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Peniley Ramírez
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Con 32 años y experta en temas de seguridad, corrupción, derechos humanos y migración, Peniley Ramírez ha sido colaboradora de varios medios, tanto impresos como digitales. Además de su espacio en esta casa editorial, la periodista expresa sus opiniones a través de su cuenta de Twitter @penileyramirez, en donde suele tener interacción con sus lectores”

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03 Julio 2020 01:20:00
Investigan cuentas de Ana Gabriela Guevara y funcionarios del IMSS
Los señalamientos de corrupción hacia Ana Gabriela Guevara, la exatleta mexicana y ahora titular de la Conade, son hoy investigados por la Secretaría de la Función Pública.

Desde hace meses, la prensa y el Órgano Interno de Control de Conade señalaron una serie de desvíos por más de 50 millones de pesos allí. Guevara ha dicho que no está involucrada en ninguna transacción ilegal.

El 24 de junio, la Función Pública expidió una serie de oficios que indagan en las cuentas bancarias de Guevara, dos de sus funcionarios en Conade, más ocho del IMSS, principalmente de su delegación en Hidalgo.

De Guevara, la SFP envió a los bancos una dirección particular en una modesta colonia en Nogales, Sonora. Además, están en la indagatoria su subdirector de administración y subdirector general en Conade, José Omar Hernández y Sergio Monroy, uno de sus colaboradores más cercanos. La Conade no respondió a una solicitud de un posicionamiento sobre la indagatoria.

Los oficios están firmados por Luis Gutiérrez Reyes, subsecretario de combate a la impunidad en la Función Pública. Fueron girados a los bancos a través de la Comisión Nacional Bancaria. Dicen que deben informar sobre todos los movimientos, hipotecas, giros y cuentas de los investigados. Como justificación, citan que sobre ellos “se realiza una indagatoria en materia de evolución patrimonial”.

Del IMSS, se incluyeron a ocho funcionarios, sus parejas y dependientes económicos. Varios estuvieron incluidos en una denuncia que interpuso el PRD para que se investigara la adjudicación en Hidalgo de un contrato millonario a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad del hijo de Manuel Bartlett, y que denunció la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Los funcionarios del IMSS investigados son Ulises Morales, director de adquisiciones e Infraestructura; Salvador Cháidez, coordinador de abastecimiento y equipo; además de Guadalupe Mayorga, Alma Gómez, Olga Lidia Ramírez, Claudia Pérez, Natali Peña y Armando Soto, quienes laboran en las áreas de adquisiciones, servicios y Compranet para el Seguro Social. Ninguno de los investigados aparece con declaraciones patrimoniales de separación de sus puestos ni como sancionados aún por la Función Pública.

Morales dijo para esta columna que su área no estuvo involucrada en la compra de ventiladores en Hidalgo y que está dispuesto a que se le investigue, “en aras de la transparencia”.

En mayo, la organización MCCI reveló que el IMSS había adjudicado una compra de 20 ventiladores pulmonares —para enfrentar la crisis por la pandemia de coronavirus— a la empresa de Bartlett, a 31 millones de pesos, el precio más caro pagado desde que se declaró la pandemia.

Después de las revelaciones periodísticas, el IMSS anunció que había suspendido el contrato, porque la empresa no cumplió las especificaciones técnicas, y separó de sus cargos a los funcionarios de la delegación Hidalgo. Ahora esperan el proceso en la Función Pública.

En los próximos meses, sabremos si alguno de estos funcionarios resulta inhabilitado o sancionado. Las indagatorias son algunas de las primeras pesquisas bancarias que emprende la administración de Irma Eréndira Sandoval en la Función Pública, que en los primeros meses de la Administración se enfocó principalmente en funcionarios de gobiernos anteriores. Veremos si vienen más casos, otros nombres, también del Gobierno actual.
26 Junio 2020 05:03:00
Cuatro buenas noticias para Covid-19 en México
En los últimos cinco años, un equipo de investigadores en México ha experimentado cómo un medicamento puede desinflamar el sistema nervioso central. Se llama dexametasona. En lugar de inyectarlo, han propuesto que se use una cantidad mínima, que llegue al cerebro desde el nervio olfativo, que está en la nariz. Han tenido buenos resultados controlando la inflamación en el sistema nervioso central, en el respiratorio y todo el organismo. Los resultados fueron publicados en revistas especializadas calificadas mundialmente.

En marzo, propusieron que ese tratamiento también se use para pacientes con coronavirus, que provoca una inflamación de todas las células del cuerpo humano, incluyendo los pulmones y el sistema nervioso. “Por eso creemos que muchos pacientes pierden el gusto y el olfato, el virus está afectando el sistema nervioso que controla esos sentidos”, explica Edda Sciutto, una de las autoras del estudio e investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.

“Debe ser una dosis muy específica, en hospital y no en los primeros días. La inflamación inicial ayuda a que el paciente enfrente el virus; debe usarse cuando empieza a salirse de control la inflamación”.

Hace unos días el equipo recibió la noticia de que se hará una prueba experimental de este tratamiento en 60 pacientes del Hospital General de la Ciudad de México, uno de los que tienen más pacientes con coronavirus. El siguiente paso es que sea aprobado como Protocolo Único, esto es, que todos los hospitales que atienden coronavirus puedan usar esta terapia.

En los últimos meses, investigadores de Europa y Estados Unidos han experimentado con la dexametasona, pero México lleva la ventaja de que la vía intranasal está probada en otros padecimientos con inflamación descontrolada, explica Gabriela Meneses, parte del equipo y quien dirige el departamento de Parasitología en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos.

Sciutto coordina al mismo tiempo otros proyectos con muy buenos augurios. Trabaja con 50 investigadores y estudiantes, de 10 instituciones. Se han organizado para hacer pruebas rápidas, que no cuesten más de 100 pesos y diagnostiquen si una persona es inmune al coronavirus, esto es, si ya lo tuvo y fue parte del 80% de la población infectada que nunca presenta síntomas.

Francisco Suárez, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, cuenta que en su Facultad pasarán el verano haciendo miles de pruebas rápidas, a muestras que ya tienen resultado para coronavirus en laboratorio, para confirmar si la prueba rápida coincide con ese resultado y es, por tanto, confiable. “Para agosto podríamos tenerlas listas”, dice.

Al mismo tiempo, Juan Pedro Laclette, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, trabaja en este proyecto liderado por el INER, que busca confirmar si un paciente tiene el virus activo con pruebas y distinguirlo de otras enfermedades respiratorias que den resultados en apenas unos minutos, y no en varios días, como las que se están usando ahora. “Se podrían hacer muchos más diagnósticos y será mucho más barato”, explica.

El gran proyecto es la vacuna, que también va avanzado. Están haciendo pruebas en animales y esperan para finales del año noticias más alentadoras. “Sabemos que otros países, que comenzaron a experimentar antes, buscan una vacuna, pero no podemos sentarnos a esperar nuestro turno en la fila de países ricos que saldrán a comprar. Tenemos que seguir en nuestra ruta, con nuestros investigadores, y creemos que es una ruta correcta”, dice Laclette.

El trabajo de estos científicos no detendrá de inmediato la ola de muertes que vemos hoy a diario. Tampoco hará que tengamos una vacuna lista este otoño, quizá tampoco este invierno. Lo que sí permitirá es que tengamos una perspectiva de nuestra nueva vida con más pruebas, más baratas, confiables, accesibles y la posibilidad de un tratamiento exitoso. Como ellos, otros equipos de investigadores en el país están trabajando a un ritmo frenético para hacer propuestas y experimentos que ayuden a paliar la crisis. No los vemos, pero allí están. Un enorme gracias a todos ellos.

19 Junio 2020 04:07:00
El secretario morenista que opera la CNDH
Francisco Estrada Correa es un abogado mexicano que ha militado en el movimiento obradorista desde hace más de 15 años. “Empezamos desde la lucha contra el desafuero”, dice para esta columna. Luego fue secretario técnico del Consejo Consultivo del Frente Amplio Progresista. En 2011 trabajó en la Coalición del Movimiento Progresista y al año siguiente, dice su biografía, coordinó el área técnica de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

“Es un hombre del partido, conoce a todos y todos los conocen”, me dice una de las personas que ahora trabaja con él. “Su éxito todos estos años ha sido tener un perfil bajo, ser un operador político discreto que sabe muchos secretos”, me dice un activista. Estrada acompañó a los detenidos en las protestas de aquel 1 de diciembre, cuando Enrique Peña Nieto asumió la presidencia en 2012. Después fue asesor parlamentario en la Ciudad de México, para impulsar desde allí la ley de amnistía.

En 2013, cuando se litigaba en el Congreso la reforma energética, recibió una encomienda especial: fue encargado a trabajar junto a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del Presidente, la organización de brigadas urbanas en la Ciudad de México en la defensa del petróleo.

Fundó Morena. Allí conoció a Rosario Piedra Ibarra. “Estuve con ella en la secretaría de Derechos Humanos del Comité Nacional de Morena. Nos conocimos en el Movimiento”, dice. En los primeros meses del sexenio obradorista, fue jurídico con Paco Ignacio Taibo II en el Fondo de Cultura Económica. Y cuando Piedra llegó a la CNDH, asumió como su director ejecutivo.

Quienes lo quieren allí, y quienes no, coinciden en que es Estrada quien lleva las riendas de la CNDH. Cuentan que él revisa hasta el mínimo detalle de todo, desde un posicionamiento jurídico hasta un boletín de prensa; que es quien habla en las reuniones, quien hace la mayor parte del trabajo, porque la presidenta “descansa demasiado en él”. Le pregunto sobre esto. Estrada ya lo había respondido en marzo, en una encendida carta de réplica que envió al diario Reforma. Me dice: “Eso es muy misógino. Categóricamente le digo, yo no hago la chamba. Quien hace la chamba es la presidenta, ella dirige y yo solamente sigo órdenes”.

Estrada es un político que no aparece en la prensa y elude temas escabrosos. Le pregunto cómo hallaron la CNDH, dice que los anteriores tenían “una forma peculiar de trabajo”. Le pregunto si hallaron negocios corruptos, dice que no está enterado. Le pregunto si esta semana él ordenó cesar -y luego dejó en su puesto– al subdirector de información, Lázaro Serranía. Dice que es una mentira, que alguien lo involucró, que ya está aclarado.

Le pregunto si dos morenistas en la cabeza de la CNDH no significan una institución tomada por el partido en el Gobierno y dice que “los hechos pueden hablar más que cualquier palabra”. Le pregunto ejemplos de esos hechos. Dice: “no tengo ahorita”.

Le pregunto por qué todo en la CNDH de Piedra tiene un secretismo especial, por qué solo habla ella, por qué las visitadurías dicen que se pregunte por acceso a la información datos tan simples como el número de quejas por un tema. Dice que no sabe, que él se atiene a sus órdenes, que la única vocera es la presidenta.

Le pregunto sobre una conferencia que dio hace dos años, en la que dijo que López Obrador haría historia en México. Dice: “es un derecho humano tener una militancia partidista”.

En los próximos meses, la CNDH analizará las primeras quejas contra altos funcionarios del Gobierno obradorista, deberá resolver investigaciones de abusos laborales en otras instancias del Gobierno, deberá posicionarse sobre la militarización de un país donde están ampliamente documentados varios sexenios de abusos militares. Cuando esto suceda, tendrá al frente a dos morenistas, que alegan independencia, pero no recuerdan ningún ejemplo. El panorama no resulta demasiado alentador. Que todo esto quede por escrito, para los días que vienen.
12 Junio 2020 04:03:00
Sanjuana se va,  ¿Notimex también?
He sido derrotada por la mafia del poder, dijo Sanjuana Martínez a su círculo más cercano de colaboradores, en una reunión esta semana. Prepárense para cualquier escenario, añadió la periodista y directora general de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano.

Horas antes la junta de Gobierno determinó que la agencia debía suspender labores. Habían pasado cuatro meses de huelga sindical. Los periodistas bajo el mando de Martínez, desoyendo órdenes judiciales y a la Secretaría del Trabajo, siguieron haciendo coberturas y publicando notas. Pero esta semana algo cambió. Sanjuana comenzó a despedirse discretamente y en las últimas horas ha sobrevenido un cabildeo intensísimo para definir el futuro de la directora y de la agencia.

En los próximos días sesionará nuevamente la junta de Gobierno de Notimex. Se espera que se discuta la salida de Martínez de la agencia, dijeron fuentes en Palacio Nacional. Una ruta que se prevé y debería ser aprobada por el Congreso, según estas fuentes, incluye la desaparición de Notimex y la liquidación de sus trabajadores en huelga.

El futuro de la agencia pasará necesariamente por dos investigaciones que están ahora en manos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría de la Función Pública. El 5 de junio, Martínez fue denunciada por faltas graves ante la Función Pública.

El escrito de denuncia, inédito hasta ahora y obtenido para esta columna, fue presentado por la organización Artículo 19 y la señala como responsable de desvío de recursos y abuso de funciones. Fue turnado al Órgano Interno de Control de Notimex el mismo día y se encuentra en proceso de análisis.

“Por la gravedad de las denuncias, esperábamos que este asunto se investigara desde las oficinas centrales de la Función Pública y no se enviara al órgano interno de Notimex”, dijo a esta columna un vocero de Artículo 19, al ser consultado sobre el documento.

La denuncia afirma que Artículo 19 entrevistó a 10 colaboradores y extrabajadores de Notimex, contratados y despedidos por Martínez. Revelaron la existencia del chat The Avengers N, “en el cual directivos, enviados por ella, ordenaron publicar mensajes en Twitter y utilizar hashtags contra periodistas y extrabajadores”.

La existencia de este chat fue revelada por Aristegui Noticias, en una serie de reportajes donde también se contaba que el laboratorio Signa Lab, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, analizó y confirmó los ataques virtuales.

Ahora el contenido de estos documentos forma parte de la denuncia, que también se presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 4 de junio, como queja de exempleados que dijeron haber sido directamente afectados por las acciones de Martínez.

Artículo 19 dice en su denuncia ante Función Pública que Martínez, al organizar el chat, desvió recursos públicos, porque “pagó bots con recursos federales” para “mejorar su imagen socialmente, desprestigiar el movimiento sindical y dirigir campañas de desprestigio en contra de particulares”.

La organización ofrece a la Función Pública las grabaciones de las entrevistas con los exfuncionarios y pide como medida cautelar que Martínez sea destituida como directora de la agencia. Busqué a Sanjuana en sus dos números de celular y tres correos electrónicos, para solicitar su postura sobre estos hechos. No obtuve
respuesta.

El 21 de febrero, cuando estalló la huelga de Notimex, Irma Sandoval, secretaria de la Función Pública, escribió en Twitter: “Es tiempo de sororidad y de solidaridad con las luchas que encabezan las mujeres, como la lucha que la periodista Sanjuana Martínez ha emprendido para limpiar de corporativismo a Notimex, la agencia del Estado, que le encomendara el presidente Andrés Manuel López Obrador”. En la oficina de Sandoval dijeron que no tenían ningún comentario para esta columna sobre la denuncia del 5 de junio.
05 Junio 2020 04:09:00
La investigación oculta del caso García Luna
Estamos esperando la información del Gobierno mexicano. Esto dice, en resumen, la carta que esta semana presentaron los fiscales de Nueva York en el caso de Genaro García Luna. La nueva audiencia del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, que sería esta semana, se pospuso al 30 de julio. Los fiscales presumieron que han acopiado más de 60 mil pruebas, y aún esperan reunirse con testigos que están presos, además de recibir la contribución mexicana.

México investiga a García Luna al menos por tres vías. La primera, como ya conté en otra columna, es a través de inteligencia financiera, que ha congelado cuentas bancarias de García Luna, familiares y socios.

La segunda es con la Secretaría de la Función Pública. El 18 de marzo, en el sistema de bancos de México recibieron instrucciones para recopilar información patrimonial, de cuentas, tarjetas y transacciones de García Luna, su esposa, y sus dos hijos, de acuerdo con un oficio hasta ahora inédito del que tuve confirmación para esta columna, por una fuente bancaria.

La tercera vía, que más interesa al Gobierno de Estados Unidos, es la Fiscalía General de la República. Ni las investigaciones periodísticas ni las financieras, hasta ahora, han conectado directamente el dinero que García Luna habría recibido del narcotráfico, con su lujoso estilo de vida en Miami. Así consta en los documentos judiciales y me dijo, en una entrevista para Univision, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.

¿Cuál es hasta ahora el eslabón perdido del caso? Las investigaciones que la Fiscalía General ha tenido empolvadas bajo capas de favores políticos durante años.

Una de las menos conocidas inició en 2006, unos meses después de que la prensa descubrió que la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta era un montaje. En la Dirección General de Inspección Interna de la AFI, la agrupación policiaca que entonces dirigía Genaro García Luna, se inició una indagatoria para determinar quién era responsable de que los detenidos fueran apresados un día antes, y luego presentados en televisión como secuestradores.

Durante una década la indagatoria avanzó lentamente. Encontró muchos frenos políticos y burocráticos, como documentó Emmanuelle Steels ampliamente en su libro El Teatro del Engaño, la mejor investigación periodística publicada sobre el caso Cassez-Vallarta. En 2015, iniciaron las pesquisas de nuevo, confirmaron para esta columna tres fuentes de la administración peñista. “Había delitos de abuso de autoridad por parte de los policías”, me contó un exfuncionario de la Fiscalía, que conoció el expediente.

“La indagatoria abría el camino para imputar tortura, había elementos graves de violaciones de derechos humanos”, dijo otro exfuncionario. Después de meses de trabajo, se concretó una acusación, que tocaba a Luis Cárdenas Palomino, ahora también investigado por la UIF, y otros seis exintegrantes de la AFI. Pero corrían las semanas y no había novedades. En Los Pinos, sometieron la investigación a una revisión legal, por la prescripción de los delitos, y luego a un abierto cabildeo. Y la frenaron.

García Luna no estaba implicado directamente, pero era el jefe de quienes sí fueron investigados. Ahora, con los cambios recientes de teoría penal, podrían juzgarlo con el principio de “quien no sabe, debiendo saber, también es responsable”, explica un penalista para esta columna.

Han pasado casi cuatro años y Guadalupe Vallarta, la hermana de Israel, ahora sostiene que una nueva investigación por tortura podría revivir el caso. Dice que en la actual Fiscalía Especializada de Tortura no han dado muestras de que estén investigando, y espera que el juicio en Nueva York avive el tema. “No se movía una hoja sin que lo supieran Genaro y Calderón. Lo teníamos claro desde el principio. García Luna tenía mucho que ver. Ojalá fuera juzgado aquí, pero me conformo con que sea allá. No es solo Israel, hay muchas familias en México que aún esperan tener justicia”.
29 Mayo 2020 04:03:00
80 días en casa
El tiempo que llevamos aquí es lo que le tomó a Phileas Fogg para darle la vuelta al mundo. Mi hijo mayor dijo esto después de que le conté que el próximo domingo cumpliremos 80 días de encierro en casa. La comparación de nuestra cuarentena con La Vuelta al Mundo en 80 Días, me cimbró.

Empecé entonces a preguntar qué sentían los otros. No los que tienen que salir, atender enfermos en un hospital, o se han enfermado; sino los que, como yo, son conscientes de que tienen el privilegio de quedarse en casa, pero que ese privilegio ha llegado con insomnio, estrés, angustia, ansiedad, y una sensación de que viven en una pausa. Más de 400 personas me dijeron en Twitter que sienten que morirán de estrés y no de coronavirus. Cuento algunas de sus historias en estas breves líneas porque sé, queridos lectores, que también son muchas de las suyas.

Sandra Strikovsky tiene 44 años. Es traductora, con una hija de ocho. Se levanta a las 6, medita, trabaja todo el día, hasta las 11 de la noche, limpia su casa, atiende a su hija. Y casi no duerme. Hace unos días salió, en un monopatín. “Antes de salir tenía miedo, era absurdo, no iba a ver a nadie”. Durante 13 años ha trabajado desde su casa, pero ahora se siente improductiva, lenta. Cree que vive en una pausa, que saldrá y verá los estragos “como si hubiera pasado una guerra”.

En la clase de la hija de Sandra también está la pequeña de Valentina Riquelme, que se levanta a las 5 de la mañana y trabaja tres horas “sin niños y sin llamadas”. Luego pasa el día entre clases, ciberjuntas, cocina y otras labores de la casa. Se levanta de la computadora a las 9 de la noche. “Y luego doy de cenar, leo cuentos, lavo dientes” para terminar fulminada, a las 11. “Y no lloro, porque estoy medicada”, me dice. Antes de dormir, revisa Twitter para saber de qué debe estar pendiente al otro día.

Al otro lado de la Ciudad de México, Cynthia Carrillo comienza a trabajar a la hora en que suele dormirse Valentina. Corrige reportes de la institución de evaluación académica donde labora, hasta las tres o cuatro de madrugada, “a veces las cinco” porque prefiere esas horas de insomnio para avanzar. Se levanta y se reparte los quehaceres con su tía, su abuela, sus padres. Eso, y las comidas, le toman casi toda la jornada. Extraña sus tres horas diarias en Metrobús, de ida y vuelta diariamente a su trabajo “porque era el tiempo en el que podía leer, por placer”.

También Ana Díaz, académica del CIDE, echa de menos sus días en la oficina. Dice que en su rutina no siempre es lo mismo. Va de una junta a otra, con trabajo doméstico, revisiones académicas, investigaciones. Algunos días llora de desesperación. Vive angustiada por su hija, médica, y por su hijo, que vive en Estados Unidos. “Me acuesto molida, no concilio el sueño antes de las 12. Y despierto a las 5”, me cuenta.

A Ana le importa el tiempo que dedica a desinfectar lo que llega del supermercado y mantener el orden. Esto le pasa también a Nadja Bretón, a quien le cancelaron muchos de sus proyectos y ahora extraña a su hijo y su nieta, a quienes no ha visto en más de un mes, aunque viven a un kilómetro de su casa. Confiesa que a veces llora mientras se baña, que se pregunta qué pasará con su casa, con todo lo que la clase media de su país construyó con años de esfuerzo y ahora parece que se esfumará en los años de crisis que vienen.

Rosa trabaja en prensa en un municipio de México. Tiene dos hijos y un marido que sale aún todos los días. Le estresa recibir llamadas constantemente y tener que ser al mismo tiempo mamá, esposa, trabajadora, en un mismo espacio y sin margen de error. “Aunque nos levantamos, caminamos y hacemos, estamos estacionados. Es esa sensación de que aquí estás, sin poder hacer algo. De pronto todo lo que haces no basta”.

Entrevisté para esta columna a Alejandro, Ricardo y otros que sienten que trabajan más que antes, que todo gira en torno a las malas noticias, y ven como nunca la desigualdad en México. Desde esa posición de privilegio, hacen lo que pueden desde el sitio de la sociedad y de la vida donde están, en sus propias vueltas al mundo, y estas son historias que también tenemos que contar.
22 Mayo 2020 04:08:00
Las denuncias de García Luna
Siempre creí que Genaro García Luna había empezado a prepararse para su vida fuera de México en el año 2009, cuando sus socios comenzaron a comprar propiedades en Miami. Pero el Gobierno mexicano cree que no, que fue mucho antes, en 2005, cuando aún no lograba el puesto de secretario de Seguridad Pública, después de un encuentro casi fortuito con Felipe Calderón.

En el 2005, García Luna dirigía la AFI. Dice la fiscalía en Nueva York que ese año habría recibido sus primeros sobornos del Cártel de Sinaloa. Y justo entonces, advierte el Gobierno de México, se creó una empresa en Panamá con la cual se organizaría un entramado financiero para asegurarle un retiro en Florida con piscina, embarcadero, palmeras y salida al mar.

Esta semana publicamos en exclusiva en Univision Investiga el contenido de dos denuncias penales y una tercera, presentada ante la Secretaría de la Función Pública, que explican cómo cree el Gobierno mexicano que García Luna preparó y gozó sus años de retiro, antes de ser detenido en Texas en diciembre de 2019.

El documento afirma que las propiedades y las transferencias multimillonarias fuera de México —más de 50 millones de dólares que recorrieron 11 países— “con un grado alto de probabilidad” tuvieron su origen en el pago de sobornos de corrupción política y con dinero que venía de la delincuencia organizada.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda elaboró las denuncias. Sus investigadores describen una red como las que encontramos hace años los periodistas que participamos en la investigación global Panama Papers. En aquel momento, hallamos que el dinero de futbolistas famosos, contadores de organizaciones del narcotráfico o gigantes corporativos se escondía detrás de montañas de compañías de papel y funcionarios que en realidad eran oficinistas en edificios calurosos y llenos de empleados con sueldos bajísimos en Panamá.

Una compañía era dueña de otra, que transfería dinero a otras más, en distintos continentes, hasta que la pista de los dólares, en el papel, se perdía, y tras muchos documentos y formalidades, una empresa de títulos de crédito celebraba la compra de alguna propiedad, en algún sitio paradisiaco, donde no figuraba ni por asomo el nombre ni el rastro que inició toda la red.

La de García Luna es muy similar. Operó desde México, en una oficinita en un segundo piso en la Condesa, con más de 30 compañías y una red de participantes que tocaba a un puñado de personas, quienes paradójicamente aparecen fotografiadas todos juntos en una fiesta de cumpleaños.

Seguir el rastro de García Luna me ha formado en parte como periodista. El fin de semana, cuando preparaba el reportaje para Univision, hallé un viejo archivo de casi 200 documentos que comencé a organizar en 2012 y al que he ido sumando pistas y detalles durante casi una década.

En los próximos meses, habrá en Nueva York un intenso cabildeo de pruebas y testimonios, con los que la fiscalía buscará un juicio que ejemplifique por qué también los funcionarios extranjeros deben temer a la justicia de Estados Unidos, y no únicamente los narcotraficantes.

En México, faltan muchas preguntas por responder. ¿Con ayuda de quién García Luna y sus socios lograron sacar más de 200 millones de dólares del erario? ¿Quiénes les dieron esos contratos, dónde están hoy esas personas, quiénes más han hecho negocios, amparados en la guerra?

Por ahora, en las denuncias mexicanas hay una afirmación contundente: el segundo hombre más poderoso de la guerra contra el narco en México armó una red para lavar dinero, obtenido de un modo misterioso y cuestionable, por decir lo menos, primero como servidor público de una administración, la calderonista, y luego como contratista de otra, en el peñismo.

¿Quiénes en esos gobiernos debieron sospechar algo y no lo hicieron? Me alegra ser periodista y vivir en un tiempo cuando podemos seguir hurgando, hilvanando, contando estas historias.

15 Mayo 2020 04:01:00
Las huelguistas de Notimex
Lucía Tadeo no ha hecho cuarentena. Lleva tres meses desplazándose cinco días a la semana en transporte público, desde Iztapalapa a la colonia Del Valle, para cumplir con sus guardias afuera de la agencia Notimex, donde por casi seis años fue redactora. Ha vivido la pandemia sentada en un campamento, en la banqueta del edificio. Le pido que pose para una fotografía. Se acomoda su cubrebocas y se planta frente a un cartel donde lleva la cuenta de sus días en huelga. Hasta ayer, eran 84.

A su lado hay otro letrero, naranja, que dice "el feminismo de Sanjuana equivale a 172 mujeres despedidas". Yo lo hice, me cuenta con orgullo. "En la huelga la mayoría somos mujeres. También las despedidas, mujeres. Por eso mi cartel, porque ella siempre ha dicho que es una feminista consagrada", dice refiriéndose a Sanjuana Martínez, periodista y directora de Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano. Desde marzo de 2019, 245 personas han sido despedidas.

Durante el proceso de elaboración de esta columna, envié a la directora de Notimex correos electrónicos, mensajes y le llamé por teléfono. Nunca hubo respuesta. Tampoco en la cuenta oficial de Notimex respondieron a una solicitud de entrevista. Martínez ha dicho que las protestas de los empleados se deben a resistencias luego de que ella ha combatido la corrupción en Notimex.

La agencia está en huelga desde el 21 de febrero, una semana antes de que se detectara en México el primer caso de coronavirus. De los casi 80 huelguistas, 7 de cada 10 son mujeres. Varias relatan que las acusan de corruptas, sin pruebas; dicen que han sido ofendidas, en redes sociales, con acusaciones de que tenían relaciones con sus compañeros, que eran amantes de los jefes.

Prefieren la huelga a la experiencia del último año, dice Lucía. "Vivíamos en el corredor de la muerte. Desde mayo de 2019 empezaron a despedir a la gente. Cada viernes, estábamos esperando. Sonaba el teléfono y brincábamos. Nos preguntábamos: ¿Quién es el que sigue? ¿Cuántos van a ser? ¿Seré yo? Fue un estrés terrible".

Las huelguistas confiesan: no creyeron que México pasaría a la fase 2, a la 3, y ellas seguirían allí "aguantando lluvia, frío, calor, exponiéndonos al virus, poniendo en riesgo a nuestras familias", dice Gloria Islas, reportera de política y huelguista. "Nosotros siempre pensábamos: claro, se va a arreglar, en una semana, dos semanas, pensábamos que en horas", añade Adriana Urrea, secretaria general del sindicato y reportera de la agencia durante 17 años.

Han pasado tres meses y Notimex sigue produciendo cables diariamente. Las huelguistas aseguran que operan desde "una sede alterna e ilegal", rentada. Este 13 de mayo, la Junta de Conciliación y Arbitraje ordenó a la agencia que paren labores. Reafirmaron una orden de marzo, que Notimex no ha cumplido, aludiendo que son argucias legales y chantajes de los trabajadores. Después de la orden de la Junta, a los reporteros activos les llegó una orden de trabajo, como un día normal, cuya copia obtuve para este texto.

En entrevista para esta columna, el subsecretario del Trabajo, Alfredo Domínguez, se posicionó a favor de los huelguistas: "vemos que la Junta apercibe a la agencia para que suspenda inmediatamente sus labores y respete el derecho de huelga de los trabajadores. Nosotros estamos en esta idea de que todos tenemos que cumplir con un derecho que para nosotros es fundamental, porque es el último recurso que tienen los trabajadores para poder defenderse en una negociación colectiva y para hacerla eficaz".

En estos meses, Urrea asegura que han interpuesto más de 45 denuncias contra la directora ante la Secretaría de la Función Pública (SFP). Martínez ha dicho a la prensa que ella también ha puesto denuncias contra exempleados, por corrupción. La oficina de prensa de la SFP no respondió a una solicitud para confirmar esta información.

Gloria ha tenido que dejar a su hijo con su mamá para participar en la huelga. Tiene miedo de contagiarse, pero no piensa abandonar su puesto. "Nosotros vamos por la justicia y a enfrentar el poder, porque esta señora es periodista, pero también tiene el poder, y lo ejerce contra nosotros, nos acosa, nos difama. Ha sido horrible".
08 Mayo 2020 04:08:00
Los niños violentados de la pandemia
Guadalupe fue asesinada a golpes, el 30 de abril, en el Estado de México. Tenía 14 años. Los vecinos reportaron a las autoridades que era víctima de abuso. Cuando las autoridades llegaron a su casa, la familia no quería dejarlos entrar. Debieron forzar la puerta. La hallaron en su cama, golpeada hasta la muerte. Cinco familiares fueron llevados a la Fiscalía.

Cinco días antes, en Ciudad Juárez, una niña de un año y tres meses fue llevada a la Cruz Roja, con huellas de maltrato. Sus padres fueron detenidos. En la misma semana, otra pequeña, de 2 años, fue asesinada en Morelia. Su familia fue atacada, cuando iban a bordo de un auto.

Horas después murió también su madre, quien era policía local. La prensa publicó no solo detalles del caso sino fotografías que la mamá de la niña había publicado de ella misma y su hija junto a hombres con armas largas, a quienes identificaron como sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El 24 de marzo, cuando en México se declaró la fase 2 de la pandemia de coronavirus y el Gobierno impuso medidas más estrictas de distanciamiento social, Alison Gabriela, de 2 años, fue asesinada por su mamá y su padrastro en Puebla.

Las autoridades encontraron que había sufrido violencia física y abuso sexual. La crónica sobre su asesinato, publicada por Lado B, dice que sufrió un traumatismo abdominal con un objeto, que podía implicar un golpe muy fuerte. Los adultos quedaron en prisión preventiva.

El 2 de abril, la madre de Ana Paola salió al supermercado, en Sonora. Milenio publicó que iba a comprar víveres para abastecer su casa durante la cuarentena. Un hombre llamado José Ramón entró a su casa a robar. La asesinó. Ana Paola tenía 13 años. Poco después, el asesino fue atrapado. Aceptó su culpa. Lo condenaron a 70 años de cárcel.

Desde que México declaró la fase 2 de la pandemia de coronavirus, 24 niñas han sido brutalmente asesinadas en el país, dice la activista María Salguero, autora del mapa de feminicidios en México. “Son diversos tipos de violencias: familiar, del crimen organizado y violencia comunitaria”, explica la activista.

La historia no es distinta a lo que ocurría antes de la pandemia. “La crisis de derechos humanos y violencia que teníamos en el país no se ha ido. La narrativa se ha concentrado en el tema sanitario, pero las fragilidades en la violencia relacionada con la niñez están empeorando”, dijo a esta columna Juan Martin Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

El panorama que viene luce desolador. Miles de niños están atrapados en sus casas, con sus violentadores, sin ninguna vía de escape. “En condiciones normales, las escuelas ayudan a detectar casos de niños violentados. Ahora, con las escuelas cerradas por la crisis de salud, no sabemos qué está pasando”, apunta Pérez García.

La red Nacional de Refugios anunció a finales de abril que han aumentado en 80% las llamadas de auxilio por violencia de género. Estas alertas no aportan mayores datos de qué está pasando con los niños.

En el primer trimestre del año, antes incluso de las cuarentenas, la violencia intrafamiliar ya había aumentado en un 20%, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ese mismo organismo, el 9 de abril, anunció a los estados que una parte del presupuesto de seguridad se redestinaría a la crisis sanitaria. Mientras esto sucede, la violencia aumenta, en las calles y dentro de las casas.

Con los niños en espacios de gran hacinamiento, en muchísimos casos, el estrés del encierro, las tareas, las presiones económicas, los especialistas temen un recrudecimiento de las violaciones, los golpes, los abusos.

Esta curva no se ha aplanado, no se ha controlado, no ha llegado a su pico.Quienes estudian la infancia en México advierten: en lo que resta del año, va a empeorar.

En medio de tantas noticias sobre salud, de los festejos a las madres de los próximos días, no olvidemos a los niños.


01 Mayo 2020 04:01:00
Los médicos contagiados de Lomas Verdes
Se llamaba Angélica y tenía 24 años. Llegó al Hospital de Traumatología del IMSS en Lomas Verdes, Estado de México, el 22 de marzo. Había tenido un accidente. La atendieron primero en urgencias, la operaron y se quedó allí, en un área común, junto a otros pacientes. Luego la mandaron a piso. Un día después la bajaron de nuevo a urgencias. Se ahogaba. Le tomaron una tomografía. Los doctores que la vieron dijeron que era un cuadro de neumonía muy poco común para alguien de su edad, un cuadro como el que ven en los pacientes con coronavirus. La intubaron.

En la radiografía, cuya copia pude revisar para esta columna, una enorme mancha blanca cubre los pulmones de Angélica. El 26 de marzo, ante la presión de miembros del personal médico, tomaron a la joven una prueba para Covid-19. Murió al día siguiente. Los directivos del hospital circularon un mensaje anunciando que la prueba había salido negativa. “Pero nunca nos mostraron la prueba, una foto del resultado, nada”, dice una de las doctoras del hospital. “Eso es una mentira, ella fue nuestra primera paciente y no lo han querido admitir”, dijo otro de los doctores.

Dos semanas más tarde, varios de los médicos que habían tratado o tenido contacto con Angélica dieron positivo a coronavirus. Nadie sabe ni sabrá a ciencia cierta si ella fue la primera paciente de la pandemia en Lomas Verdes. No pude localizar a su familia para esta columna. Pero su muerte marcó en el hospital un antes y un después.

“Muchos empezaron a pedir incapacidades, vacaciones, pero nos trataban como huevones”, me dijo otro de los médicos con quien hablé para este texto. Cinco doctores me contaron que ellos comenzaron a comprarse su propio equipo de protección. “La verdad es que aquí en México las autoridades, iniciando por el Presidente, se han mostrado de una manera total y absolutamente irresponsable”, dice uno de los doctores contagiados. Aceptaron mostrar sus documentos, sus credenciales, pero tienen pánico de que aparezcan sus nombres. Dicen que el único cerco sanitario en el hospital es una persona sin protecciones que toma la temperatura a los pacientes que llegan. Nada saben sobre las decenas de familiares que esperan en las salas comunes, sobre la cercanía en urgencias entre la zona de choque y el resto de los pacientes.

En el IMSS, aseguraron para esta columna que todas las medidas de protección han sido tomadas, que tienen “estrictos protocolos de seguridad”, allí hay suficientes insumos y sí, nueve médicos se han contagiado en Lomas Verde, pero se enfermaron “fuera de la unidad”.

“Son unos mentirosos”, me dijo un doctor de urgencias cuando le conté la respuesta oficial. Varios médicos en la lista de los contagiados dicen que debieron pagarse las pruebas y los tratamientos por su cuenta, porque el IMSS no les dio nada.

Como parte de la documentación que obtuve para esta columna hay fotografías de fiestas en la sala de urgencia, en plena fase 2, de personal médico aglomerado, para anuncios oficiales, de pruebas privadas que se tomaron doctores por su cuenta, porque dicen que nadie les creía que se estaban sintiendo mal.

Una doctora dice que resume el sentir de muchos en Lomas Verdes: “Quiero que nos tomen en cuenta, que le importemos a alguien, que no nos abandonen así”.

Ahora, batallan para que no les obliguen a volver, a ellos ni a sus compañeros, hasta que tengan una prueba nueva, con resultado negativo. Usan el espacio de esta entrevista para advertir a todo el que pueda: tengan en casa un termómetro y un oxímetro, contacten a algún médico, tomen cada síntoma muy en serio.

El IMSS respondió orgullosamente que “cuatro de los médicos ya han regresado a sus actividades normales”. Sus compañeros dicen que tampoco de ellos han visto una prueba que indique que ya no tienen el virus y no están contagiando a más compañeros y pacientes.

Las incapacidades que mostraron para esta columna dicen que tuvieron una “enfermedad general”, en lugar de un riesgo de trabajo. Uno de los doctores no se va por las ramas: “El IMSS está apostándole a que si fallecemos nos darán una pensión parcial, no quieren aceptar que nos contagiamos en el trabajo, que nos están mandando a morir”.

24 Abril 2020 04:07:00
Los otros héroes del Covid en México
Pablo Cruz ha pasado los últimos 33 días dedicando cada minuto de su tiempo libre a imprimir caretas de seguridad para personal médico y cajas de intubación. La caja es una estructura plástica que permite a los médicos intubar, mientras se protegen de no quedar infectados de coronavirus. Lo hace con sus amigos Diego Valadez, Ana Peniche, Andrea Olvera, Rodrigo Díaz, Bartolomé Delmar, María José Orraca y otros que les ayudan a medio tiempo.

Más de 600 personas y varias organizaciones han donado a Lasca Studio, su proyecto. Hacen sus productos sin cobrar un centavo. En el último mes, han entregado en casi 40 hospitales en la Ciudad de México y otros 10 en los estados. Para el viernes próximo, dice con orgullo, habrán donado 9 mil caretas, hechas con impresora 3D, trabajando a distancia y por teléfono. “Esto es lo poco que podemos hacer por tratar de ayudar”, dice al teléfono.

Su historia, felizmente, dista de ser única. Magda Montiel lleva botellas de agua a los empleados de la Guardia Nacional que cuidan las playas de su amado Manzanillo. Jerome Schinca, recopila información científica y protocolos en el sitio web covid19.emergencias.org.mx. Machina Innovation Lab y Makers Mexico también están entregando mascarillas de protección para personal hospitalario. En Querétaro, Alex García dona cubrebocas a hospitales donde los médicos no tienen insumos. Cindy Santos ha sido voluntaria en un grupo que hizo y donó 5 mil cubrebocas caseros en Yucatán. Beatriz Madrigal, Estela Sodi y Esther Velázquez han cosido 500 cubrebocas de tela para el personal médico en Aculco, Estado de México. Entre Chilpancingo y Acapulco, Jesús Palomec ha vendido al costo más de 2 mil 500 cubrebocas.

Desde la computadora de su casa, Katia D’Artigues y Bárbara Anderson han logrado contar las historias que nadie está contando sobre cómo viven la pandemia las personas con discapacidad. Han conseguido mostrar que para un ciego, como Juventino Jiménez “es inevitable romper relaciones con Susana Distancia”. Su medio, Yo También, ha logrado establecer una plataforma de información sobre el coronavirus de manera accesible a personas con discapacidad, ha hecho que el Gobierno tome consciencia de las omisiones, muchas aún pendientes, que tienen para enfrentar la pandemia y son, lo dice Katia, “los últimos de los últimos”.

En El Día Después, Ixchel Cisneros ha logrado articular el trabajo de más de 20 organizaciones, a través de la iniciativa #MiBarrioMeRespalda, para ayudar a quienes sobreviven cada día en las calles con ingresos mínimos y no pueden darse el lujo de encerrarse en casa durante la cuarentena.

Las fundaciones familiares y empresariales también se han organizado. A través de la plataforma mexicoxmexico.org, lanzada esta semana, 25 se aliaron para impulsar proyectos enormes, como ayuda a pequeños negocios, entrega de insumos a personal médico y el hospital de campaña para la recuperación para pacientes con coronavirus, que funcionará en el Centro Citibanamex. Crearon un sitio web donde visibilizan proyectos y se convierten en canal de enlace para que reciban donaciones y voluntarios. “Este Covid nos viene a generar mucha ansiedad y temor, pero también hay mucha esperanza y nos puede hacer caer en cuenta de cuánto potencial tenemos como sociedad y como país”, dice Maite Azuela, una vocera del proyecto.

Son muchísimos más. Ana Vázquez colabora en la plataforma MéxicoCovid19, que ofrece ayuda sicológica, transporte para pacientes graves, ancianos y personas con discapacidad. A través de yo-apoyo.mx, Liliana Mejía convoca a los comercios locales a inscribirse a una plataforma gratuita que los coloca en un mapa, para que los clientes puedan hallarlos. En la Ciudad de México, 16 restaurantes se unieron al proyecto Cocinas Comunitarias, iniciado por World Central Kitchen y el chef peruano José Andrés en Nueva York. Todos los días cocinan a precios módicos comidas para poblaciones vulnerables y mantienen los sueldos de sus empleados.

Las próximas semanas serán las más duras en México, según los especialistas. Dejemos que tanto amor en estos proyectos nos haga sonreír, aunque sea de agradecimiento.

17 Abril 2020 04:02:00
Los amigos ricos del Presidente
La noticia pasó casi desapercibida. El Gobierno mexicano otorgaba el Águila Azteca, la mayor condecoración que existe en el país, a Stephen Allen Schwarzman, un ciudadano estadunidense, presidente y cofundador de Blackstone Group, una de las administradoras de fondos de inversión más grandes del mundo.

El Diario Oficial de la Federación publicó la decisión el 23 de noviembre de 2018, una semana antes de que concluyera el Gobierno de Enrique Peña Nieto. En la prensa no le hicieron mucho caso, porque el gran escándalo en ese momento era que entregarían también la condecoración a Jared Kushner, yerno de Donald Trump y asesor de la Casa Blanca.

En el caso del fundador de Blackstone, los méritos para México eran que había facilitado que se hicieran “importantes inversiones de dicha empresa en el sector energético y de infraestructura mexicano”.

Las inversiones tocaban a Los Ramones, un polémico proyecto que se impulsó en la Administración de Peña Nieto y que benefició especialmente a Sempra Energy, renombrada en México como Ienova. Una fuente de Pemex aseguró para esta columna que dicho proyecto ha sido investigado por la actual Administración, pero ningún resultado de la pesquisa ha sido publicado.

Blackrock también ha financiado otros proyectos en México. Invirtió en el Proyecto Tierra Mojada, una planta de generación de electricidad de ciclo combinado en Guadalajara y ha consolidado el desarrollo “de diversos sectores de la economía mexicana”.

En 2018, la periodista Claudia Ocaranza publicó en Proyecto Poder, una amplísima investigación de cómo Blackrock, considerado en muchos lugares del mundo como un fondo buitre, había tejido discretamente una amplia red de relaciones y negocios en México y habían burlado regulaciones nacionales.

“La empresa estadunidense se ha hecho del control directo e indirecto de cinco proyectos de infraestructura energética, entre ellos Los Ramones, y seis bloques de exploración petrolera entre 2015 y 2017. El control es a través de una compleja estructura corporativa que pasa por múltiples paraísos fiscales. El crecimiento ha sido a partir de alianzas con Pemex gracias a su cercanía con el Gobierno mexicano actual, y mediante compras de otros fondos. Durante las campañas electorales en México, Larry Fink se reunió con cuatro de los cinco aspirantes a la presidencia del país, Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Margarita Zavala, antes de que esta última declinara”, escribió Ocaranza.

Su principal contacto en el Gobierno peñista, dijeron a esta columna dos fuentes que asesoraban al Presidente, pasaba por una relación cercanísima con el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray y con el propio Kushner.

Con la llegada del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la luna de miel con Blackrock/Blackstone inauguró una nueva temporada. Primero, como documentó la periodista Nancy Flores en Contralínea, enviaron una carta a López Obrador diciendo que confiaban en el país y promoverían la inversión.

El 4 de abril, el Presidente mexicano anunció que se había reunido por videollamada con Larry Fink, presidente de Blackrock y que este confiaba en su Gobierno y seguirían promoviendo las inversiones en el país. No estuvo en la reunión el secretario de Hacienda ni la secretaria de Economía. Y claro, no importó mucho en ese momento que Blackrock haya representado en muchos países el capitalismo más salvaje.

En tiempos de coronavirus, la selección de los enemigos es minuciosa. Así que Blackrock no es señalada ni vilipendiada por significar en todo el mundo un símbolo concreto del modelo neoliberal, sino que en México es una de las compañías con quienes el Presidente se reúne, en plena crisis, mientras los bancos y las calificadoras de crédito anuncian sucesivas bajas en la calificación crediticia del país.

03 Abril 2020 04:01:00
El mapa hackeable del coronavirus en México
El viernes 27 de marzo, a las 5 de la tarde, recibí un mensaje directo en Twitter. El remitente era Jorge Villalobos, un programador de software mexicano que vive en Estados Unidos y nunca ha trabajado en el gobierno. Escribió: “Los datos del mapa de salud de Sinave se publican unas horas antes de que se dé la conferencia (sobre coronavirus). No es muy difícil sacarlos si uno sabe algo de programación de software”.

En los días siguientes, Villalobos mandaba un mensaje similar, con las cifras de casos que anunciarían más tarde. Cada noche, coincidían. En una larga entrevista, dijo que no estaba hackeando la página, sino que había una “mala práctica” en la configuración, que “estaba muy mal hecha” y habían colgado en el sistema una versión visible, antes de la hora del anuncio oficial, que “cualquier programador” podía hallar fácilmente.

Insistía: “se puede acceder sin problema, pero creo que los que hicieron la página no saben”. Decidimos entonces: haríamos públicos los datos en mi cuenta de Twitter, y veríamos si ocurría un “parche” en el sistema. No sucedió y las cifras se confirmaron nuevamente. Muchísimas personas criticaron que los datos se publicaran primero en la cuenta de una periodista, aduciendo que para eso había una conferencia de prensa. Y claro, tenían razón. Al interior de la Secretaría de Salud, buscaban quién era “la fuente confiable” que había filtrado, pero el sistema siguió intacto.

Al día siguiente Villalobos grabó un video explicando cómo lo conseguía. Los expertos de seguridad digital Luis Fernando García, de la organización R3D, y Rafael Bucio, director de la empresa TPX Security, lo analizaron y coincidieron: lo que hizo su colega es legal, y se trataba de un mal diseño de la página. Pero los tres detectaron una vulnerabilidad más preocupante.

El mapa está colgado en una página del Sistema Nacional de Epidemiología (Sinave), creada en 2006, que funciona con http, un protocolo de internet no encriptado. Además de las cifras sobre coronavirus, se albergan también allí datos de otras enfermedades, como cólera, influenza, diabetes y tuberculosis. García, de R3D, dijo: “El dominio no encriptado expone a los servidores públicos con acceso al sistema al robo de sus credenciales (usuario y contraseña) y al acceso no autorizado a la información. No es posible medir la gravedad del daño potencial de un acceso no restringido, pero sería sumamente importante corregir”.

Bucio analizó Sinave a través de Shodan, una plataforma pública de análisis de riesgo. Encontró que el sitio tiene al menos ocho vulnerabilidades detectadas en esa plataforma. “Esa página podría ser vulnerada en tres o cuatro horas de trabajo de un ciberdelincuente”, aseguró.

Este 2 de abril, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud respondió para esta columna que el sitio está monitoreado 24 horas en un Centro de Datos de Infraestructura Tecnológica con protocolos de seguridad ante ataques. Poco antes de enviar la respuesta, el mapa que adelantaba las cifras fue eliminado del sistema y los datos dejaron de ser accesibles antes de la conferencia nocturna. Al hacerlo, el sitio de Sinave dejó de funcionar durante unos minutos. “Se les cayó toda la página cuando entraron a corregir. Esa es otra prueba: quien lo está trabajando no es profesional, parecen becarios”, dijo Villalobos. Más tarde, desde Salud dijeron que habían eliminado el mapa “para no crear mal entendidos (sic)”.

La Secretaría respondió también que sí tienen certificados de encriptación y que “se implementará en los próximos días, mas sin embargo es importante mencionar que la información nunca ha estado expuesta a cualquier tipo de ataque (sic)”.

Para los expertos, el hecho de que el mapa pudiera verse antes no es lo ideal, pero no es un error demasiado grave. Consideran más importante vigilar cómo está funcionando el sistema. García, de R3D, dijo: “Si bien de estos errores no se puede generalizar que toda la información que maneja el Gobierno en respuesta en esta epidemia está en riesgo, sí es deseable que información más sensible; por ejemplo, aquella que se pretende sea compartida a través de la app anunciada por el Gobierno, sea protegida con mucho mayor cuidado”.

27 Marzo 2020 04:08:00
Periodistas, hagan su chamba: López-Gatell
Hugo López-Gatell es doctor en epidemiología. Se graduó en la Escuela de Salud Pública Bloomberg, en Estados Unidos. Antes estudió la maestría en México. Su asesor de tesis fue Jorge Alcocer, su actual jefe y secretario de Salud. Durante la epidemia de influenza AH1N1, en 2009, López-Gatell era el director adjunto de Epidemiología en la Secretaría de Salud. Allí codiseñó el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

El 12 de marzo, cuando México tenía 12 casos confirmados de coronavirus, lo entrevisté. Comencé con una pregunta: ¿por qué México no tiene más casos, se debe a la Virgen de Guadalupe? Soltó una carcajada, se acomodó el pantalón y la pluma que llevaba colgada en la camisa, bajo la corbata. Después se soltó a hablar durante dos horas. La mayor parte de la entrevista fue sobre la fase 2 de la epidemia, que se declaró en México esta semana. La conversación parece hoy más una versión íntima del López-Gatell que no vemos en la televisión, lo que piensa detrás del gesto erguido y el rostro impasible que suele mostrar en público.

“Cuando vengo en la tarde a la nocturnera, está vacío. Hay seis periodistas ahí. Entonces vienen a la mañanera, dicen que no hay información, cuando todos los detalles los damos ahí todos los días a las 7. Vengan, hagan su chamba y reporten. Es un tema técnico que, si lo politizamos, si lo contaminamos, vamos a hacer un daño a todos”.

Se queja de qué preguntan y de qué escriben. “Los periodistas y el público quieren ver sangre, golpes, números. Es terrible”. Le llama la obsesión por los números. “Leo el New York Times y casi nunca encuentro la nota donde la obsesión es cuántos casos. Me encuentro una cosa mucho más analítica de cuáles son las causas, cuál es el contexto o cuál es la vulnerabilidad. En México es una nota súper simple. Ya se confirmaron x casos”.

La obsesión, sigue, comenzó en 2009, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicaba sus conteos de casos. “Con la sacrosanta OMS, lo digo con respeto, nos quedamos desde 2009 enganchados con el conteo de casos”. Dice que importa mucho más la posibilidad estadística que tiene una persona de estar infectada. En México, con cifras del 26 de marzo, era 0.0000045.

“¿Es la virgen de Guadalupe la que nos protege? No. Hay que considerar el factor tiempo. La respuesta es: no, todavía”. Dos semanas después de la entrevista, México espera una explosión de casos en ciudades como la capital y Tijuana, pero las pruebas no han aumentado demasiado. Esta es una crítica recurrente a la estrategia mexicana. “No me preocupa hacer más pruebas y no pienso cambiar los criterios técnicos útiles y basados en ciencia porque haya gente que se angustia de que son pocas pruebas. Qué mala tarde”, revira López-Gatell.

El subsecretario y vocero del Gobierno mexicano para la pandemia no suele responder a quienes le critican en redes sociales. Pero es visible que está muy atento a lo que se dice. “Se supone que me tenía que regañar el Dr. Tedros porque la OMS decía que hay que hacer contención y que yo estaba aferrado con que solo mitigación. Nada me quita el sueño, son los escenarios esperables de una epidemia. Esta vez, literalmente, aquí y en China”.

Va también contra otros presidentes: “Empezamos a recibir el embate de ‘¿cuándo cierran la frontera y el aeropuerto? Ya no dejen bajar a los chinos’. Quiero disipar cualquier duda respecto a esta idea fantasiosa de que las epidemias se controlan cerrando las fronteras”.

En medio de las críticas, López-Gatell defiende su vigilancia epidemiológica, insiste en que la situación va conforme a sus estimaciones y anticipa que solo considerarían reducir garantías si hay un escenario de “escasez de alimentos o brotes de violencia por pánico”.

Y dice, con una sonrisa y un gesto convencido, que en México triunfa la ciencia sobre el fanatismo político. “Es un honor estar con Obrador, entre otras cosas, por esta, más allá de afinidades ideológicas. Me motiva y reconforta profundamente que el personaje más político visible que hay en un país, que es el Presidente, diga: nos vamos a llevar por criterios técnicos y lo haga”.
20 Marzo 2020 04:01:00
Covid-19: esto está pasando en los hospitales
María es enfermera en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Llega a su trabajo y le urge enterarse de quiénes son “los nuevos”. Hablamos un poco antes. Dice que tiene miedo. “Los pacientes que llegan los pasan a consulta y valoran su sintomatología. De ahí a observación y luego se internan en algún servicio clínico. La información que se nos da es que son probables contagios. Posteriormente se confirma, pero desde un inicio no se toman las medidas necesarias”.

La noche del 19 de marzo dice que hay cuatro casos en vigilancia en el área clínica. Esperaba que hoy llegaran más insumos, como anunciaron las autoridades federales, pero aún no ha pasado. “Nosotros como personal de salud estamos corriendo mucho riesgo”, dice.

Tampoco han llegado al hospital del IMSS donde trabaja Adriana, en Sonora. Ambas piden que no publique sus apellidos. Le preocupa que solo puede enviar a confirmar pruebas de pacientes que provengan de 10 países y los estados de Washington, California y Nueva York, en Estados Unidos.

Solo en la última semana el Sistema Único Automatizado de Vigilancia Epidemiológica registró 40 mil 220 casos nuevos de infecciones respiratorias agudas en México. El mismo sistema anuncia que solo 164 fueron por coronavirus, pero los doctores no se sienten seguros con esa cifra.

“Si me llegara un paciente que viajó a Arizona, no podría hacerle nada. Si pudiera quedarme en mi casa, me quedaba, pero para nosotros no es así”, dice Adriana. La secunda el epidemiólogo Óscar Sosa, desde San Luis Potosí: “Todas las fases tienen un número de casos. Van con cientos, miles, pero si no diagnosticas casos, cuándo vamos a llegar”.

A médicos y enfermeros, en hospitales públicos y privados, les angustia quedarse sin equipo de protección personal. También a Cruz, quien es doctora en el Instituto Nacional de Cancerología. “Hay un enorme problema, pues hay escasez mundial de cubrebocas N95. Nos han dicho que cuando sea necesario, los tendremos que reusar”.

El Gobierno insiste en que hay insumos, más de 100 mil cubrebocas N95, suficientes camas y salas de terapia intensiva para atender los 10 mil 500 casos que esperan como graves, según sus estimaciones. El neumólogo Diego Hernández, de Guadalajara, cree que son cifras alegres. Hace tres días internó a su primer paciente con coronavirus. Es un hombre de 49 años, que tuvo contacto con viajeros a Vail y pasó en una semana de no tener síntomas a una neumonía. Hernández ha cancelado su consulta privada y está aislado, atendiendo solo casos de sospecha de coronavirus.

Le preocupa que la cantidad de ventiladores pulmonares que dice tener el Gobierno -poco más de 2 mil 500- no alcanzará ni para la mitad de los casos graves que necesitarán terapia intensiva. “Es lo peor que he visto en toda mi carrera de neumólogo. Esto no sería un problema si la tasa de infección no fuera lo que es. Ellos (el Gobierno) están apostando a que la gente se contagie y no se ponga grave; eso es suicidarte, literalmente, es algo increíble y no sé si algún otro país lo intentó de esa manera, pero es un suicidio”.

Muchos de los médicos y enfermeros con quienes he hablado en las últimas semanas se enteran de la situación por las conferencias nocturnas que da el Gobierno. Dicen que la información interna es escasa. “Nosotros en el hospital tuvimos una reunión y decidimos en Guadalajara que no vamos a mezclar pacientes, es un suicidio. Cuando tú saturas un hospital de una enfermedad, no deja de haber cáncer, partos, diabetes. Si los quirófanos están cerrados, la gente se va a morir”.

En la próxima semana, según todas las estimaciones, México ingresará a la segunda fase de la epidemia, de pocos a cientos de casos y contagio local. En medio de tanta información y ataque político, pensemos también en lo que sienten las mujeres y hombres en México que no podrán quedarse en casa porque estarán en los hospitales, lidiando con la emergencia como mejor puedan. La mejor manera de ayudarles es guardar distancia, si podemos, lavarnos las manos, siempre que podamos, y no pensar que “esto es una gripe más”.


13 Marzo 2020 04:08:00
Las cifras desconocidas del coronavirus en México
¿Están ocultando las autoridades de México cifras de pacientes contagiados con el coronavirus? Entrevisté a infectólogos, epidemiólogos —algunos muy críticos de esta administración— y al subsecretario Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud y todos coinciden: no.

¿Entonces, por qué no hay más casos en México? La respuesta unánime es: porque no saben de la existencia de otros casos. Para la mayoría de quienes entrevisté esto es grave, porque al solo saber de 16 casos confirmados hasta el jueves 12, pueden estar perdiendo un tiempo valioso en enterarse de cuándo el virus pase, de la etapa 1 (solo se contagian viajeros a ciertos países o quienes tuvieron contacto con ellos) a la etapa 2 (contagio local). Todos dicen: no importa tanto el número de casos como saber a tiempo cuándo se da este cambio de contagio, porque las medidas parten de ese cambio.

Así que el doctor López-Gatell pide que no se obsesionen con los números de casos. “No me preocupa hacer más pruebas”, afirma, mientras asegura que ellos están monitoreando de cinco modos distintos cuándo comenzarán los contagios locales. La primera forma de monitoreo, dice, es la que anuncian en las conferencias, de pacientes positivos, negativos y sospechosos. Les han hecho una prueba de laboratorio llamada PCR, con especificaciones para detectar coronavirus. Los otros cuatro modos, dice, van a incluir monitorear posible existencia de coronavirus a pacientes que llegan a los hospitales con síntomas de otras enfermedades, como problemas respiratorios agudos, virus o influenza.

El epidemiólogo Óscar Sosa dijo en entrevista que es preocupante que México no esté detectando masivamente más casos y solo anuncie que han hecho PCR a 395 personas, hasta el jueves 12, cuando en otros países se han hecho miles. Sosa fue jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiología del Hospital Juárez de México, uno de los más grandes del país. “Todavía estamos teniendo eventos masivos, creo que podemos estar ya en una transmisión local y no sabemos”, dijo.

Coincidió con la escasez en las pruebas Alejandro Macías, quien lideró la estrategia contra el AH1N1 en México en 2009. Dijo que tendrían que estar haciéndose “al menos 100 pruebas de PCR diarias” para tener mejor idea de cómo se está propagando el virus. Pero Gatell revira que también han hecho unas 100 pruebas de PCR a pacientes que no han viajado, pero presentan problemas respiratorios graves, y no hay contagio local aún. Dijo que “tenemos en este momento más de 20 mil pruebas ahí listas para ser utilizadas y vamos a hacer la compra ahora de los insumos y vamos a considerar 200 mil pruebas”.

¿Cuándo comenzaremos a ver un crecimiento de casos? Dicen todos, entre la última semana de marzo y la primera de abril, cuando estiman que el país pasará al “contagio local”. López-Gatell aseguró que a partir de entonces (el gobierno lo llama fase 2, de 3), el número de casos crecerá en un promedio del doble cada seis días. Esto significa que, si un día tenemos 2 mil casos positivos, tendremos unos 4 mil seis días después.

¿Qué pasará entonces con el sistema de salud? López-Gatell aseguró que en ese momento van a “descentralizar el diagnóstico” y más laboratorios, incluso privados, harán pruebas, con la exigencia de que no exageren el precio del examen, que ronda los 2 mil pesos. “A esos laboratorios ya se les validó”, dijo. Pero acepta que “aún están recopilando la información” de cuántos insumos tienen o cuántos ventiladores para pulmón, que se usan en pacientes con problemas pulmonares graves, tendrán disponibles.

En los hospitales se dicen preocupados por un colapso del sistema de salud. Dicen que no tienen claro si pueden enviar muestras de sospechosos de cualquier país con contagio local sostenido, que haya confirmado la Organización Mundial de la Salud. Tampoco saben cuántos insumos se están guardando y menos, cuántos enfermos estima el gobierno que tendremos, en el peor escenario.

Muchas cifras cambiarán en los próximos días. Por ahora, la llegada de la fase 2 es próxima e irreversible, dicen especialistas y autoridades. Nos corresponde prepararnos.
06 Marzo 2020 04:00:00
Feministas de papel
Está de moda ser feminista. Todos quieren ser los primeros en apoyar el paro del 9 de marzo, recalcar que respetan la libertad de las mujeres y que no es nuevo sino “congruente con sus valores”. Coca-Cola envió anuncios ufanándose de que eran feministas desde 1886. Como ejemplos, dicen que involucraron mujeres en el desarrollo de productos bajos en calorías.

Esta semana, Miguel Barbosa dijo: “me declaro feminista. Porque tengo una gran responsabilidad como Gobernador, porque adoro a mi esposa”; en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador dicen que esta Administración lo es, porque hay muchas mujeres en el Gabinete. En los medios, las portadas de los tabloides han sustituido la sangre de las mujeres por las fotos de féretros y familiares desolados, ante cada uno de los 10 feminicidios que ocurren cada día en México.

El feminismo está llegando al intangible sitio de lo políticamente correcto. El #9M ha puesto a empresas y dependencias a preguntarse qué porcentaje de mujeres hay en su plantilla laboral y cómo podrían funcionar sin ellas.

Ha obligado a las escuelas a reconocer que más del 80% de sus empleadas son mujeres y que sin ellas deben organizar un día sin clases, o cerrar. Ha puesto en la conversación cuántas somos y qué hacemos.

Pero otra cosa está sucediendo tras bambalinas.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) anunció que no promoverán el paro, porque costará 26 mil millones de pesos al país. En Coahuila y Guanajuato, la Confederación de Trabajadores de México (CTM) pidió a las mujeres que muestren su apoyo “portando un listón o una blusa de color morado, pero que sí acudan a trabajar”.

El Hospital Juárez de México invitó “a todo el personal a asistir portando un distintivo morado” y a “participar en una fotografía de apoyo”. En Farmacias del Ahorro, pidieron a sus empleadas que asistan y usen ese día “una prenda de color morado para demostrar respeto y unión”. Mientras, en el Instituto Nacional de Cancerología, las mujeres han llenado un mural con las frases machistas que escuchan cada día de sus compañeros hombres.

Las empresas, legalmente, pueden descontar el día a sus empleadas, pero el doble discurso –de las que han anunciado apoyo público y consecuencias laborales internamente– ha generado una gran molestia. Las entrevistadas han pedido anonimato, pues temen ser despedidas.

En Grupo Salinas, dicen, anunciaron apoyo al paro, pero han pedido a los supervisores listas de quiénes no irán. Algunas empleadas temen que esas listas se utilicen para despedirlas más adelante. “Están dejándonos elegir y sin poner faltas injustificadas, pero igual nos descontarán el día”, dijo una empleada que trabaja
en Elektra.

En otra área del grupo, una chica dijo que sus jefes anunciaron que solo con una incapacidad o una receta del IMSS aceptarían que no asista, sin descuento. Y una más, con cargo directivo, dijo que su jefe le pidió que explicara por qué se unía, e informara quiénes más de su equipo lo harían. “No me importa el descuento, lo que me ha molestado son las formas”, dijo en entrevista.

Un vocero del Grupo Salinas respondió para esta columna que por el momento no harán ningún pronunciamiento acerca de estas críticas. Hay muchos casos similares. Colgate anunció a sus empleados que podían unirse al paro en tres formas: trabajando desde casa, portando una prenda morada o trabajando regularmente. Vicky Form informó a sus empleadas que les descontarían el día, mientras en público difundió que “respeta el movimiento”.

En un comunicado, Banorte anunció que respetaba el paro y ofrecían su “solidaridad”. Al interior, dos empleadas contaron que les avisaron que podían “tomarse el día”, pero debían reponer las horas en sábado.

Antes del 9M, hay una pequeña batalla ganada. Muchos han asumido, aunque lo digan por figurar, que estar del lado de las mujeres es lo correcto. Desde el periodismo, nos tocará ahora revisar uno por uno de estos nuevos feminismos de papel, seguirlos, confrontarlos y exhibirlos.

28 Febrero 2020 04:07:00
El caso Nazario Garibay: un ejemplo de impunidad
“Yo estuve ahí cuando mataron a mi tío y a mi primo. Estaba terminando mi escuela, segundo de secundaria. Llegaron los policías municipales y cuando salimos vimos a mi tío tirado, se estaba quejando todavía. Había una clínica enfrente, pero los marinos no nos dejaron llevarlo. Decían que ahí los dejáramos, que se murieran”.

Cuando vivió esto, ella tenía 13 años. Ahora tiene 15 y sus padres le dan permiso de contarlo. Pide que no revele su nombre. Dice que en la escuela no saben lo que pasó, que ella creció rápido, que ya no confía en nadie.

Su primo era Édgar Ruiz Garibay. La muerte le alcanzó unos meses antes de que naciera su hija, mientras trabajaba en el negocio de lavado de autos de la familia, en Manzanillo, Colima. “La última vez que hablamos fue el 18 de diciembre de 2017. Me contaba qué harían en Navidad, planeábamos que yo iría cuando naciera su niña”, dice su madre, Margarita Garibay.

El 20, unos hombres sin máscaras ni uniformes lo mataron en pleno autolavado. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad del local. Luego del asesinato llegaron marinos uniformados. Uno sujetó a la niña. “Me agarró, me apretó del brazo y preguntó de quién era hija, cómo me llamaba, que si conocía al dueño, que si un familiar mío estaba muerto. Le dije que era una menor de edad, que no tenía que estarme interrogando”.

Este caso no comenzó con el asesinato de Édgar, sobrino de Nazario Garibay. Tres meses antes, en octubre de 2017, un grupo de la Marina entró al autolavado e hizo un cateo, sin ninguna orden judicial. En noviembre se llevaron preso a Édgar, junto con la entonces pareja de Nazario. Nunca supieron exactamente de qué los acusaban. Salieron libres unos días más tarde, cuando una juez determinó que no había ninguna causa que perseguir.

Decomisaron varios autos y solo se los devolvieron, dice Nazario, después de que él pagó una extorsión a un coordinador de fiscales de Colima. “Primero me pidió dinero, después me pidieron dos cajas de botellas de whisky, y entonces me devolvieron mis autos que se habían robado”.

Han pasado casi tres años y Nazario asegura que aún él no sabe por qué asesinaron a su sobrino, por qué catearon su negocio. Después de huir de Colima durante un año a Tijuana, Ciudad de México y Cuba, de presentar denuncias y de ser admitido en el mecanismo de Atención a Víctimas del Estado y vivir permanentemente con custodia oficial, nadie ha sido detenido por el caso.

Este lunes 24 de febrero, un oficial de alto rango de la Marina y Garibay discutieron y quedó registrado en un video cuya copia fue obtenida para esta columna. El oficial le dijo que sus hombres solo daban “seguridad perimetral”. Garibay le increpó: “si yo soy un delincuente o mi familia somos unos delincuentes, que nos presenten ante un juez y que nos juzguen” y el oficial respondió: “ya lo van a hacer”.

Pocos medios en Colima cubrieron el capítulo más reciente de este caso, que desde 2017 ha estado en la prensa local, nacional y ha sido cubierto por El Universal. Esta semana, Garibay ha puesto nuevas denuncias, después del encuentro con el oficial.

“Me entrevisté con Olga Sánchez Cordero, con Alejandro Encinas, con Alfonso Durazo. Presenté denuncias en todas las dependencias del Gobierno y de Derechos Humanos. Tengo un caso abierto en Suiza, otro en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no han hecho nada”, dice Garibay, mientras muestra videos, fotos y documentos de su caso.

Las denuncias incluyen los nombres de servidores públicos que habrían participado en los hechos y él asegura que no han sido investigados. En uno de esos videos se ve a Garibay hablando con Durazo frente al Palacio Nacional, en 2019. El secretario de Seguridad le dice que “le duele” verlos allí en la madrugada, que revisará su tema y le dirá “si puedo o no puedo ayudarlo”.

Hasta ahora, nada cambió después de ese encuentro. Garibay siente que está solo, que no tiene a qué otra instancia acudir, qué otra puerta del Estado tocar. “Miedo traía antes. No quiero morirme, pero me hicieron tanto que ya les perdí hasta el miedo”.

21 Febrero 2020 04:03:00
La ignorada visita de AMLO a Sinaloa
Era enero de 2016. Dos semanas antes, Joaquín “El Chapo” Guzmán había sido detenido en Los Mochis, Sinaloa, después de una fuga de seis meses desde que escapó del penal del Altiplano en el verano de 2015. El entonces aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador, hizo una gira de varios días por Badiraguato, el municipio donde nació el exlíder del Cártel de Sinaloa, por Cosalá, donde estuvo escondido tras la fuga, por Angustura, Escuinapa, Rosario, Concordia, en total 18 municipios controlados por el cártel.

En cada plaza, repitió más o menos lo mismo: “No se dice nada del cártel que más roba: el cártel de Los Pinos, que encabeza el priista Enrique Peña Nieto”, y también: “Así como las autoridades mexicanas arrestaron recientemente a ‘El Chapo’, deben capturar a todos los políticos corruptos de México”, según los boletines de prensa de la gira que enviaron desde su oficina. Le acompañaba en el viaje Jesús Estrada Ferreiro, a quien presentó como “promotor de la soberanía nacional de Morena en Sinaloa, un abogado honesto”.

Han pasado cuatro años, y algunas de sus arengas siguen siendo las mismas: debe combatirse la delincuencia de cuello blanco, debe venderse el costoso avión presidencial que adquirió la Presidencia de México. Pero tres elementos clave de esta anécdota, que en su momento fue prácticamente ignorada por la prensa mexicana, son distintos hoy.

El primero, el discurso hacia Enrique Peña Nieto ha cambiado. En 2016, López Obrador dijo en Badiraguato que “es más ladrón Peña que el Gobernador de Sinaloa”. Ahora, el Presidente dice que no ha denunciado a Peña Nieto, que no sabe si se le está investigando, que su Gobierno solo revisará si hubo dinero ilegal en su campaña si una consulta popular así lo pide. Esta semana, el diario The Wall Street Journal citó a fuentes del Gobierno mexicano diciendo que ya se investiga al expresidente. Pero López Obrador ya no habla con la fuerza que se le vio en 2016 en Sinaloa. Ahora, responde con cautela que otras dependencias del Gobierno mexicano, autónomas, resolverán lo que deba suceder.

Estrada Ferreiro es actualmente Alcalde de Culiacán y le ha tocado, en ese puesto, que el Cártel de Sinaloa incendiara la ciudad en octubre pasado, para liberar a Ovidio Guzmán de una detención y extradición a Estados Unidos. Poco después, en enero, la hija de El Chapo Guzmán cerró la Catedral de Culiacán y se casó allí.

Unos días antes de esa boda estuve en Sinaloa, grabando la investigación especial de Univision Investiga Fentanilo: La Nueva Apuesta del Narco, que estrenaremos este domingo en la revista televisiva dominical Aquí y Ahora. Después de aquella detención de “El Chapo”, a la que siguió la extradición y el juicio en Nueva York, los narcotraficantes siguen produciendo drogas, especialmente fentanilo, en laboratorios clandestinos como uno al que tuvimos acceso y del que publicamos algunos detalles en los avances de la investigación que salieron al aire esta semana en el Noticiero Univision.

En una de esas piezas incluimos una pregunta, que me parece crucial en el actual contexto político mexicano: ¿Cómo hacen ustedes para poder seguir operando sin que las autoridades decomisen su laboratorio? Y la respuesta del ‘cocinero’, quien opera el laboratorio de fentanilo, fue: “tenemos gente cuidando, nos avisan si entran a los puntos cercanos donde trabajamos”.

A cuatro años de la última detención de Guzmán, y de aquella visita de AMLO a la sierra, hay un próspero negocio en Sinaloa. Las declaraciones contenidas en estos avances de la investigación que estrenaremos este domingo son duras: los productores que entrevistamos en Univision dicen que las incautaciones del Gobierno mexicano, anunciadas en los últimos meses, son mínimas en comparación con lo que ellos están enviando a sus clientes en Estados Unidos.

14 Febrero 2020 04:08:00
Las historias de horror de Rosaura y Berenice
Han pasado 23 días de que Rosaura Cervantes recibió tres disparos cuando se subía a su auto, después de dejar a su hija en la escuela. Era la segunda agresión en menos de dos meses. La primera, ocurrida en el mismo lugar, fue en noviembre, poco tiempo después de que ella respondió un requerimiento de su expareja, quien solicitó conocer la dirección exacta de la escuela en un documento judicial.

Ella, de 35 años, durante 9 tuvo una relación con el padre de su hija. Dice que todo se complicó en diciembre de 2016, cuando catearon una casa en Ciudad de México, donde ella había vivido con él y en las noticias anunciaron que había dinero del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

“Mi expareja decía que era dinero de su tío”, pero nunca supe más, cuenta. El tío era Arturo Bermúdez Zurita, el exsecretario de Seguridad de Duarte. Las agresiones comenzaron antes, dice ella, cuando él la golpeó estando embarazada, pero luego “me habló bonito, me pidió perdón” y ella nunca levantó una denuncia.

Poco después de separarse, ella solicitó una pensión. Durante el juicio, según documentos revisados para esta columna, encontraron depósitos millonarios en las cuentas de Bermúdez, pero él alegó que eran bienes familiares y que solamente los administraba. A finales de 2019, el juzgado le ordenó que pagara. “El juez ordenó que me entregara el porcentaje fijado como pensión de todos los depósitos que había tenido, eran casi 6 millones de pesos, de febrero a mayo de 2019”, relata ella. No lo hizo.

Luego vino la primera agresión, después la segunda, y ahora Rosaura decide contar su historia, porque ha visto en las noticias el asesinato de Ingrid Escamilla y dice, con voz seca: “No quiero ser la próxima”.

“Estoy espantada, estoy afectada sentimentalmente, no he podido regresar a mi casa, es muy probable que intenten hacerme algo, por eso quise dar a conocer mi historia, no quiero ser otra víctima más de feminicidio y que por el poder económico que ellos tienen no hagan nada”. Su expareja, Jesús Gabriel Bermúdez, no pudo ser localizado para esta columna, pero ha negado en documentos judiciales alguna mala conducta.

Berenice Duarte, de 47 años, no conoce a Rosaura, pero tienen algo en común: ambas dicen que quieren contar sus historias porque sienten que el sistema judicial no las ha protegido. Su caso comenzó en junio de 2015, según documentos revisados para esta columna, cuando presentó una denuncia por agresión física contra su entonces esposo, David Córdova, exfuncionario del Cisen y la Policía Federal. En una grabación de ese día, obtenida para este texto, ella le dice “me estás ahorcando” y él responde “me vale madres, no te burles de mí”.

Tres años más tarde, él fue detenido por dicha denuncia y salió con una fianza. “Siempre tenía las llaves pegadas en el coche y mi bolsa en el auto, sabía que en cualquier momento debía salir corriendo”, dice Berenice. Asegura que en casi cinco años de juicio por la custodia y las denuncias, no ha tenido sentencia, que el sistema judicial lo ha protegido una y otra vez. Los exámenes psicológicos a sus hijos, ambos menores, revisados para este texto, relatan una desazón y sufrimiento profundos, un quiebre brutal.

Ella relata que salió de su casa con la ropa que tenía puesta, que sus amigas le regalaron qué ponerse, que ve casos y casos en la prensa, “que se indignan y marchan dos días y no pasa nada”.

David tiene una versión totalmente opuesta, que coincide con su exesposa y con Rosaura en un solo punto: también cree que le ha fallado el poder judicial. Dice que su exesposa “ha comprado pruebas y jueces, ha corrompido a dos juezas, a una magistrada que no sabe sumar ni restar. Es un sistema corrompido, podrido”.

Llamo a David para preguntarle sobre su caso. Durante más de media hora, dice que él y sus hijos son las víctimas, que él es un servidor público honesto, que ella pretende difamarlo, que cuando encuentre un nuevo empleo se pondrá al corriente con los pagos de la pensión. Y remata con una frase que quizá resuma la sociedad quebrada en la que vivimos: “Yo quiero que mis hijos sepan que yo no los abandoné. Me han recomendado que la levante, que le quite a mis hijos, pero yo no lo voy a hacer”.



07 Febrero 2020 04:02:00
Las firmas falsas de Margarita
Era una sala enorme, sin ventanas. Más de 200 personas trabajaban en silencio. El único ruido eran sus teclados repiqueteando y el aleteo de los ventiladores. La instalación era un edificio escondido del Instituto Nacional Electoral (INE). Los empleados miraban uno por uno los registros que antes se habían capturado en línea, por medio de una aplicación, para apoyar a los candidatos que en ese momento se postulaban como independientes y aspiraban a la Presidencia.

“Llevo todo el día con firmas inválidas de Margarita (Zavala), no sé por qué hacen eso. Si no hicieran tantas trampas, nos iríamos a casa más temprano”, me dijo ese día Francisco Pérez, un empleado del INE a quien entrevisté para el reportaje que entonces hacía para Univision.

El 16 de marzo de 2018, el INE convocó a una conferencia de prensa y anunciaron que tanto Armando Ríos Piter, como Jaime Rodríguez “El Bronco” y Zavala, habían acumulado un número importante de firmas no válidas. En el caso de ella, había 489 mil firmas supuestamente hechas por ciudadanos que no estaban vigentes en la lista nominal, más de 200 mil fotocopias, 432 firmas falsas y casi 7 mil documentos no válidos, entre ellos “fotografías tomadas a tarjetas de presentación, credenciales de cadenas comerciales, licencias de manejo”, escribió meses después el consejero del INE, Ciro Murayama, en su libro La Democracia a Prueba, editado por Cal y Arena.

Murayama reveló que había votado contra la candidatura de Zavala, aunque ella finalmente tuvo la cantidad de firmas requeridas para ser independiente, porque muchísimas de las fotocopias que se registraron en su apoyo fueron hechas desde “domicilios desde los cuales se enviaron cientos o miles de apoyos a partir de fotografías y en horas inusuales, como en la madrugada. Hubo una suerte de talleres de maquila de envío masivo de apoyos falsos”.

Zavala dijo que las firmas falsas habían sido “sembradas” para perjudicarla. Litigó la sanción por el alegado comportamiento irregular y terminó pagando únicamente 24 mil pesos de multa.

En mayo de 2018, ella renunció a la candidatura independiente. Tres meses más tarde, según documentos públicos consultados para esta columna, registró la marca México Libre, con la cual comenzó una carrera para fundar un nuevo partido político. La dirección oficial era un departamento en Las Águilas, al sur de la Ciudad de México, de su propiedad.

Ahora, su nuevo proyecto está nuevamente a revisión. Este 4 de febrero, el INE anunció que México Libre había cumplido con la entrega del número de apoyos y actas de asambleas requeridos para convertirse en un nuevo partido.

El proceso para completarlo antes de la fecha límite fue meteórico. Elaboré un registro histórico de apoyos de México Libre anunciados por el INE para esta columna. Entre febrero y diciembre crecían en un promedio de 522 firmas por día, pero después del 10 de diciembre, algo sucedió. La asociación civil triplicó sus apoyos diarios, y comenzó a recolectar mil 366 apoyos en promedio cada día. Con ello, logró una meta que parecía muy cuesta arriba: pasó de 162 mil apoyos el 10 de diciembre, a 239 mil 513 el 4 de febrero, es decir, un crecimiento de más de 76 mil firmas durante la época vacacional de diciembre y el mes de enero.

En el INE, dicen que hay que esperar. La oficina de revisión de apoyos uno a uno, que ellos llaman “mesa de control”, otra vez opera a toda máquina. “La aplicación tiene muchos candados. Aprendimos de la experiencia y mala fe de algunos”, dice para esta columna René Miranda, director del Registro Federal de Electores. Pero no se confían: están revisando cada documento, cada apoyo, uno por uno. Dicen que es mejor no adelantarse, que en junio se sabrá si los requisitos se cumplieron adecuadamente.

Para eso funciona un organismo así en una democracia: para revisar, para mediar, para asegurarse, para que los anuncios sean definitivos cuando hayan sido revisados y confirmados.

31 Enero 2020 04:07:00
La residencia Moreira en Texas
Era enero de 2016. En México, la prensa reportaba el desastre que había sido Coahuila durante la Administración de Humberto Moreira, desde varios ángulos simultáneos: el crecimiento en el número de desaparecidos, la exorbitante deuda que superaba ya el presupuesto del Estado, y los vínculos corruptos entre funcionarios de Gobierno y operadores del narcotráfico, especialmente de los Zetas.

Pero en Texas, otra investigación estaba en curso. Medio año antes, en agosto de 2015, el Gobierno estadunidense inició un litigio en contra de una residencia valuada en 605 mil dólares, que tiene 4 dormitorios, 3 y medio baños, una cocina integral, pisos de madera, dos chimeneas, una gran terraza de madera, piscina y tres espacios de estacionamiento. Solamente de impuestos, pagaban 16 mil dólares al año. Lo reportaron entonces varios medios en México, en especial la revista Proceso; lo investigamos en Univision Investiga y le dio amplio seguimiento el San Antonio Express News.

Desde mayo de 2009, la casa había sido comprada por Herminia Martínez de la Fuente, suegra de Humberto Moreira, quien gobernó Coahuila hasta 2010. Registros de impuestos de ese estado, consultados para esta columna, muestran que ella pagó los impuestos de la residencia hasta el 12 de enero de 2016, esto es, ocho días antes de que se publicara la columna de Sergio Aguayo por la que Moreira demandó al académico –y ganó la demanda, un caso que esta semana atrajo la Suprema Corte– porque Aguayo escribió que Moreira despedía un “hedor corrupto”.

Mientras Moreira demandaba en México, en Texas su suegra se defendía, alegando que la propiedad era parte de su fortuna familiar. Durante el litigio, ella usó como su dirección personal otra casa, también en San Antonio, que es propiedad de su esposo, Jaime Guerrero. Medio año más tarde, una declaración en la corte de Corpus Christi dio la razón a la justicia estadunidense.

Luis Carlos Castillo, un empresario mexicano conocido como “El Rey de los Dragones”, quien se declaró culpable en casos de corrupción de varios gobernadores, firmó un acuerdo de culpabilidad. Tres semanas después, de acuerdo con documentos judiciales obtenidos para esta columna, participó en una larga audiencia en la que se mencionó varias veces la alegada relación entre Moreira y la residencia en Texas. Castillo declaró que había sobornado a Moreira, a través de Jorge Torres López y Javier Villarreal, dos de sus funcionarios más cercanos.

Parte de este dinero, otra vez según el documento, “lo transfirieron a través de varias transacciones financieras de cuentas bancarias mexicanas a Estados Unidos, específicamente al International Bank, luego a JP Morgan Chase Bank. Y finalmente se crearon dos cuentas en Bermudas”. El documento describe varias supuestas entregas de dinero de sobornos por más de 15 millones de dólares, y cómo parte de eso habría sido entregado a Moreira como “el soborno por los contratos inflados”.

La investigación estadunidense halló que Hacienda de ese país había rastreado que se pagó un depósito de 5 mil 500 dólares por la residencia y unos días después de la compra liquidaron los 597 mil dólares restantes a través de una transferencia de una cuenta de Chicago Title Company, con un depósito de dinero del empresario Castillo. El representante del empresario repitió que Moreira había solicitado que no se le diera dinero directamente, sino que se depositara al pago de la casa.

“Me dijo que enviara lo que le debía a esta compañía, y nunca me enteraron de que era para el pago de una casa”, dijo Castillo en la audiencia. Unos días después, la casa fue subastada. La compró Loren McCall Campbell, una vecina del mismo fraccionamiento, por medio millón de dólares. Cuando la prensa local la entrevistó después de la subasta, dijo: “No había mucha actividad. Todos hubiéramos adivinado que tal vez sucedían ciertas cosas aquí, pero nunca había una familia”. El hedor, entonces, seguía en el aire.

24 Enero 2020 04:00:00
‘Chicharito’ tiene cáncer
Hay que ponerse a rezar -dijo la doctora.

Corrían los primeros días de diciembre. Por tercera semana consecutiva, el hospital era un ir y venir de gente llamando por teléfono a farmacias de todo el país, a otros países, con las mismas preguntas: ¿Le queda algo de este medicamento? ¿En cuánto me lo vende?

-No renovaron el contrato. No tenemos stock de los medicamentos en el hospital. Tienen que conseguirlo -dijo la doctora a Enrique Palacios, el papá de Alejandro, que ha llamado “Chicharito” a su hijo menor desde que se veía como un pequeño chícharo en la pantalla del ultrasonido.

El mercado respondió sin piedad, como suele suceder en las tragedias. Las ampolletas que antes costaban 120 pesos subieron a mil 800; las pastillas de 200, subieron a 2 mil. La lista de espera de la farmacia frente al hospital llenó varias páginas con nombres y nombres de padres dispuestos a pagar lo que sea por una dosis oncológica.

“Chicharito” no se enteró del problema. A sus 3 años, ha pasado la mitad de su vida en un hospital. Le diagnosticaron leucemia el 12 de diciembre del 2017. Después de dos años de tratamiento, les queda la recta final. Pero no cumplirla a cabalidad puede reducir a la mitad sus probabilidades de sobrevivir.

-Están minimizando el problema. Creen que pueden esperar, que no pasa nada. Aquí el riesgo es que los niños van a recaer. En unos meses o en el próximo año van a empezar a recaer y recaer, y es volver a empezar de cero por tres años más, con medicamentos más agresivos, dosis más altas y con la posibilidad de supervivencia reducida -explica la doctora que lleva el caso de “Chicharito”.

Hablamos una noche de principios de enero. Enrique suspira. Esa tarde han terminado de conseguir los medicamentos para el ciclo de febrero. Un médico le regaló ampolletas, otras medicinas las compró por teléfono en una farmacia en Chiapas. Todo lo ha pagado a sobreprecio. Fueron 30 mil pesos, con empeños y préstamos, para completar el esquema de un mes.

Así supo que hay un mercado negro creciente, que traen medicinas desde Centroamérica de contrabando, que quienes vienen de los municipios más pobres, apenas con el dinero del boleto, se llevan a sus niños en brazos, de regreso al pueblo, a rezar por un milagro.

Pero Enrique quiere respuestas, no milagros. Quiere saber por qué una disputa política ha dejado al suyo y a otros 350 niños en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña sin medicinas.

-Muchas páginas están ofreciendo medicinas y los padres, porque están desesperados, las están comprando. Pero no siempre se las podemos poner, porque no sabemos si son buenas -explica la doctora.

En el hospital, dicen que solo después de que algunas doctoras y padres hablaron públicamente, les llegó un paquete con medicinas oncológicas. Han comenzado a usar del presupuesto anual para comprar en otros países, pagando la importación. Pero el presupuesto no durará mucho.

Otros niños llegaron en esos días con nuevos diagnósticos de cáncer. Pero no podían recibir otros casos. Los remitieron a estados vecinos. Estaban igual. Al final, los recibieron. De nuevo, con el presupuesto del hospital, que no incluía compra de medicamentos para el cáncer, sino para su operación diaria.

En Palacio Nacional, en Hacienda, levantan la barbilla y afirman que no responderán a un chantaje de la industria farmacéutica. Entre los familiares, creen que no les importa. Esta semana, en Ciudad de México, algunos padres bloquearon los accesos al aeropuerto. Solo entonces llegaron medicamentos a su hospital.

“Chicharito” no sabe de todo esto. No sabe de la política. Sabe que sigue viviendo, que sus padres consiguieron ya sus quimios del mes siguiente. No se entera de que apenas duermen pensando en los meses próximos. Que se repiten que los van a conseguir, como sea.



17 Enero 2020 04:07:00
La doble función de la asesora de García Luna
En el esquema de la guerra contra el narco en el sexenio de Felipe Calderón, Vanesa Pedraza no era una pieza menor. En la oficina del secretario de seguridad, Genaro García Luna, ella era conocida como “la mano derecha de José Antonio Polo”, el jefe de asesores del secretario.

La recuerdan como una mujer bella, grácil y nerviosa. Dicen también que presumía de ser efectiva y de tener la confianza de sus jefes. Su cercanía con el secretario quedó por escrito: en septiembre de 2012, tres meses antes de que terminara el Gobierno, ella publicó un libro sobre la estrategia que desarrollaban en la secretaría para combatir al narcotráfico. García Luna firmó el prólogo.

El libro era sobre un tema específico, que se convirtió en su especialidad: los exámenes de control de confianza a los empleados de la Secretaría, incluyendo a la Policía Federal, el gran proyecto con el cual García Luna se vendió ante las autoridades de Estados Unidos como el hombre que sacaría a los policías mexicanos de su mala fama de corruptos y poco profesionales.

Oficialmente, Pedraza comenzó a trabajar para García Luna en 2008 y terminó en 2012, cuando él terminó su encargo como secretario. En realidad, según múltiples testimonios y documentos obtenidos para una investigación que firmé en Univision en 2019, Pedraza trabajó al menos durante un año en un doble encargo: por una parte, era directora adjunta en la SSP y, por otro, dirigía la división de control de confianza en ICIT Holding, el entramado corporativo de la familia Weinberg, los dueños de la residencia donde García Luna vivió en Miami.

Su presentación en el libro anuncia: Pedraza estaba encargada de “coordinar y dar seguimiento a proyectos en temas relacionados con la Policía Federal, las subsecretarías del Sistema Penitenciario Federal y la de Prevención y Participación Ciudadana”. Los contratos de los Weinberg durante el sexenio calderonista fueron precisamente en estas áreas de la Secretaría.

Son los mismos empresarios de seguridad que han ganado millones de dólares en contratos de proveeduría de servicios, software y tecnología de seguridad con el Gobierno mexicano desde hace al menos 20 años, según investigaciones federales de los últimos meses.

A mediados de 2012, Pedraza cobraba en el Gobierno, pero en realidad despachaba en el segundo piso de un edificio enorme y gris en la Condesa, cuyo lobby está decorado con un cuadro del pintor oaxaqueño Fernando Andriacci. Ella no respondió solicitudes de entrevista sobre este tema en 2017, en 2019 ni para esta columna.

La oficina estaba registrada como la sede de Nunvav, Inc. una discreta firma de seguridad, registrada en Panamá, con negocios en varios países de Latinoamérica. En la entrada del despacho, no había un cartel de Nunvav, sino de ICIT, la otra compañía de los Weinberg.

Su declaración patrimonial y el libro que García Luna prologó dejan en claro: en septiembre de 2012, Pedraza aún era empleada de la Secretaría, meses después de que trabajaba en ICIT. Decenas de correos electrónicos de ICIT fechados en 2012, que obtuve en 2019, mostraban cuáles eran las funciones de Pedraza allí.

Se lee que ella estaba encargada de hacer trámites toxicológicos, polígrafo y evaluaba a cada candidato a ser empleado de ICIT. Varios exfuncionarios me dijeron que también en la Secretaría ella supervisaba funciones relativas al control de confianza.

El vínculo con los amigos de García Luna no terminó con el Gobierno. Durante los años siguientes, Nunvav continuó ganando millones de dólares en contratos en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, a través de la Secretaría de Gobernación, según ha declarado Santiago Nieto, actual encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda.

Un reporte de Raúl Olmos para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sumó otro hallazgo más reciente: Pedraza fue registrada en octubre de 2019, como apoderada de Nunvav. Los negocios en torno a García Luna, que se tejieron cuando él era funcionario, siguen más que vigentes.


10 Enero 2020 04:07:00
‘Cierran’ en AGN archivo con información de Bartlett
Estimado usuario, le informamos que el fondo documental “Investigaciones Políticas y Sociales” estará fuera de consulta por encontrarse en proceso de revisión.

Este anuncio apareció esta semana en una sala del Archivo General de la Nación (AGN). Avisaba, sin previo aviso, que el fondo que contiene información de investigaciones políticas hechas por la Secretaría de Gobernación entre 1920 y 1985 no puede consultarse.

Este fondo conserva los datos de una dirección anterior y luego paralela a la Dirección Federal de Seguridad (DFS). En él pueden consultarse expedientes de luchadores sociales, intelectuales y militantes opositores, que eran investigados por Gobernación, y de políticos en activo que entonces militaban en el PRI, como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo o Manuel Bartlett.

Fue Bartlett el último secretario de Gobernación que recibía informes de esta Dirección acerca de los movimientos de políticos y opositores en todo el país. Dos historiadores que han trabajado en ese archivo dicen que hay también datos de quienes participaron en el tráfico de drogas o en el asesinato de “Kiki” Camarena.

“En la época de Bartlett en Gobernación esta dirección seguía informando sobre los dirigentes políticos y era un insumo de información para que la DFS tomara medidas represivas”, dijo Camilo Vicente, historiador especialista en la segunda mitad del siglo 20.

Dicen los investigadores que este anuncio es la alerta más reciente en una serie de restricciones de transparencia, que comenzaron con el retiro de consulta pública de expedientes de la DFS. “Ahora están entregando versiones más acotadas”, detalló Vicente.

En marzo de 2019, solicitó la versión pública de un expediente de la guerra sucia sobre el pueblo El Quemado, en Guerrero. En octubre se lo negaron con el argumento de que ninguna de las personas mencionadas en el documento había sido un dirigente político de relevancia. Esto contradice la Ley General de Archivos, que dice que los documentos sobre violaciones graves a derechos humanos y en archivos históricos no pueden reservarse.

Según César Valdez, quien dirige la subdirección de Historia Contemporánea en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en noviembre comenzaron a temer que cerrarían un acervo de Gobernación, cuando el AGN anunció que revisarían contenidos y nombres sensibles provenientes de los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que deben llegar al AGN el próximo abril.

Por eso decidieron pronunciarse ante el aviso del 6 de enero. “Sospechamos que sea parte de una política más sistemática, dirigida a tratar de ocultar la información de las estrategias que se han utilizado para controlar la oposición política en México”, dijo Valdez.

Poco después del pronunciamiento de un grupo de historiadores, el AGN anunció que se trataba de un “error involuntario, un malentendido” y que en realidad el fondo de Gobernación está abierto.

Samuel Guzmán, subdirector de información del AGN, dijo para esta columna que el cartel fue colocado por un empleado de menor rango, que malinterpretó la entrada en vigor de nuevas disposiciones legales. “Fue un error humano, el fondo está en un proceso técnico archivístico, pero no implica que no se pueda consultar”.

Guzmán dijo que a partir del 16 de enero pondrán en vigor nuevas políticas para consultar documentos y, ante la pregunta sobre la información sobre Bartlett, respondió: “Si quisiéramos ocultar información de estos personajes ya estaríamos muy tarde, todo el año pasado ha podido consultarse”.

Pero los historiadores no parecen conformes: “Me gustaría tener una respuesta del AGN diciendo: este es nuestro plan; que se someta a una consulta de transparencia”, dijo Valdez. Lo secunda Vicente: “Lo más grave es que están impidiendo el conocimiento de la forma que operó el régimen autoritario que se supone que terminó con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.

03 Enero 2020 04:00:00
Los niños secuestrados por el narco
Le llamaban Juanito Pistolas. Cuando fue asesinado, tenía 16 años. Su cuenta de Facebook era un rosario de fotografías con armas y botellas de cervezas. Las de sus amigos, autonombrados “La Tropa del Infierno”, se asemejan. Fotos y fotos posando con metralletas, ocultando sus rostros con emoticones de caritas felices.

Dicen en Nuevo Laredo que su muerte desató una masacre, que mucha de la violencia que ha padecido la ciudad en los últimos meses, incluso en el último día de 2019, comenzó porque sus amigos, todos adolescentes, no perdonan al Gobierno que haya matado a Juanito.

Un año antes, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo en Coahuila que hay 460 mil niños en México trabajando para organizaciones criminales. Dijo también: “No podemos dejar a esos niños como horizonte una vida de criminalidad”. En 2018, ingresaron a cárceles federales 101 mil menores; 270 casos fueron por asesinato, según el Inegi.

Ha pasado un año desde que Durazo tomó el cargo de secretario de Seguridad Pública y la situación no ha cambiado. El 30 de abril, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, decidió que darían prioridad a una estrategia para desmovilizar a los jóvenes que, voluntaria o forzadamente, trabajan para el crimen. Poco después los funcionarios que estarían a cargo del proyecto fueron movidos a otras asignaciones, comenzó a priorizarse el despliegue de la Guardia Nacional y los niños fueron puestos en lista de espera. Funcionarios en el Gobierno dicen que no hay trabas específicas a este tema, solo un desconocimiento rampante de su dimensión.

“La mejor forma de describir esta Administración es omisión dolosa. Intencionalmente no han hecho lo que les corresponde. Este es un Gobierno que hace más relaciones públicas que acciones”, dice Juan Martín Pérez García, de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

En los últimos meses, según fuentes federales, los únicos avances en este proyecto han sido la elaboración de un diagnóstico sobre cómo otros países, en especial Colombia, han desmovilizado a menores del crimen. Mientras tanto, las organizaciones civiles aseguran que el reclutamiento para la Guardia Nacional ha traído en el país, en paralelo, una leva reciente con la cual las organizaciones criminales pretenden también reforzar sus filas.

La historia conocida más reciente es la de Alfredo, un joven que fue secuestrado en Toluca con cuatro amigos, y llevado forzadamente a un campo de entrenamiento. Unos hombres, relata, los subieron a una camioneta, les taparon los ojos, los llevaron a una casa, luego a otra, y más tarde los movieron a Guerrero. Allí primero debía lavar camionetas. Luego, comenzaron a entrenarlos para “ganar una batalla”. Alfredo habla y le tiemblan las manos, las piernas. Sabe que está vivo por un hecho fortuito.

“Estábamos en un pueblito y llegó el Gobierno. Estaba en el baño. Cuando salí ya ninguno de mis compañeros estaba. Al ver las camionetas del Gobierno me desequipé de todo lo que me habían dado. Dejé todo en un árbol. Caminé hacia ellos. Les pedí ayuda”, relató al diario El Sur de Guerrero. Ocurrió en Zirándaro, un municipio cuyos habitantes llevan meses denunciando que 120 familias tuvieron que huir por la violencia.

Cuando le preguntaron a finales de noviembre, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aceptó que los jóvenes están en la mira del crimen. Dijo que los programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro están para alejarlos del reclutamiento. Revisé las bases de esos programas. Ninguno acepta integrantes menores de 18 años.

“Estamos muy lejos de ver resultados”, dicen, en voz baja, en los pasillos de Gobernación. Los niños, otra vez, tendrán que esperar.


27 Diciembre 2019 04:07:00
Los niños asesinados durante el obradorismo
Germán Ruiz fue asesinado el 28 de mayo en Colima. Tenía 15 años. Le dispararon por la espalda, mientras él estaba hincado, con las manos atrás, y no veía a los asaltantes de la tienda en la que era cajero. El video de seguridad captó el momento cuando se tendió sobre el suelo, sin resistencia, después del ataque.

Un mes después, en Sonora, los medios publicaron la historia de Adán Ricardo, de 4 años, cuyo cuerpo inerte quedó tendido en el asiento del coche de su padre. Casi en la misma posición, en otro automóvil, en marzo, un niño de 2 años había sido asesinado en Tabasco. Los medios no publicaron su nombre.

En abril, la Red por los Derechos de la Infancia en México increpó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Le dijeron que, según cifras oficiales, habían matado en promedio a tres niños cada día de su Administración, y otros cuatro habían sido desaparecidos. Él respondió que tenía otros datos, que era una cifra exagerada y que, si así fuera, habría preocupación en su Gobierno.

En junio, una niña de ocho años fue asesinada en su casa en Acapulco, con tres de sus familiares. La fiscalía informó que el cuerpo había sido encontrado en el suelo, aún con su uniforme escolar. No publicaron su nombre.

En septiembre, cuando presentó su primer informe, la Administración obradorista estimó que en 2019 serían asesinados 415 niños de entre 1 y 15 años. Para entonces, según cifras oficiales, la realidad había superado la estimación: habían matado ya a 796 menores, entre enero y septiembre.

El informe de gobierno no diferenció la cifra de los asesinatos entre 15 y 17 años, y las agrupó con los adultos. Dicen las organizaciones que es porque en ese rango se concentra la mayor cantidad de los homicidios donde están, entre otros, quienes caen mientras trabajaban para bandas criminales, voluntaria o forzadamente.

Más allá de los discursos, la nota roja siguió reseñando la estadística. En octubre, Fernanda, de 4 años, fue asesinada en Iztapalapa. Unos días más tarde, dispararon contra dos niños, de 8 y 5 años, frente a su madre en una esquina de Ecatepec. Regresaban a casa después de pedir calaverita.

Entre enero y diciembre, 263 niñas fueron asesinadas en el país, en casos considerados como feminicidios por la activista María Salguero, quien lleva años elaborando un mapa de este delito en todo el país.

Comenzó en enero con Camila, de 9 años, asesinada en Valle de Chalco y agredida sexualmente. Siguió todo el año. Los más recientes han sido de Lucía, 17 años, asesinada en Culiacán cuando iba a los festejos de la Virgen de Guadalupe, y de Nazareth, de 15 años, estudiante de preparatoria, cuyo cuerpo fue hallado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chapingo antes de Nochebuena.

Hay ya más de 20 mil menores asesinados en México desde que en 2006 el Gobierno de Felipe Calderón anunció la “guerra contra el narco”. El último año, dicen las organizaciones, la tendencia se ha mantenido, y las causas han sido muy poco atendidas. La tasa de impunidad continúa en 97 por ciento. Si los delitos son sexuales, sube a casi el 100 por ciento.

“Siguieron con la misma estrategia iniciada por Calderón, continuada por Peña Nieto y profundizada por esta Administración, pese a todas las advertencias”, dice Juan Martín Pérez García, quien lleva tres sexenios sumando cifras y diciendo públicamente que el problema es grave y urgente.

Dice Pérez García que desde hace tres meses ya ni le contesta el teléfono la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ni el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. “Antes al menos respondían, ponían una carita o algo. Ahora, ya nada”.

En Palacio Nacional no han divulgado cuáles son los “otros datos” de los que habló el Presidente en abril. Mientras llegan, siguen muriendo por arma de fuego 8 de cada 10 menores de edad asesinados. Y sigue diciendo el Gobierno federal que su estrategia ahora es distinta, pacifista, mientras aumenta el presupuesto del Ejército, mientras engrosa a la Guardia Nacional, mientras hay más de 8 mil menores desaparecidos, además de los muertos.
20 Diciembre 2019 04:04:00
La mujer de las confianzas del Presidente
“Todo pasa por ella. No hay forma de comprar algo sin que ella lo sepa”, me dijo hace meses un secretario de Estado, refiriéndose a Raquel Buenrostro, quien ahora encabezará el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Buenrostro era la oficial mayor de Hacienda, un puesto que en sexenios anteriores se encargaba de administración y compras de la Secretaría, pero que en el último año adquirió una dimensión descomunal y permitió, a decir del Presidente, ahorros por 200 mil millones de pesos.

Desde la transición de Gobierno, el equipo obradorista decidió concentrar las compras, para bajar costos y dejar en pocas manos las transacciones que llevaban un riesgo de corrupción. En pocos meses, Buenrostro se convirtió en una de las pocas funcionarias que tenía al menos una reunión semanal con el Presidente a solas y sin testigos, mucho más que varios secretarios de Estado.

Su influencia abarcaba casi todo el Gobierno, ya que los oficiales mayores de cada secretaría (ahora llamados titulares de la Unidad de Administración y Finanzas, o TUAFs) fueron nombrados con la advertencia de que responderían a ella. Esto trajo retrasos importantes en contrataciones claves, que abonaron a la baja en el gasto público, a decir de funcionarios con altos cargos en varias dependencias. Uno de los más graves fue en la compra de medicamentos, que desató una crisis de desabasto provocada en parte, según Hacienda, por la resistencia de las farmacéuticas.

El principal problema era que la dimensión de las compras asignadas al área de Buenrostro sobrepasaba por mucho la capacidad real de operación burocrática de la oficina que ella dirigía. Pero esto no la hizo caer de la gracia del Presidente. Al contrario, ante la queja de varias dependencias, él la refrendaba como una mujer honesta, tal cual hizo este 19 de diciembre, al anunciar su nombramiento en el SAT.

A mediados del año, Buenrostro volvió a una vieja rencilla: sus diferencias de hace 15 años con el actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Ante la salida de Carlos Urzúa, en julio, Herrera fue nombrado en su lugar. Sus primeras acciones tras el ascenso incluyeron llamar a los secretarios de Estado y preguntarles si estaban contentos con sus TUAFs o querían cambiarlos. Un mes más tarde, en el Diario Oficial de la Federación se publicó un decreto que eliminaba la capacidad de Buenrostro para nombrar funcionarios en otras dependencias.

Aunque Herrera es el secretario, Buenrostro seguía teniendo reuniones privadas con el Presidente, mientras él buscaba el consejo de exsecretarios de otros gobiernos, como José Antonio Meade, José Antonio González Anaya y en las reuniones de gabinete prácticamente no hablaba con el jefe del Ejecutivo.

Dicen en Hacienda que, también, Herrera y Buenrostro prácticamente no tenían diálogo. Sus diferencias comenzaron en 2004. Ambos laboraban en la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, en la Administración de Andrés Manuel López Obrador, con el mismo nivel administrativo. Luego del escándalo del secretario Gustavo Ponce, quien fue exhibido apostando en Las Vegas, Andrés Manuel López Obrador nombró a Herrera como su secretario de Finanzas en el GDF. Meses después, Buenrostro salió de la Secretaría, donde era subtesorera de política fiscal. Fuentes que los conocieron dicen que no se explica su salida sin considerar sus diferencias.

Ahora, López Obrador la envía a un sitio donde necesita resultados urgentes. La promoción de Margarita Ríos-Farjat a la Suprema Corte -lo expuse en otra columna- justo buscaba nombrar en el SAT a alguien que aumente la recaudación de impuestos y en quien él confíe.

Pero esto no dejará a Hacienda sin supervisión desde Palacio Nacional. En lugar de Buenrostro, el Presidente nombró como nueva oficial mayor allí a Thalía Lagunas Aragón, quien era hasta ahora la coordinadora técnica en Presidencia, encargada de seguir y evaluar los programas integrales del Gobierno federal. Lagunas también había trabajado bajo las órdenes de Herrera en el GDF. Su llegada a Hacienda se suma a varios nombramientos del equipo que operó entonces en la capital y ahora lidera en Hacienda.
13 Diciembre 2019 04:07:00
Los dueños de la mansión de García Luna
La primera pista para descubrir la mansión donde Genaro García Luna se instaló en Miami, cuando terminó el Gobierno de Felipe Calderón, me llegó en un desayuno en Polanco, a mediados de noviembre de 2012. El director de Reporte Índigo, donde entonces trabajaba, dijo: “García Luna está viajando mucho allá, hay que saber por qué”.

Pregunté a Gerardo Reyes –quien entonces era mi amigo y ahora también es mi jefe en Univision– cómo podía buscar si alguien tenía una compañía en Estados Unidos. Me envió el link a una página del Gobierno. Así hallé que un restaurante en Miami, llamado Oggi Caffe, era operado por una empresa de Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna.

Viajé a Miami con un productor a buscar el restaurante, en la planta baja de un edificio sin mucha gracia, en un sitio llamado La Isla del Tesoro. Estaba vacío. Hallé pocas reseñas de clientes en Internet. Pero buscando en esa base de datos, supe que Pereyra tenía para el restaurante un socio colombiano, quien a su vez era socio de dos mexicanos: Mauricio Samuel Weinberg y su hijo, Alexis Weinberg.

En los siguientes dos años, publicamos reportajes acerca de las compañías de los Weinberg, con las que invirtieron 36 millones de dólares en 19 departamentos y un terreno en Miami entre 2009 y 2012. Algunos estaban a nombre de la esposa y mamá de los Weinberg, Sylvia Pinto Mazal. Hace poco, encontré que Pinto es socia de Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, en una joyería que tiene su dirección fiscal en la misma sede de las empresas de los Weinberg en México.

Al mismo tiempo que los empresarios compraban propiedades en Florida, García Luna fundó la consultora GL and Associates Consulting (conocida como GLAC) y Delta Integrator. Las fechas, horas, sitios web, teléfonos y representantes de las empresas de García Luna eran los mismos que de los Weinberg, pero ellos negaban tener relación.

En 2017, ya como reportera de la unidad investigativa de Univision, pudimos confirmar que Nunvav, otra empresa de los Weinberg, vendió millones de dólares en equipo de espionaje al Gobierno de Ricardo Martinelli, en Panamá.

Publicamos la historia dos años después, cuando confirmamos que Nunvav era filial de ICIT, una empresa de los Weinberg, que en 2012 utilizó información, tecnología y personal de la Secretaría de Seguridad Pública, según testimonios y documentos, de manera irregular.

Poco antes, el periodista Julio Roa halló una multa de tránsito que impusieron a García Luna en Miami en 2015, en la cual declaraba como su residencia una casa en Golden Beach, Florida. La mansión de 3.3 millones de dólares –y otro penthouse de 2.3 millones al que se mudó en 2016– estaban a nombre de empresas de la red de los Weinberg que publicamos en Reporte Índigo en 2014.

Finalmente, a comienzos de 2019, los empresarios accedieron a hablar. Aseguraron que García Luna vivió en sus propiedades, pero les pagaba renta. Ofrecieron documentos del contrato y los pagos. Nunca los enviaron. Dijeron que nunca fueron beneficiados por su amistad, pero admitieron que tuvieron contratos con la SSP y aún tenían ahora, en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Insistieron en que no eran socios ni prestanombres, solo amigos. Poco después, Reforma publicó que Nunvav vendió también equipo de espionaje al gobierno de Jaime Rodríguez, en Nuevo León.

Antes de publicar la historia en marzo, en Univision consultamos a la Secretaría de la Función Pública. Dijeron que el caso de 2012 había prescrito y solo por un “interés especial” podría ser investigado. El interés especial existe ahora, que García Luna ha sido acusado en Nueva York de haber sido, desde 2001, un narcotraficante al servicio del cártel de Sinaloa.

Ni los Weinberg ni su esposa han estado hasta ahora involucrados de ninguna manera en las acusaciones de narcotráfico. Pero ahora que México ha anunciado sus propias investigaciones sobre García Luna, veremos si, más allá de los nexos con Sinaloa, se indaga también en las relaciones, los dineros y las redes de García Luna, que siguen vigentes.
06 Diciembre 2019 04:04:00
La ministra de Romo
Margarita Ríos-Farjat omitió algunos detalles en su declaración patrimonial como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), antes de que la propusieran -y ayer la eligieran- como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ese documento, ella aceptó que había sido “asesora jurídica independiente” entre 2011 y noviembre de 2018, unos días antes de ocupar su puesto en el Gobierno obradorista. Lo que no dijo es que en ese tiempo fue abogada externa de Vector Casa de Bolsa, una compañía de Alfonso Romo, actual jefe de la Oficina de la Presidencia.

En su perfil público en la página del SAT, Ríos-Farjat anunció que había publicado el artículo Las Casas de Bolsa y la Contratación por Medio de Firma Electrónica en la Revista Pauta. En efecto, allí aparece el artículo, firmado por ella en 2017. La reseña biográfica de esa publicación anuncia que Ríos-Farjat era “abogada externa para Vector Casa de Bolsa para este y otros temas”.

Esa breve reseña curricular incluye otro vínculo de Ríos-Farjat con Romo. Dice también que ella forma parte de la Coalición Anticorrupción (Nuevo León), un conjunto de organismos de la sociedad civil que también es integrado por la Universidad Metropolitana de Monterrey, propiedad de la familia Romo, de la cual Alfonso Romo es presidente honorario.

La relación de Ríos-Farjat con la Universidad de los Romo no es solo incidental. En su biografía ella anuncia que dirigió una cátedra allí, pero este empleo tampoco fue mencionado en su declaración patrimonial. La oficina de prensa del SAT no respondió a una solicitud de entrevista.

Fuentes que participaron en el proceso de selección de funcionarios para el Gobierno obradorista y que ahora están en el Senado dijeron que el propio Romo cabildeó para que Ríos-Farjat fuera al SAT. La Oficina de la Presidencia no respondió a una solicitud de entrevista con Romo.

El primer secretario de Hacienda de la administración obradorista, Carlos Urzúa, dijo para esta columna que durante la transición de gobierno se contemplaron otros nombres de especialistas en impuestos para la jefatura del SAT, con perfiles más experimentados.
“Ella no tenía ninguna experiencia a nivel directivo en la recaudación de impuestos y la prueba es que para nombrarla tuvieron que cambiar la ley”, dijo Urzúa.

En efecto, cambiaron la ley. El 5 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación a la Ley del SAT que eliminaba el requisito para que su jefa tuviera experiencia directiva en administración, aduanas y recaudación de impuestos. En cambio, solo requería estudios en materia fiscal y aduanera. El mismo día cuando se publicó el cambio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Ríos-Farjat sería la jefa del SAT.

A juzgar por los números, la falta de experiencia ha jugado su papel. Cifras oficiales de Hacienda, al cierre de octubre de 2019, muestran que el SAT a cargo de Ríos-Farjat recaudó 74 mil millones de pesos menos de lo que habían programado en la Ley de Ingresos para este año. Esto significa que la actual Administración no recaudó en los primeros 10 meses el equivalente a todo el presupuesto del Ejército o tres veces el presupuesto de la Marina.

Fuentes del Gobierno y el Senado coincidieron en que hay una fuerte preocupación en el Gobierno por la baja en la recaudación, un dinero que necesitan para financiar los programas sociales.

“Por eso son las reformas a las factureras y todo eso, con la esperanza de que repunte la recaudación”, dijo una fuente involucrada con el proceso, que solicitó anonimato.

No es claro para estas fuentes por qué una fracción de Morena cabildeó, con senadores del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, para que Ríos-Farjat llegara a la Corte. Pero coinciden en algo: hay alivio en Palacio Nacional. Una nueva jefatura llegará al SAT, mientras el Presidente no abandona un compromiso con su jefe de oficina. Lo que suceda en la Corte, ya lo contaremos después.
22 Noviembre 2019 04:08:00
El operativo que incendió Nuevo Laredo
Los videos se hicieron virales. Nuevo Laredo, el puerto fronterizo más importante de México, aparecía incendiado y con narcobloqueos. Era el 15 de noviembre. Unas horas antes, se publicaron en redes sociales otras imágenes: los cuerpos de seis civiles con partes destrozadas. Las autoridades anunciaron que era un enfrentamiento, y que un militar había fallecido.

La Tropa del Infierno, el grupo armado al servicio de quienes la policía identifica como el cártel del Noreste (CDN), anunció que la ciudad en llamas era su respuesta. Era el capítulo más reciente de una escalada de violencia en Nuevo Laredo.

“Estaba todo tranquilo, nomás llegaron ellos y empezó a verse más feo aquí”, dice Kassandra Treviño, hija de un hombre asesinado en septiembre por policías estatales, según su testimonio. Con “ellos” se refiere a los policías.

Fuentes de seguridad y víctimas dicen que la violencia reciente inició luego de que la Marina fue retirada de Tamaulipas un año atrás, después de que instancias de derechos humanos comenzaron a investigar más de 30 desapariciones forzadas imputadas a sus miembros.

En el primer semestre de 2019, según dos fuentes de seguridad, comenzó en la zona un reacomodo por el control de los municipios fronterizos de Mier y Miguel Alemán. El CDN, con el control de Nuevo Laredo, avanzaba hacia allá, con la resistencia del cártel del Golfo, con presencia en Matamoros y Reynosa.

Aumentaron los operativos de la Policía Estatal y de operaciones especiales. En julio, llegaron a Nuevo Laredo. Un mes después, cayó un joven que trabajaba para la Tropa, conocido localmente como “Juanito Pistolas”. La violencia subió de nivel.

Unos días más tarde, según familiares, policías estatales ejecutaron una masacre contra ocho civiles. Uno fue Severiano Treviño, padre de Kassandra. “A las 7 de la mañana llegaron, tumbando la puerta y empezaron a gritar”, cuenta ella.

Severiano fue obligado a vestirse como militar, torturado y asesinado. A ella la sacaron, con su hija de dos años. “Me dicen que no volteara porque me iban a dar un balazo por atrás”, cuenta. Esa noche supo que había otros siete cuerpos en su casa, vestidos de militares, de personas a quienes, dice, nunca había visto.

Una era Jennifer Romero, sobrina de Carlos Ramírez, un sacerdote. Había llegado a Tamaulipas tres días antes, con su novio. Los cuerpos de varios de los asesinados tenían signos de tortura. “Mi sobrina dio negativo en la prueba de pólvora y tenía un tiro en la cabeza, ella no era ninguna delincuente”, dice Ramírez.

El caso llevó a la detención de dos policías y al repliegue de las fuerzas especiales de Tamaulipas de los operativos. Aumentó la presencia del Ejército. Pero desde la Ciudad de México, dijeron dos fuentes, las instrucciones eran “evitar
enfrentamientos”.

“Los militares patrullan donde saben que no hay nada, donde no se los van a encontrar”, dijo una fuente local, que pidió anonimato, por miedo. El repliegue, dicen, se volvió más obvio después del operativo de octubre, en el que Ovidio Guzmán fue liberado en
Culiacán.

Otros consideran que en esta crisis hay una disputa política. “El Gobernador necesita asegurar Nuevo Laredo y quitarle toda posibilidad a Morena; necesita crear una guerra y salir triunfador de esa guerra”, dijo Raymundo Ramos, activista local.

La posición del Gobierno estatal es directa: “Es nuestra petición al Gobierno federal que nos permita seguir trabajando con corporaciones federales y hacer uso de la inteligencia policial”, dijo para esta columna Luis Alberto Rodríguez, vocero de Seguridad estatal.
Ahora las víctimas de septiembre piden que la Fiscalía federal atraiga el expediente y que en los próximos meses la Comisión Nacional de Derechos Humanos publique recomendaciones sobre el caso de septiembre y el de la Marina en 2018.

“Casi no duermo, mi niña tampoco”, dice Kassandra. Es una de las pocas en Tamaulipas que se atreve a que se le cite con su nombre.
08 Noviembre 2019 04:04:00
Los 13 desaparecidos que detuvo la policía de Cuitláhuac en Veracruz
Ya vamos para la casa, mamá. Estamos saliendo de la comandancia– dijo Luisa Carrera al teléfono. Luego vino el silencio. La llamada seguía conectada, pero no se oía ningún ruido ni voz. Era la noche del 26 de octubre de 2019. Horas antes, Luisa pidió a su madre que cuidara a sus dos niños. “Tienen detenido a Joel”, le contó. Fue a la comandancia en Ixtaczoquitlán, pueblo cercano a Orizaba, en Veracruz.

Joel Reyes, comerciante de ropa, había sido detenido por policías municipales. Iba en un taxi a Fortín, a dejar la mercancía para el tianguis del domingo. Lo acompañaban Daniel García, Humberto Gil y Ricardo Montesinos, tres de sus empleados. Acusaron al taxista por una falta de tránsito. Los llevaron a todos y los ficharon.

Luisa llamó a su abogado. Horas más tarde, pagaron una fianza. En los videos de seguridad, los detenidos y quienes acudieron en su auxilio se ven hablando afuera de la comandancia, cerca de las 21:30 horas. “El video está editado”, dicen los familiares. Añaden que no se ve cuando se van, está cortado en varias partes y les impidieron ver las cámaras de otros ángulos de la escena.

–A esa hora mi hijo me habló. Me dijo que nomás estaban firmando unos papeles y se venían– dijo Joel padre. Nunca llegaron a casa. Fueron secuestrados metros más adelante. Las familias hallaron la camioneta donde iban en un corralón municipal.

Es el tercer caso documentado de desapariciones en Ixtazcoquitlán después de haber sido detenidos por policías municipales y estatales, en menos de seis meses. Las familias se amontonan al teléfono: soy Joel, padre de Joel y Jorge, de 43 y 41 años. Soy Belén, su hermana. Soy Victoria, mamá de Luisa, de 30 años. Soy Carla, esposa de Ricardo, de 20 años. Soy Daniel, padre de Daniel, de 25. Soy Angélica, madre de Fernando, de 18.

El 6 de abril, Luis Daniel González, de 27 años, quien lavaba camiones en la estación local de autobuses, Francisco Arellano y otro conocido, fueron detenidos por beber en un coche. Los llevaron a la comandancia.

No han regresado.
Fernando Trejo, Ciro Álvarez y Martín Flores desaparecieron el 8 de octubre. La madre de Fernando, Angélica Aguilar, cuenta que varios testigos escucharon cómo ordenaban por radio a los policías que pararan la camioneta donde iba su hijo. Tampoco han vuelto. –Operan igual. Acuden, pagan y a unos metros son levantados– dice Belén Reyes.

Las familias atribuyen a Octavio Pérez, director de Gobernación Municipal, haber ordenado las desapariciones. Él dijo para esta columna que la policía solo depende de él en el ámbito administrativo y no operativo, que las imputaciones le están causando un gran daño a su familia, que niega haber ordenado alguna desaparición y que se ha sumado como institución al esclarecimiento del caso.

El gobernador Cuitláhuac García anunció investigaciones. La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una queja por desaparición forzada. Las autoridades a quienes las familias acusan siguen en sus puestos y con acceso a la investigación, reclaman ellos. Pérez añadió que el Municipio ya entregó los videos completos, sin editar.

La hermana de Joel y Jorge, asegura que sus hermanos pagaban derecho de piso a un grupo criminal para poder vender en los tianguis y no tenían otra relación con el crimen. –Ya ni mandaban a nadie a cobrar. Nos dieron un número de tarjeta y ahí les depositamos. Tenemos que pagar para que nos den permiso de ganarnos el pan de cada día– dijo.

Durante dos semanas, han visto el teléfono de su hermano conectado a WhatsApp. Las familias aseguran que las autoridades han demorado diligencias para localizarlo por GPS y obtener los registros de llamadas. La Fiscalía dice que no darán entrevistas.

Inquiero a todos qué opinan de la actuación oficial. “Nos preguntan si andaban en malos pasos, si tenían amantes. Los malos mandan aquí, todo es una vil corrupción, siempre desaparece gente”, responden. Mientras, hablan de los suyos en presente, cuentan los días, las horas que han pasado sin respuestas.
01 Noviembre 2019 04:07:00
El Gobierno, el Ejército y las deudas por pagar
Para JE y Tago, por que crezcan en un mundo más justo.

Micaela Cabañas tenía menos de dos meses cuando el Ejército se la llevó de su casa al Campo Militar Número Uno, en noviembre de 1974. Un mes más tarde mataron a su padre, el profesor Lucio Cabañas. Aprendió a caminar, a hablar, siendo una desaparecida, una de nadie sabe cuántas víctimas de abusos del Ejército, del Gobierno mexicano.

Pasaron 37 años hasta que mataron a su madre, cuando salía de un templo, en 2011. El Gobierno dijo que era un ajuste de cuentas del narco. Ella dice que su madre era una testigo privilegiada de una historia que el Gobierno quería, quiere, ignorar. Dice que por eso era útil su muerte.

María Antonia, su prima, perdió a su padre cuando tenía ocho meses. Fue desaparecido, su familia perseguida, ella misma, a los 3 años, violada por militares.

Los registros de estos y otros cientos de casos están organizados, nombre por nombre, en Lecumberri y otros archivos. Los halló Camilo Vicente, el único historiador que ha logrado demostrar que la desaparición forzada en México fue, ha sido, una violación sistemática desde el Estado.

Vicente encontró los partes de traslados de cárceles legales a ilegales, las actas de liberación que jueces firmaban para decir que un detenido no estaba muerto, se había ido por su cuenta. Halló también las guías de interrogatorios, las pruebas de que la desaparición forzada transcurría los mismos cauces de presupuesto y burocracia, como otro trámite estatal. Los reseñó en su libro Tiempo Suspendido, que acaba de publicarse y presenta la visión -desde el archivo oficial- más cruda y jamás mostrada de los abusos contemporáneos del Gobierno.

En febrero de este año, la familia Cabañas recibió una disculpa pública, como parte de un reconocimiento general del Estado a las víctimas de la guerra sucia, en Atoyac. Pero ellos dicen que no sirvió de nada. Su plan de reparación del daño ha sido ignorado, la ayuda prometida para alimentos, para recuperar su patrimonio, para tener medicinas, que les corresponde como víctimas, no ha llegado. Lo cuentan por teléfono en largas entrevistas María Antonia y Micaela, diciendo que se sienten engañadas, usadas, revictimizadas, que el mismo Ejército que es cuestionado hoy en México por la actuación contra el crimen organizado arrasó sus casas, sus vidas, que siguen impunes.

Micaela dice que su padre gestó el programa que tiene hoy este Gobierno, que sus propuestas están en los postulados que dejó. Dice que ella quiere hablarle a la cara al Presidente, decirle que se siente igual de víctima, igual de abandonada que en los gobiernos que antes combatió, que ella vivía ilusionada con la victoria democrática de la izquierda, que esto le duele más.

“Teníamos la esperanza de que por fin nos den un poco de justicia”, dice Micaela. Pero no sucedió. “Nos engañaron”, secunda María Antonia. “Queremos exigir”, dicen las dos. Y convocan a manifestaciones en Atoyac y la Ciudad de México este 2 de noviembre. Con velas, para honrar a sus desaparecidos. No con armas, con abrazos, los mismos abrazos que se les han colgado en los brazos durante más de 40 años. Sin una verdad, sin saber qué les hicieron, sin que el Gobierno que anhelaban los reciba siquiera para una audiencia.

Les piden papeles y papeles, y nada. “Estoy enferma de tanto estrés”, dice Micaela. “Tengo una enfermedad en los huesos por vivir tanto tiempo con miedo”, dice María Antonia.

En el libro de Vicente, muchas otras voces cuentan historias similares. Y el Gobierno federal hoy sigue embromado en su burocracia, sin respuestas, sin ayudas reales, siendo más de lo mismo.
25 Octubre 2019 04:04:00
La aspirante a comisionada de víctimas que ya despacha allí
Habían pasado unos días desde que el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención Víctimas (CEAV), Jaime Rochín, renunciara a su puesto. Era junio de 2019. Varios colaboradores renunciaron después. Luego lo hicieron los directores generales de asuntos jurídicos, administración y finanzas.

La Comisión, acéfala, siguió operando como pudo en la atención a sus más de 15 mil casos. Se inició entonces el proceso para que el Senado elija un nuevo comisionado, a partir de una terna propuesta por Gobernación.

En medio del caos, Gobernación comisionó a María de los Ángeles Haces a trabajar desde la CEAV, para elaborar un “diagnóstico” de la institución. Haces se instaló en una oficina del piso 10, donde despachaba el comisionado. Comenzó a hablar con el personal y las víctimas. Al mismo tiempo, ella presentaba una propuesta de trabajo con la cual contendía como aspirante a encabezar la CEAV, es decir, la misma oficina donde ya despacha.

Había, en el proceso de selección, otros 25 contendientes, que enviaron sus documentos a la misma oficina donde Haces es empleada: la Dirección General de Estrategias para la Atención a los Derechos Humanos de Gobernación. Todos fueron catalogados con números de apoyos recibidos de universidades, organizaciones no gubernamentales, colectivos de víctimas y expertos.

Hubo tres que tuvieron 105, 78 y 60 apoyos. Pero en Gobernación eligieron una terna, en la que no incluyeron a estos, sino a tres aspirantes que tenían 1, 12 y 35 apoyos. La última correspondía, ya usted habrá adivinado, a Haces. Ahora el Senado deberá decidir a quién nombra.

“Esa misma oficina manda a su candidata, conociendo la información que mandaron todos los candidatos y la colocan allí en CEAV desde meses antes de terminar el proceso”, dijo Valentina Peralta, de la Red Eslabones por los Derechos Humanos.

Para Haces esto no es un problema ético, ni un conflicto, dijo en entrevista telefónica. Afirmó que trabaja desde hace años en derechos humanos, no sabe por qué la eligieron sobre candidatos con más apoyos y no cree que tenga que ver con su trabajo en Gobernación.

“Me mandaron (a CEAV) para recabar información y estar al pendiente del proceso de transición”, dijo desde la extensión del comisionado, a donde llamé para confirmar que despacha allí. Pregunté si el proceso del que está pendiente es el mismo en el que ella es candidata. Respondió que sí, y que “no me parece raro”.

A quienes sí les parece raro es a las víctimas. Obtuve para esta columna dos cartas que enviaron más de 350 colectivos de víctimas y familiares al Senado, entre el 30 de septiembre y el 18 de octubre, quejándose por la forma como se ha elegido la terna de donde saldrá la nueva comisionada.

La primera está firmada por Valentina Peralta, en representación de más de 200 colectivos, víctimas y especialistas. Piden a los senadores que rehagan la composición de la terna, “para que no quede la sombra de la ilegitimidad de un proceso irregular, influenciado por el poder gubernamental”.

“No estamos en contra de una persona, sino de un proceso de simulación. ¿Por qué nos hacen atender a una convocatoria pública si van a poner a quien ellos tenían predeterminada? Hicieron una maniobra bastante burda, creían que no nos íbamos a enterar. Es un proceso viciado”, dijo Peralta para esta columna.

“El proceso de selección dejó grandes dudas sobre la idoneidad de los perfiles”, escribieron en la segunda carta, firmada el 7 de octubre. Carlos Castro, firmante de esta, dijo a esta columna que Haces “no tiene el respaldo de las víctimas”.

Los colectivos no han recibido respuestas a sus cartas. Mientras tanto, el proceso avanza en el Senado, mientras una de las aspirantes ya despacha en el sitio que pretende dirigir.
18 Octubre 2019 04:02:00
¿El fraude bancario que nunca existió?
“Todavía no tenemos tu orden de aprehensión, pero me dijeron en Los Pinos que debíamos detenerte. Te ofrezco un güisqui, puedes dormir aquí en mi oficina”, le dijo el funcionario a Amado Yáñez, director y dueño de Oceanografía, una de las contratistas más importantes de Pemex.

Yáñez asintió. Era la noche del 20 de octubre de 2014. Siete meses antes, la Procuraduría General de la República había intervenido Oceanografía, después de que Banamex anunció en la Bolsa de Valores de México y en la de Nueva York que les habían cometido un fraude millonario.

El poderío de Emilio Lozoya en Pemex estaba al alza. Se negociaban en esos meses los contratos de Oro Negro, que han destapado en los últimos días un escándalo por las grabaciones secretas a exfuncionarios de la petrolera. Pero en aquel momento, el caso que tenía las primeras planas de los periódicos era Oceanografía.

En los meses anteriores y posteriores a la detención, me contó Yáñez cuando lo visité en el Reclusorio Sur, varios enviados quisieron obligarlo a vender su empresa. No aceptó. Todo esto pasaba en Pemex mientras se negociaban los contratos de renta de las plataformas marinas por las que ahora está demandado el Gobierno mexicano. En su conferencia de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador me dijo que su Gobierno investigará la corrupción en la petrolera.

Pero Oro Negro no es el único revés que se vislumbra para el Gobierno mexicano, derivado del mandato de Lozoya. Este jueves se publicó en un tribunal de la Ciudad de México una demanda, que inició Oceanografía contra el banco. Piden que se les paguen más de mil millones de pesos de IVA que supuestamente Banamex retuvo todos estos años. Según el anuncio de aceptación de la demanda, obtenido para esta columna, el banco será notificado en las próximas semanas y tendrán 15 días para responder. Hasta ahora, no han hecho ningún pronunciamiento.

Yáñez estuvo casi tres años en la cárcel, acusado de que firmó estimaciones de pago alteradas. A mediados de septiembre de 2019, peritos de la Procuraduría de la Ciudad de México determinaron que él no firmó esos documentos, según un peritaje obtenido para esta columna. Con ello, ahora el empresario pretende quedar absuelto, en una determinación que su defensa espera para noviembre.

Este caso tiene origen en 2012, cuando Banamex y Oceanografía firmaron un contrato de factoraje. Esto significa que Oceanografía hacía un trabajo para Pemex, lo facturaban, Banamex le adelantaba el dinero a la naviera y luego cobraban a la empresa estatal. Todo operó así hasta 2014, cuando Banamex anunció que había sido víctima de un fraude y que Oceanografía le había hecho perder más de 400 millones de dólares de sus ganancias globales. El Gobierno de Enrique Peña Nieto en apenas unos días intervino la empresa y poco después comenzó un concurso mercantil.

Cuatro meses más tarde, Pemex informó que los 400 millones habían sido pagados a Banamex, en un oficio también obtenido para esta columna. Pero el caso continuó. Años más tarde, el juez del concurso falló a favor de la naviera. Determinó que el banco no había presentado documentos suficientes que avalaran la deuda. Banamex se amparó, el caso llegó a la Suprema Corte y confirmaron: no había un fraude.

En los fajos del expediente del caso, revisados para esta columna, no hay un historial claro de que Banamex anunciara a Oceanografía que le debía dinero o que intentara cobrarle, antes de divulgar en la Bolsa la notificación de que fueron víctimas de fraude. Hasta ahora, la defensa del banco se ha mantenido en la posición de que sí fueron afectados y no han respondido sobre las nuevas evidencias.
11 Octubre 2019 04:16:00
La investigación secreta sobre Medina Mora
El Presidente y luego el Senado aprobaban la renuncia de Eduardo Medina Mora, 11 años antes de que terminara su encargo como ministro en la Suprema Corte. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, anunciaba que habían presentado una denuncia el 30 de julio: lo investigaban por lavado de dinero y seguían las transferencias de una cuenta del ministro en HSBC de México hacia Estados Unidos y Reino Unido..

En realidad, la indagatoria comenzó mucho antes. En la Fiscalía General de la República (FGR), un equipo más discreto lleva al menos seis meses investigando al exministro, según contó para Univisión una fuente de alto rango allí. Esta otra investigación ha estado a cargo de un equipo asignado solo para este caso en la FGR, que ha trabajado en total sigilo, dijo la fuente para el reportaje publicado este jueves en Univisión Investiga.

Esa oficina, explicó la fuente, se concentró en los movimientos de entrada y salida de dinero “que no concuerdan con sus ingresos como servidor público”, desde las cuentas de Medina Mora. Sus análisis abarcan más transferencias de las que publicó en junio El Universal. En este momento, dijo la fuente, en la Fiscalía están en la etapa de “judicializar la carpeta”, es decir, llevarla ante un juez y que comience un proceso legal para que el ministro explique de dónde salió el dinero.

Parte de las investigaciones, tanto esa de la Fiscalía como la que inició después, en Hacienda, se han centrado en Compusoluciones y Asociados, una empresa de la familia del exministro. En junio, cuando El Universal publicó una columna de Salvador García Soto con los primeros datos de las transferencias, Medina Mora publicó en redes de la Corte algo que no consta en el registro público. Escribió en una carta pública que Compusoluciones era una compañía de la que su esposa, Laura Pérez Vázquez, fallecida en febrero de este año, era accionista.

En Univisión Investiga se revisaron los registros públicos de esta empresa que constan en la Secretaría de Economía, de 1985 a 2017. La empresa regularmente otorga y revoca poderes, cambia de funcionarios, mueve a los miembros de su Consejo de Administración. Pero en ninguno de los documentos registrados, Pérez Vázquez aparece como parte de la compañía.

Su fundador y director es el ingeniero José Medina Mora, hermano del exministro y quien anuncia en su cuenta de Twitter que es vicepresidente nacional de Coparmex.

“El ingeniero Medina Mora no se encuentra en este momento. Puede enviarme un correo y nosotros la comunicamos con él”, dijeron en su oficina cuando se llamó para preguntar sobre las transferencias.

Unos minutos más tarde, la encargada de Mercadotecnia de Compusoluciones, una compañía que el ingeniero Medina Mora fundó en abril de 1985, cuando regresó a México después de estudiar en Stanford, anunció que estaba dispuesto a hablar para el reportaje que se preparaba en Univisión, pero en ese momento abordaba un vuelo.

“Le llamará más tarde, cuando haga una escala. Ya tiene su número”, dijo.

Pasaron las horas, los días, y Medina Mora nunca llamó. La encargada de Mercadotecnia dejó de responder llamadas y mensajes. El ahora exministro tampoco ha querido hablar. Se negó a través de Comunicación Social de la Corte a responder a las preguntas para el reportaje de Univisión.

Más allá de la discusión sobre las presiones políticas, o la posibilidad que se abre con su renuncia para un mayor control de la Corte desde Palacio Nacional, falta mucho por ver sobre qué camino judicial andará esa investigación secreta de la Fiscalía General sobre el exministro, si prospera.

Con 32 años y experta en temas de seguridad, corrupción, derechos humanos y migración, ha sido colaboradora de varios medios, tanto impresos como digitales. Además de su espacio en El Universal, la periodista expresa sus opiniones a través de su cuenta de Twitter @penileyramirez, en donde suele tener interacción con sus lectores.


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