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18 Agosto 2019 03:49:00
Libertad de expresión y equidad en las campañas
Por: Gerardo Blanco

Es normal que en tiempos electorales la imaginación de los actores políticos para violar la ley electoral se maximice a dimensiones insospechadas, como es normal que aparezcan por cualquier resquicio asesores de imagen y expertos en propaganda política –si se puede negativa, mejor–, como también que por cualquier coladera salgan gurús, brujos y adivinos que vaticinan cómo ganar una contienda electoral, cómo atraer la voluntad ciudadana y cómo desprestigiar de una manera efectiva al candidato opositor. Por supuesto que proliferan los comerciantes de playeras, gorras, calcomanías, aplicaciones electrónicas, encuestas y cualquier producto o servicio necesario para que su cliente llegue al poder.

Otro aspecto que sale a la luz es la capacidad de políticos, académicos, intelectuales y opinólogos para explicar a la sociedad los fenómenos que aquejan a otras democracias en el mundo, y de paso nos advierten que no debemos votar por tal o cual candidato para no aproximarnos a una catástrofe igual o peor a la que se vive en otra latitud.

Es obvio que productores encuentran el momento idóneo para sacar a la luz series o películas de corte político cuyo objetivo es concientizarnos y señalarnos cuál es el camino indicado para llegar a una democracia plena. Los actores públicos –entiéndase candidatos– escriben libros donde plasman recetas mágicas para convertir a México en un país de primer mundo.

La elección de 2018 no fue la excepción y se presentó un caso que generó particular atención. En los meses de abril y mayo, en plena campaña presidencial, se publicitó una serie llamada Populismo en América Latina. La difusión se llevó a cabo en cientos de camiones de transporte público, mediante cápsulas en un noticiero de televisión abierta y cintillos en canales de televisión restringida.

Sin embargo, de acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se trató de una campaña que, con el aparente propósito de promocionar la serie referida, en realidad se desplegó propaganda, que, dada su confección, estaba dirigida a influir en las preferencias electorales. Cabe mencionar que los promocionales no mencionaba el día, hora y plataforma del estreno y difusión de la serie, sino que únicamente se enfocaban en su contenido.

La promoción presentaba a Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial en ese momento, como un “redentor furioso”, además de que se le compara con figuras de la talla de Hugo Chávez, Juan Domingo Perón y Lula Da Silva, considerados “líderes populistas”.

De acuerdo con la mayoría de los magistrados, los implicados produjeron una infracción al modelo de comunicación política derivado de la campaña publicitaria en contra Andrés Manuel López Obrador en la campaña del proceso electoral federal 2017-2018, lo que implicó que terceros ajenos al proceso electoral incidieran en la contienda electoral, vulnerando con ello el principio de equidad, conducta que asimilable, para efectos de sanción, a la adquisición indebida de tiempo en televisión.

En otras palabras, que los responsables vulneraron el modelo de comunicación política previsto en la Constitución federal, el cual prohíbe a personas físicas y morales –incluidos los partidos– adquirir espacios en radio y televisión para efectos de influir en las preferencias electoral o para posicionarse a favor o en contra de los partidos políticos y candidatos.

Desde el año 2007 esta disposición a generado un amplio debate respecto a dos temas fundamentales: la equidad en la competencia que debe prevalecer entre los partidos políticos en la disputa por el poder y sobre los límites de la libertad de expresión de la ciudadanía para pronunciarse políticamente mediante la adquisición de espacios en la radio y la televisión.

Derivado del contexto político, social y económico se ha sostenido el criterio consistente en la necesidad de restringir ciertas libertades con el fin de garantizar que los partidos compitan en igualdad de circunstancias en las contiendas electorales.

Los que deben competir por el poder son los partidos y candidatos, y no abrir una ventana para que se involucren poderes económicos que pueden desvirtuar los intereses generales de la política. A nadie le conviene.
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