sin duda, el sobredimensionamiento, que lleva a reconocerlo en los hechos, del valor institucional del Poder Ejecutivo federal, a quien se suele identificar con “el Gobierno” en ese nivel.

El golpe de timón tendrá que ser de 180 grados para poder entender que no es el Ejecutivo el Gobierno, sino los tres poderes, y que la democracia es función, y no “meta” que pueda alcanzarse en definitiva y por siempre, de una vez por todas.

Para conseguir ese giro, el papel de la sociedad civil está llamado a ser preponderante. Ella tendrá que intervenir todavía más destacadamente de lo que ya lo hace y, por supuesto, mucho más allá de lo que implica la participación en los comicios sin el patrocinio de algún partido político.

Tendrá que ubicarse en una posición más generalizadamente informada, participativa y crítica, de modo que la superación partidaria no se quede en la generación de mecanismos nuevos de manipulación y control de los sistemas sociales. El control debe subir capilarmente, no caer desde el poder como cascada.

Después de las elecciones debe seguir el gobierno desde el derecho, con la activa vigilancia de la sociedad civil y su control efectivo sobre la actividad gubernamental.

Es innegable que existen atisbos de tal condición en el contexto político contemporáneo, pero es necesario cuidar ese embrión y no cejar en el camino de cultivarlo, ordenada y estructuralmente, y aunque no es algo que parezca estar cerca, hay que seguir pugnando por ello con denuedo y perseverancia.
01 Julio 2018 04:00:00
Lo que sigue
Resulta imposible evitar escribir hoy sobre el evento electoral, que es lo más relevante, pero no deja de ser difícil evitar caer en los lugares comunes.

Aun a riesgo de incurrir en ellos, creo necesario insistir en algo que, si bien ha sido un tema recurrente en este espacio, no da visos de haber sido justipreciado debidamente, a juzgar por el énfasis puesto por los comentaristas y analistas en boga y por la gente común, la que habrá de elegir a sus nuevas autoridades.

Lo primero que hay que recordar es que en México no habrá democracia mientras se siga creyendo que democracia es igual a elecciones, por universales y libres que sean.

Tampoco son los comicios la fuente sustancial de legitimidad que requiere el poder. La democracia es gobierno que debe efectuarse cotidianamente para garantizar los derechos y libertades fundamentales, y en esa garantía permanente, eficaz y suficiente es que encuentran los órganos de gobierno la justificación de su existencia y funcionamiento.

En ello estriba la necesidad de paz social, seguridad pública, posibilidad de buscar dignamente la manera de ganarse cada cual la vida, etc.

Cuando se gasta tanto dinero y se empeñan tantos esfuerzos en los procesos electorales y el sostenimiento de los partidos políticos, como se ha hecho habitualmente hasta hoy, no se hace democracia, sino que se propicia la burocracia, que normalmente, cuando excede los mínimos de gestión funcional necesarios, estorba, en lugar de apoyar los propósitos para los que fue creada

Es necesario ir más allá de lo aparente para que el análisis pueda aportar un conocimiento apto para corregir, afinar o sustituir elementos en la funcionalidad del sistema que así lo requieran en vista de su legitimidad profunda, es decir, de su capacidad de satisfacer el interés general cifrado en que de verdad se garanticen aquellas libertades y derechos de todos los seres humanos, proveyendo las medidas necesarias para equilibrar las desigualdades de origen.

Esa garantía, no está de más decirlo porque es muy frecuente que se pierda esto de vista a pesar de ser obvio, tendrá que ajustarse, con rigor y escrupulosamente, al orden jurídico si queremos hacer efectivo en nuestro país el tan cacareado “estado de derecho”.

¿Se alcanzará ese propósito tras el proceso electoral de este día? Difícilmente, me temo, mientras no haya un cambio de cultura cívica y una revaloración de los motivos de la existencia, funciones y límites de los órganos de poder, entre los que destaca, sin duda, el sobredimensionamiento, que lleva a reconocerlo en los hechos, del valor institucional del Poder Ejecutivo federal, a quien se suele identificar con “el gobierno” en ese nivel.

El golpe de timón tendrá que ser de 180 grados para poder entender que no es el Ejecutivo el gobierno, sino los tres poderes, y que la democracia es función, y no “meta” que pueda alcanzarse en definitiva y por siempre, de una vez por todas.

Para conseguir ese giro, el papel de la sociedad civil está llamado a ser preponderante. Ella tendrá que intervenir todavía más destacadamente de lo que ya lo hace y, por supuesto, mucho más allá de lo que implica la participación en los comicios sin el patrocinio de algún partido político.

Tendrá que ubicarse en una posición más generalizadamente informada, participativa y critica, de modo que la superación partidaria no se quede en la generación de mecanismos nuevos de manipulación y control de los sistemas sociales. El control debe subir capilarmente, no caer desde el poder como cascada.

Después de las elecciones debe seguir el gobierno desde el derecho, con la activa vigilancia de la sociedad civil y su control efectivo sobre la actividad gubernamental.

Es innegable que existen atisbos de tal condición en el contexto político contemporáneo, pero es necesario cuidar ese embrión y no cejar en el camino de cultivarlo, ordenada y estructuralmente, y aunque no es algo que parezca estar cerca, hay que seguir pugnando por ello con denuedo y perseverancia.
24 Junio 2018 04:00:00
Trump y el ‘destino manifiesto’
El 23 de diciembre de 1823, durante su séptimo mensaje anual al Congreso de los Estados Unidos de América, James Monroe fijó los términos de la doctrina que hoy se conoce con su nombre y que es común sintetizar en una frase: “América para los americanos”.

Aunque esa “América” era todavía el continente y no los Estados Unidos -como en estos días se pretende que sea- el mensaje implicaba, bajo un manto de aparente y fraternal solidaridad, el reclamo de que el de hermano mayor entre los nuevos países de América era un papel que los Estados Unidos asumían para sí y que estaban dispuestos a imponer esa posición y defenderla a toda costa.

La postura de Monroe pudo no haber sido más que simplemente anecdótica si no hubiera sido porque trascendió hacia la formación de la más extendida y elaborada doctrina del “destino manifiesto”, que se arraigó fuertemente en el pensamiento y la acción de la política exterior de los Estados Unidos, que a partir de entonces se auto designó “gran guardián de las libertades y la democracia”, como designio basado en una doctrina que, desde ese lejano inicio del siglo 19, expresa una filosofía que abarca el quehacer histórico estadounidense como un todo y es la impulsora básica de la vida y la cultura estadounidenses, especialmente en lo que hace al quehacer político y diplomático.

La frase que identifica a esta ideología fue acuñada por John L. O’Sullivan, en 1845, como un intento de explicar los afanes expansivos de los Estados Unidos y justificar su reclamo de nuevos territorios.

Para justificar esa pretensión se han expuesto razones que quieren convencer de que, en una suerte de sino predeterminado, es carga del hombre blanco conquistar y cristianizar la tierra, aunque en realidad lo que se busca es encubrir el más mundano propósito de la apropiación de riquezas, tierras y poderes que no les correspondían.

La esencia del impulso proveniente del destino manifiesto permanece inmutable, aunque sus modos de significación han mudado conforme cambia la circunstancia.

La primera guerra mundial abrió un capítulo nuevo para la expansión de los Estados Unidos, que hasta entonces habían permanecido concentrados en el continente americano, y dio cabida a una irrupción sin precedentes en la esfera mundial, en la primera incursión militar trasatlántica de ellos, misma que fue, además, inédita en su magnitud y en sus perspectivas.

Vino luego la segunda, cuyo final dio lugar a lo que se llamado el “corolario Roosevelt” de la doctrina del “destino manifiesto”, que fue más allá de los linderos de la mera vigilancia continental por medios militares, para convertirse en una apetencia de salvaguarda ya no sólo continental ni meramente militar, sino global y abarcando todo aspecto económico.

Después, todavía fresca en la memoria, vino la “guerra preventiva” de G. W. Bush, que fue declarada contra un enemigo difuso e impersonal, el “terrorismo”, facilitando las cosas para actuar como el gran decisor de las cosas del mundo, en línea con la misma doctrina.

Hoy, el enemigo elegido es la migración, pero no cualquiera, sino la de los “bárbaros del sur”, esos que, sin distinción ni excepciones, son portadores -según quien sin clemencia ni recato los combate- de las más indeseables prácticas, porque son criminales irredentos que contaminan a la sociedad estadounidense y ponen en riesgo su seguridad.

Las políticas públicas determinadas por el actual Presidente de los Estados Unidos en materia de migración y comercio, principalmente, se siguen basando en esa vieja tradición que considera, en la más pura expresión discriminatoria, que son superiores a cualquier otro aquellos que son “wasp”, blancos, anglosajones y protestantes.

Lo peor del caso es que, habiendo nacido la idea para proteger a los países de América, hoy que hasta el nombre ha sido expropiado al continente, sean sus habitantes quienes sufran las consecuencias.

El mundo entero se rebeló contra la separación de familias y la reclusión inhumana de menores. Tiene que hacerlo con más energía.
24 Junio 2018 03:00:00
Trump y el ‘destino manifiesto’
El 23 de diciembre de 1823, durante su séptimo mensaje anual al Congreso de los Estados Unidos de América, James Monroe fijó los términos de la doctrina que hoy se conoce con su nombre y que es común sintetizar en una frase: “América para los americanos”.

Aunque esa “América” era todavía el continente y no los Estados Unidos –como en estos días se pretende que sea– el mensaje implicaba, bajo un manto de aparente y fraternal solidaridad, el reclamo de que el hermano mayor entre los nuevos países de América era un papel que Estados Unidos asumía para sí y que estaban dispuestos a imponer esa posición y defenderla a toda costa.

La postura de Monroe pudo no haber sido más que simplemente anecdótica si no hubiera sido porque trascendió hacia la formación de la más extendida y elaborada doctrina del “destino manifiesto”, que se arraigó fuertemente en el pensamiento y la acción de la política exterior de los Estados Unidos, que a partir de entonces se autodesignó “gran guardián de las libertades y la democracia”, como designio basado en una doctrina que, desde ese lejano inicio del siglo 19, expresa una filosofía que abarca el quehacer histórico estadunidense como un todo y es la impulsora básica de la vida y la cultura estadunidenses, especialmente en lo que hace al quehacer político y diplomático.

La frase que identifica a esta ideología fue acuñada por John L. O’Sullivan, en 1845, como un intento de explicar los afanes expansivos de los Estados Unidos y justificar su reclamo de nuevos territorios.

Para justificar esa pretensión se han expuesto razones que quieren convencer de que, en una suerte de sino predeterminado, es carga del hombre blanco conquistar y cristianizar la tierra, aunque en realidad lo que se busca es encubrir el más mundano propósito de la apropiación de riquezas, tierras y poderes que no les correspondían. La esencia del impulso proveniente del destino manifiesto permanece inmutable, aunque sus modos de significación han mudado conforme cambia la circunstancia.

La Primera Guerra Mundial abrió un capítulo nuevo para la expansión de Estados Unidos, que hasta entonces había permanecido concentrado en el continente americano, y dio cabida a una irrupción sin precedentes en la esfera mundial, en la primera incursión militar trasatlántica de ellos, misma que fue, además, inédita en su magnitud y en sus perspectivas.

Vino luego la segunda, cuyo final dio lugar a lo que se llamado el “corolario Roosevelt” de la doctrina del “destino manifiesto”, que fue más allá de los linderos de la mera vigilancia continental por medios militares, para convertirse en una apetencia de salvaguarda ya no sólo continental ni meramente militar, sino global y abarcando todo aspecto económico.

Después, todavía fresca en la memoria, vino la “guerra preventiva” de G. W. Bush, que fue declarada contra un enemigo difuso e impersonal, el “terrorismo”, facilitando las cosas para actuar como el gran decisor de las cosas del mundo, en línea con la misma doctrina.

Hoy, el enemigo elegido es la migración, pero no cualquiera, sino la de los “bárbaros del sur”, esos que, sin distinción ni excepciones, son portadores –según quien sin clemencia ni recato los combate– de las más indeseables prácticas, porque son criminales irredentos que contaminan a la sociedad estadunidense y ponen en riesgo su seguridad.

Las políticas públicas determinadas por el actual presidente de los Estados Unidos en materia de migración y comercio, principalmente, se siguen basando en esa vieja tradición que considera, en la más pura expresión discriminatoria, que son superiores a cualquier otro aquellos que son “wasp”, blancos, anglosajones y protestantes.

Lo peor del caso es que, habiendo nacido la idea para proteger a los países de América, hoy que hasta el nombre ha sido expropiado al continente, sean sus habitantes quienes sufran las consecuencias.

El mundo entero se rebeló contra la separación de familias y la reclusión inhumana de menores. Tiene que hacerlo con más energía.
17 Junio 2018 04:00:00
U.S. AID
Nació en 1961 por decreto de John F. Kennedy. Es una agencia oficial de los Estados Unidos de América creada con el propósito de “fomentar de los intereses de los Estados Unidos de América, mejorando vidas en el mundo en desarrollo”, proyectando la política exterior estadounidense, procurando el progreso de humano en una escala amplia, al mismo tiempo en que procura “sociedades estables”, “libres”, y crea mercados y socios comerciales para los Estados Unidos, promoviendo la buena voluntad hacia ese país en el extranjero.

Aunque se proclama autónoma, su naturaleza oficial, su vocación internacional y su propósito central, así como su misión, la ubican en el área de influencia del Departamento de Estado de ese país, cuyas directivas y políticas sigue puntualmente al cuidar los intereses estadounidenses en las tareas estratégicas no militares que la agencia lleva a cabo.

Su misión, expresamente manifestada, es, en nombre del pueblo de los Estados Unidos, promover y promover los valores democráticos en el extranjero, e impulsar un mundo libre, pacífico, y próspero” dice en su página web ( HYPERLINK “https://www.usaid.gov/who-we-are/mission-vision-values)”
https://www.usaid.gov/who-we-are/mission-vision-values)., donde también se afirma que “en apoyo de la política exterior de los Estados Unidos de América, la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional conduce al desarrollo internacional del Gobierno estadounidense y la asistencia en caso de desastre, por medio de inversiones asociación que salvan vidas, reducen la pobreza, refuerzan la gobernanza democrática, y ayudan a la gente a salir de crisis humanitarias y progresar cuando cese la asistencia.

Como podrá inferirse, es un instrumento muy útil para la inducción de políticas afines a los intereses estadounidenses en el mundo y para hacer prevalecer sus pretensiones en él, pero sobre todo en los países llamados “en desarrollo”, es decir, aquellos en que las comunidades son más frágiles, viven en riesgo permanente y son, por lo tanto, terreno propicio para la recepción de asistencia.

Se trata de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, a la que últimamente ha sido vista, por sí o por terceras organizaciones, en los pasillos y oficinas de los gobiernos federal y locales de México, con importantes participaciones en tareas de planeación y organización, diseño y evaluación de políticas públicas, en áreas que son muy sensibles para la población y vinculadas muy estrechamente con el ejercicio del poder público.

Hay que decir aquí que la fama que la precede no es precisamente de candor y bondad infinita. A lo largo de su historia se la han atribuido conexiones con la Agencia Central de Inteligencia y atribuido intervenciones en muy diversos eventos de naturaleza política., como desestabilización de gobiernos y, en algún caso, hasta de apoyar actividades subversivas.

Sea esto último cierto o no, lo que no puede negarse es que, por su diseño y operación, conforme a su misión y visión, una institución como esta de que se trata resulta ser un instrumento muy apto para transferir valores y cultura, cosa que invita, cuando menos, a actuar con cautela y prudentemente.

Recuerdo bien aquellas palabras del ilustre maestro don Antonio de Ibarrola: “Hay que buscar en nuestra historia la esencia de lo que somos, para renovarnos desde ella en vez de buscar las respuestas en la copia de modelos ajenos”.

A decir verdad, creo que, sin que ello implique negar el beneficio de la comparación con otros, habrá que estar muy atentos, porque ya hemos atestiguado, en demasía, la tendencia a adoptar, sin adaptar, los modelos y esquemas que vienen de fuera. Se hace con tanto entusiasmo que hasta se presume como buena práctica la “armonización”, aunque no siempre respondan a nuestras propias realidades.

No es que esté mal buscar respuestas, oír a los otros y aprender de sus experiencias, recibir asesorías, atender recomendaciones o buscar las mejores prácticas, pero hay que hacerlo sabiamente y con transparencia, porque la gente tendrá siempre el derecho de saber quién, a partir de que principios e ideas, se definen los proyectos que acabarán por delinear su destino.
10 Junio 2018 04:00:00
Los pilares del dominio global
Ha quedado demostrado, en los hechos, que mientras que las relaciones internacionales se rijan –como ocurre hoy en día– con un sentido preponderantemente económico y sean dirigidas por el núcleo de países, instituciones y empresas con más solvencia financiera, los beneficios serán para los integrantes de ese núcleo, en tanto que el resto del mundo recibirá la transferencia de las pérdidas y las repercusiones de sus consecuencias negativas de toda índole.

Hay tres instituciones fundamentales para asegurar ese “status quo”: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio.

Al primero, desde su creación en 1944, le fue asignada la tarea de asegurar la estabilidad económica, habida cuenta, se dijo, de que con frecuencia los mercados no funcionan bien y pueden producir desempleo masivo, tanto como fallar en la provisión de fondos para restaurar las economías de los países.

Mientras que su estructura y reglas de funcionamiento –muy complejas, por cierto– perduran, su filosofía original ha cambiado para poner hoy el propósito de su existencia para –con fervor ideológico, dice Stiglitz– asegurar la supremacía del mercado.

Ya no es su guía la misión de presionar a los países hacia políticas de crecimiento económico –a la manera recomendada por Keynes– basadas en el incremento de gastos, reducción de impuestos o baja en las tasas de interés para estimular a las economías.

En cambio, provee fondos solamente a los países que reducen su déficit fiscal, incrementan los impuestos o presionan al alza las tasas de interés, conduciendo a la contracción económica.

El Banco Mundial, por su parte, es una institución específicamente constituida para apoyar financieramente los procesos de rehabilitación económica de la Europa de la posguerra y tiene hoy la misión central de combatir la pobreza.

En la misma época en que el Fondo mudó su filosofía –la década de 1980, con Reagan y Thatcher a la cabeza del proyecto– el Banco dejó de ser una institución primordialmente dedicada al financiamiento de proyectos de infraestructura para el desarrollo (tales como carreteras y presas), para ir más allá, incursionando en el área de los llamados ajustes estructurales en la economía de los países, por la vía de préstamos para ese fin, los que no se conceden, desde entonces, sino con la previa aprobación del Fondo, que sólo la otorga si sus condiciones son aceptadas por los países requirentes de los préstamos.

Se supone que ambas instituciones debieran ofrecer alternativas para la solución de los particulares retos que cada país enfrenta en el horizonte de su desarrollo y en la vía de fortalecer su democracia, pero en realidad, al ser dirigidos y controlados por la voluntad colectiva de los países miembros del llamado grupo de los siete (el G-7, compuesto por las naciones con mayor poderío económico en el mundo), la regla es que la preocupación central de ellos estribe en su propio beneficio económico y el debate democrático sobre estrategias alternativas se convierta en mera entelequia.

Una tercera institución económica internacional ha sido sumada más recientemente al complejo del tratado de Bretton Woods: la Organización Mundial de Comercio, sucesora del GATT, cuyo fin estriba en conducir las relaciones comerciales internacionales, de una manera similar –y se diría que complementaria– a la que realiza el Fondo respecto de las financieras. En su base está impulsar el flujo libre de bienes y servicios, requisito indispensable para instaurar a cabalidad un sistema global de economía de mercado libre.

A diferencia de las otras dos instituciones, la OMC no es un organismo que emita reglas por sí mismo, sino que configura un foro de discusión y negociación comerciales, así como un instrumento para asegurarse de la efectividad de los acuerdos concertados en su seno.

A pesar de su carácter aparentemente económico, los efectos de su operación trascienden ese campo. Por eso importa, mucho, tener en cuenta esta circunstancia en la definición de posiciones políticas en todo ámbito y nivel.
10 Junio 2018 04:00:00
Los pilares del dominio global
Ha quedado demostrado, en los hechos, que mientras que las relaciones internacionales se rijan -como ocurre hoy en día- con un sentido preponderantemente económico y sean dirigidas por el núcleo de países, instituciones y empresas con más solvencia financiera, los beneficios serán para los integrantes de ese núcleo, en tanto que el resto del mundo recibirá la transferencia de las pérdidas y las repercusiones de sus consecuencias negativas de toda índole.

Hay tres instituciones fundamentales para asegurar ese “statu quo”: El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio.

Al primero, desde su creación en 1944, le fue asignada la tarea de asegurar la estabilidad económica, habida cuenta, se dijo, de que, con frecuencia, los mercados no funcionan bien y pueden producir desempleo masivo, tanto como fallar en la provisión de fondos para restaurar las economías de los países.

Mientras que su estructura y reglas de funcionamiento -muy complejas, por cierto- perduran, su filosofía original ha cambiado para poner hoy el propósito de su existencia para -con fervor ideológico, dice Stiglitz- asegurar la supremacía del mercado.

Ya no es su guía la misión de presionar a los países hacia políticas de crecimiento económico -a la manera recomendada por Keynes- basadas en el incremento de gastos, reducción de impuestos o baja en las tasas de interés para estimular a las economías.

En cambio, provee fondos solamente a los países que reducen su déficit fiscal, incrementan los impuestos o presionan al alza las tasas de interés, conduciendo a la contracción económica.

El Banco Mundial, por su parte, es una institución específicamente constituida para apoyar financieramente los procesos de rehabilitación económica de la Europa de la posguerra y tiene hoy la misión central de combatir la pobreza.

En la misma época en que el Fondo mudó su filosofía –la década de 1980, con Reagan y Thatcher a la cabeza del proyecto- el Banco dejó de ser una institución primordialmente dedicada al financiamiento de proyectos de infraestructura para el desarrollo (tales como carreteras y presas), para ir más allá, incursionando en el área de los llamados ajustes estructurales en la economía de los países, por la vía de préstamos para ese fin, los que no se conceden, desde entonces, sino con la previa aprobación del Fondo, que solo la otorga si sus condiciones son aceptadas por los países requirentes de los préstamos.

Se supone que ambas instituciones debieran ofrecer alternativas para la solución de los particulares retos que cada país enfrenta en el horizonte de su desarrollo y en la vía de fortalecer su democracia, pero en realidad, al ser dirigidos y controlados por la voluntad colectiva de los países miembros del llamado grupo de los siete (el G-7, compuesto por las naciones con mayor poderío económico en el mundo), la regla es que la preocupación central de ellos estribe en su propio beneficio económico y el debate democrático sobre estrategias alternativas se convierta en mera entelequia.

Una tercera institución económica internacional ha sido sumada más recientemente al complejo del tratado de Bretton Woods: La Organización Mundial de Comercio, sucesora del GATT, cuyo fin estriba en conducir las relaciones comerciales internacionales, de una manera similar –y se diría que complementaria- a la que realiza el Fondo respecto de las financieras. En su base está impulsar el flujo libre de bienes y servicios, requisito indispensable para instaurar a cabalidad un sistema global de economía de mercado libre.

A diferencia de las otras dos instituciones, la OMC no es un organismo que emita reglas por sí mismo, sino que configura un foro de discusión y negociación comerciales, así como un instrumento para asegurarse de la efectividad de los acuerdos concertados en su seno.

A pesar de su carácter aparentemente económico, los efectos de su operación trascienden ese campo. Por eso importa, mucho, tener en cuenta esta circunstancia en la definición de posiciones políticas en todo ámbito y nivel.
03 Junio 2018 04:01:00
El nuevo entorno global de política y negocios
Se oyen, en uno y otro bando electoral, promesas de campaña que parecen a ratos surrealistas, exorbitadas, irrealizables o todo ello.

En el trasfondo del escenario aparece un panorama que a nadie se oculta ya, aunque sus causas y derroteros permanezcan ocultos para los más.

Por eso hecreído importante volver la cara, así sea panorámica y sucintamente, a una serie de eventos ocurridos hacia fines del siglo 20 que pueden arrojar alguna luz a la cuestión.

En primer lugar, hay que decir que el proceso de globalización se ha manifestado muy intensamente en la economía, especialmente en su sector financiero.

Para entender mejor el fenómeno es necesario remontarse al periodo de la posguerra, a partir del cual se inicia una época de bonanza producida por el Plan Marshall, implantado por los Estados Unidos de América para reactivar las economías de Europa, que se habían convertido en un lastre.

El modelo prevalecientepara las políticas públicas fue, durante esa época, el del Estado benefactor, que mantuvo la estabilidad hasta las crisis del petróleo en 1973 y 1979, mismas que produjeron a la par, paradójicamente, un constreñimiento de las economías más desarrolladas y un cuantioso flujo de capitales provenientes de los excedentes producidos por los ingresos petroleros de los países productores, que optaron por las instituciones bancarias de los Estados Unidos e Inglaterra, principalmente, para su depósito.

Esta coincidencia dedisponibilidad financiera con la constricción económica de las economías desarrolladas viró el destino de los recursos hacia las economías menos desarrolladas del hemisferio sur, que por lo regular los dedicaron al gasto y no sustancialmente a la inversión, sobre todo porque los requerimientos sociales del modelo benefactor y paternalista en boga propiciaron un esquema asistencial del que no fueron en general capaces de sustraerse.

Al llegar el momento de liquidar los adeudos –incluida la suerte principal y su servicio– se produjo un efecto inflacionario que impactó en los intereses acumulados, provocando una crisis de la deuda que requirió la intervención del Fondo Monetario Internacional, quien promovió una serie de medidas que permitieron a los acreedores contener la proliferación entre los países deudores de declaraciones de insolvencia y someter a aquellos que ya estaban en tal situación a regímenes de protección, fuertemente condicionados, para restablecer sus capacidades de pago –México fue el primer país sometido a este régimen– y a partir de entonces el FMI adquirió la responsabilidad especializada de recuperar créditos.

Las crisis recurrentes del sistema financiero diseñado en Bretton Woods hicieron que el mundo adoptara sistemas de flotación frente a la moneda más fuerte y de uso más extendido, el dólar de los Estados Unidos, país que acabó, por tanto, por imponer su hegemonía.

Joseph Stiglitz ha dicho que quienes viven –y trabajan– en los países en vías de desarrollo, saben que algo está mal cuando ven que las crisis financieras se vuelven más comunes y el número de pobres se incrementa, pero no tienen manera de cambiar las reglas o de influir en las instituciones financieras internacionales que las hacen.

Por eso, en parte, se explica que no sólo la economía, sino también la política, tenga hoy en día tintes de innegable globalidad, con un acento indiscutible en la importancia del capital financiero sobre el productivo, tanto como se explica la incidencia en el precio de las divisas en un mercado flotante, dominado por el dólar.

Esees el entorno en el que se desarrolla –y desarrollará– la vida social mexicana –incluidas la economía y la política– en adelante. Si no es tenido en cuenta en el futuro próximo sólo se aplazará la acometida inteligente y viable que falta para enfilar a México en la ruta del desarrollo humanístico que tanto se echa en falta.

03 Junio 2018 04:00:00
El nuevo entorno global de los negocios y la política
Se oyen, en uno y otro bando electoral, promesas de campaña que parecen a ratos surrealistas, exorbitadas, irrealizables o todo ello.

En el trasfondo del escenario aparece un panorama que a nadie se oculta ya, aunque sus causas y derroteros permanezcan ocultos para los más.

Por eso he creído importante volver la cara, así sea panorámica y sucintamente, a una serie de eventos ocurridos hacia fines del siglo 20 que pueden arrojar alguna luz a la cuestión.

En primer lugar, hay que decir que el proceso de globalización se ha manifestado muy intensamente en la economía, especialmente en su sector financiero.

Para entender mejor el fenómeno es necesario remontarse al periodo de la posguerra, a partir del cual se inicia una época de bonanza producida por el Plan Marshall, implantado por los Estados Unidos de América para reactivar las economías de Europa, que se habían convertido en un lastre.

El modelo prevaleciente para las políticas públicas fue, durante esa época, el del estado benefactor, que mantuvo la estabilidad hasta las crisis del petróleo en 1973 y 1979, mismas que produjeron a la par, paradójicamente, un constreñimiento de las economías más desarrolladas y un cuantioso flujo de capitales provenientes de los excedentes producidos por los ingresos petroleros de los países productores, que optaron por las instituciones bancarias de los Estados Unidos e Inglaterra, principalmente, para su depósito.

Esta coincidencia de disponibilidad financiera con la constricción económica de las economías desarrolladas viró el destino de los recursos hacia las economías menos desarrolladas del hemisferio sur, que por lo regular los dedicaron al gasto y no sustancialmente a la inversión, sobre todo porque los requerimientos sociales del modelo benefactor y paternalista en boga propiciaron un esquema asistencial del que no fueron en general capaces de sustraerse.

Al llegar el momento de liquidar los adeudos –incluida la suerte principal y su servicio- se produjo un efecto inflacionario que impactó en los intereses acumulados, provocando una crisis de la deuda que requirió la intervención del Fondo Monetario Internacional, quien promovió una serie de medidas que permitieron a los acreedores contener la proliferación entre los países deudores de declaraciones de insolvencia y someter a aquellos que ya estaban en tal situación a regímenes de protección, fuertemente condicionados, para restablecer sus capacidades de pago -México fue el primer país sometido a este régimen- y a partir de entonces el FMI adquirió la responsabilidad especializada de recuperar créditos.

Las crisis recurrentes del sistema financiero diseñado en Bretton Woods hicieron que el mundo adoptara sistemas de flotación frente a la moneda más fuerte y de uso más extendido, el dólar de los Estados Unidos, país que acabó, por tanto, por imponer su hegemonía.

Joseph Stiglitz ha dicho que quienes viven –y trabajan- en los países en vías de desarrollo, saben que algo está mal cuando ven que las crisis financieras se vuelven más comunes y el número de pobres se incrementa, pero no tienen manera de cambiar las reglas o de influir en las instituciones financieras internacionales que las hacen.

Por eso, en parte, se explica que no solo la economía, sino también la política, tenga hoy en día tintes de innegable globalidad, con un acento indiscutible en la importancia del capital financiero sobre el productivo, tanto como se explica la incidencia en el precio de las divisas en un mercado flotante, dominado por el dólar.

Ese es el entorno en el que se desarrolla -y desarrollará- la vida social mexicana -incluidas la economía y la política- en adelante. Si no es tenido en cuenta en el futuro próximo, solo se aplazará la acometida inteligente y viable que falta para enfilar a México en la ruta del desarrollo humanístico que tanto se echa en falta.
20 Mayo 2018 04:08:00
La reconstrucción del país
En medio del ríspido mare magnum de las campañas, El País publicó esta semana una entrevista a Diego Valadés sobre la compleja tarea de reconstrucción social que espera al próximo Gobierno.

Para empezar, el entrevistado se refirió al clima de intolerancia y agresividad desmedida que han caracterizado a las campañas en curso, diciendo que ellas están “acelerando uno de los fenómenos más nocivos en una democracia: el desprecio o incluso la animosidad con relación a los políticos, los partidos y la política”, para redondear la idea afirmando que “la tradición personalista es muy profunda y los antagonismos se procesan de una manera muy poco razonable”.

Tiene razón, y no puede uno menos que sumarse al señalamiento. De suyo, en este mismo espacio se dedicaron, hace no mucho, algunas líneas a la reflexión sobre la crisis institucional que padece México, aunque el punto de vista partía entonces del impacto recíproco entre esa crisis y la virulencia de las campañas.

Cuando el entrevistador, Luis Pablo Beaurgard, se refirió a un señalamiento que ha sostenido Valadés en el sentido de que algunas instituciones en México son ya sólo un cascarón, el entrevistado respondió: “Es uno de los elementos que permiten demostrar el déficit de credibilidad que padece México. Hay un vaciamiento de las instituciones en cuanto a dos cosas: su efectividad y la percepción que tiene la sociedad. Si se suman las dos cosas, entonces entramos en una etapa que espero sea transitoria y que no se consolide, que se conoce como anomia, durante el cual la norma deja de ser el referente para la vida colectiva. Eso puede tener muchas derivaciones. Una es la anarquía y la otra es la dictadura”.

Gran riesgo es ese en efecto, y por desgracia no se ciñe, a mi juicio, a los extremos que señala. Hay un riesgo mayor, porque la democracia, cuando se corrompe y se vuelve demagogia, tiene muchas caras.

Cuando Aristóteles se refiere a ella, sostiene que su diferencia esencial es que la voluntad popular se expresa y gobierna sin apego a las normas, de ahí que resulte caótica.

Es necesario decir, no obstante, que ese caos –que es ausencia de orden– suele convertirse en “oclocracia”, según le decían los griegos de la era clásica, que el diccionario define como “gobierno de la muchedumbre o de la plebe”.
Ayuno de una estructura apta para ordenar las relaciones sociales y llegados a extremos críticos, esos estados –siempre conforme a la observación de los pensadores de la antigua Grecia– requerían de una terapia de choque –se diría en nuestros días, metafóricamente– que conducía entonces a la aplicación de medidas dictatoriales que, en ausencia de normas, abrían la puerta a las dictaduras y a las tiranías.

En México sabemos de eso, pero parece habérsenos olvidado. El movimiento de independencia, los revueltos tiempos del centralismo y el pretendido “segundo imperio”, las guerras de reforma, la revolución de 1910 y todas sus consecuencias, parecen no haber bastado para entender que no es en la diatriba y el escarnio que se cimientan con solidez las sociedades.

Por eso concuerdo con el parecer expuesto, aunque creo que el planteamiento del entrevistador, reflejado en el título de su publicación (La Reconstrucción Social en México Será muy Compleja para el Próximo Gobierno) se queda corto, porque no es en la anécdota electoral o en la coyuntura del relevo que se encuentra la importancia del proceso, sino en su trascendencia frente a la empresa de conjugar los empeños para poder construir el país, libre y diverso, pero justo y equilibrado, que nos hace falta.

Para eso tendremos, creo yo, que pensar “fuera del cajón”, revisar los modelos, dejar de adoptar sin adaptar esquemas ajenos, y en cambio buscar, sin aislacionismos suicidas o aperturas claudicantes, las vías que permitan la construcción de una mexicanidad renovada, capaz de rescatarse a si misma, pero también de integrarse, con dignidad y decoro, en el mundo global de los días que corren.
20 Mayo 2018 04:00:00
La reconstrucción del país
En medio del ríspido mare magnum de las campañas, “El País” publicó esta semana una entrevista a Diego Valadés sobre la compleja tarea de reconstrucción social que espera al próximo gobierno.

Para empezar, el entrevistado se refirió al clima de intolerancia y agresividad desmedida que han caracterizado a las campañas en curso, diciendo que ellas están “acelerando uno de los fenómenos más nocivos en una democracia: El desprecio o incluso la animosidad con relación a los políticos, los partidos y la política”, para redondear la idea afirmando que “la tradición personalista es muy profunda y los antagonismos se procesan de una manera muy poco razonable”.

Tiene razón, y no puede uno menos que sumarse al señalamiento. De suyo, en este mismo espacio se dedicaron, hace no mucho, algunas líneas a la reflexión sobre la crisis institucional que padece México, aunque el punto de vista partía entonces del impacto recíproco entre esa crisis y la virulencia de las campañas.

Cuando el entrevistador, Luis Pablo Beaurgard, se refirió a un señalamiento que ha sostenido Valadés en el sentido de que algunas instituciones en México son ya solo un cascarón, el entrevistado respondió: “Es uno de los elementos que permiten demostrar el déficit de credibilidad que padece México. Hay un vaciamiento de las instituciones en cuanto a dos cosas: Su efectividad y la percepción que tiene la sociedad. Si se suman las dos cosas, entonces entramos en una etapa que espero sea transitoria y que no se consolide, que se conoce como anomia, durante el cual la norma deja de ser el referente para la vida colectiva. Eso puede tener muchas derivaciones. Una es la anarquía y la otra es la dictadura”.

Gran riesgo es ese en efecto, y por desgracia no se ciñe, a mi juicio, a los extremos que señala. Hay un riesgo mayor, porque la democracia, cuando se corrompe y se vuelve demagogia, tiene muchas caras.

Cuando Aristóteles se refiere a ella, sostiene que su diferencia esencial es que la voluntad popular se expresa y gobierna sin apego a las normas, de ahí que resulte caótica.

Es necesario decir, no obstante, que ese caos -que es ausencia de orden- suele convertirse en “oclocracia”, según le decían los griegos de la era clásica, que el diccionario define como “gobierno de la muchedumbre o de la plebe”.

Ayuno de una estructura apta para ordenar las relaciones sociales y llegados a extremos críticos, esos estados -siempre conforme a la observación de los pensadores de la antigua Grecia- requerían de una terapia de choque -se diría en nuestros días, metafóricamente- que conducía entonces a la aplicación de medidas dictatoriales que, en ausencia de normas, abrían la puerta a las dictaduras y a las tiranías.

En México sabemos de eso, pero parece habérsenos olvidado. El movimiento de independencia, los revueltos tiempos del centralismo y el pretendido “segundo imperio”, las guerras de reforma, la revolución de 1910 y todas sus consecuencias, parecen no haber bastado para entender que no es en la diatriba y el escarnio que se cimientan con solidez las sociedades.

Por eso concuerdo con el parecer expuesto, aunque creo que el planteamiento del entrevistador, reflejado en el título de su publicación (“La reconstrucción social en México será muy compleja para el próximo Gobierno”) se queda corto, porque no es en la anécdota electoral o en la coyuntura del relevo que se encuentra la importancia del proceso, sino en su trascendencia frente a la empresa de conjugar los empeños para poder construir el país, libre y diverso, pero justo y equilibrado, que nos hace falta.

Para eso tendremos, creo yo, que pensar “fuera del cajón”, revisar los modelos, dejar de adoptar sin adaptar esquemas ajenos, y en cambio buscar, sin aislacionismos suicidas o aperturas claudicantes, las vías que permitan la construcción de una mexicanidad renovada, capaz de rescatarse a si misma, pero también de integrarse, con dignidad y decoro, en el mundo global de los días que corren.
13 Mayo 2018 04:00:00
Algo que las campañas han pasado por alto
Los planteamientos de los candidatos a la Presidencia se han perfilado ya, y aunque no se puedan de ellos derivar inequívocamente los perfiles precisos de su Gobierno (si ganaran la contienda), hay en cambio auseancias en su discurso que deberían preocupar más aun que los enconos que entre ellos se han gestado.

El primero de esos vacíos es el que causa la ausencia de la idea de la legitimidad en sus respectivos discursos, porque seguramente dan por sentado que la adquirirán al ganar la elección (si lo hacen), aunque no sea así, porque la legitimidad se construye cada día y se puede perder en el momento en que se pierda de vista el propósito central de la función de gobernar democráticamente.

Es verdad que todos han mencionado alguna vez el apego al “estado de derecho”, aunque lo hagan como si utilizaran un cliché o emplearan una etiqueta mágica que purificara cualquier desatino, pero la forma en que lo hacen induce a dudar que tengan claro el significado de esa noción y aun la diferencia entre Estado y Gobierno.

Olvidan –o no lo saben– que el “estado de derecho” en un modelo orgánico que surge tras la Revolución francesa del siglo 18, y que se define, en muy apretada síntesis, por la satisfacción de los siguientes requisitos: contar con una constitución escrita y rígida, dividir su poder público –es decir, su Gobierno– en tres ramas que se equilibren refrenen recíprocamente, y garantizar los derechos fundamentales.

Pasan por alto que gobernar no es otra cosa que ejercer la soberanía y que, por eso, el Artículo 41 de la Constitución Mexicana dice que: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores…”

Es frecuente que entre sus promesas se encuentren las de aumentar las penas, crear o desaparecer impuestos, asignar o reducir recursos a uno u otro fin, así como castigar o perdonar, unificar leyes y códigos, “armonizar” las leyes, sin percatarse que están impedidos para hacer todo aquello que está asignado a los poderes Legislativo y Judicial federales, o reservado a los estados, según la propia ley suprema.

Pero todavía más: en su búsqueda de adhesiones se enredan en lo inmediato y pierden de vista que la función toral del Gobierno consiste en garantizar en justicia a todos los seres humanos cuya integración política y jurídica constituye la materia misma del estado –no su Gobierno, que a ellos se debe– los derechos y libertades básicos para que cada uno, con todos y entre todos, pueda construir su propia vida y contribuir a la del todo que con los demás forma.

Ese, que algunos llaman “bien común, otros “bien público temporal” y otros –desde la antigüedad grecolatina– “interés general”, es el propósito del Gobierno que, solo respondiendo a él, puede aspirar a ser considerado legítimo.

Bien harán los candidatos –sobre todo aquel o aquella que resulte triunfador en los comicios– si tienen eso en cuenta (también los gobernantes en funciones), porque, sin la legitimidad sustancial que la democracia requiere, no podrá encontrar el poder justificación alguna, ni en sus orígenes ni en su ejercicio.

Por eso, el engaño y la simulación no sólo son contrarios a la ética, sino también a la democracia y a razón misma de ser del estado y de su Gobierno.

Ya John Locke decía que “siendo los hombres libres, iguales e independientes por naturaleza, ninguno de ellos puede ser sometido al poder político de otros sin que medie su propio consentimiento”, consentimiento, añado, que solo puede obtenerse por la vía de la legitimidad, si no se quiere caer en la usurpación.
06 Mayo 2018 04:00:00
Las elecciones y la crisis del Estado
La reforma que proclamó Martín Lutero en el siglo 16 tuvo repercusiones políticas de gran magnitud, que se revelarían con plenitud al siglo siguiente, cuando, tras la “guerra de los 30 años”, surgió el modelo de organización política que, con algunos rasgos de diferenciación accidental, conocemos hoy como “Estado”.

Ese modelo de Estado dio muestras de ser suficientemente flexible y dúctil como para estructurar sociedades con orientaciones ideológicas tan disímbolas como la U.R.S.S. y los Estados Unidos de América, o todas las que en la historia posterior a su nacimiento fueron fincadas en el absolutismo o la democracia.

Para que el “Estado” estuviera dotado de capacidad para cumplir con la función mencionada, el poder de que se le consideró dotado, la soberanía, quedó definido, desde que Bodino se refirió a él en los Seis Libros de la República, como irresistible hacia el interior e independiente hacia fuera.

Desde entonces y, teóricamente, aún en nuestros días, la asociación entre soberanía, comunidad y territorio era indiscutible, pero los cambios que el mundo ha experimentado desde la revolución tecnológica auspiciada por el desarrollo telemático, eso ya no puede afirmarse.

En primer lugar, porque la universalización o mundialización de los fenómenos sociales, incluidos los económicos, los políticos y los cultural-normativos, ha generado un nuevo sistema social de amplitud mundial.

En segundo, porque la influencia de los actores relevantes en el factor económico –el primero que tuvo acceso al espacio global– ha pretendidito que el mercado mundial sustituya al quehacer
político.

En tercero, porque la globalización no es otra cosa que el conjunto de los procesos en virtud de los cuales se han ampliado los límites impuestos al sistema social, hasta prácticamente desaparecer para configurar un sistema político global, en el que los estados, las naciones, las grandes corporaciones, los organismos económicos internacionales y otros actores se entremezclan al involucrarse en la pugna por el poder, que, como siempre, genera alianzas entre ellos.

Esa circunstancia ha propiciado una verdadera mundialización de patrones comunes de vida y modos compartidos de responder a los estímulos del ambiente, lo que sin duda constituye una muy relevante revolución cultural.

Se han abierto vacíos que es imposible cubrir para el estado –cualquiera que este sea– y se han configurado redes de poder que actúan en y sobre el entorno mundial, configurando un sistema político global que, para peor, actúa disociado de todo límite normativo, imposible de configurar en ese ámbito a partir de los modelos generadores de normas jurídicas que hasta hoy han imperado.

Hacia el interior –en México específica, aunque no exclusivamente– también se ha menoscabado el poder simbólico de la autoridad, a la que poco respeto se muestra. A ello ha contribuido, sin duda, la incapacidad global del estado para cumplir su función garante de los derechos y libertades iguales de toda persona comprendida en su comunidad de base, pero también el contumaz abuso del poder y la laxitud con que se contemplan los límites e imperativos impuestos por la Constitución y las leyes.

La excesiva esperanza puesta en la presidencia –una presidencia abstracta, que se imagina omnipotente, casi mítica, ajena a las limitaciones y capacidades humanas de quien la ocupe, como es la que parece esperarse masivamente– aunada a una cultura política caracterizada por la concentración reforzada del poder –de la periferia al centro y, ya en este, en el Poder Ejecutivo– pinta un panorama sombrío, sobre todo cuando se atiende a un proceso electoral como el que se tiene enfrente, ayuno de propuestas concretas, sustentadas y fundadas.

La crisis del Estado, en el contexto descrito, afecta en todos los frentes las decisiones políticas, y no se percibe información suficiente entre quienes deberán elegir este año para que lo hagan con certidumbre racional y no
emocionalmente.

Lo peor del caso es que “a río revuelto, ganancia de pescadores”, los de adentro y los de afuera, que a fin de cuentas pueden ser, en el fondo, los mismos.



06 Mayo 2018 04:00:00
Las elecciones y la crisis del estado
La reforma que proclamó Martín Lutero en el siglo 16 tuvo repercusiones políticas de gran magnitud, que se revelarían con plenitud al siglo siguiente, cuando, tras la “guerra de los treinta años”, surgió el modelo de organización política que, con algunos rasgos de diferenciación accidental, conocemos hoy como “estado”.

Ese modelo de estado dio muestras de ser suficientemente flexible y dúctil como para estructurar sociedades con orientaciones ideológicas tan disímbolas como la U.R.S.S. y los Estados Unidos de América, o todas las que en la historia posterior a su nacimiento fueron fincadas en el absolutismo o la democracia.

Para que el “estado” estuviera dotado de capacidad para cumplir con la función mencionada, el poder de que se le consideró dotado, la soberanía, quedó definido, desde que Bodino se refirió a él en los “Seis Libros de la República”, como irresistible hacia el interior e independiente hacia fuera.

Desde entonces y, teóricamente, aún en nuestros días, la asociación entre soberanía, comunidad y territorio era indiscutible, pero los cambios que el mundo ha experimentado desde la revolución tecnológica auspiciada por el desarrollo telemático, eso ya no puede afirmarse.

En primer lugar, porque la universalización o mundialización de los fenómenos sociales, incluidos los económicos, los políticos y los cultural-normativos, ha generado un nuevo sistema social de amplitud mundial.

En segundo, porque la influencia de los actores relevantes en el factor económico -el primero que tuvo acceso al espacio global- ha pretendido que el mercado mundial sustituya al quehacer político.

En tercero, porque la globalización no es otra cosa que el conjunto de los procesos en virtud de los cuales se han ampliado los límites impuestos al sistema social, hasta prácticamente desaparecer para configurar un sistema político global, en el que los estados, las naciones, las grandes corporaciones, los organismos económicos internacionales y otros actores se entremezclan al involucrarse en la pugna por el poder, que, como siempre, genera alianzas entre ellos.

Esa circunstancia ha propiciado una verdadera mundialización de patrones comunes de vida y modos compartidos de responder a los estímulos del ambiente, lo que sin duda constituye una muy relevante revolución cultural.

Se han abierto vacíos que es imposible cubrir para el estado -cualquiera que este sea- y se han configurado redes de poder que actúan en y sobre el entorno mundial, configurando un sistema político global que, para peor, actúa disociado de todo límite normativo, imposible de configurar en ese ámbito a partir de los modelos generadores de normas jurídicas que hasta hoy han imperado.

Hacia el interior -en México específico, aunque no exclusivamente- también se ha menoscabado el poder simbólico de la autoridad, a la que poco respeto se muestra. A ello ha contribuido, sin duda, la incapacidad global del estado para cumplir su función garante de los derechos y libertades iguales de toda persona comprendida en su comunidad de base, pero también el contumaz abuso del poder y la laxitud con que se contemplan los límites e imperativos impuestos por la constitución y las leyes.

La excesiva esperanza puesta en la presidencia -una presidencia abstracta, que se imagina omnipotente, casi mítica, ajena a las limitaciones y capacidades humanas de quien la ocupe, como es la que parece esperarse masivamente- aunada a una cultura política caracterizada por la concentración reforzada del poder -de la periferia al centro y, ya en este, en el Poder Ejecutivo- pinta un panorama sombrío, sobre todo cuando se atiende a un proceso electoral como el que se tiene enfrente, ayuno de propuestas concretas, sustentadas y fundadas.

La crisis del estado, en el contexto descrito, afecta en todos los frentes las decisiones políticas, y no se percibe información suficiente entre quienes deberán elegir este año para que lo hagan con certidumbre racional y no emocionalmente.

Lo peor del caso es que “a río revuelto, ganancia de pescadores”, los de adentro y los de afuera, que a fin de cuentas pueden ser, en el fondo, los mismos.
29 Abril 2018 04:07:00
El ‘estado de derecho’ en las campañas electorales
En estos tiempos de campañas y seudo debates hay temas prioritarios que se sienten ausentes. Uno de ellos es el del llamado “estado de derecho”.

Creo pertinente retomar la cuestión, y aún confrontarla con otra, la justicia, que comparte esa condición de prioridad.

Para comenzar, parece recomendable identificar los contornos de ese modelo contemporáneo de organización socio-política que, entre otros apelativos, se conoce también como “estado constitucional”, “estado social de derecho” e incluso como “estado social y democrático de derecho”, y que no puede entenderse si se le sustrae de su condición social y de su carácter dinámico.

En ese camino se antoja propicio el binomio que ya se trasluce en la fórmula: derecho y estado son dos conceptos determinados a transcurrir juntos, so pena de que en la falta de alguno se de en la barbarie y el caos, donde la fuerza, y no la razón, sería la medida de las relaciones sociales. También se aprecia benéfica la asociación de esa díada con la democracia, tan polémica, tan discutida, tan poco entendida en el fondo.

El tema es de la mayor importancia, pero no deja de tener sus dificultades. De suyo, buena parte de la filosofía jurídica y política de –cuando menos– los últimos 200 años se ha dedicado a la búsqueda de la relación entre tales conceptos, sin que se hayan generado acuerdos convincentes y duraderos sobre tal vínculo, lo que ha ocasionado doctrinas ambiguas e insuficientes para explicar una realidad social que, a pesar de todo, acaba por imponerse.

Ese hecho, sin duda, ha contribuido a la confusión sobre el tema y ha generado condiciones que alientan la propensión al manejo de esos conceptos como instrumento, inclusive, de fines aviesos, cuando que su vocación semántica apunta en el sentido contrario ¿Será porque se les ha exigido demasiado? ¿Quizá porque mucho se espera de ellos?

En el fondo, todo disenso parece descansar en una carencia que hace parecer a las posiciones diversas como antagónicas: el vacío que se deja –y la confusión que se crea– cuando se pierde de vista que en esa simbiosis existen también elementos morales.

En efecto: un falso dilema se plantea cuando se pretende ofrecer como excluyentes a la certeza que brindan las normas preexistentes –la seguridad jurídica– y esa entidad tan difusa pero tan perceptible –sobre todo cuando se hecha de menos– que es la justicia. La primera pertenece al mundo de los fenómenos objetivos que, culturales al fin, se dan en el medio de las relaciones sociales; la segunda, en cambio, por ser un valor, pertenece por antonomasia al reino de la moral, que sólo se ve objetivada cuando se ve transformada en normas jurídicas.

La vieja polémica entre iuspositivistas y iusnaturalistas, que tendían a ocupar los extremos en la discusión, va cediéndole el paso a una concepción del derecho que no sólo atiende a las formas, sino también a la corrección material, a los contenidos, y que tiene por timbre de distinción, según algunos, a la justicia.

Entre estos dos polos se mueve el derecho, y con él un estado que tiene en su base a la sociedad y no puede escindirse de ella. Por eso, en esa tensión dinámica cotidiana entre la igualdad y la libertad es que se definen las rutas concretas que, diferentes y todo como son entre cada estado concreto, comparten el rumbo de la dignidad personal, al menos en términos de ideal

prescriptivo.

En ese sentido, la frase que enuncia –tautológicamente, según estoy convencido– al modelo institucional que ha dado en sentar sus reales por el mundo que llaman “occidental”, es decir, el “estado de derecho”, que ineludiblemente ha de satisfacer valores éticos, incorporándolos a la norma positiva.

Bien harían los candidatos en ocuparse del tema, si quieren de veras profundizar en los problemas que aquejan a nuestro país.
22 Abril 2018 04:00:00
La patria y la libertad en la política
Cada vez que se avecina una elección surgen las voces que claman cambios o permanencias, siempre “por el bien de la Patria”, afirmación en la que juegan un papel preponderante diversos planteamientos no ayunos de ideología.

En una elección general como la que está próxima, con mayor razón, porque es un ejercicio inédito en México y porque en la circunstancia se percibe una apetencia generalizada de cambio, más por decepción e inconformidad, según parece, que por razones de fondo.

Hace tiempo compartí algunas reflexiones sobre el tema que me ha parecido pertinente retomar por esa razón, basadas en un artículo de Gonzalo Fernández de la Mora, para quien solo hay una forma de gobierno: “El mando de pocos u oligarquía”, una de cuyas especies es la democracia, “en la que el censo electoral tiene periódicamente la posibilidad de preferir, mediante diferentes procedimientos de sufragio, alguna de las alternativas que le ofrece la clase política” (Razón Española, N° 113, HYPERLINK “http://www.galeon.com/razonespanola/r113-ide.htm”
http://www.galeon.com/razonespanola/r113-ide.htm).

En ese contexto, el mítico contrato social de Rousseau “es una respuesta a la cuestión de cómo se origina la comunidad política, mientras que la democracia es una respuesta a la cuestión de cómo pueden participar los gobernados en el gobierno”, por lo que cada una de esas categorías representa dos niveles distintos en el análisis.
Es decir: el contrato social no se presenta como la manera de designar a los gobernantes, sino como el modo de constituir una sociedad y salir del “estado de naturaleza”, para decirlo a la manera de Hobbes.

“Es falso -dice- que las sociedades se gobiernen a sí mismas; siempre son regidas por unos pocos. La oligarquía es la forma trascendental de gobierno que engloba a todas las demás enunciadas por los griegos, tanto las sedicentes correctas como las que no lo son”.

Así, “la inverosímil hipótesis de que la convivencia se funda en un contrato, sea originario o renovado, no es un absurdo puesto que se utiliza como imaginario fundamento de derivaciones presuntamente legitimadoras del poder. No es ni la expresión de un hecho, ni una hipótesis que espera confirmación empírica, ni un ideal utópico; es ideología, y lo ideológico es irracionalismo con disfraz”.

En otro lugar y momento, Juan Bautista Alberdi, con informada razón, sostuvo que “La Patria, tal como la entendían los griegos y los romanos, era esencial y radicalmente opuesta a lo que por tal entendemos en nuestros tiempos y sociedades modernas. Era una institución de origen y carácter religioso y santo… pues era la asociación de las almas, de las personas y de los intereses de sus miembros”, incluidos, preponderantemente, los antepasados muertos, que tenían el carácter de dioses, en cuya voluntad descansaba todo el sistema normativo.

Esa “patria” era omnipotente y, al contrario de lo que hoy ocurre -al menos en la teoría- su capacidad de actuación no tenía límites respecto de los individuos. “El hombre individual se debía todo entero a la Patria; le debía su alma, su persona, su voluntad, su fortuna, su vida, su familia, su honor” ( HYPERLINK “https://www.elcato.org/publicaciones/ensayos/ens-2003-01-31.pdf” https://www.elcato.org/publicaciones/ensayos/ens-2003-01-31.pdf)

De ahí es que nace la idea de que el “estado”, personificación de la “patria”, haya surgido como omnipotente por sí misma, y no como derivación de una capacidad popular. “La Patria personificada en sus monarcas o soberanos, no en sus pueblos”.

La “soberanía del pueblo” tomó el lugar de los reyes, pero solo teóricamente, dice Alberdi. Fue así como la mítica patria se convirtió en el único “poder de derecho”, pero en la república, como lo había sido en la monarquía, la sociedad moderna, en la que el ser humano y sus derechos son teóricamente lo principal, “siguió en realidad gobernándose por las reglas de las sociedades antiguas… en que la Patria era la negación más absoluta de la libertad”.

Reaccionario el primero, socialista el segundo, en diferentes siglos, ambos plantean cuestiones que ameritan reflexión a la hora de hacer y participar en política ¿No lo cree usted así?.
15 Abril 2018 04:00:00
Elecciones y crisis de las instituciones
Nos equivocamos quienes pensábamos, y así lo dijimos, que el tema central de estas campañas sería la corrupción.

Lo que se ha visto es, en cambio, pura y simple propaganda. Los candidatos, en ausencia de propuestas claras, se han enfrascado en el autoelogio y el golpeteo, tratando de espantar al electorado con el petate del muerto, al puntero en las encuestas.

La corrupción, que no deja de tener presencia en el escenario, ha cedido su lugar a un tema de más fondo: la crisis de las instituciones.

El descrédito, la decepción y hasta el rechazo iracundo a todo lo que huela a política ha llegado a niveles elevadísimos, tanto como ha sido la irreflexiva y errónea entronización de la esperanza en los mitos que se han creado en torno de ellas, en parte por ignorancia, en parte por falta de sentido de responsabilidad y en parte por una desidia que está rebelándose –y revelándose– ya muy visiblemente.

Digo lo anterior porque se siguen oyendo, de un lado, promesas de los aspirantes presidenciales de hacer todo lo que en un “estado de derecho” les estaría vedado y humanamente es imposible: desde “reformaré la Constitución”, hasta reformar o modificar leyes (que muchas veces ya existen y sólo su desconocimiento los impulsa), hasta la creación de empleos y “defender la soberanía” cuando no está en peligro, pero diluirla soterradamente en muchos otros momentos, o abusar de ella como ocurre
cotidianamente.

Pero también entre la ciudadanía se trasluce la otra cara de la moneda, aquella que, irreflexivamente, espera que el presidente resuelva todos y cada uno de los problemas del país y hasta los personales de cada uno de sus
habitantes.

Las circunstancias pueden variar y los eventos, pero la actitud es la misma: el presidente se ha convertido en el imaginario popular en una especie de todopoderosa deidad, capaz de hacer llover en el desierto y dar instrucciones a los gobernadores y alcaldes, no sólo a sus secretarios y demás integrantes del gabinete.

Se le pide “no perdonar a los delincuentes”, tanto como “poner penas más fuertes” para que se haga “justicia”; se le responsabiliza por la inseguridad, tanto como por las decisiones de los tribunales. La infalibilidad, además de la omnipotencia, se antoja, así, un requisito para ejercer el gobierno imperial del que tanto se queja la gente, pero del que tanto espera que haga.

En la causalidad de ese círculo vicioso hay una inercia que los regímenes de gobierno han sabido aprovechar, reforzándola incluso: el paternalismo, que obstruye el camino a la madurez y que por contrafuerte que lo soporta tiene la comodina actitud, por infortunio muy generalizada, de esperar todo del Gobierno.

En medio de todo, las instituciones –que no son otra cosa que “redes de relaciones”– quedan bailando en el vacío, porque su sustento social falta y, además, han sido sobreexplotadas por aquellos para quienes ha convenido, política y económicamente el abuso.

Son ellas, en todo caso, un instrumento de convivencia, tan útil y bueno como sea la función con que se emplee y tan diestro quien lo haga; tan inútil o pernicioso según sea lo contrario.

La crisis de las instituciones que no es privativa de México, por cierto es crisis de las estructuras sociales, que se han vuelto inadecuadas para una circunstancia mundial muy distinta de lo que era hace apenas medio siglo.

El camino del rescate institucional pasa por la responsabilidad, personal y social, de los individuos, que sólo en sociedad pueden desarrollarse, y si cada uno es sí mismo y su circunstancia, se impone respetar esta última y diseñar el orden conforme a razones valoradas como deseables de manera generalizada en la comunidad.

Siempre hacen falta los líderes, pero no existe ninguno que pueda, por sí mismo y sin el concurso ordenado de todos, resolver los problemas del grupo.

Hay que tener eso en cuenta a la hora de votar, pero también en todo otro tiempo.
15 Abril 2018 04:00:00
Elecciones y crisis de las instituciones
Nos equivocamos quienes pensábamos, y así lo dijimos, que el tema central de estas campañas sería la corrupción.
Lo que se ha visto es, en cambio, pura y simple propaganda. Los candidatos, en ausencia de propuestas claras, se han enfrascado en el autoelogio y el golpeteo, tratando de espantar al electorado con el petate del muerto, al puntero en las encuestas.

La corrupción, que no deja de tener presencia en el escenario, ha cedido su lugar a un tema de más fondo: La crisis de las instituciones.

El descrédito, la decepción y hasta el rechazo iracundo a todo lo que huela a política ha llegado a niveles elevadísimos, tanto como ha sido la irreflexiva y errónea entronización de la esperanza en los mitos que se han creado en torno de ellas, en parte por ignorancia, en parte por falta de sentido de responsabilidad y en parte por una desidia que está rebelándose -y revelándose- ya muy visiblemente.

Digo lo anterior porque se siguen oyendo, de un lado, promesas de los aspirantes presidenciales de hacer todo lo que en un “estado de derecho” les estaría vedado y humanamente es imposible: Desde “reformaré la constitución”, hasta reformar o modificar leyes (que muchas veces ya existen y solo su desconocimiento los impulsa), hasta la creación de empleos y “defender la soberanía” cuando no está en peligro, pero diluirla soterradamente en muchos otros momento, o abusar de ella como ocurre cotidianamente.

Pero también entre la ciudadanía se trasluce la otra cara de la moneda, aquella que, irreflexivamente, espera que el presidente resuelva todos y cada uno de los problemas del país y hasta los personales de cada uno de sus habitantes.

Las circunstancias pueden variar y los eventos, pero la actitud es la misma: El presidente se ha convertido en el imaginario popular en una especie de todopoderosa deidad, capaz de hacer llover en el desierto y dar instrucciones a los gobernadores y alcalde, no solo a sus secretarios y demás integrantes del gabinete.

Se le pide “no perdonar a los delincuentes”, tanto como “poner penas más fuertes” para que se haga “justicia”; se le responsabiliza por la inseguridad, tanto como por las decisiones de los tribunales. La infalibilidad, además de la omnipotencia, se antoja, así, un requisito para ejercer el gobierno imperial del que tanto se queja la gente, pero del que tanto espera que haga.

En la causalidad de ese círculo vicioso hay una inercia que los regímenes de gobierno han sabido aprovechar, reforzándola incluso: El paternalismo, que obstruye el camino a la madurez y que por contrafuerte que lo soporta tiene la comodina actitud, por infortunio muy generalizada, de esperar todo del gobierno.

En medio de todo, las instituciones -que no son otra cosa que “redes de relaciones”- quedan bailando en el vacío, porque su sustento social falta y, además, han sido sobreexplotadas por aquellos para quienes ha convenido, política y económicamente el abuso.

Son ellas, en todo caso, un instrumento de convivencia, tan útil y bueno como sea la función con que se emplee y tan diestro quien lo haga; tan inútil o pernicioso según sea lo contrario.

La crisis de las instituciones -que no es privativa de México, por cierto- es crisis de las estructuras sociales, que se han vuelto inadecuadas para una circunstancia mundial muy distinta de lo que era hace apenas medio siglo.

El camino del rescate institucional pasa por la responsabilidad, personal y social, de los individuos, que solo en sociedad pueden desarrollarse y, si cada uno es sí mismo y su circunstancia, se impone respetar esta última y diseñar el orden conforme a razones valoradas como deseables de manera generalizada en la comunidad.

Siempre hacen falta los líderes, pero que no existe ninguno que pueda, por sí mismo y sin el concurso ordenado de todos, resolver los problemas del grupo.

Hay que tener eso en cuenta a la hora de votar, pero también en todo otro tiempo.
08 Abril 2018 04:09:00
‘Estado de derecho’, del dicho al hecho
Por fin arrancaron, formalmente, las campañas electorales, y algunas personas, ingenuamente, montaron en el renuevo sus esperanzas de momentos mejores.

En otros tiempos ya se sabría, a estas alturas, quién sería el próximo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pero después de la alternancia, el desencanto ha transitado hacia una incertidumbre que quiere parecerse (me temo que infructuosamente) a la democracia.

En los hechos es una sensación equívoca, porque ya se sabe que la democracia no es un proceso electoral, sino una manera de gobernar y administrar la “cosa pública” garantizando el respeto y la integración de todos en el marco de una igualdad justa y equitativa en el reconocimiento y el ejercicio de las libertades, eso que llamamos, las más de las veces sin entender bien a bien que significa la frase, “derechos humanos”.

A pesar de ello, las contiendas se han concentrado en exhibir los trapos sucios de los contrincantes y exaltar la honradez propia, a pesar del discurso que exige programas y propuestas de fondo a los que compiten.

Se han planteado exigencias a los candidatos desde sectores privilegiados de la sociedad civil, como Coparmex, que entre otras cosas plantea la necesidad de garantizar el “estado de derecho”, lo que está muy bien si se sustrae la frase del discurso y se reflexiona sobre el tema, porque el “estado de derecho” es un modelo al que la estructura jurídica mexicana responde bien cuando se atiende al modelo, pero se aleja, generalmente, de su actualización a la hora de los hechos.

Eso es especialmente grave cuando falla en el cometido quien tiene, en primer lugar, la misión de garantizar esa plataforma básica para que las sociedades florezcan y fructifiquen, por eso es ineludible recordar que el “estado de derecho” no se pregona, se construye, tarea en la que, a la vista está, se ha fracasado, en los hechos, en este país.

Alguien dijo, y un cierto consenso se generó en torno a la idea, que la constante en estas campañas sería el tema de la corrupción, y no erró.

Los candidatOs parecen trenzaos en ver quién es y quién no corrupto, cuestión que aderezan con promesas, no siempre factibles y verosímiles, sobre dádivas y soluciones cuyos perfiles no concretan.

Mientras tanto, la víspera misma del inicio de las campañas, en la residencia de Los Pinos se oían, sonoras y contundentes, las palabras del ombudsman nacional, tras un breve recuento de la situación alarmante, que ya no siquiera precaria, de las condiciones que privan para los ciudadanos en materia de violencia y acoso a sus libertades: “Sin seguridad, jamás habrá una vigencia real de los demás derechos fundamentales”.

La falta de respeto a las normas, la Constitución a la cabeza, ha ocasionado una “institucionalidad débil”, según bien dijo González Pérez en Los Pinos, para concluir diciendo: “Las y los mexicanos no podemos seguir limitando nuestro destino y planes de desarrollo profesional y vida personal al miedo, a la desconfianza, a la incertidumbre”.


A pesar de la evidente y profunda brecha entre lo que se dice, se hace y se debe hacer, no se oye de ningún candidato propuesta alguna sobre el efectivo respeto al derecho, sin pretender hacer de él un traje a la medida, como suele suceder.

Traigo a colación algo con lo que me topé en Twitter hace unos pocos días: un connotado jurista, magistrado federal, dijo: “Si algún candidato tuviera entre sus propuestas acatar lo que dice la Constitución, sin reformarla, tendría mi voto seguro”.

Yo lo secundo y, como lo comenté en su oportunidad y en ocasión de ese tuit, comento ahora: Con eso bastaría para hacer de nuestro país el lugar civilizado, próspero y justo que todos decimos querer y algunos en realidad queremos.

25 Marzo 2018 04:00:00
Semana Santa
Sin importar el credo religioso que se profese -o ninguno- la Semana Santa, clave en la tradición judeocristiana, fue en tiempos idos un lapso de recogimiento, meditación y restauración espiritual. Ya no.

Hoy en día, desde el viernes mismo de Dolores las ciudades se vacían y los balnearios se llenan a rebosar, a pesar de las crisis económicas.

Desde antes de aproximarse el Domingo de Ramos, entre los estudiantes y entre quienes no lo son, huele ya a vacaciones y se respira el afán de alejarse de la cotidiana rutina, reponerse de la fatiga y dejar que el estrés se diluya en las aguas del mar, o en relajantes cócteles y otras bebidas al lado de un asador.

Las señoras mayores, en otros tiempos, cubrían con velo su cabeza y los varones vestían de luto. Todavía alientan en este mundo personas que atestiguaron esas costumbres perdidas. La radio enmudecía esos días dedicados a la oración y al culto, y qué decir de la televisión, que apenas asomaba su entonces regordeta y luminosa cara.

Hace ya mucho tiempo que eso se acabó. El frenesí de la diversión se adueñó de la escena y de santos los días que vienen no tendrán nada para los más que, como “spring brakers” autóctonos, se lanzarán a las playas y, si no pueden, a los “antros”, las fiestas, carnes asadas y demás saraos y huateques por el estilo, rociadas las suculentas viandas –dirían los clásicos de sociales- por galones y más galones de cerveza, vino, y uno que otro licor de más fuerza.

Así y todo, aún para quienes no profesan la fe cristiana o cualquier otra, es tiempo apto para reflexionar, especialmente cuando la Semana Santa viene a caer en medio de tantas tribulaciones como las que se viven en México por estos días de pesares, preocupaciones y riesgos que son, en medio de nuestro devenir histórico, inusitados.

¿Cuál es, en las circunstancias, el mejor provecho que pueda obtenerse del asueto? Lo dicho: Son días propicios para la reflexión, para mirar adentro y alentar al espíritu a fin de que se anime a retomar su papel en la vida, tan disminuido como está por el creciente terreno que la materia, con frivolidad, le ha ganado.

Si teme salir o no puede hacerlo, no salga, entre. Que la introspección sea su compañera de viaje este año y que sea productiva, aún cuando no pueda o no quiera hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio o seguir las devociones y ritos religiosos. No desdeñemos el potencial de la mente y del espíritu, a los que bien vale la pena vigorizar estos días, con la mente abierta y sin tensiones.

Cuestiones que ofrecen materia para dedicarles tiempo y calma sobran. Por ejemplo: ¿Cómo hacer que nuestra patria -y el mundo- sean cada día más justos?, ¿cómo lograr que en la solidaridad encontremos los rastros de la responsabilidad que es indispensable complemento de la libertad?, ¿acaso la sumisión es una actitud provechosa y constructiva o, por el contrario, destruye y denigra?, ¿qué importa más, ser o tener? ¿podemos “ser” solos, o necesitamos a los demás para conseguirlo?

Como esas hay muchas más, muchísimas, de cuyas respuestas depende, en buena medida, el futuro de este país.

Quienes no participen de las convicciones religiosas que evoca la Semana Mayor, podrían bien meditar sobre, por ejemplo, la historia de este país y su entorno internacional, para adentrarse en las vías de un desarrollo cívico informado y con visos de perdurabilidad creciente.

Pienso en ello cuando leo “El Senado estadunidense enjuicia a México y al presidente Carranza”, del doctor en historia Rodolfo Villarreal Ríos (INHERM, 2017).

Bien escrito, ameno, con pleno rigor académico, no es una novela histórica, pero es historia que fluye y atrapa como cualquier buena novela. No tengo reparo alguno para recomendarlo muy ampliamente. De cualquier modo, es lectura obligada.

En todo caso, que tengan un provechoso asueto. Nos reencontramos aquí el 8 de abril próximo.
18 Marzo 2018 04:00:00
La impunidad en Coahuila
“De acuerdo a (sic) los resultados del IGI-MEX, el estado de Coahuila de Zaragoza se encuentra en el grupo 4, con un grado de impunidad muy alta, encontrándose en la posición 29 a nivel nacional”.

Así empieza el apartado correspondiente a Coahuila del informe rendido por la Universidad de las Américas (Puebla), intitulado “La impunidad subnacional en México y sus dimensiones IGI-MEX 2018”.

También dice el informe, después de una investigación de campo, que en el estado en cuestión “la policía es el mayor punto débil del nuevo sistema, toda vez que los elementos policiacos en la entidad aseguran que solo recibieron un taller exprés básico con los fundamentos del Sistema de Justicia Penal, pero sin ejercicios de práctica… Por eso se considera que debe trabajarse más en capacitar a los policías y fortalecer la investigación”.

El informe refleja una realidad preocupante en el nivel general, pero enciende focos rojos particularmente cuando advierte que entre los estados en los que existe un aumento de la impunidad en comparación con los resultados de IGI-MEX 2016, aparece Coahuila, que supera el rango 69.5 %, que es la media nacional, medida a partir del dato de víctimas de algún delito proporcionado por el INEGI.

Lo dice en los términos siguientes: “cinco estados se ubican por encima de ese rango: Quintana Roo (77.33), Coahuila (77.88), Baja California (78.08), Tamaulipas (78.88) y el Estado de México (80.06)”.

A partir de la información analizada y que bajo el rubro “iii. Principales hallazgos encontrados en 34 indicadores”, el informe sostiene que: “Coahuila presenta deficiencia en el sistema estructural y funcional; las fallas estructurales se observan en el número de magistrados y jueces por cada cien mil habitantes, de 2.74, cifra que se encuentra por debajo de la media nacional con 3.59, así como de los agentes del Ministerio Público asignados 8.21, respecto a la cantidad de presuntos delitos registrados por cada cien mil habitantes 1525.26, aunado al porcentaje de sentencias condenatorias con 92.04, cifra que se encuentra por arriba de la media nacional con un porcentaje de 83.49”.

Dudoso honor es aparecer en los señalados términos en el reporte de mérito, sobre todo porque la referencia a los indicadores numéricos en que se basa no reflejan, ni de lejos, la gravedad cualitativa de la situación que en nuestro estado impera, especialmente si la perspectiva se enfoca a la vertiente funcional del caso -es decir, cómo operan las instituciones establecidas-, sin menosprecio de la estructural, que cuestiona si las que existen bastan para acometer la tarea.

Aunque en la “Carta” con que abre el informe, el señor Andrea Ambrogi Domínguez, presidente del Consejo Honorario Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia-UDLAP, sostiene que la impunidad “es la fuente de la corrupción y la inseguridad que sufrimos”, creo que más bien es efecto y no causa.

Basta con reflexionar sobre la gran cantidad de casos que, a pesar de haber sido comprobados los hechos e identificado a los responsables, ninguna sanción se aplica y no hay reparación integral satisfactoria, no solo en cuanto a delitos, sino también de las faltas administrativas y las responsabilidades civiles, tanto como en la delicada área de los derechos humanos.

Si se cruzan los datos y se tiene en cuenta que la mayoría de las veces las violaciones a éstos son imputables a elementos que forman parte de los cuerpos de seguridad, además de los múltiples cursos que se les han impartido en materia del debido proceso legal y los correspondientes a los derechos humanos, se inferirá que la gravedad del mal bien puede radicar en la falta generalizada de sentido de responsabilidad, en laxitud o franco desdén por las instituciones también extendidos prolijamente precisamente entre aquellos que debieran cuidar de ellas y asegurar su eficacia.

El sentido del deber ha desaparecido y esa carencia, cuando se generaliza como parece haber ocurrido, corrompe las relaciones sociales y a las instituciones que forman. En ello radica el mal.
11 Marzo 2018 04:00:00
Demagogia y simulación
Hace unos pocos días, José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte, publicó en El País un artículo intitulado “La normalización de los derechos humanos”.

En él, Cossío expresa una percepción suya: “pareciera que cada cierto tiempo aparece una idea encaminada a lograr redenciones colectivas e individuales…Hace años, los sistemas de planeación democrática fueron tenidos como suficientes para lograr una mejor redistribución de los bienes públicos y privados. Poco después, se quiso ver en el cambio democrático de la nueva ola, el inicio de un modo generalizado de alcanzar y ejercer el poder político. También se supuso que la adopción del “Rule of Law”, modalidad Consenso de Washington, ayudaría a ordenar las transacciones y hacer eficiente la economía. Que el pastel crecería y habría más que repartir. A ello se agregó luego la idea de que la transparencia gubernamental sería tan poderosa que terminaría con las opacas y corruptas prácticas públicas. Se entendió también que el paso a los procesos penales acusatorios sería suficiente para reordenar el mundo penal y, de alguna manera, los fenómenos delictivos”

Nada de eso, es evidente, ocurrió.

Continúa Cossío: “En nuestros días se encuentra instalado un discurso tan querido y esperanzador como los que lo precedieron: los derechos humanos. Con él se cree que mucho de lo que social y políticamente nos perturba será resuelto. Que sobrevendrá un estado de cosas en el que la actuación de las autoridades nacionales, el comportamiento de las élites económicas y financieras, la ordenación social y el bienestar individual habrán de darse. En esta narrativa, personas nuevas y empoderadas harán valer su condición y exigirán lo que les es propio. Así generarán un orden distinto. Por la diversificada materialidad de lo reclamable, derechos de diversa generación, se piensa que terminarán por constituirse individuos que ejercerán a plenitud su proyecto de vida, contarán con amplios satisfactorios materiales y elegirán a sus autoridades, periódica y pacíficamente”.

“¿Por qué el nuevo sueño de la capacidad transformadora de los derechos humanos habría de tener una vida distinta a las olas democratizadoras que tanto nos entusiasmaron hace 30 años, o a los procesos distributivos que con tanta energía se predicaron cuando en el mundo se redujeron y fijaron las tasas impositivas?”, se pregunta, para concluir diciendo que “Cualquiera que sea la causa o combinación de ellas, conviene recordar que…los derechos humanos no van a realizarse por sí solos”, y por supuesto, tiene razón.

Sin embargo, Cossío deja un vacío que no se llena con la sola esperanza expresada en la necesidad de “implantar una racionalidad nueva y generalizada ahí donde trágicamente no la hay”, porque eso es precisamente lo que ha pasado, inveterada y contumazmente, con esas oleadas redentoras que menciona, y muchas otras anteriores.

¿La causa? La simulación, instrumento de la demagogia, que ha vaciado el discurso de contenido, con el sólo propósito de convencer, pero sin ánimo de cumplir con las promesas contenidas en ello, que enriquecerían la política, pero deteriorarían, en lo inmediato, el poder que entraña decidir y ejecutar en provecho propio la función de gobernar, con olvido -o desentendimiento- de un dato incontrovertible: los derechos humanos no son un instrumento técnico de gestión, sino la razón última de ser de la organización política y su gobierno.

Son impulso para la acción, no meras proclamas, así se encuentren en constituciones, leyes o tratados; camino, no meta; mapa de ruta hacia la dignificación de la vida de todos los seres humanos; factor de legalidad, sí, pero sobre todo congruencia frente a la legitimidad política y no solo retórica vana.

Para que los derechos humanos sean detonadores de la diferencia, es necesario, sí, como afirma Cossío, “entender su condición utópica”, pero sobre todo la necesidad de hacer que esa utopía se transforme en realidad, tan consistentemente como sea posible y tan compulsivamente como sea necesario, para alcanzar, de una buena vez por todas, los pregonados ideales de universalidad, igualdad, inherencia, progresividad y expansibilidad que tanto se pregonan.
25 Febrero 2018 04:09:00
La corrupción y el abuso de poder
La sociedad necesita una estructura normativa que ordene y limite los comportamientos, para evitar todo exceso, especialmente de la autoridad, que atente contra los intereses legítimos de las personas.

Cuando quien detenta el poder, en ejercicio abusivo de su posición, impone cargas ilegales de naturaleza administrativa, laboral o de cualquier otra especie, o despoja de un derecho a quien o quienes son sus legítimos titulares aprovechando la situación precaria de estos o su desventaja asimétrica, la violación es todavía más grave, porque entraña un sometimiento indigno del débil por el poderoso, no importa si para ello se vale de la fuerza física o la amenaza o el temor, que a fin de cuentas constituyen una fuerza sicológica.

Con independencia de los delitos y faltas en que quien detenta el poder incurra al actuar de esa manera, el efecto de su conducta es en sí mismo corruptor, porque tiende a corroer el ordenado funcionamiento de la vida en sociedad.

Si la lenidad se manifiesta en aquellas instituciones y órganos que, por la función que se les ha encomendado, debieran ser custodios escrupulosos de los mismos, la inminencia del riesgo será
mayúscula.

Eso, que ya de suyo es gravísimo, empeora todavía más cuando la víctima cede a la imposición sin acudir a los medios de defensa que el propio sistema de normas ofrece, porque su pasividad contribuye a la impunidad y, con ello, al deterioro de los equilibrios que descansan en la estructura jurídica.

Cuando se enseñorean en esa sociedad, o en algún sector relevante de ella, los antivalores, como es la falta de valor cívico, el pacto social que permite el transcurso de la vida comunitaria se trastocará y se pondrá en grave riesgo la subsistencia misma del ente social.

Si, en cambio, pugna por hacer valer sus derechos, las aguas podrán retomar su cauce y las cosas transcurrirán en el sentido debido y, por regla general, las posibles desviaciones, las infracciones esporádicas, serán enmendables de manera relativamente sencilla y hasta casi inocua.

Al cobrarse conciencia de la gravedad del problema que la corrupción presenta, importa sobremanera extremar, desde la ciudadanía misma, adoptar posturas firmes y, desde las múltiples plataformas que el derecho ofrece, combatir con denuedo ese mal que amenaza, ostensiblemente, con aniquilar toda posibilidad de rescate para este país que, después de dos siglos de intentarlo, no atina todavía definirse y crecer con solidez y en justicia.

En ello radican, en muy buena medida, la magnitud y la extensión del mal que llamamos corrupción.

El combate a la corrupción implica más –mucho más– que perseguir a delincuentes de cuello blanco, desfalcadores de las arcas públicas, perpetradores de cohecho y afectos a las “mordidas” o cualquier otro delincuente por el estilo y escarmentarlos. Es cuestión de depurar la moral pública y los procedimientos de selección y elección de las mujeres y hombres que tendrán a cargo las funciones de gobierno y gestión, para asegurar su probidad y su capacidad para el desempeño del cargo.

Pero mientras eso ocurre, y aun para que pase, es imprescindible la acción responsable y activa de las y los ciudadanos afectados por las acciones abusivas e ilegales de que hayan sido víctimas. No hay mejor remedio que ese contra la
impunidad.

El mejor remedio contra los abusos y la corrupción radica en las buenas prácticas, y no cabe duda alguna de que la defensa de los propios derechos es una de ellas.

Sin una actitud así, enérgica y generalizada, será difícil contener –imposible revertir– los progresos de la corrupción, en cuya matriz, no cabe duda, radica el abuso de poder.

Bueno es tener en cuenta que el combate a la corrupción podría tener por divisa aquellos viejos versos de Facundo Cabral, que bien resumen y gráficamente expresan lo que aquí se ha dicho: “Yo tengo dos enemigos, pues dos puntas tiene el mal: el hombre que pisa a otro y el que se deja pisar”.

¡Feliz semana!
25 Febrero 2018 04:00:00
La corrupción y el abuso de poder
La sociedad necesita una estructura normativa que ordene y limite los comportamientos, para evitar todo exceso, especialmente de la autoridad, que atente contra los intereses legítimos de las personas.

Cuando quien detenta el poder, en ejercicio abusivo de su posición, impone cargas ilegales de naturaleza administrativa, laboral o de cualquier otra especie, o despoja de un derecho a quien o quienes son sus legítimos titulares aprovechando la situación precaria de éstos o su desventaja asimétrica, la violación es todavía más grave, porque entraña un sometimiento indigno del débil por el poderoso, no importa si para ello se vale de la fuerza física o la amenaza o el temor, que a fin de cuentas constituyen una fuerza sicológica.

Con independencia de los delitos y faltas en que quien detenta el poder incurra al actuar de esa manera, el efecto de su conducta es en sí mismo corruptor, porque tiende a corroer el ordenado funcionamiento de la vida en sociedad.

Si la lenidad se manifiesta en aquellas instituciones y órganos que, por la función que se les ha encomendad, debieran ser custodios escrupulosos de los mismos, la inminencia del riesgo será mayúscula.

Eso, que ya de suyo es gravísimo, empeora todavía más cuando la víctima cede a la imposición sin acudir a los medios de defensa que el propio sistema de normas ofrece, porque su pasividad contribuye a la impunidad y, con ello, al deterioro de los equilibrios que descansan en la estructura jurídica.

Cuando se enseñorean en esa sociedad, o en algún sector relevante de ella, los antivalores, como es la falta de valor cívico, el pacto social que permite el transcurso de la vida comunitaria se trastocará y se pondrá en grave riesgo la subsistencia misma del ente social.

Si, en cambio, pugna por hacer valer sus derechos, las aguas podrán retomar su cauce y las cosas transcurrirán en el sentido debido y, por regla general, las posibles desviaciones, las infracciones esporádicas, serán enmendables de manera relativamente sencilla y hasta casi inocua.

Al cobrarse conciencia de la gravedad del problema que la corrupción presenta, importa sobremanera extremar, desde la ciudadanía misma, adoptar posturas firmes y, desde las múltiples plataformas que el derecho ofrece, combatir con denuedo ese mal que amenaza, ostensiblemente, con aniquilar toda posibilidad de rescate para este país que, después de dos siglos de intentarlo, no atina todavía definirse y crecer con solidez y en justicia.

En ello radican, en muy buena medida, la magnitud y la extensión del mal que llamamos corrupción.

El combate a la corrupción implica más -mucho más- que perseguir a delincuentes de cuello blanco, desfalcadores de las arcas públicas, perpetradores de cohecho y afectos a las “mordidas” o cualquier otro delincuente por el estilo, y escarmentarlos. Es cuestión de depurar la moral pública y los procedimientos de selección y elección de las mujeres y hombres que tendrán a cargo las funciones de gobierno y gestión, para asegurar su probidad y su capacidad para el desempeño del cargo.

Pero mientras eso ocurre, y aun para que pase, es imprescindible la acción responsable y activa de las y los ciudadanos afectados por las acciones abusivas e ilegales de que hayan sido víctimas. No hay mejor remedio que ese contra la impunidad.

El mejor remedio contra los abusos y la corrupción radica en las buenas prácticas, y no cabe duda alguna de que la defensa de los propios derechos es una de ellas.

Sin una actitud así, enérgica y generalizada, será difícil contener -imposible revertir- los progresos de la corrupción, en cuya matriz, no cabe duda, radica el abuso de poder.

Bueno es tener en cuenta que el combate a la corrupción podría tener por divisa aquellos viejos versos de Facundo Cabral, que bien resumen y gráficamente expresan lo que aquí se ha dicho: “Yo tengo dos enemigos, pues dos puntas tiene el mal: el hombre que pisa a otro y el que se deja pisar”.

¡Feliz semana!
18 Febrero 2018 04:09:00
La legitimidad democrática
En estas épocas electorales suele reciclarse la moda de hablar de democracia, elecciones, partidos y, recurrentemente, de “estado de derecho”; poco de legitimidad y sí mucho atribuyéndola al o a los gobernantes que ganaron en los comicios.

La verdad es que, a pesar de eso y de los ríos de tinta que han corrido sobre esos temas, poco es lo que se ha dilucidado y nada resuelto con claridad sobre ellos.

Las trampas del lenguaje mal empleado, otra vez, hacen de las suyas.

En primer lugar, creo necesario insistir en que, según yo lo veo, en el caso de la democracia se ha sustantivado un adjetivo destinado a calificar una característica del poder que, según es hoy generalizadamente aceptado, debe ser democrático, es decir, sustentado y destinado en su ejercicio al beneficio –que no al bienestar– de la comunidad y, por supuesto, de los seres humanos individuales que la integran.

Leo, en el artículo de Salvador Hernández Vélez intitulado Democracia a la Baja, una referencia al libro Contra las Elecciones. Cómo Salvar la Democracia, de David Van Reybrouck, en el que el autor del libro refiere cómo es que, a pesar de haberse incrementado enormemente el número de “democracias plenas”, en los últimos 10 años ha decrecido de manera notoria la confianza en los parlamentos, gobiernos y partidos políticos.

Atribuye esa circunstancia al “síndrome de fatiga democrática”, ocasionado, según él, al “fundamentalismo electoral”, que no es otra cosa que “idolatrar las elecciones”, mientras se desprecia a los elegidos, para concluir que es el sistema electoral el que falla, cuando en realidad es el gobierno electo el que lo hace.

Eso pasa, en eso acierta Reybrouck, porque lo común es que se confunda a la democracia con los procesos electorales, cuando que en realidad la democracia es un proceso continuo que debe manifestarse en el gobierno permanente e infaltablemente.

Gobernar es ejercer la soberanía, y en el “estado de derecho” eso implica que la principal función del Gobierno es emitir normas arraigadas en el consenso axiológico de la comunidad y apegarse a ellas rigurosamente durante su gestión.

Mal cuento es que los gobiernos no cumplan con los propósitos para los que se crearon como instituciones, pero todavía peor cuando actúan en sentido contrario, como ocurre cuando, lejos de garantizar los derechos y libertades fundamentales –razón suprema de su existencia– las contravienen, actuando precisamente como lo tienen prohibido y en el sentido contrario: vulnerándolos.

En épocas como la que vivimos, la idolatría del becerro de oro, revestido falsa, burdamente, de libertad, no es de extrañar que desde los centros de poder se pretenda la legitimidad se basa solo en procesos electorales, muchas veces de dudosa pulcritud incluso, y no se gane día a día en el ejercicio del gobierno en aras de satisfacer el genuino interés general.

Esa práctica, por infortunio cada vez más generalizada, es la causante del desencanto, no los métodos electorales, que no son sino procedimientos para designar a quienes deban representar los intereses comunitarios a la hora de legislar, juzgar y administrar los asuntos de la cosa pública.

Hay que retomar el sentido de las cosas y reconocer su función si no se quiere caer en las trampas de la confusión, que tan dañinas son para los más y tan benéficas para los pocos pescadores en tan revuelto río.

Como el mismo Reybrouck dice: “Estamos pasando de la centralidad a la descentralización; de lo vertical a lo horizontal; de una relación que iba de arriba a abajo a una relación que va de abajo a arriba. Hemos dedicado más de 100 años a crear esta sociedad centralizada, orientada de arriba a abajo y vertical. El modo de pensar se ha vuelto de revés. Por lo tanto, es preciso que desaprendamos y volvamos a aprender”.

La mayor barrera está en nuestra cabeza, dice Reybrouck. Puede que sí, pero creo que, sobre todo, en los intereses que quieren sacar provechos espurios de la situación.

11 Febrero 2018 04:06:00
Accesar a lo mandatado
¿Le gusta el título de este artículo? ¿Le parece escrito con corrección? A mí me parece horrendo y disparatado, pero lo utilicé por eso, para llamar la atención sobre apenas dos barbarismos que se han vuelto desgraciadamente usuales, especialmente en el habla de la política, no importa si es hecha por profesionales de ella, por integrantes del sector público o incluso la sociedad civil.

El lenguaje es un elemento sine qua non para expresar claramente lo que la mente ha concebido, por eso es necesario utilizarlo con corrección. Las palabras se convierten en acciones, moldean el pensamiento, lo proyectan y comunican, si están bien construidos los códigos lingüísticos que permiten emitir y recibir los mensajes.

El buen empleo del idioma, su vocabulario, su ortografía y su sintaxis, son un elemento imprescindible para construir la paz, el respeto, la inclusión y el orden que necesita la comunidad para perdurar y crecer en calidad. Bien lo dice el refrán: hablando se entiende la gente.

Si se utiliza mal, los efectos son nefastos, porque se producen entonces equívocos, errores, incomunicación y, en el extremo, la irritación y violencia que tan perniciosas resultan a la postre.

Por infortunio, una de las facetas más evidentes en la comunicación de nuestros días, aunque está entre las que menos atención reciben, es precisamente la de la distorsión y empobrecimiento del lenguaje, especialmente el que es empleado en los espacios públicos.

Una frase como la que sigue no es inusitada: “Es necesario accesar a niveles de vida dignos para que eventualmente todas y todos puedan gozar de la garantía de sus derechos, como mandata la Constitución. Por eso hacen falta gobernantes con conocimientos y la “expertise” (¿por qué no dicen “experiencia” o “pericia”?) necesaria para que, al final del día, se alcance ese objetivo”.

Accesar y mandatar no son verbos que existan en nuestra lengua; “eventual” es un vocablo de esos que se conocen como “falsos amigos”, porque engañan: escribiéndose igual y casi pronunciándose del mismo modo, significan cosas diferentes en inglés y en español; “al final del día” es un modismo usual entre los estadunidenses que equivale a nuestro “a fin de cuentas”.

Como esa, imaginaria (todo parecido con la realidad es mera coincidencia), hay muchas que se hacen presentes en la escena, prolijamente.

Poca concordancia sintáctica, empleo excesivo de barbarismos, una ortografía desastrosa, pero con seguridad quienes hablan así sienten que están innovando el discurso, cuando en realidad lo que hacen es confundir el mensaje y, por lo tanto, distorsionar la función del lenguaje.

¿Pasa eso por ignorancia, por pretender elevada cultura, o nada más porque existen confusión conceptual o vacíos de ideas impiden, de raíz, una expresión que sea correcta y clara, a fin de que se entienda el mensaje sin riesgos de malos entendimientos?

Cualquiera y todas pueden ser la causa. Lo cierto es que aporrear el lenguaje de esa manera no conduce a ningún buen puerto, sino al contrario, y por supuesto no adorna a quien lo dice y sí desdora la calidad de lo dicho.

Poca lectura y muchas redes sociales conducen a esa superficial cultura que, cuando se quiere profundizar en el saber, no alcanza para profundizar mucho.
Lo peor del caso es que la magia del lenguaje no sólo lo hace apto para entender y entenderse, sino que puede revertir ese efecto y, como si fuera una sutil venganza contra quien no lo respeta, se vuelve en su contra y acaba por confundirlo más de lo que ya estaba.

Si esa confusión trasciende, la situación puede volverse caótica, y campos como el de la política, ya de suyo complejos, conflictivos y densos, se tornan intransitables. ¿Qué decir de la educación cuando esa circunstancia impera?
Ineludible resulta la buena lectura, porque de ella se aprende. Las palabras generan hechos, construyen o destruyen, y los más queremos que sean constructivas, ordenadas y justas, no disparatadas como parece que vamos en camino de acostumbrarnos a que lo sean.

11 Febrero 2018 04:00:00
Accesar a lo mandatado
¿Le gusta el título de este artículo? ¿Le parece escrito con corrección? A mí me parece horrendo y disparatado, pero lo utilicé por eso, para llamar la atención sobre apenas dos barbarismos que se han vuelto desgraciadamente usuales, especialmente en el habla de la política, no importa si es hecha por profesionales de ella, por integrantes del sector público o incluso la sociedad civil.

El lenguaje es un elemento “sine qua non” para expresar claramente lo que la mente ha concebido, por eso es necesario utilizarlo con corrección. Las palabras se convierten en acciones, moldean el pensamiento, lo proyectan y comunican, si están bien construidos los códigos lingüísticos que permiten emitir y recibir los mensajes.

El buen empleo del idioma, su vocabulario, su ortografía y su sintaxis, son un elemento imprescindible para construir la paz, el respeto, la inclusión y el orden que necesita la comunidad para perdurar y crecer en calidad. Bien lo dice el refrán: hablando se entiende la gente.

Si se utiliza mal, los efectos son nefastos, porque se producen entonces equívocos, errores, incomunicación y, en el extremo, la irritación y violencia que tan perniciosos resultan a la postre.

Por infortunio, una de las facetas más evidentes en la comunicación de nuestros días, aunque está entre las que menos atención reciben, es precisamente la de la distorsión y empobrecimiento del lenguaje, especialmente el que es empleado en los espacios públicos.

Una frase como la que sigue no es inusitada: “Es necesario accesar a niveles de vida dignos para que eventualmente todas y todos puedan gozar de la garantía de sus derechos, como mandata la constitución. Por eso hacen falta gobernantes con conocimientos y la “expertise” (¿por qué no dicen “experiencia” o “pericia”?) necesaria para que, al final del día, se alcance ese objetivo”.

Accesar y mandatar no son verbos que existan en nuestra lengua; “eventual” es un vocablo de esos que se conocen como “falsos amigos”, porque engañan: escribiéndose igual y casi pronunciándose del mismo modo, significan cosas diferentes en inglés y en español; “al final del día” es un modismo usual entre los estadounidenses que equivale a nuestro “a fin de
cuentas”.

Como esa, imaginaria (todo parecido con la realidad es mera coincidencia), hay muchas que se hacen presentes en la escena, prolijamente.

Poca concordancia sintáctica, empleo excesivo de barbarismos, una ortografía desastrosa, pero con seguridad quienes hablan así sienten que están innovando el discurso, cuando en realidad lo que hacen es confundir el mensaje y, por lo tanto, distorsionar la función del lenguaje.

¿Pasa eso por ignorancia, por pretender elevada cultura, o nada más porque existen confusión conceptual o vacíos de ideas impiden, de raíz, una expresión que sea correcta y clara, a fin de que se entienda el mensaje sin riesgos de malos entendimientos?

Cualquiera y todas pueden ser la causa. Lo cierto es que aporrear el lenguaje de esa manera no conduce a ningún buen puerto, sino al contrario, y por supuesto no adorna a quien lo dice y sí desdora la calidad de lo dicho.

Poca lectura y muchas redes sociales conducen a esa superficial cultura que, cuando se quiere profundizar en el saber, no alcanza para profundizar mucho.

Lo peor del caso es que la magia del lenguaje no solo lo hace apto para entender y entenderse, sino que puede revertir ese efecto y, como si fuera una sutil venganza contra quien no lo respeta, se vuelve en su contra y acaba por confundirlo más de lo que ya estaba.

Si esa confusión trasciende, la situación puede volverse caótica, y campos como el de la política, ya de suyo complejos, conflictivos y densos, se tornan intransitables. ¿Qué decir de la educación cuando esa circunstancia impera?

Ineludible resulta la buena lectura, porque de ella se aprende. Las palabras generan hechos, construyen o destruyen, y los más queremos que sean constructivas, ordenadas y justas, no disparatadas como parece que vamos en camino de acostumbrarnos a
que lo sean.
04 Febrero 2018 04:00:00
Política, acción pública y democracia
Si la política es cuestión de convicciones y valores, la democracia es gobierno que los procura a través de acciones congruentes, bien programadas y apegadas a la norma, porque de no observarse esta última, el “estado de derecho” cedería su lugar a la demagogia, como lamentablemente ha ocurrido tan frecuentemente en nuestro país y en otras latitudes.



Por eso importa tener en cuenta la participación social en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, que no son otra cosa que la ordenación de los asuntos propios de la comunidad en orden a propósitos específicos que para bien de ella deban procurarse, aunque en la conducción de las actividades corresponda al gobierno la conducción de las acciones emprendidas con ese objetivo.



Por esa razón, las políticas públicas se traducen en planes y programas congruentes, que parten de diagnósticos bien elaborados y sustentados en las condiciones reales de que se parte, para poder llegar al modelo de lo que se quiere ser en el futuro, lo que demanda estrategias, tácticas actividades y acciones que permitan la transformación deseada y prevista.



El pasado martes 30 de enero se convocó en Coahuila a la consulta para diseñar el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2023, y en el evento de arranque fue relevante el discurso que pronunció, en representación de la sociedad civil del estado, el maestro Héctor Gil Müller, director del campus en Saltillo de la Universidad Autónoma del Noreste.



Discurso fue ese de muchos méritos y bien merece ser leído por quienes no oyeron decirlo tan bien como lo hizo el maestro Gil, pero creo que su núcleo, la más relevante parte respecto de las políticas públicas es aquella que se refiere a las virtudes cívicas necesarias para el progreso de toda república.



Dijo al respecto Gil Müller: “Hoy nos encontramos frente la apertura de estos foros, que deben ser exitosos, en la medida que la propia ciudadanía participe y se involucre en la vida pública. Platón describió́ al ciudadano capaz de enaltecer a su sociedad, (sophia, sofrosine, osiotes, dikayusine, andreia) es decir; sabio, fuerte, piadoso, justo y valiente y esas cinco virtudes eran fortalecidas por la participación. Ese era el objetivo de la virtud convertirse en un buen ciudadano. La democracia nunca debe ser silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y los medios para resolverlos ante la ciudadanía. Si parafraseo a Alfred Smith, aquel político americano debo decir que todos los males de la participación ciudadana pueden curarse con más participación ciudadana”.



De ello depende, concuerdo, que se alcancen civilizadamente los consensos sin los cuales, expresados y recogidos conforme al orden jurídico, es imposible estructurar un gobierno apto, legítimo y respetuoso de las instituciones y los ciudadanos, en cuyo reconocimiento encuentre la fuerza necesaria para cumplir con su cometido.



“He visto muchas crisis, por aquello que ve mucho el que camina, por más distraído que sea y sé que la peor de las crisis siempre es ocasionada por el incumplimiento de nuestro menester, por no mantenernos diligentes en el oficio celosamente encargado. Nos toca a nosotros participar, proponer, asumir y enfatizar para prever lo que Coahuila será”, dijo el orador, y tiene razón, porque en la medida en que cada quien asuma sus responsabilidades, con sentido de solidaridad cívica, el camino será más claro y el caminar por el más firme y duradero.



Es hora de emprender juntos, y bien, este tramo de la vida pública con visión clara del destino que queremos, la motivación que solo la vocación compartida puede ofrecer, y la dignidad que la empresa demanda.



La amplia participación ciudadana es vital, porque, como dijo el Quijote y atinadamente recordó Gil Müller en el evento, “mejorar y cambiar la sociedad que tenemos por aquella que deseamos no es locura o utopía, es justicia”.
04 Febrero 2018 03:00:00
Política, acción pública y democracia
Si la política es cuestión de convicciones y valores, la democracia es Gobierno que los procura a través de acciones congruentes, bien programadas y apegadas a la norma, porque de no observarse esta última, el “estado de derecho” cedería su lugar a la demagogia, como lamentablemente ha ocurrido tan frecuentemente en nuestro país y en otras
latitudes.

Por eso importa tener en cuenta la participación social en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, que no son otra cosa que la ordenación de los asuntos propios de la comunidad en orden a propósitos específicos que para bien de ella deban procurarse, aunque en la conducción de las actividades corresponda al Gobierno la conducción de las acciones emprendidas con ese objetivo.

Por esa razón, las políticas públicas se traducen en planes y programas congruentes, que parten de diagnósticos bien elaborados y sustentados en las condiciones reales de que se parte, para poder llegar al modelo de lo que se quiere ser en el futuro, lo que demanda estrategias, tácticas actividades y acciones que permitan la transformación deseada y prevista.

El pasado martes 30 de enero se convocó en Coahuila a la consulta para diseñar el Plan Estatal de Desarrollo 2018-2023, y en el evento de arranque fue relevante el discurso que pronunció, en representación de la sociedad civil del estado, el maestro Héctor Gil Müller, director del campus en Saltillo de la Universidad Autónoma del
Noreste.

Discurso fue ese de muchos méritos y bien merece ser leído por quienes no oyeron decirlo tan bien como lo hizo el maestro Gil, pero creo que su núcleo, la más relevante parte respecto de las políticas públicas es aquella que se refiere a las virtudes cívicas necesarias para el progreso de toda república.

Dijo al respecto Gil Müller: “Hoy nos encontramos frente la apertura de estos foros, que deben ser exitosos, en la medida que la propia ciudadanía participe y se involucre en la vida pública. Platón describió al ciudadano capaz de enaltecer a su sociedad, sophia, sofrosine, osiotes, dikayusine, andreia es decir; sabio, fuerte, piadoso, justo y valiente y esas cinco virtudes eran fortalecidas por la participación. Ese era el objetivo de la virtud, convertirse en un buen ciudadano. La democracia nunca debe ser silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y los medios para resolverlos ante la ciudadanía. Si parafraseo a Alfred Smith, aquel político americano debo decir que todos los males de la participación ciudadana pueden curarse con más participación ciudadana”.

De ello depende, concuerdo, que se alcancen civilizadamente los consensos sin los cuales, expresados y recogidos conforme al orden jurídico, es imposible estructurar un gobierno apto, legítimo y respetuoso de las instituciones y los ciudadanos, en cuyo reconocimiento encuentre la fuerza necesaria para cumplir con su cometido.

“He visto muchas crisis, por aquello que ve mucho el que camina, por más distraído que sea y sé que la peor de las crisis siempre es ocasionada por el incumplimiento de nuestro menester, por no mantenernos diligentes en el oficio celosamente encargado. Nos toca a nosotros participar, proponer, asumir y enfatizar para prever lo que Coahuila será”, dijo el orador, y tiene razón, porque en la medida en que cada quien asuma sus responsabilidades, con sentido de solidaridad cívica, el camino será más claro y el caminar por el más firme y duradero.

Es hora de emprender juntos, y bien, este tramo de la vida pública con visión clara del destino que queremos, la motivación que sólo la vocación compartida puede ofrecer y la dignidad que la empresa demanda.

La amplia participación ciudadana es vital, porque, como dijo el Quijote y atinadamente recordó Gil Müller en el evento, “mejorar y cambiar la sociedad que tenemos por aquella que deseamos no es locura o utopía, es justicia”.
28 Enero 2018 04:09:00
El derecho fundamental al desarrollo sustentable
Las noticias proliferan: inundaciones graves en lugares donde no habían ocurrido, debido a las inusitadas lluvias; sequías en cuencas que en otro tiempo fueron de fértiles tierras; tsunamis y terremotos por todos lados, cada vez más intensos.

El calentamiento global es un hecho cuyas consecuencias ya nos alcanzaron, y no viene mal recordar que no fue sino hasta finales del siglo 20 que el mundo cobró conciencia de que la explotación intensiva y despiadada de los recursos naturales, la producción de sustancias que resultaron nocivas y algunas otras causas convergentes, estaban causando –como lo siguen haciendo– daños irreparables al medio ambiente. Fue la realidad, y no la convicción, la que hizo llegar hasta la ONU la preocupación por resolver la contradicción entre las necesidades de insumos para el desarrollo económico y la de preservar la biodiversidad en el mundo.

El 16 de junio de 1972 se celebró en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, al término de la cual se emitió la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, que entre otras cosas reconoce y proclama que “el hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual le da el sustento material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral social y espiritualmente”.

En ella se afirma, con razón, que “el hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras”.

Por eso reconoce también que la protección y mejoramiento del medio ambiente es un derecho fundamental de los seres humanos y que se ha vuelto un asunto de atención urgente que tiene por contrapartida el deber de todos los gobiernos de aplicar las medidas necesarias a fin de revertir el proceso del deterioro y proveer, en cambio, a la recuperación medioambiental y de la biodiversidad.

Frente a esa emergencia –la situación había llegado a ser crítica– la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó, en 1984, a la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo a fin de que estableciera una agenda global para el cambio, y fue en 1987 que esa comisión emitió su reporte, en el que se hace énfasis en la pretensión de encontrar vías para crecer económicamente, diseñando e instrumentando políticas públicas que no sólo dieran pie al mantenimiento y conservación de los recursos ambientales, sino también a su expansión.
Tras estudiar diversos modelos de desarrollo y constatar que por regla general conducían a generar pobreza y degradación ambiental, propuso buscar la manera de instrumentar un modelo que se basara en un nuevo concepto de desarrollo, al que denominó “desarrollo sustentable” y definió como el “desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”.

El “futuro común” al que desde el informe se aspira depende, según detectó la comisión, de acciones políticas vigorosas y generalizadas, capaces de impulsar un más adecuado manejo de los recursos ambientales, para garantizar un progreso humano sostenible que fuera, al mismo tiempo, apto para garantizar la supervivencia del ser humano en la tierra.

A pesar del avance que representa en sí mismo el hecho de considerar la urgencia de atender coordinadamente el problema, las medidas, públicas y privadas, necesarias para remediarlo no se ven próximas, con suficiencia, en el horizonte de la acción concertada que debe nutrir la eficacia de toda política pública.
¿Se verán adoptadas dichas medidas a tiempo, así sea por puro instinto de supervivencia?
28 Enero 2018 04:00:00
El derecho fundamental al desarrollo sustentable
Las noticias proliferan: inundaciones graves en lugares donde no habían ocurrido, debido a las inusitadas lluvias; sequías en cuencas que en otro tiempo fueron de fértiles tierras; tsunamis y terremotos por todos lados, cada vez más intensos.

El calentamiento global es un hecho cuyas consecuencias ya nos alcanzaron, y no viene mal recordar que no fue sino hasta finales del siglo XX que el mundo cobró conciencia de que la explotación intensiva y despiadada de los recursos naturales, la producción de sustancias que resultaron nocivas y algunas otras causas convergentes, estaban causando -como lo siguen haciendo- daños irreparables al medio ambiente. Fue la realidad, y no la convicción, la que hizo llegar hasta la ONU la preocupación por resolver la contradicción entre las necesidades de insumos para el desarrollo económico y la de preservar la biodiversidad en el mundo.

El 16 de junio de 1972 se celebró en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, al término de la cual se emitió la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, que entre otras cosas reconoce y proclama que “El hombre es a la vez obra y artífice del medio ambiente que lo rodea, el cual le da el sustento material le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral social y espiritualmente”.

En ella se afirma, con razón, que “El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras”.

Por eso reconoce también que la protección y mejoramiento del medio ambiente es un derecho fundamental de los seres humanos y que se ha vuelto un asunto de atención urgente que tiene por contrapartida el deber de todos los gobiernos de aplicar las medidas necesarias a fin de revertir el proceso del deterioro y proveer, en cambio, a la recuperación medioambiental y de la biodiversidad.

Frente a esa emergencia -la situación había llegado a ser crítica- la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó, en 1984, a la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo a fin de que estableciera una agenda global para el cambio, y fue en 1987 que esa comisión emitió su reporte, en el que se hace énfasis en la pretensión encontrar vías para crecer económicamente, diseñando e instrumentando políticas públicas que no solo dieran pie al mantenimiento y conservación de los recursos ambientales, sino también a su expansión.

Tras estudiar diversos modelos de desarrollo y constatar que por regla general conducían a generar pobreza y degradación ambiental, propuso buscar la manera de instrumentar un modelo que se basara en un nuevo concepto de desarrollo, al que denominó “desarrollo sustentable” y definió como el “desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”.

El “futuro común” al que desde el informe se aspira depende, según detectó la comisión, de acciones políticas vigorosas y generalizadas, capaces de impulsar un más adecuado manejo de los recursos ambientales, para garantizar un progreso humano sostenible que fuera, al mismo tiempo, apto para la garantizar la supervivencia del ser humano en la tierra.

A pesar del avance que representa en sí mismo el hecho de considerar la urgencia de atender coordinadamente el problema, las medidas, públicas y privadas, necesarias para remediarlo no se ven próximas, con suficiencia, en el horizonte de la acción concertada que debe nutrir la eficacia de toda política pública.

¿Se verán adoptadas a tiempo, así sea por puro instinto de supervivencia?
21 Enero 2018 04:06:00
De la sumisión a la simulación
En los lugares donde se asienta la cultura de la sumisión, una de las consecuencias, y no la menos perniciosa, es la simulación que se apodera de las relaciones sociales en general, pero muy especialmente de las de naturaleza política.

En primer lugar, porque la creciente conciencia de las personas, en el nivel global, de su valor en tanto que seres humanos iguales en dignidad por su propia naturaleza, obliga a las clases dominantes a diseñar y aplicar sofisticados esquemas de propaganda y convencimiento para fingir que todo lo que hacen es en beneficio de la comunidad, única destinataria de sus altruistas preocupaciones.

En segundo lugar, porque nadie que esté en sus cabales se siente cómodo siendo sumiso, y para justificar esa conducta en principio incómoda, suele acudirse al expediente de autoconvencerse de que el pragmatismo adoptado, tan genuino o espurio como se quiera, representa ideales de los que, revestidos de un ropaje ideológico, es pertinente apropiarse.

La jerarquía de la dominación requiere que sus decisiones sean acatadas y ejecutadas a la perfección y con la menor resistencia posible. Por eso se vale del adoctrinamiento.

La disciplina es imprescindible para mantener e incrementar el poder sobre cada vez más seguidores, tanto como mantener la cohesión del grupo integrado así para asegurar la eficiencia y eficacia de las consignas de la cúspide. Si no es así, el sistema de dominación se desmorona.

Poco a poco las normas objetivas y manifiestas van cayendo en desuso y ocupan su lugar esas que se han conocido como “reglas no escritas”, creadas a su modo por las redes de poder gobernantes a modo de su conveniencia.

En un mundo en el que prevalece la codicia –de poder y de dinero, que cuando se unen potencian recíprocamente sus capacidades de dominación– la convicción y las necesidades de supervivencia son campo propicio para el cultivo del engaño y los métodos de persuasión oculta y extralógica.

Se ha llegado incluso a proponer una teoría sobre pretendidas “facultades metaconstitucionales”, y no por juristas neófitos o ignorantes, sino por el contrario, profesores universitarios de relieve internacional, cuyas doctrinas han generado escuela.

Hemos llegado al grado de que sea reconocido –si no de modo público, cuando menos sin mucho recato– que hay cuestiones que son jurídicamente correctas, pero políticamente inconvenientes, queriendo así justificar así acciones que de una manera u otra se apartan del orden jurídico.

Es así como se ha desarrollado un sistema de doble moral que en nada propicia, sino al contrario, el sano y correcto desarrollo de los valores humanísticos que tanto se echan de menos en estos tiempos.

El engaño y el miedo se han vuelto armas de poder mucho más usuales y atendidas de lo conveniente, y en el quehacer gubernamental las instituciones se confunden y desaparece, para todo efecto práctico relevante, la división de poderes, mientras que los ciudadanos, que se convirtieron en eso después de haber sido súbditos, vuelven a serlo inconfesadamente bajo las formas clientelares en uso.

Eso pasó durante el porfiriato –flaca es casi siempre la memoria histórica– y ha pasado antes y después en muchas partes del mundo, que siguen viendo lejano el desarrollo.

Esas son prácticas que será necesario desterrar más temprano que tarde, porque ese doble tinglado sólo conduce a la confusión –la que no es extraño que alcance a los mismos que la producen– y, en última instancia, al cinismo convenenciero, en contra de los más elementales presupuestos lógicos de la vida en comunidad.

Afortunadamente, la reacción de las corrientes favorables a las libertades y derechos fundamentales, por definición opuestas a esa concentración y abuso del poder, se ha extendido e intensificado a lo largo y ancho del mundo, pero es necesario que se consoliden e integren bien, porque ya los poderes fácticos maniobran para adueñarse de sus banderas y tienden a neutralizarlas y reconducirlas en su beneficio.

Los gobiernos que quieran ser legítimos no deberían pasar por alto esta situación.
21 Enero 2018 04:00:00
De la sumisión a la simulación
En los lugares donde se asienta la cultura de la sumisión una de las consecuencias, y no la menos perniciosa, es la simulación que se apodera de las relaciones sociales en general, pero muy especialmente de las de naturaleza política.

En primer lugar, porque la creciente conciencia de las personas, en el nivel global, de su valor en tanto que seres humanos iguales en dignidad por su propia naturaleza, obliga a las clases dominantes a diseñar y aplicar sofisticados esquemas de propaganda y convencimiento para fingir que todo lo que hacen es en beneficio de la comunidad, única destinataria de sus altruistas preocupaciones.

En segundo lugar, porque nadie que esté en sus cabales se siente cómodo siendo sumiso, y para justificar esa conducta en principio incómoda, suele acudirse al expediente de autoconvencerse de que el pragmatismo adoptado, tan genuino o espurio como se quiera, representa ideales de los que, revestidos de un ropaje ideológico, es pertinente apropiarse.

La jerarquía de la dominación requiere que sus decisiones sean acatadas y ejecutadas a la perfección y con la menor resistencia posible. Por eso se vale del adoctrinamiento.

La disciplina es imprescindible para mantener e incrementar el poder sobre cada vez más seguidores, tanto como mantener la cohesión del grupo integrado así para asegurar la eficiencia y eficacia de las consignas de la cúspide. Si no es así, el sistema de dominación se desmorona.

Poco a poco las normas objetivas y manifiestas van cayendo en desuso y ocupan su lugar esas que se han conocido como “reglas no escritas”, creadas a su modo por las redes de poder gobernantes a modo de su conveniencia.

En un mundo en el que prevalece la codicia -de poder y de dinero, que cuando se unen potencian recíprocamente sus capacidades de dominación- la convicción y las necesidades de supervivencia son campo propicio para el cultivo del engaño y los métodos de persuasión oculta y extralógica.

Se ha llegado incluso a proponer una teoría sobre pretendidas “facultades metaconstitucionales”, y no por juristas neófitos o ignorantes, sino por el contrario, profesores universitarios de relieve internacional, cuyas doctrinas han generado escuela.

Hemos llegado al grado de que sea reconocido -si no de modo público, cuando menos sin mucho recato- que hay cuestiones que son jurídicamente correctas, pero políticamente inconvenientes, queriendo así justificar así acciones que de una manera u otra se apartan del orden jurídico.

Es así como se ha desarrollado un sistema de doble moral que en nada propicia, sino al contrario, el sano y correcto desarrollo de los valores humanísticos que tanto se echan de menos en estos tiempos.

El engaño y el miedo se han vuelto armas de poder mucho más usuales y atendidas de lo conveniente, y en el quehacer gubernamental las instituciones se confunden y desaparece, para todo efecto práctico relevante, la división de poderes, mientras que los ciudadanos, que se convirtieron en eso después de haber sido súbditos, vuelven a serlo inconfesadamente bajo las formas clientelares en uso.

Eso pasó durante el porfiriato -flaca es casi siempre la memoria histórica- y ha pasado antes y después en muchas partes del mundo, que siguen viendo lejano el desarrollo.

Esas son prácticas que será necesario desterrar más temprano que tarde, porque ese doble tinglado solo conduce a la confusión -la que no es extraño que alcance a los mismos que la producen- y, en última instancia, al cinismo convenenciero, en contra de los más elementales presupuestos lógicos de la vida en comunidad.

Afortunadamente, la reacción de las corrientes favorables a las libertades y derechos fundamentales, por definición opuestas a esa concentración y abuso del poder, se ha extendido e intensificado a lo largo y ancho del mundo, pero es necesario que se consoliden e integren bien, porque ya los poderes fácticos maniobran para adueñarse de sus banderas y tienden a neutralizarlas y reconducirlas en su beneficio.

Los gobiernos que quieran ser legítimos no deberían pasar por alto esta situación.
14 Enero 2018 04:00:00
La sumisión como cultura
Unos dicen que el principal problema de México es la corrupción, otros que la impunidad y que por esta última existen la primera y la galopante inseguridad.

Imposible sería ignorar esos problemas; son expresiones del grave cáncer social que afecta a nuestro país.

Creo, sin embargo, que una raíz más profunda del mal se encuentra en la manera de enfrentar los problemas de la comunidad, cuya solución se suele esperar del tlatoani en turno, el monarca sexenal a quien se responsabiliza de hacerlo.

Ese esquema es perceptible lo mismo en el nivel general del país que en el que corresponde a cada estado y, si mucho es el apremio y toda proporción guardada, también en el municipal.

Por eso cada seis años renacen las esperanzas y las campañas, cuando no se centran en el ataque y la diatriba, se nutren de promesas u ofrecimientos difícilmente sustentables, en términos de propaganda, en planes y programas puntualmente elaborados.

No hacen falta; lo que se requiere es una buena campaña publicitaria que sea capaz de vender una esperanza para los votantes, que han asumido, gracias a una hegemonía que ha durado mucho más que setenta años, como algunos pretenden, porque en la realidad de los hechos ha estado presente a lo largo de toda la historia.

Hay quien se la atribuye a un solo partido, pero la verdad es que hubo alternancia, y podrá darse otra vez, sin que las cosas hayan cambiado o den visos de que cambiarán.

De hecho, al escuchar las promesas de unos y otros, se oyen cosas como aquella de “no subiré los impuestos”, en boca de los aspirantes a ocupar el poder ejecutivo -unipersonal por definición- mientras que el establecimiento de contribuciones, constitucionalmente, corresponde a los poderes legislativos.

Cuando alguno ganó la contienda federal, se oyeron también cosas como esta: “Ajustaré todos mis actos a derecho; por eso he iniciado ya reformas a la constitución…”, con la certeza plena de que el órgano a cargo de la confección del traje jurídico que se había mandado a hacer a la medida cumpliría fielmente con lo requerido, e igualmente habría de pasar con las leyes así pensadas y confeccionadas desde el centro decisorio.

Es un problema estructural que parte del origen mismo de nuestras instituciones en 1821, cuando intentó instaurarse el llamado “primer imperio”, pero se acendró al asumir el régimen presidencial diseñado por los entonces recién nacido Estados Unidos de América, que lo que a su vez hicieron fue adaptar las características del rey al régimen republicano, para depositarlas en un órgano ejecutivo unipersonal, “republicanizando” al rey, para ponerlo con claridad diáfana.

La tradición anglosajona del “rule of law”, por la que se establece que gobierna el derecho y no los seres humanos, era ancestral y por eso la solución de los “padres fundadores” encontró mejores condiciones para funcionar en el esquema de división de poderes.

Aquí no ha sido así. Ya sea por la tradición absolutista de las dos culturas políticas de cuyo encuentro nació México, o por cualquier otra causa, lo cierto es que en nuestro país la supeditación plena al “Supremo Poder Ejecutivo” (así lo llama la constitución) ha sentado sus reales para todo efecto práctico, y en nuestro “federalismo de espejo” se reproduce también en los estados.

Eso ha dado lugar a la instauración de un esquema paternalista de gobierno que ha redundado en la dilución del sentido de responsabilidad entre los ciudadanos, los que esperan que las soluciones caigan en cascada, en vez de buscarlas juntos y desde abajo, en real solidaridad y con absoluta honradez (no la hay “relativa”).

La “monarquía republicanizada” ha permeado nuestra cultura y en ella ha convertido al “estado de derecho” en un “estado providencial”, que no puede subsistir más allá de la imaginación y la demagogia.

Eso es algo que debería tenerse presente siempre, si es que de verdad se quiere enderezar el rumbo hacia el elusivo desarrollo que decimos pretender.
14 Enero 2018 03:00:00
La sumisión como cultura
Unos dicen que el principal problema de México es la corrupción, otros que la impunidad y que por esta última existen la primera y la galopante inseguridad.

Imposible sería ignorar esos problemas; son expresiones del grave cáncer social que afecta a nuestro país.

Creo, sin embargo, que una raíz más profunda del mal se encuentra en la manera de enfrentar los problemas de la comunidad, cuya solución se suele esperar del tlatoani en turno, el monarca sexenal a quien se responsabiliza de hacerlo.

Ese esquema es perceptible, lo mismo en el nivel general del país que en el que corresponde a cada estado y, si mucho es el apremio y toda proporción guardada, también en el municipal.

Por eso cada seis años renacen las esperanzas y las campañas, cuando no se centran en el ataque y la diatriba se nutren de promesas u ofrecimientos difícilmente sustentables, en términos de propaganda, en planes y programas puntualmente elaborados.

No hacen falta; lo que se requiere es una buena campaña publicitaria que sea capaz de vender una esperanza para los votantes, que han asumido gracias a una hegemonía que ha durado mucho más que 70 años, como algunos pretenden, porque en la realidad de los hechos ha estado presente a lo largo de toda la historia.

Hay quien se la atribuye a un solo partido, pero la verdad es que hubo alternancia, y podrá darse otra vez, sin que las cosas hayan cambiado o den visos de que cambiarán.

De hecho, al escuchar las promesas de unos y otros, se oyen cosas como aquella de “no subiré los impuestos”, en boca de los aspirantes a ocupar el Poder Ejecutivo –unipersonal por definición– mientras que el establecimiento de contribuciones, constitucionalmente, corresponde a los poderes legislativos.

Cuando alguno ganó la contienda federal, se oyeron también cosas como esta: “Ajustaré todos mis actos a derecho; por eso he iniciado ya reformas a la Constitución…”, con la certeza plena de que el órgano a cargo de la confección del traje jurídico que se había mandado a hacer a la medida cumpliría fielmente con lo requerido, e igualmente habría de pasar con las leyes así pensadas y confeccionadas desde el centro decisorio.

Es un problema estructural que parte del origen mismo de nuestras instituciones en 1821, cuando intentó instaurarse el llamado “primer imperio”, pero se acendró al asumir el régimen presidencial diseñado por los entonces recién nacido Estados Unidos de América, que lo que a su vez hicieron fue adaptar las características del rey al régimen republicano, para depositarlas en un órgano ejecutivo unipersonal, “republicanizando” al rey, para ponerlo con claridad diáfana.

La tradición anglosajona del “rule of law”, por la que se establece que gobierna el derecho y no los seres humanos, era ancestral y por eso la solución de los “padres fundadores” encontró mejores condiciones para funcionar en el esquema de división de poderes.

Aquí no ha sido así. Ya sea por la tradición absolutista de las dos culturas políticas de cuyo encuentro nació México, o por cualquier otra causa, lo cierto es que en nuestro país la supeditación plena al “Supremo Poder Ejecutivo” (así lo llama la Constitución) ha sentado sus reales para todo efecto práctico, y en nuestro “federalismo de espejo” se reproduce también en los estados.

Eso ha dado lugar a la instauración de un esquema paternalista de gobierno que ha redundado en la dilución del sentido de responsabilidad entre los ciudadanos, los que esperan que las soluciones caigan en cascada, en vez de buscarlas juntos y desde abajo, en real solidaridad y con absoluta honradez (no la hay “relativa”).

La “monarquía republicanizada” ha permeado nuestra cultura y en ella ha convertido al “estado de derecho” en un “estado providencial”, que no puede subsistir más allá de la imaginación y la demagogia. Eso es algo que debería tenerse presente siempre, si es que de verdad se quiere enderezar el rumbo hacia el elusivo desarrollo que decimos pretender.
07 Enero 2018 04:07:00
A contrapelo: 2018
Cada año que inicia se abre una ventana de esperanza, un deseo de renuevo que, al paso del tiempo y conforme la vuelta al sol sigue su curso, se va opacando, para terminar por lo regular en medio de nubarrones, depresión, pesimismo y lamentos sin fin.

El tránsito en el calendario de este momento no es muy diferente. La cuesta de enero va siendo ominosa, con “gasolinazos”, reveses a la economía de los más y, por si eso fuera poco, el año que inicia es heredero del riesgo de sufrir los quebrantos económicos que seguirían a una revisión desventajosa del tratado de libre comercio, que alguna estabilidad macroeconómica ha proporcionado a México, a pesar de todo.

Persisten, además, las insultantes asimetrías en el acceso a los medios para satisfacer las necesidades vitales de los más, y la brecha con los ricos se hace mayor en la medida que las clases medias se empobrecen, mientras aquéllos aumentan sus caudales. El llamado “combate a la pobreza” no ha obtenido, en el papel, sino resultados marginales.

Por si eso fuera poco y a pesar del discurso oficial, la corrupción persiste y hasta da muestras de incrementarse y extenderse, en medio del despliegue de medidas, mecanismos y la creación de complejas e ineficientes estructuras que dicen querer combatirla.

La danza de los millones que se gastan en campañas que, se dice, no existen, no es deleznable y, como se ha vuelto costumbre, aún antes de comenzar la contienda ya el ejercicio por ganar votos derivó en denuestos y ataques personales, en lugar de la formulación de propuestas viables, a cabalidad democráticas y con la mira puesta, ya no se diga en la justicia, siquiera en la decencia a la hora de gobernar.

El orden y la paz públicos, desquiciados en muy extensas zonas del país de manera muy grave, tampoco son óptimos en el resto del territorio. La retórica sobre estos temas es rica en cálculos optimistas, pero las Fuerzas Armadas siguen en las calles realizando labores policiacas y, para peor, lo hacen sin un sustento legal claro y apegado a los mecanismos constitucionales, por deficiencias en la toma de decisiones políticas del mando civil, al que le ha faltado determinación para declarar, donde y cuando ha hecho falta, el estado de excepción que hoy quiere hacer regla mediante la polémica Ley de Seguridad Interior recientemente emitida.

La molicie de quien gestiona la cosa pública seguirá impulsando, para responder de la manera más fácil posible a las presiones internacionales, leyes que no se cumplen, ni se adaptan siempre a las realidades, valores y raíces históricas de este país, en vez de buscar en ellas lo mejor de nuestra identidad para cimentar el desarrollo cívico que se ha abandonado.

Continuará el desmantelamiento impío e irreflexivo del sistema, el federal, que ofrece garantías de libertad y democracia que no se producen en el centralismo nefasto que ha sentado sus reales en la política mexicana.

¿Exceso de pesimismo? No, realismo, diría yo, lo que no impedirá, aunque lo dificulte, pugnar por redefinir el rumbo de un país, el nuestro que, tras de doscientos años de pretender ser independiente no atina a librarse de esos vicios ancestrales que lo mantienen en el ostracismo del subdesarrollo humano, no solo económico.

Ya se ha vuelto un lugar común aquella expresión atribuida a Einstein que dice: “si haces siempre lo mismo, no esperes resultados distintos”.

¿Hay en verdad voluntad de que las cosas cambien? No persistamos en las prácticas que tienen al país en el estado de cosas que tanto pesan y agravian a su gente.

Solo así podrá pensase en un año y una vida mejor de la que pueda alcanzarse con nada más que buenos deseos.

Por esas razones, en vez de lanzar buenos deseos al aire, los votos que formulo son por que este año sea bueno para todos y marque el inicio, para bien, del cambio necesario.
07 Enero 2018 04:00:00
Primera Nota 2018
Cada año que inicia se abre una ventana de esperanza, un deseo de renuevo que, al paso del tiempo y conforme la vuelta al sol sigue su curso, se va opacando, para terminar por lo regular en medio de nubarrones, depresión, pesimismo y lamentos sin fin.

El tránsito en el calendario de este momento no es muy diferente. La cuesta de enero va siendo ominosa, con “gasolinazos”, reveses a la economía de los más y, por si eso fuera poco, el año que inicia es heredero del riesgo de sufrir los quebrantos económicos que seguirían a una revisión desventajosa del tratado de libre comercio, que alguna estabilidad macroeconómica ha proporcionado a México, a pesar de todo.

Persisten, además, las insultantes asimetrías en el acceso a los medios para satisfacer las necesidades vitales de los más, y la brecha con los ricos se hace mayor en la medida que las clases medias se empobrecen, mientras aquellos aumentan sus caudales. El llamado “combate a la pobreza” no ha obtenido, en el papel, sino resultados marginales.

Por si eso fuera poco y a pesar del discurso oficial, la corrupción persiste y hasta da muestras de incrementarse y extenderse, en medio del despliegue de medidas, mecanismos y la creación de complejas e ineficientes estructuras que dicen querer combatirla.

La danza de los millones que se gastan en campañas que, se dice, no existen, no es deleznable y, como se ha vuelto costumbre, aún antes de comenzar la contienda ya el ejercicio por ganar votos derivó en denuestos y ataques personales, en lugar de la formulación de propuestas viables, a cabalidad democráticas y con la mira puesta, ya no se diga en la justicia, siquiera en la decencia a la hora de gobernar.

El orden y la paz públicos, desquiciados en muy extensas zonas del país de manera muy grave, tampoco son óptimos en el resto del territorio. La retórica sobre estos temas es rica en cálculos optimistas, pero las fuerzas armadas siguen en las calles realizando labores policiacas y, para peor, lo hacen sin un sustento legal claro y apegado a los mecanismos constitucionales, por deficiencias en la toma de decisiones políticas del mando civil, al que le ha faltado determinación para declarar, donde y cuando ha hecho falta, el estado de excepción que hoy quiere hacer regla mediante la polémica Ley de Seguridad Interior recientemente emitida.

La molicie de quien gestiona la cosa pública seguirá impulsando, para responder de la manera más fácil posible a las presiones internacionales, leyes que no se cumplen, ni se adaptan siempre a las realidades, valores y raíces históricas de este país, en vez de buscar en ellas lo mejor de nuestra identidad para cimentar el desarrollo cívico que se ha abandonado.

Continuará el desmantelamiento impío e irreflexivo del sistema, el federal, que ofrece garantías de libertad y democracia que no se producen en el centralismo nefasto que ha sentado sus reales en la política mexicana.

¿Exceso de pesimismo? No, realismo, diría yo, lo que no impedirá, aunque lo dificulte, pugnar por redefinir el rumbo de un país, el nuestro que, tras de doscientos años de pretender ser independiente no atina a librarse de esos vicios ancestrales que lo mantienen en el ostracismo del subdesarrollo humano, no solo económico.

Ya se ha vuelto un lugar común aquella expresión atribuida a Einstein que dice: “Si haces siempre lo mismo, no esperes resultados distintos”.

¿Hay en verdad voluntad de que las cosas cambien? No persistamos en las prácticas que tienen al país en el estado de cosas que tanto pesan y agravian a su gente.

Solo así podrá pensase en un año y una vida mejor de la que pueda alcanzarse con nada más que buenos deseos.

Por esas razones, en vez de lanzar buenos deseos al aire, los votos que formulo son porque este año sea bueno para todos y marque el inicio, para bien, del cambio necesario.
26 Diciembre 2017 04:00:00
Navidad, tiempo de reflexión y enmienda
La Navidad señala el tiempo de concluir un año y cerrar las cuentas. Es tiempo propicio para meditar y evaluar; no de recriminaciones, sino de tender puentes, de solidaridad.

En la tradición cristiana, el adviento es remembranza del nacimiento del Mesías, que con él trajo esperanza y reconfiguró los esquemas de vida para dotarlos de perspectivas nuevas, abiertas a todos los seres humanos, sin distinguir entre ellos, y liberarlos de las ataduras que las tradiciones entonces normativas los habían sujetado.

Igualdad en dignidad; solidaridad de la más pura cepa, expresada en la caridad de los primeros cristianos, y fe, una fe incondicional en la trascendencia de toda acción efectuada en la vida.

Esos son valores que permea la tradición en la que se finca la civilización que llamamos occidental y que siempre han proclamado la asimilación de todos, interdependientes entre sí, de todos en un solo todo, cuyos vínculos están forjados en la dignidad, que es tanto como decir en la pertenencia a un cuerpo común, derivado de la condición de humanidad que comparten.

Una parada reflexiva se impone, un momento para tomar aliento y permitir que se asienten los exaltados ánimos de un año que, como ya todos van siendo, fue frenético y plagado de vicisitudes.

Cada quien tendrá que hacer su propio balance, y es recomendable que éste no se centre en los supuestos éxitos o fracasos económicos, porque si bien se ve, uno de los principales ingredientes del cúmulo de problemas y males que el mundo padece en nuestros días es, precisamente, el énfasis que ha sido puesto en la persecución de riquezas materiales, a costa de todo, con merma gravísima del enriquecimiento de las virtudes humanísticas.

Ya no se estudia para crecer intelectualmente y disfrutar del descubrimiento de saberes nuevos, sino para saber más que los otros y cobrar más por los propios servicios.

Los planes y programas de estudios superiores ya no se proyectan para generar conocimiento y sentido de pertenencia responsable a la comunidad, sino para encontrar empleo, no siempre siquiera bien remunerado.

Y no es que esté mal recibir estipendios buenos; al contrario: Mejor será el mundo cuando se cree más riqueza y se distribuya mejor, sin explotación y sin las asimetrías imperantes hoy.

La propiedad privada tiene también una función social, porque a la postre no podría generarse sin el concurso de todos. Este es un tema que se impone reconsiderar en estos días, me parece, desde el punto de vista personal, el de cada quien.

¿Qué tanto son honrados esos puntales axiológicos que fundaron nuestra civilización? ¿Qué toca a cada uno hacer para rescatarlos del ostracismo en que parecen inmersos?

La Navidad es motivo de celebración y festejos, de reuniones y de reencuentros, pero también de reflexiva meditación. Dediquemos un tiempo para dar entrada a la paz del espíritu y la meditación sobre los propios comportamientos, sin reproches que aniquilen, pero sin rehuir la necesidad de ver oportunidades en los errores y supuestos fracasos, que lo son solo si se permite que aniquilen y no provean
aprendizaje.

Después de un año muy intenso, en el que tuve el privilegio de compartir en este generoso diario que acoge mi semanal reflexión, yo haré lo propio y dedicaré unos días a esas labores, al estudio y la reflexión, haciendo adobes al descansar, para cubrir algunas tareas que han quedado pendientes.

Por esa razón me privaré del placer de saludarlos el próximo domingo, reanudando mis colaboraciones, con la venia de Zócalo, a partir del 7 de enero del año que se aproxima.

Mientras tanto, deseo que pasen, en compañía de quienes más quieran, una Navidad feliz, pacífica y reconfortante, y que el 2018 sea para todos y todas un año pleno de ventura, logros y
bendiciones.
24 Diciembre 2017 04:00:00
Navidad, tiempo de reflexión y enmienda
La Navidad señala el tiempo de concluir un año y cerrar las cuentas. Es tiempo propicio para meditar y evaluar; no de recriminaciones, sino de tender puentes, de solidaridad.

En la tradición cristiana, el adviento es remembranza del nacimiento del mesías, que con él trajo esperanza y reconfiguró los esquemas de vida para dotarlos de perspectivas nuevas, abiertas a todos los seres humanos, sin distinguir entre ellos, y liberarlos de las ataduras que las tradiciones entonces normativas los habían sujetado.

Igualdad en dignidad; solidaridad de la más pura cepa, expresada en la caridad de los primeros cristianos, y fe, una fe incondicional en la trascendencia de toda acción efectuada en la vida.

Esos son valores que permea la tradición en la que se finca la civilización que llamamos occidental y que siempre han proclamado la asimilación de todos, interdependientes entre sí, de todos en un solo todo, cuyos vínculos están forjados en la dignidad, que es tanto como decir en la pertenencia a un cuerpo común, derivado de la condición de humanidad que comparten.

Una parada reflexiva se impone, un momento para tomar aliento y permitir que se asienten los exaltados ánimos de un año que, como ya todos van siendo, fue frenético y plagado de vicisitudes.

Cada quien tendrá que hacer su propio balance, y es recomendable que este no se centre en los supuestos éxitos o fracasos económicos, porque si bien se ve, uno de los principales ingredientes del cúmulo de problemas y males que el mundo padece en nuestros días es, precisamente, el énfasis que ha sido puesto en la persecución de riquezas materiales, a costa de todo, con merma gravísima del enriquecimiento de las virtudes
humanísticas.

Ya no se estudia para crecer intelectualmente y disfrutar del descubrimiento de saberes nuevos, sino para saber más que los otros y cobrar más por los propios
servicios.

Los planes y programas de estudios superiores ya no se proyectan para generar conocimiento y sentido de pertenencia responsable a la comunidad, sino para encontrar empleo, no siempre siquiera bien remunerado.

Y no es que esté mal recibir estipendios buenos; al contrario: mejor será el mundo cuando se cree más riqueza y se distribuya mejor, sin explotación y sin las asimetrías imperantes hoy.

La propiedad privada tiene también una función social, porque a la postre no podría generarse sin el concurso de todos. Este es un tema que se impone reconsiderar en estos días, me parece, desde el punto de vista personal, el de cada quien.

¿Qué tanto son honrados esos puntales axiológicos que fundaron nuestra civilización? ¿Qué toca a cada uno hacer para rescatarlos del ostracismo en que parecen
inmersos?

La Navidad es motivo de celebración y festejos, de reuniones y de reencuentros, pero también de reflexiva meditación. Dediquemos un tiempo para dar entrada a la paz del espíritu y la meditación sobre los propios comportamientos, sin reproches que aniquilen, pero sin rehuir la necesidad de ver oportunidades en los errores y supuestos fracasos, que lo son sólo si se permite que aniquilen y no provean aprendizaje.

Después de un año muy intenso, en el que tuve el privilegio de compartir en este generoso diario que acoge mi semanal reflexión, yo haré lo propio y dedicaré unos días a esas labores, al estudio y la reflexión, haciendo adobes al descansar, para cubrir algunas tareas que han quedado pendientes.

Por esa razón me privaré del placer de saludarlos el próximo domingo, reanudando mis colaboraciones, con la venia de Zócalo, a partir del 7 de enero del año que se aproxima.

Mientras tanto, deseo que pasen, en compañía de quienes más quieran, una Navidad feliz, pacífica y reconfortante, y que el 2018 sea para todos y todas un año pleno de ventura, logros y bendiciones.
17 Diciembre 2017 04:00:00
La Ley de Seguridad Interior
Tras una muy larga secuencia de exposiciones en pro y en contra, que no debate, el Senado de la República finalmente aprobó la minuta que recibió de la Cámara de Diputados, y se consumó lo que se temía, a pesar de la generalizada, documentada y sustentada oposición: pasó la Ley de Seguridad Interior.

Pocas leyes he visto, si alguna, enfrentar tantos y tan sólidos argumentos de organismos, instituciones y juristas de bien ganado prestigio, como este instrumento.

Entre los oradores que en su favor hablaron fue recurrente acudir a la distracción emotiva de que quienes estaban en contra olvidaban el gran prestigio de las Fuerzas Armadas, eran ingratos con ellas y hasta hubo quien los acusara de antipatriotismo. Falacias todas, porque la oposición a la ley no descansaba en desprotegerlas ni denostarlas, sino en vicios muy serios de inconstitucionalidad e “inconvencionalidad” que no sólo afectan la validez de la ley, sino que pueden representar responsabilidades internacionales para nuestro país.

Algunas modificaciones se hicieron, en efecto, para tratar de cubrir las apariencias, pero no se logró hacerlo ni se tocó el fondo de las observaciones efectuadas, entre las que sin duda destacan las de la ONU, que en esencia subsisten.

En ellas, el organismo internacional señala que la ley adolece de defectos tales como: confusión de conceptos; violación al “principio de necesidad” (la “declaratoria de protección” podrá emitirse con el solo riesgo de que se “comprometan” las capacidades efectivas de las autoridades competentes o se vean aquellas amenazadas, no efectivamente superadas, lo cual queda al arbitrio de la autoridad interventora); asignar un papel indebido a las Fuerzas Armadas, que no se han instituido para la actividad policiaca; sometimiento de la autoridad civil a la autoridad militar, desde que esta toma autónomamente el mando en los casos de declaratoria; ausencia de controles y contrapesos; falta de políticas complementarias –y viables– para el fortalecimiento de las fuerzas policiacas locales (con la debida dotación de recursos, agrego, y en un esquema de verdad federal); indebida regulación del uso de la fuerza, porque el concepto en la ley no se ajusta a los estándares internacionales en la materia desde que “en su definición, sólo se hace referencia al uso ‘racional y proporcional’, excluyendo principios centrales para que el uso de la fuerza pueda entenderse como legítimo, como los principios de necesidad, idoneidad, eficacia y eficiencia”.

Se han hecho también observaciones acerca de la indebida protección y garantía de los derechos humanos; afectaciones a la protesta social; ausencia de transparencia; lesión a la autonomía de los órganos que constitucionalmente lo son, restringiendo todavía más su capacidad de acción. Adicionalmente, a juicio de la ONU, la ley presenta problemas de inconvencionalidad, porque según los criterios sentados por organismos de la ONU y el sistema interamericano, el concepto de seguridad interior “se asocia a regímenes autoritarios, debido a que a través de este concepto se faculta a los militares a llevar a cabo funciones de seguridad pública”, lo que incumple con obligaciones previstas en tratados internacionales ratificados por México.

Por si eso fuera poco, la ley en cuestión pasa por alto que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, según el Artículo 16 constitucional, tanto como viola la confidencialidad de los datos personales que garantiza el Artículo 6 de esa misma ley suprema, entre muchos otros derechos fundamentales.

Si se suma el hecho de que soslaya el mecanismo previsto por el Artículo 29 para suspender derechos y las limitaciones a esa acción, ya referido aquí la semana anterior, y se agrega que el Congreso de la Unión carece de facultades expresas para emitir una ley tal, el cuadro queda completo.

El Presidente podría vetarla, pero eso no ocurrirá, me temo. Será la Suprema Corte quien tenga la última palabra, porque seguramente la cuestión llegará hasta ella.

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